Magistrado del TEPJF Reyes Rodríguez Mondragón Bajo la Lupa

El magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón enfrenta serias denuncias por presuntos actos de parcialidad y falta de objetividad en el desempeño de sus funciones. La denuncia, presentada de forma anónima, fue dirigida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual pertenece Rodríguez Mondragón, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

El fundamento de la acusación es la supuesta relación del magistrado con el Partido Acción Nacional (PAN). La denuncia señala su paso por administraciones de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y resalta que desde 2016 se cuestiona su cercanía con el PAN, a pesar de lo cual ascendió de la Sala Regional de Monterrey a la Sala Superior del TEPJF.

Un ejemplo reciente de controversia fue la acusación por parte de Américo Villarreal en 2022, quien afirmó que Rodríguez Mondragón intentó revertir su victoria en Tamaulipas para favorecer al PAN. Otros señalamientos se centran en la pérdida de confianza de sus colegas magistrados en diciembre pasado.

La denuncia anónima también revela la estrecha relación laboral y de amistad entre Rodríguez Mondragón y el exsenador panista Roberto Gil Zuarth. El documento señala que esta amistad pudo haber influido en las decisiones del magistrado y cita varios casos en los que Gil Zuarth tenía intereses, como la defensa de la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o el impulso a la candidatura al Senado de Ricardo Anaya.

Por estas razones, la denuncia solicita una investigación exhaustiva, incluyendo la revisión de la situación patrimonial de Rodríguez Mondragón, quien no ha hecho pública su declaración de bienes desde su paso por las administraciones panistas. También se pide un análisis de sus gastos desde que asumió su cargo en el TEPJF, con detalles sobre numerosos viajes nacionales e internacionales, presuntamente con cargo al erario público.

El caso llama la atención debido a las similitudes con el reciente escándalo que involucra al exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, relacionado con la campaña de Claudia Sheinbaum. Las autoridades tendrán que investigar a fondo estas denuncias para determinar si Reyes Rodríguez Mondragón violó la imparcialidad requerida en su función como magistrado electoral.

Senadores del PAN y PRI exigen juicio político contra Arturo Zaldívar por encubrimiento

Senadores del PAN y PRI exigen juicio político contra Arturo Zaldívar por encubrimiento

En una movida sin precedentes, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han presentado una demanda de juicio político contra el exministro Arturo Zaldívar, por una serie de acusaciones que van desde presiones a jueces hasta encubrimiento de colaboradores ante denuncias de acoso sexual. Este impactante desarrollo político ha sacudido los cimientos del sistema judicial mexicano y ha generado un intenso debate sobre la independencia del poder judicial. 

La solicitud, dirigida a Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados, fue entregada esta mañana en el Palacio de San Lázaro por destacados legisladores de la oposición. Entre los firmantes se encuentran nombres prominentes como Kenia López, Lilly Téllez, Gina Cruz y Alejandra Reynoso del PAN, así como Manuel Añorve, Claudia Anaya y Mario Zamora del PRI, entre otros.

 

Los senadores argumentan que durante su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar habría ejercido presiones indebidas sobre jueces y magistrados para resolver casos en favor del gobierno federal. Además, se le acusa de desvío de recursos y de encubrir a colaboradores implicados en denuncias de acoso sexual. Estas acciones, según los legisladores, constituyen graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 

En el documento presentado, se solicita que se admita a trámite la demanda y que se formule acusación contra Zaldívar, con el objetivo de que sea sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. Los senadores subrayan la importancia de proteger los intereses públicos fundamentales de los mexicanos y de garantizar la integridad del sistema judicial del país.

 

El respaldo a esta acción por parte de senadores de distintas corrientes políticas refleja la preocupación generalizada por la conducta de Zaldívar durante su mandato. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente la necesidad de intervenir en casos judiciales durante la gestión de Zaldívar, lo que ha alimentado aún más las críticas hacia el exministro.

