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La promesa de garantizar medicamentos en todo el país fue cuestionada directamente por habitantes de Hidalgo durante un acto público encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrentó denuncias sobre carencias en hospitales y centros de salud.

El incidente ocurrió en Tenango de Doria, donde la mandataria cerraba su discurso destacando programas sociales como la pensión Mujeres Bienestar, becas estudiantiles y el esquema Salud Casa por Casa, además de inversiones en infraestructura médica. En ese contexto, afirmó que el suministro de medicinas estaba asegurado, lo que detonó la inconformidad de los asistentes.

Desde el público surgieron gritos: “no hay doctores y no hay medicamentos”. Ante ello, Sheinbaum respondió: “no, sí hay medicamentos, ahorita voy a ir vamos al hospital ahorita les parece que vaya al hospital ahorita que termine el evento, vamos para ver si hay medicamentos”.

Para escuchar las quejas, la presidenta pidió que se entregara el micrófono a dos adultos mayores. Una mujer denunció la escasez en San Bartolo: “Yo no me puedo quejar de los médicos, hay buenos médicos, pero no hay medicamentos en San Bartolo. Tenemos que salir para comprar medicamentos”. La respuesta fue inmediata: “No, eso está muy mal”.

Sheinbaum explicó que existe un programa denominado “rutas de la salud”, diseñado para distribuir medicinas en todo el territorio. Señaló que en visitas previas ha constatado que en algunos lugares sí hay abasto, pero reconoció la importancia de recoger denuncias directas para corregir fallas. “Hicimos un programa que se llama las rutas de la salud el medicamento que se compra tiene que llegar a todos los rincones… por eso vengo con ustedes para que me digan pues lo que realmente está pasando y para arreglarlo”, afirmó.

Otro adulto mayor expuso la situación en el hospital de Tepehua: “Le digo porque yo tengo cada dos meses cita en el hospital de Tepehua, no hay doctores y no hay medicamentos”. La presidenta respondió: “ahora mismo lo vamos a arreglar, ¿pero entre semana?”. El ciudadano reiteró: “Entre semana hay una igual, una nada más”, a lo que Sheinbaum contestó: “ahora lo vamos a ver”.

Además, pobladores de Huehuetla denunciaron abandono por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno durante seis meses. Tras el evento, la agenda de la presidenta continuó en Acaxochitlán, donde encabezará la entrega de programas de infraestructura para el bienestar.

La llegada de más de 60 productores provenientes de distintas regiones del país terminó frente a puertas cerradas. Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acudieron este viernes a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para participar en una mesa de diálogo previamente acordada, pero al arribar, afirmaron que les informaron que el encuentro había sido cancelado sin previo aviso.

La inconformidad quedó registrada en una transmisión en vivo realizada por representantes del movimiento, quienes señalaron que acudieron con disposición para dialogar, pero encontraron el recinto cerrado. Una de las voceras afirmó que llegaron junto con sus compañeros “con el mejor ánimo de entablar una conversación” y sostuvo que el diálogo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura mantener “no existe”.

Las críticas no se limitaron al episodio de este viernes. Uno de los integrantes del frente aseguró que la cancelación forma parte de una dinámica que, según dijo, también ha afectado a otros sectores. “Esto no nos ha pasado nada más a nosotros, les pasó a los maestros, a los alumnos, a las madres buscadoras esto es una política fallida del gobierno”, expresó.

De acuerdo con publicaciones difundidas por el propio movimiento, también señalaron que, por instrucciones del subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, los funcionarios que participarían en la reunión condicionaron que únicamente escucharían a un grupo específico de campesinos, y no a todos los representantes incluidos en la lista presentada previamente.

Las imágenes compartidas por los productores mostraron a los manifestantes frente a las puertas cerradas del edificio, mientras elementos policiales con cascos y escudos antidisturbios resguardaban el acceso. Según los campesinos, el encuentro había sido programado luego de las movilizaciones del lunes pasado, cuando realizaron cierres carreteros en distintos puntos del país.

Durante su presencia frente a las instalaciones, uno de los representantes señaló ante medios de comunicación que los participantes provenían de 22 estados, entre ellos Tamaulipas, Tlaxcala, Reynosa, Hidalgo, Baja California, Morelos y Guanajuato.

