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La discusión sobre la legalidad y el alcance de la Ley SB4 de Texas continúa mientras las autoridades judiciales de Estados Unidos evalúan su validez. Esta legislación, que ha sido calificada como xenófoba por el gobierno mexicano, ha despertado el interés de otros estados en adoptar un enfoque similar en materia migratoria.

La SB4 establece el delito de entrada ilegal al territorio texano y otorga poderes a policías y jueces locales para detener, encarcelar y deportar a extranjeros basándose únicamente en la sospecha de su estatus migratorio, con penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

Tanto el gobierno federal estadounidense como organizaciones civiles han impugnado la ley, argumentando su inconstitucionalidad. México ha solicitado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que mantenga congelada la implementación de la SB4.

En medio de este debate, otros estados muestran interés en seguir el ejemplo de Texas. En Oklahoma, el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, ha presentado una propuesta de ley migratoria que permitiría a las autoridades estatales detener a migrantes sin documentos, justificando la medida como un intento por asegurar la frontera del estado contra la inmigración ilegal, aunque Oklahoma se encuentre a más de 550 kilómetros de la frontera con México.

En Georgia, un proyecto de ley conocido como Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales HB-1105 avanza en el proceso legislativo. Esta propuesta obligaría a la policía local a identificar y detener a extranjeros sin documentos, y está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes estatal y de la firma del gobernador republicano, Brian Kemp.

En New Hampshire, por su parte, se está considerando una ley que permitiría a la policía local detener a presuntos inmigrantes sin documentos por delitos relacionados con allanamiento de morada.

Mientras tanto, tanto el Departamento de Justicia de la administración Biden como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han impugnado la SB4, argumentando que viola las leyes al interferir con las facultades de las autoridades federales de migración y frontera.

Se especula que, de obtener otro fallo judicial favorable, estados liderados por republicanos podrían presentar proyectos de ley similares a la SB4, siguiendo la línea de la política impulsada por el gobernador texano Greg Abbott.

En un contundente acto de resistencia, más de mil indígenas tzeltales, miembros de la Organización Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio y el Gobierno Comunitario, se congregaron el sábado en el municipio de Chilón, Chiapas, en el sureste de México, para levantar su voz contra la violencia perpetrada por partidos políticos y grupos del crimen organizado. Además, anunciaron su decisión de no participar en los próximos comicios del 2 de junio.

Pascuala Vázquez Aguilar, portavoz del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, explicó que desde 2017 han optado por mantenerse al margen de los partidos políticos en la elección de sus autoridades, argumentando que éstos no representan los intereses del pueblo originario y persiguen únicamente el poder. Esta determinación marcó el inicio de un movimiento de resistencia frente a la corrupción institucional y la intimidación de la delincuencia organizada.

Ante la falta de representatividad de los partidos políticos, surgió el Gobierno Comunitario inclusivo como una alternativa para los pueblos originarios de Chilón y Sitalá. En este año, más de seis mil indígenas tzeltales han optado por abstenerse de votar en las elecciones tanto nacionales como locales, prefiriendo continuar activos en la lucha por el reconocimiento jurídico de su autonomía.

La marcha estuvo conformada por mujeres, hombres, y niños, así como por organizaciones civiles, investigadores sociales, médicos, maestros observadores y defensores de los derechos humanos. Recorrieron las calles de la localidad portando banderas y entonando música tradicional hasta llegar al atrio de la iglesia de Santo Domingo, donde expresaron sus denuncias y posturas respecto a las próximas elecciones.

Durante un mitin al término de la marcha, los participantes exigieron el respeto a los derechos territoriales y a la madre tierra, así como el derecho a la consulta previa e informada para los pueblos originarios. Asimismo, reafirmaron su compromiso con una vida digna para las niñas, los niños y jóvenes, y expresaron su rechazo a la influencia del crimen organizado y la militarización de los territorios y comunidades indígenas.

Más de 200 organizaciones civiles han llamado a la “Marcha por Nuestra Democracia”, programada para el próximo 18 de febrero, con el ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, como único orador al término de la movilización, especialmente en la Ciudad de México.

En una conferencia de prensa, Amado Avendaño, portavoz del Frente Cívico Nacional, explicó que aunque en la capital no se ha designado un punto de inicio específico, la manifestación concluirá en el Zócalo a las 11:00 horas. Este evento se replicará en más de 100 plazas tanto a nivel nacional como internacional.

“El ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, será el único orador, acompañado en el estrado por otras personalidades como la ex presidenta del Tribunal Electoral, Mari Carmen Alanís, así como los principales oradores de las dos marchas anteriores: José Woldenberg y José Ramón Cossío”, informó Avendaño.

El propósito de la protesta es exigir que las elecciones del 2 de junio se lleven a cabo de manera transparente y justa, reconociendo la diversidad de apoyos entre las agrupaciones participantes, algunas de las cuales respaldan abiertamente a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

“Lo importante es asegurar elecciones libres y limpias. Dentro de las 217 organizaciones convocantes, algunas respaldarán a Xóchitl, mientras que otras no. Es una decisión individual”, destacó Avendaño.

Durante la conferencia, Ana Lucía Medina, miembro de la organización Unid@s, expuso las razones que motivan la convocatoria a la marcha del próximo fin de semana.

“La defensa del voto libre es nuestra principal razón. Si el gobierno interviene en las elecciones, el voto deja de ser libre. Si se utiliza dinero público para respaldar a una candidata, el voto pierde su libertad. Si se intenta debilitar las instituciones como el INE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, el voto se ve comprometido”, enfatizó Medina.