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La sesión de este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso estuvo marcada por la exclusión del debate sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente ocurrido el 28 de diciembre que dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos. Con el respaldo de su mayoría, legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) determinaron que la agenda se limitara a un pronunciamiento sobre la relación Venezuela–Estados Unidos, dejando fuera cualquier discusión relacionada con la tragedia ferroviaria.

La presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Kenia López Rabadán, informó que la Mesa Directiva aprobó abordar “única y exclusivamente” el tema internacional, decisión que impidió presentar un posicionamiento institucional sobre el accidente. La propuesta para emitir dicho pronunciamiento había sido planteada previamente por la propia legisladora en una reunión privada, sin que prosperara.

Ante la negativa, legisladores de oposición presentaron por separado puntos de acuerdo para exigir investigaciones formales. El diputado del PAN, Daniel Chimal, propuso la creación de una comisión especial “para que se investigue hasta el último funcionario que tenga las manos manchadas de sangre de parte de las víctimas de esta tragedia”. En la misma línea, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala, solicitó una indagatoria “autónoma, independiente e imparcial” que permita conocer con precisión lo ocurrido y garantice justicia para las víctimas.

Desde el PRI, el diputado Samuel Palma adelantó que su bancada impulsará la comparecencia de los funcionarios involucrados en la construcción del Tren Interoceánico. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado anomalías en el proyecto y subrayó la necesidad de que esos señalamientos se ventilen públicamente.

Mientras tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó un punto de acuerdo para manifestar el rechazo a acciones unilaterales que contravengan el derecho internacional, con énfasis en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, en referencia al contexto venezolano.

En tribuna, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, reiteró que su bancada defiende la soberanía de México, pero rechazó cualquier respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que la postura panista es impulsar elecciones libres y democráticas en Venezuela para que sea la voluntad popular la que defina a su gobierno.

En el mismo discurso, Anaya vinculó el debate internacional con la exigencia de responsabilidades por el descarrilamiento. Exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “dé la cara” a las familias de las 14 víctimas y explique presuntos señalamientos de corrupción y supervisión en la obra del Tren Interoceánico, incluidos dichos atribuidos a familiares relacionados con la calidad de los materiales utilizados.

La sesión también evidenció tensiones adicionales cuando el senador priista Ángel García cuestionó la falta de una convocatoria a sesión extraordinaria para autorizar el ingreso y salida de tropas nacionales y extranjeras del territorio mexicano a partir del 12 de enero.

La bancada mayoritaria guardó silencio ante la exigencia de aclarar si dichos movimientos cuentan con autorización del Senado, conforme al orden constitucional y la división de poderes.

Con el arranque del periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero de 2026, la mayoría integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se alista para impulsar una agenda legislativa centrada en tres temas prioritarios: la reforma electoral, la reducción de la jornada laboral y la incorporación de la figura de los llamados “jueces sin rostro”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la reforma electoral será una de las primeras iniciativas que se discutirán, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum la remita formalmente al Congreso de la Unión. Precisó que el análisis comenzará en las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, debido a que el proyecto contempla cambios constitucionales y ajustes a la legislación secundaria.

Entre los aspectos que se pondrán sobre la mesa se encuentra la representación proporcional. Monreal expuso que existen distintas alternativas, como mantener al Senado con 96 integrantes y eliminar la lista nominal, así como reducir el número de diputaciones de 500 a 400, con variaciones en el número de legisladores plurinominales. También se abordará la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la posibilidad de que los consejeros sean electos de manera directa o mediante insaculación.

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo, señaló que los consejeros serían avalados con una mayoría calificada de dos terceras partes o hasta un 70% de votos en ambas cámaras, porcentaje que aún no se define. Además, la presidenta Sheinbaum adelantó que la iniciativa incluirá un recorte a las prerrogativas de los partidos políticos, un punto que, de acuerdo con Monreal, podría generar diferencias internas, especialmente con el PVEM y el PT, que en 2019 rechazaron una propuesta similar.

La agenda también contempla la discusión de la reforma laboral para reducir la jornada de 48 a 40 horas. La iniciativa presidencial, actualmente en el Senado, prevé una disminución gradual de dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar el nuevo esquema en 2030. El proyecto mantiene el derecho a un día de descanso semanal con goce íntegro de salario.

Finalmente, se retomará el debate sobre los “jueces sin rostro” mediante reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Según Monreal, la propuesta busca fortalecer la impartición de justicia, modernizar los procedimientos y establecer medidas de protección para las personas juzgadoras frente a delitos de alto impacto, aunque el tema permanece detenido tras los señalamientos de organizaciones civiles sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.