El FNRCM también anunció que volverán a acudir a las instalaciones de Gobernación el 11 de junio, fecha en la que, aseguraron, realizarán nuevamente su movilización y reiteraron que “no habrá fuerza policiaca, ni ninguna fuerza supuestamente de ellos que vaya a detener nuestra movilización”.

Asimismo, los productores acusaron que la cancelación del encuentro representa un retroceso en los avances previos y denunciaron que la conducta de la dependencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en ocasiones anteriores que el diálogo con los distintos sectores permanece abierto, postura desde la cual ha criticado los cierres carreteros realizados previamente por los campesinos.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, oficializó una serie de cambios en la estructura territorial de la Fiscalía General de la República al designar a 11 nuevos titulares en delegaciones estatales. Los movimientos abarcan entidades como Baja California, Campeche, Durango, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco, entre otras.

De acuerdo con el comunicado institucional, los perfiles seleccionados cuentan con experiencia previa como Ministerios Públicos y trayectoria dentro de la propia FGR, particularmente en áreas de investigación y litigación.

En Baja California fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada. En Campeche asumió Margarita Galván Rodríguez, fiscal jefa del equipo de Investigación y Litigación en Guanajuato desde 2021.

Para la Ciudad de México fue designada Laura Gabriela Chang Marroquí, quien encabezaba desde 2022 la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la Fecor. En Durango quedó al frente Rosalía Juárez Ramírez, con más de dos décadas de trayectoria como Ministerio Público.

Ana Cristina Maturano Ramos asumió en Hidalgo, con experiencia tanto en funciones ministeriales como en asesoría jurídica. En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, ex fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

La lista continúa con Mario Esquivel Ayala en Nayarit, quien era agente del Ministerio Público en la fiscalía federal de esa entidad; José Guadalupe González Guajardo en Nuevo León, ex titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa; y Damaris Baglietto Hernández en Oaxaca, quien desde marzo de 2023 encabezaba la Unidad de Investigación y Litigación en la fiscalía federal capitalina.

En San Luis Potosí fue designado Gabriel Campos Piña, procedente de la fiscalía federal en Nayarit, mientras que Manuel Eduardo León Torres asumirá en Tamaulipas, tras desempeñarse como agente del Ministerio Público y fiscal en jefe.

La FGR señaló que estos relevos buscan fortalecer la coordinación con autoridades estatales y consolidar el trabajo institucional. En el comunicado se destaca que Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los nuevos fiscales federales y les deseó éxito en sus responsabilidades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que los ajustes forman parte del programa de trabajo de la fiscal general. “Ella lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones (…) más que limpia es un fortalecimiento”, expresó, al referirse a la revisión interna y al nombramiento de nuevos representantes en las fiscalías estatales. Con estos movimientos, la FGR actualiza su estructura operativa en 11 entidades del país como parte de su reorganización institucional.

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, al tiempo que subrayó que la relación bilateral se mantiene activa en materia de seguridad bajo un esquema de colaboración y responsabilidad compartida. Las declaraciones fueron realizadas este domingo durante una visita oficial al estado de Hidalgo, en un contexto internacional marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

Al ser cuestionada por medios de comunicación, la mandataria federal dejó claro que el gobierno mexicano ha fijado una posición firme frente a Washington. “Ya saben ellos que esa —una intervención— no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando, responsabilidad compartida, también”, expresó. Con ello, reiteró que la cooperación entre ambos países se desarrolla dentro de los márgenes del respeto a la soberanía nacional.

Sheinbaum explicó que el acuerdo binacional en materia de seguridad establece compromisos específicos para ambas partes. Según detalló, México trabaja para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras que el gobierno estadounidense tiene la obligación de impedir el flujo de armas hacia territorio mexicano. Este esquema, afirmó, forma parte de una estrategia conjunta que reconoce que el fenómeno de la violencia y el crimen organizado requiere acciones coordinadas desde ambos lados de la frontera.

