El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso histórico en la lucha por los derechos de la comunidad trans al aprobar la tipificación del delito de trans feminicidio. Esta reforma legislativa, que fue aprobada con una mayoría contundente, sancionará a los agresores con penas de entre 35 y 70 años de prisión, marcando un precedente significativo en la justicia mexicana. 

La diputada Ana Francis López, de Morena, fue la encargada de presentar el dictamen que avala esta reforma crucial. En su exposición, López destacó que el trans feminicidio es “una manifestación extrema de violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans”. Este reconocimiento formaliza la grave realidad que viven las personas transgénero en México, quienes han sido víctimas de violencia y discriminación sistemática.

Según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, entre 2007 y 2022 se han registrado 590 homicidios de personas transgénero en México, con un promedio anual de 53 asesinatos. Estas cifras subrayan la urgencia de una legislación específica que proteja a las mujeres trans y castigue severamente a los perpetradores de estos crímenes atroces.

Ana Francis López enfatizó que, a pesar de los avances en los derechos LGBTTTQ+ en la Ciudad de México, la violencia contra las personas trans sigue siendo un problema persistente. “Nuestra ciudad ha liderado en muchos aspectos de los derechos humanos, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad y la justicia para todas las personas trans”, afirmó López.

La iniciativa de ley no solo introduce el concepto de trans feminicidio en el Código Penal, sino que también modifica diversos artículos del Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la CDMX y la Ley de Víctimas. Esta reforma integral busca ofrecer una protección más amplia y efectiva a las víctimas y garantizar que los delitos contra ellas no queden impunes.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México expresó su apoyo a la propuesta, aunque señaló una preocupación sobre la precisión jurídica del dictamen. “Reconocemos y valoramos la importancia de esta propuesta, es un paso significativo hacia la protección de los derechos de las mujeres trans. Sin embargo, es necesario mencionar que este dictamen presenta un déficit de técnica jurídica porque no define claramente el tipo penal que se está creando”, declaró el legislador.

A pesar de estas reservas, el dictamen fue aprobado en lo general por 47 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 45 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. La votación refleja un consenso amplio y un compromiso decidido del Congreso de la Ciudad de México para enfrentar y erradicar la violencia contra las personas trans.

La aprobación de esta reforma es un hito en la protección de los derechos humanos en México. Marca un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y la discriminación, y envía un mensaje claro de que la Ciudad de México está comprometida con la justicia y la igualdad para todas las personas, independientemente de su identidad de género.

Con esta legislación, se espera que la justicia para las mujeres trans que han sido víctimas de violencia y asesinato sea más accesible y efectiva, y que se sienten las bases para futuras reformas que continúen protegiendo los derechos de las personas LGBTTTQ+ en México.

En un suceso alarmante, el cuerpo del periodista Víctor Alfonso Culebro Morales, de 39 años, fue hallado sin vida en el kilómetro 28 de la carretera Ocozocoautla de Espinosa-Arriaga, cerca del Ejido Tierra y Libertad, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas. Este hallazgo no solo conmociona a su familia y colegas, sino que también subraya los peligros persistentes que enfrentan los periodistas en México. 

Víctor Culebro Morales, director del portal “Realidades, Periodismo con verdad”, fue encontrado con signos evidentes de tortura: sus manos atadas, el rostro cubierto con cinta aislante y el cuerpo presentando impactos de bala. Este brutal asesinato no es solo un ataque personal, sino un intento de silenciar la voz crítica de un comunicador comprometido con la verdad. Su muerte resuena en un país donde la violencia contra la prensa ha cobrado múltiples vidas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, ha iniciado investigaciones para encontrar a los responsables de este homicidio calificado. Sin embargo, la historia reciente en Chiapas nos recuerda que muchos casos similares quedan sin resolver, y las familias de las víctimas continúan buscando justicia en un sistema que a menudo parece indiferente.