En una sesión marcada por la velocidad legislativa y el cierre de filas del oficialismo, el Senado de la República aprobó en fast track las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales. La mayoría de Morena, PT y PVEM impulsó el voto que avanzó sin pasar por comisiones, con el argumento de que los cambios buscan terminar con el acaparamiento del agua, frenar el mercado negro de concesiones y abrir paso a un nuevo esquema de control público mediante un fondo de reserva administrado por el gobierno.

Las modificaciones avanzaron con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión donde PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen con el argumento de que las reformas representan un intento por centralizar el control político del agua y la tierra, especialmente para agricultores y campesinos. El proyecto fue aprobado en los mismos términos en que la Cámara de Diputados lo avaló horas antes, y ahora se prevé que las más de 20 reservas presentadas sean desechadas para turnar el documento al Ejecutivo federal.

El debate ocurrió mientras productores del campo intentaban ser recibidos por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien negó el encuentro pese a sus inconformidades. Los inconformes consideran que los cambios afectan el derecho a heredar tierras con concesiones de agua, una preocupación que se mantuvo alrededor del recinto legislativo, aunque sin bloqueos, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y autoridades capitalinas.

Entre los ajustes aprobados destacan la eliminación de la posibilidad de transmitir títulos de concesión entre particulares, la prohibición de cambios de uso y la definición de que las prórrogas solo podrán otorgarse por el mismo tiempo que marcaba el título original. Además, se creará un nuevo Registro Público Nacional del Agua, donde deberán inscribirse núcleos agrarios y sistemas comunitarios de gestión hídrica.

Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, herramienta que permitirá al gobierno reasignar volúmenes de agua recuperados por extinción de concesiones, cesiones voluntarias o derechos preferentes. No obstante, el dictamen precisa que los derechos de agua se mantienen para heredar o vender propiedades, un aspecto que buscó aclararse ante las críticas de sectores agrícolas.

En tribuna, el morenista Manuel Huerta defendió el paquete legislativo al afirmar que los cambios beneficiarán a las comunidades con mayores problemas de acceso al agua. “Es una buena noticia para quienes abren la llave y no sale nada, no lo es tanto para quienes hicieron del agua un negocio”, declaró, al subrayar que cualquier reasignación deberá realizarse con transparencia y criterios de sustentabilidad.

La oposición sostuvo la postura contraria. Verónica Rodríguez, del PAN, señaló que Morena presenta la reforma como un avance en derechos humanos, “cuando en realidad busca controlar el acceso al líquido”, lo que incluso podría impactar en los precios de las tierras. Agregó que otorgar discrecionalidad al gobierno para mantener, reducir o retirar concesiones “es convertirla en una herramienta política”.

Con el aval del Senado, el paquete hídrico avanza hacia la fase final de aprobación, en un contexto donde la administración federal y la oposición mantienen visiones enfrentadas sobre el alcance real de estas reformas y su impacto en el manejo del agua en el país.

El Senado de la República ratificó a 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en una votación que dejó ver una fractura interna en la bancada de Morena. Los nombramientos, enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyeron perfiles vinculados a figuras destacadas del partido en el poder y del ámbito judicial.

Durante la sesión, varios de los perfiles aprobados fueron identificados como cercanos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto; y al ministro en retiro Arturo Zaldívar. Las afinidades políticas marcaron el tono del debate, que se extendió hasta la votación nominal.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió cuando el senador morenista Heriberto Aguilar anunció que votaría a favor del dictamen en lo general, pero en contra del nombramiento de Miguel Pompa Corella. Pompa Corella se desempeñó como director de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado y es identificado como cercano a Adán Augusto López. A esta postura se sumó la senadora también morenista Guadalupe Chavira, evidenciando diferencias internas en el bloque oficialista.

El dictamen fue aprobado con 66 votos de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron 32 votos en contra. La oposición criticó tanto los perfiles como la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso.

Entre los ratificados se encuentra Yamil Villalba Villarreal, considerado cercano a Luisa María Alcalde; así como Olimpia Girón Hernández, exdiputada de Morena y asesora en el Senado. También fue avalado Jorge Muñoz Barrett, quien trabajó en la Consejería Jurídica del gobierno capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Otro de los nombrados fue Jorge Enrique Mata Gómez, quien fungió como coordinador de la oficina de la expresidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. A la lista se sumó Fernando Cruz Ventura, excolaborador del ministro en retiro Arturo Zaldívar y funcionario en la Presidencia.