Durante su mensaje, la presidenta también hizo referencia a la situación en Venezuela y expresó un posicionamiento de carácter diplomático. “Siempre con el pueblo de Venezuela y nuestra solidaridad”, señaló, sin abundar en detalles adicionales sobre la postura del gobierno mexicano frente a los acontecimientos recientes en ese país.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron el mismo día en que realizó una visita a la refinería de Tula, donde supervisó la colocación de un reactor como parte del proceso de modernización de las instalaciones. Este proyecto fue iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la capacidad de refinación del país.

El posicionamiento de la mandataria mexicana ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera declaraciones en las que aseguró que en México no gobierna Claudia Sheinbaum, sino los cárteles del narcotráfico, y sugiriera que “hay que hacer algo” frente a esa situación. Ante ese contexto, la presidenta optó por recalcar la existencia de canales de diálogo y cooperación, sin dar espacio a escenarios de intervención directa.

Con este pronunciamiento, el gobierno mexicano reafirma su rechazo a cualquier acción unilateral de carácter militar, al tiempo que mantiene abiertos los mecanismos de colaboración en seguridad con Estados Unidos, basados en compromisos mutuos y en el reconocimiento de responsabilidades compartidas.

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana del 2 de enero de 2026, con epicentro en San Marcos, Guerrero, provocó afectaciones en diversas unidades hospitalarias del centro y sur del país; sin embargo, las autoridades federales de salud confirmaron que no se reportaron daños graves ni estructurales, y que las revisiones continúan como medida preventiva.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 horas y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 10:00 de la mañana se habían contabilizado 271 réplicas posteriores al evento principal.

En Guerrero, el ISSSTE informó daños superficiales en el Hospital Regional de Acapulco, principalmente vidrios rotos y desprendimiento de plafones, así como afectaciones en la Clínica Hospital de Chilpancingo. En el municipio de Iguala, las inspecciones continuaban al cierre del primer reporte para descartar riesgos adicionales.

En la capital del país, 17 unidades médicas del ISSSTE ubicadas en la zona norte fueron evacuadas de manera preventiva. Tras una primera revisión de la infraestructura, no se detectaron daños estructurales, por lo que pacientes y personal regresaron a las instalaciones. El organismo también señaló que en entidades como Veracruz, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro no se reportaron afectaciones, aunque las evaluaciones seguían en curso.

El IMSS, por su parte, reportó afectaciones menores en Guerrero, específicamente en la Unidad Médica número 25 de Ometepec y la Unidad Médica número 12 de San Marcos. En la Ciudad de México, se identificaron daños leves y sin compromiso estructural en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas. También se registraron afectaciones en un quirófano del Hospital General de Zona número 7, en Cuautla, Morelos.

La alcaldía Azcapotzalco informó que el Hospital de Especialidades del IMSS “La Raza” presentó daños en acabados de yeso, tablaroca y plafones, los cuales fueron clasificados como superficiales y sin riesgo estructural tras la revisión del inmueble.

En cuanto a los efectos del sismo en la población, la alcaldía Benito Juárez confirmó el fallecimiento de un hombre de 60 años durante la evacuación de un edificio en la colonia Álamos. Las autoridades detallaron que el deceso se habría producido por un posible paro cardiorrespiratorio tras una caída. Además, se reportó la caída de un árbol en la colonia Portales y de un poste en Narvarte Poniente, sin personas lesionadas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que 12 personas resultaron lesionadas a causa del sismo, sin precisar la gravedad de las heridas, y aclaró que no se registraron fallecimientos directamente atribuibles al movimiento telúrico en la capital.

México recibió el año 2026 con el nacimiento de Sofía Isabela, la primera bebé registrada en el país en el nuevo calendario. El alumbramiento ocurrió a las 12:01 horas de este jueves 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar No. 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, Sofía Isabela llegó al mundo mediante una cirugía cesárea. Al nacer, la recién nacida presentó un peso de 2.8 kilogramos y una talla de 50 centímetros, parámetros que fueron verificados durante la primera valoración clínica realizada inmediatamente después del procedimiento.

El Seguro Social precisó que la intervención se desarrolló conforme a los lineamientos del modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS). En el proceso participaron tres médicas especialistas y dos enfermeras, todas mujeres, quienes aplicaron los protocolos institucionales para garantizar la seguridad de la madre y de la bebé durante el nacimiento.