Víctor no era solo un periodista; era un padre, hijo y miembro activo de su comunidad. Nacido en San Cristóbal de Las Casas, vivía en el barrio Santo Domingo del municipio de Cintalapa, junto a su pareja y dos hijos. Además de su labor periodística, gestionaba un negocio de venta de agua en pipas, lo que reflejaba su conexión y compromiso con su comunidad. Este contexto personal añade un peso adicional a su trágica desaparición, dejando a una familia rota y una comunidad en duelo.

El legado político de su familia también enmarca este suceso en un contexto más amplio. Su padre, Mario Carlos Culebro Velasco, ha sido una figura política prominente en Chiapas, ocupando cargos como secretario de Gobierno y coordinador de campaña del Partido Verde Ecologista de México en Tapachula. Este trasfondo político plantea interrogantes sobre los posibles motivos detrás del asesinato de Víctor, aunque, por ahora, las autoridades no han establecido vínculos directos.

En Chiapas, los asesinatos de periodistas han sido lamentablemente recurrentes. Desde 2018, varios comunicadores han perdido la vida en circunstancias violentas, destacando el alto riesgo que enfrentan aquellos que se atreven a denunciar y criticar situaciones locales. Este panorama sombrío es un recordatorio de la lucha diaria por la libertad de expresión en una región donde la impunidad parece ser la norma.

La muerte de Víctor Culebro Morales debe servir como un llamado de atención urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas en la protección de los periodistas y garanticen justicia para las víctimas de violencia. La comunidad periodística de Chiapas y de todo México se une en un grito común: basta de impunidad, basta de silenciar las voces críticas.

Mientras las investigaciones continúan, la memoria de Víctor, al igual que la de otros periodistas caídos, debe mantenerse viva como un símbolo de la lucha constante por la verdad y la justicia. Su legado en “Realidades, Periodismo con verdad” es un recordatorio permanente de que el periodismo libre e independiente es esencial para la democracia y la justicia social.

La tranquila atmósfera de Puerto Vallarta se ve sacudida por la noticia del presunto asesinato de Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia y candidato del Partido Verde Ecologista en la ciudad costera. El rumor comenzó a circular el sábado por la tarde, alimentando la preocupación en la comunidad. 

Sánchez, quien se desempeñaba como síndico municipal en la planilla de la alcaldía, había sido reportado como desaparecido desde el viernes, lo que generó una creciente inquietud entre sus colegas y la ciudadanía. La incertidumbre se convirtió en consternación cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el municipio de Mascota, Jalisco, dentro de un vehículo Aveo.

Los primeros en responder a la escena siguieron los protocolos establecidos y alertaron a la Fiscalía, dando inicio a las investigaciones correspondientes. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la identidad del cuerpo, varios medios locales de Puerto Vallarta han informado sobre el trágico suceso, aumentando la preocupación y la indignación en la comunidad.

La Fiscalía del estado de Jalisco ha asumido el caso y se encuentra trabajando para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodean la muerte de Francisco Sánchez. Se espera que en los próximos días se emita un comunicado oficial para confirmar la identidad del cuerpo encontrado en Mascota y brindar detalles sobre el avance de las investigaciones.

La noticia del presunto asesinato de Sánchez ha generado una ola de conmoción y consternación en Puerto Vallarta y más allá. Colegas políticos, amigos y familiares lamentan la pérdida de un líder comprometido con su comunidad y preocupado por el bienestar de sus conciudadanos.

Ante este trágico acontecimiento, surgen interrogantes sobre la seguridad de los funcionarios públicos y el clima de violencia en la región. La muerte de Sánchez no solo representa una pérdida personal para quienes lo conocían, sino que también plantea desafíos urgentes en materia de seguridad y justicia en Puerto Vallarta y en todo Jalisco.

Mientras la comunidad espera ansiosamente respuestas y justicia, el legado de Francisco Sánchez como defensor del medio ambiente y promotor del bienestar social perdurará en la memoria de aquellos que lo conocieron y trabajaron junto a él. Su partida deja un vacío difícil de llenar y un recordatorio doloroso de los peligros que enfrentan aquellos que se dedican al servicio público.