En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, señaló que la mayoría de los perfiles no cuentan con experiencia judicial y cuestionó su independencia. El panista Raymundo Bolaños calificó el procedimiento de “albazo legislativo”, al señalar que el dictamen avanzó entre comisiones y pleno en menos de 24 horas. Bolaños afirmó que la ratificación de Miguel Pompa Corella formaba parte de “un pago de validación de acordeones”.

Tras su ratificación, Yamil Villalba sostuvo que su cercanía con Alcalde no influirá en su labor como magistrado. Al ser cuestionado sobre la propiedad compartida de un inmueble con la dirigente morenista, dio por terminada la entrevista.

Bernabé fue elegido como presidente del Comité de Ética de la Cámara de Diputados. La designación, que ocurrió en apenas tres minutos, fue resultado de un acuerdo directo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y marcó el inicio formal de un órgano que llevaba un año de retraso en su instalación.

El nuevo presidente del Comité, que tiene la misión de promover la transparencia, la integridad y la conducta ética entre las y los legisladores, llega al cargo con un historial cargado de señalamientos. Entre ellos, destacan acusaciones por intentar reelegirse como candidato indígena sin pertenecer a esa comunidad, por el presunto secuestro durante una disputa política en Veracruz y por el manejo de un equipo de asesores con sueldos que superaban los 180 mil pesos mensuales.

Pérez Bernabé fue cuestionado desde 2024, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revocó su candidatura tras descubrir que se había registrado bajo la acción afirmativa indígena con documentos que no coincidían con su lugar de nacimiento.

 Aunque presentó una constancia emitida por una comunidad de Papantla, el organismo electoral comprobó que el diputado nació en Gutiérrez Zamora, a casi 30 kilómetros de distancia. Su suplente, Victoria Méndez, sí fue reconocida como candidata indígena válida.

Aun así, semanas después el morenista logró solventar las inconsistencias y consiguió postularse nuevamente, resultando electo por mayoría relativa. Desde entonces, su trayectoria política ha estado acompañada de polémicas, pero también de alianzas que le permitieron consolidar su posición dentro del partido guinda y, ahora, alcanzar la presidencia de un comité encargado de vigilar la ética legislativa.

El nombramiento también incluye al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, como vicepresidente, además de los legisladores Luis Agustín Rodríguez, del PAN, y Alejandro Pérez Cuéllar, del PVEM, como secretarios.

La integración del Comité se completa con los llamados decanos, entre ellos el morenista Manuel Espino Barrientos, quien actualmente se encuentra en recuperación tras un derrame cerebral sufrido en septiembre.

La creación del Comité de Ética, que debió haberse instalado desde hace más de un año, busca reforzar los principios de transparencia y conducta pública dentro del recinto legislativo de San Lázaro. Sin embargo, la elección exprés de un presidente con antecedentes polémicos ha generado críticas en los pasillos del Congreso y reabre el debate sobre los filtros éticos en los nombramientos dentro del Poder Legislativo.

Pese a las controversias, la nueva dirigencia del Comité de Ética deberá asumir su tarea de velar por el comportamiento institucional de los diputados y prevenir actos que comprometan la integridad de la Cámara. El reto será mayor: hacerlo bajo la mirada de una ciudadanía cada vez más exigente con sus representantes públicos.

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

Con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, el Senado de la República aprobó sin modificaciones la miscelánea fiscal 2026, que establece incrementos en impuestos a refrescos, sueros, cigarros, museos y videojuegos, además de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales como Facebook, Amazon, Netflix, Uber y Airbnb.

Durante una sesión que se prolongó por casi seis horas, el pleno lució semivacío durante gran parte de la discusión, con apenas 16 legisladores presentes. No fue sino hasta después de las 7:00 de la noche cuando la mayoría regresó para votar los dictámenes.

Finalmente, las reformas fueron aprobadas con 76 votos a favor y 38 en contra en el caso del Código Fiscal, 75 a favor y 35 en contra en la Ley de Derechos, y 75 votos a favor y 37 en contra en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). El nuevo paquete fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y ya fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

En materia de impuestos, el IEPS contempla un aumento de 3.08 pesos por litro en bebidas azucaradas como jugos, refrescos y sueros. Los tabacos labrados tendrán un incremento del 30%, por lo que el precio de las cajetillas de cigarros podría alcanzar los 100 pesos. Además, los videojuegos con alto contenido violento pagarán 8% más de impuesto.