Tras concluir la cesárea, Sofía Isabela fue colocada en brazos de su madre como parte del apego inmediato desde el primer minuto de vida. Este contacto temprano forma parte de las prácticas médicas promovidas por el IMSS, al considerarse un elemento fundamental para el bienestar físico y emocional tanto de la madre como de la recién nacida. Así lo destacó el instituto en un comunicado difundido con motivo del inicio del año.

La madre, Andrea Guadalupe, de 24 años de edad, es originaria de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con el nacimiento de Sofía Isabela, se convirtió en madre por primera vez. El personal médico brindó acompañamiento durante todo el proceso, desde la atención obstétrica hasta la revisión inicial posterior al nacimiento.

Horas después del inicio de 2026, el IMSS compartió en sus redes sociales diversas imágenes del acontecimiento. En las fotografías se observan las labores del equipo de salud durante la recepción de la bebé, así como los primeros exámenes clínicos realizados para constatar su estado general.

En un contexto más amplio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante 2024 se registraron en México un millón 672 mil 227 nacimientos. Esta cifra representó una disminución de 8.2 por ciento respecto a los un millón 820 mil 888 nacimientos contabilizados en 2023.

Según los datos oficiales, las entidades con las tasas más altas de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, fueron Chiapas, Durango, Nayarit y Guerrero. En contraste, los estados con menor número de nacimientos registrados fueron la Ciudad de México, Yucatán, Hidalgo y el Estado de México, entidad donde ocurrió el nacimiento de la primera bebé de 2026.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

El gobierno federal informó este viernes que las intensas lluvias e inundaciones registradas en los últimos días en cinco estados del país han dejado un saldo de 80 personas fallecidas y 18 más que continúan sin ser localizadas. Las entidades más afectadas son Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportaron daños severos en caminos, viviendas y servicios básicos.

De acuerdo con el micrositio oficial de la administración federal, Veracruz encabeza la lista con 35 fallecimientos y siete personas desaparecidas; le sigue Hidalgo con 22 muertos y nueve no localizados; Puebla con 22 decesos y dos desaparecidos, mientras que Querétaro registra un fallecimiento. San Luis Potosí, aunque con afectaciones materiales, no ha reportado víctimas mortales.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se ha restablecido la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que habían quedado incomunicadas por deslaves y daños viales. Explicó que la red federal de más de mil kilómetros de carreteras se encuentra completamente habilitada y que, entre el 14 y el 24 de octubre, se logró reconectar por tierra más de dos centenares de localidades.

“El trabajo ha sido continuo y coordinado con las fuerzas federales y estatales”, precisó Esteva, al señalar que se han removido más de tres millones de metros cúbicos de material con el apoyo de mil 210 máquinas, 17 mil 584 elementos y 47 helicópteros que siguen operando en los denominados “puentes aéreos” para llevar alimentos y ayuda humanitaria a las zonas más aisladas.

En cuanto al servicio eléctrico, el funcionario detalló que solo permanecen 566 hogares sin energía en Hidalgo, mientras que los estados de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz ya cuentan con suministro total.

Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), confirmó que el restablecimiento del servicio eléctrico alcanza un 99.82% de avance. “El suministro está completamente restablecido en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí”, afirmó. Agregó que en Hidalgo todavía hay 466 usuarios sin energía, principalmente en zonas de difícil acceso, donde se mantienen nueve campamentos de trabajo.

La titular de la CFE reconoció el esfuerzo conjunto de las comunidades locales, quienes “han ayudado a jalar cables, levantar postes y limpiar los terrenos”. Indicó que para las labores de restablecimiento se han desplegado mil 602 trabajadores, 503 camionetas tipo pick-up, 219 grúas, seis helicópteros, ocho drones y varias retroexcavadoras.

En materia de telecomunicaciones, Calleja informó que aún permanecen sin servicio 43 puntos sin telefonía celular y 441 sin acceso a internet gratuito, aunque se reporta un avance del 55% en su restablecimiento. Las autoridades mantienen las operaciones de emergencia y los trabajos de apoyo en las zonas más afectadas para garantizar el regreso paulatino a la normalidad.