 

En declaraciones recientes, el presidente López Obrador destacó que durante el mandato de Zaldívar, había un mayor control sobre ciertos casos judiciales, lo que sugiere una interferencia indebida en el poder judicial por parte del ejecutivo. Estas afirmaciones han avivado el debate sobre la independencia judicial y han puesto en tela de juicio la imparcialidad de Zaldívar durante su tiempo en el cargo.

 

La demanda de juicio político contra Arturo Zaldívar representa un importante paso hacia la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema judicial mexicano. Los senadores del PAN y del PRI están firmemente comprometidos con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con la defensa del estado de derecho en México. La respuesta de las autoridades competentes a esta demanda será crucial para restaurar la confianza en el sistema judicial y para asegurar que ningún funcionario esté por encima de la ley.

Cuestiones de Política 

Directorio

SCJN busca establecer mecanismos de sanción para ministros en retiro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en un vacío normativo con respecto a la investigación y sanción de ministros en retiro, como es el caso de Arturo Zaldívar. En respuesta a esta situación, el ministro Juan Luis González Alcántara ha elaborado un proyecto que propone la implementación de mecanismos para imponer sanciones administrativas a los exmagistrados que alguna vez formaron parte del máximo tribunal del país.

Funcionarios del alto tribunal indicaron que este proyecto, solicitado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, busca establecer un precedente para sancionar a los ministros sin recurrir al juicio político, una medida que actualmente solo puede aplicarse a los ministros en activo según lo estipulado por la Constitución.

En caso de ser aprobado por mayoría, este proyecto crearía un marco legal que no excedería los límites constitucionales al no permitir el juicio político contra ministros en activo. Además, serviría como un medio para ejercer presión sobre aquellos que no estén alineados con las corrientes mayoritarias de la SCJN.

Los miembros de la Corte consultados revelaron que González Alcántara presentará el documento al pleno para su aprobación por mayoría, estableciendo los términos para iniciar investigaciones que podrían resultar en sanciones administrativas. Actualmente, el órgano encargado de investigar estas faltas no posee facultades específicas para los exministros.

Por otro lado, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, regulada en el Reglamento Interior en Materia de Administración de la Corte, tiene la facultad de coordinar, revisar y proponer proyectos normativos para garantizar que la contraloría cumpla con sus atribuciones.

En cuanto a la denuncia anónima que originó la investigación contra Zaldívar, se considera un caso excepcional dado que ya es ministro en retiro. En este contexto, la dirección de responsabilidades administrativas solo puede regular el proceso de declaración patrimonial de los servidores públicos ante la Corte.

En resumen, la SCJN busca establecer mecanismos para sancionar a los ministros en retiro como parte de un esfuerzo por llenar el vacío normativo existente en este ámbito.

Claudia Sheinbaum presenta su plan “República Segura y con Justicia” para pacificar al país

La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer su detallado plan de gobierno para abordar el desafío de la violencia en México. Bajo el título “República Segura y con Justicia”, Sheinbaum propone una estrategia integral que aborda las causas subyacentes de la violencia, fortalece la Guardia Nacional, coordina estrechamente con la Fiscalía General de la República y promueve reformas en el Poder Judicial, todo ello respaldado por una política de transparencia y honestidad en materia de seguridad.

En un evento que contó con la presencia destacada del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy y el exsecretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, Sheinbaum destacó los logros alcanzados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la reducción de la violencia. Destacó que, gracias a las medidas implementadas, se ha evitado un aumento del 30% en los homicidios.

Sheinbaum hizo hincapié en su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltando la reducción significativa de los homicidios dolosos durante su mandato. Insistió en que su administración se centrará en abordar las causas profundas de la violencia y continuará la labor del gobierno actual en ese sentido.

En cuanto a la corrupción, Sheinbaum subrayó su compromiso con la honestidad, afirmando que “sin corrupción, no puede haber seguridad”. Criticó el gobierno anterior de Felipe Calderón, especialmente por su vinculación con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente encarcelado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.