La Ley de Derechos también sufrió modificaciones que afectarán los costos de entrada a museos y zonas turísticas. Los nuevos precios serán de 209 pesos para ingresar a Palenque, Chiapas y al Museo de Antropología de la Ciudad de México; 156 pesos en el Museo del Carmen; 143 pesos en el Fuerte de Guadalupe y el Museo Virreinal Acolman; y 104 pesos por visitar Chichén Itzá.

Uno de los puntos más polémicos fue la reforma al artículo 30 del Código Fiscal, que permitirá al SAT monitorear en tiempo real las operaciones de las plataformas digitales. La propuesta generó fuerte oposición tanto de legisladores oficialistas como de oposición, quienes presentaron reservas que fueron rechazadas.

En tribuna, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el incremento en refrescos “representa el inicio del control por parte del gobierno sobre lo que los ciudadanos pueden consumir” y calificó la reforma al Código Fiscal como una medida que “abre la puerta a la vigilancia sin límites, la censura administrativa y la inseguridad digital”.

Desde el PRI, Cristina Ruiz Sandoval señaló que “nos prometieron que no habría más impuestos, y hoy los mexicanos pagan más por todo, por comer, por fumar, por jugar y hasta por respirar”. Criticó que el gobierno “disfrace de impuesto a la salud” los aumentos en productos como refrescos y cigarros, acusando que “han desmantelado el sistema de salud sin medicinas y sin vacunas”.

El coordinador priista Manuel Añorve recordó que en 2018, Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle prometieron eliminar el IEPS a las gasolinas, proyectando un video en el pleno como evidencia.

Por su parte, el morenista Homero David defendió que las reformas buscan “combatir la evasión y la simulación fiscal”, mientras que Raúl Morón subrayó que la recaudación permitirá financiar programas sociales que consumen 1.2 billones de pesos anuales. “Es un paquete económico pensando en México y en el bienestar de las familias que menos tienen”, afirmó.

En contraste, Gina Campuzano, senadora del PAN, calificó la miscelánea como “un atraco legalizado al bolsillo de los mexicanos”, argumentando que el gobierno pasa la factura de sus “proyectos faraónicos inconclusos y hospitales sin medicamentos” directamente a los ciudadanos.

Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, respondió tras la difusión de nuevos videos presentados por el medio de información Latinus en los que se observa a David León entregando recursos a candidatos de Morena durante el proceso electoral de 2015. El legislador aseguró ser ajeno a los hechos y se puso a disposición de cualquier autoridad que decida investigar.

“Yo soy ajeno a esos actos y ajeno a los actos de terceras personas. (…) Estoy abierto a que se hagan todas las investigaciones, a cualquier autoridad que me solicite mi presencia; en el momento que lo hagan con mucho gusto ahí estaré”, declaró Velasco en entrevista desde la Cámara Alta.

En las imágenes difundidas se aprecia a David León entregar un sobre amarillo con dinero al general en retiro José Antonio Moreno Alvarado, quien fue candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores, Chiapas, en 2015. Según la confesión de León, los recursos provenían de Manuel Velasco, entonces gobernador del estado.

El senador rechazó esa versión y reiteró que no se usaron recursos públicos de su administración para financiar campañas. “Te repito, soy ajeno a los actos que hagan terceras personas”, enfatizó.

Durante la conversación con medios de comunicación, Velasco fue cuestionado sobre si conocía a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, también señalado en años recientes por aparecer en videos de entregas de dinero. El político chiapaneco aclaró que la relación fue lejana y meramente circunstancial.

“Mi abuelo materno tenía una relación de amistad pública con el licenciado Andrés Manuel y en algún momento conocí a parte de su familia, sin tener una mayor relación. Lo saludé en un par de ocasiones, él estaba promoviendo un equipo de béisbol en el estado, pero yo en lo personal nunca tuve ningún trato con él directamente ni mucho menos”, explicó.

En cuanto a una supuesta solicitud de recursos por parte de Morena para la campaña de 2015, Velasco negó esa versión al recordar que en ese proceso electoral su partido y Morena eran adversarios políticos. Subrayó que el PVEM, que lo postuló a la gubernatura, obtuvo el primer lugar, mientras que Morena tuvo un desempeño menor.

“En el 2015 los resultados electorales ahí hablan, Morena me parece que quedó en quinto o sexto lugar, la primera fue el Verde, el segundo lugar el PRI y después las demás fuerzas. No tuvo un buen resultado electoral, incluso en los actos de campaña permanentemente había un golpeteo hacia mi persona”, sostuvo.

Velasco reiteró que está dispuesto a colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer el caso y deslindarse de las acusaciones que surgen a raíz de los videos difundidos.

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.