La escalada de violencia en Chilpancingo, Guerrero, ha dejado una profunda huella en el país, generando no solo consternación social, sino también llamados urgentes desde distintos sectores para frenar la ola de asesinatos políticos. Entre estos llamados destaca la reciente postura de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), que ha expresado su “profunda preocupación” por los trágicos eventos que han sacudido a la capital guerrerense en las últimas semanas.

Los brutales asesinatos de Francisco Gonzalo Tapia, secretario de gobierno de Chilpancingo, y del alcalde Alejandro Arcos, quien fue decapitado apenas días después de asumir su cargo, son hechos que, según la CEM, “revelan una situación alarmante en nuestro país”. Los representantes de la Iglesia no han titubeado en condenar la violencia y en exigir acciones inmediatas de las autoridades para evitar que estos actos queden impunes. “No podemos seguir permitiendo que el miedo gobierne nuestras calles. Es momento de actuar”, señalaron.

El comunicado de la CEM se suma a las múltiples voces que exigen justicia para las víctimas y un esfuerzo coordinado para frenar la violencia en Guerrero. En su mensaje, los líderes eclesiásticos hicieron un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para que se esclarezcan los homicidios y se garantice la seguridad de los ciudadanos.

“No solo se trata de castigar a los culpables, sino de trabajar en un plan que lleve paz a las comunidades”, subrayaron los obispos. “Es necesario implementar procesos de pacificación en todas las regiones de México afectadas por la violencia”, añadieron, recordando que no es la primera vez que levantan la voz ante los crecientes índices de criminalidad en el país.

En un lapso de apenas dos semanas, tres asesinatos han desatado el pánico entre los ciudadanos de Chilpancingo. El 6 de octubre fue reportado el macabro hallazgo del cuerpo decapitado del recién nombrado alcalde Alejandro Arcos, apenas seis días después de haber tomado protesta como presidente municipal. Previamente, el 4 de octubre, Francisco Gonzalo Tapia, quien llevaba solo cuatro días en su puesto, fue asesinado a unas cuadras del Palacio Municipal. El primer asesinato que dio inicio a esta ola de violencia fue el de Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de Guerrero.

Estos eventos han detonado una respuesta firme por parte de la Federación Nacional de Municipios de México (FNMM), que ha exigido la renuncia de altos mandos de la seguridad nacional. En un mensaje contundente a través de su cuenta de X, la FNMM acusó a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de “ineptitud para detener la ola de violencia política contra líderes locales en México”. Las exigencias de justicia no solo se han centrado en resolver estos crímenes, sino también en la renuncia de Hernán Cortés Hernández, titular de la Guardia Nacional, y de Omar García Harfuch, cabeza de la SSPC.

Mientras el clamor por justicia y paz crece, la presidenta Claudia Sheinbaum trató de calmar las aguas afirmando que Chilpancingo no figura entre los municipios con mayor número de homicidios en el país. No obstante, también reconoció la gravedad de los hechos y señaló que se está evaluando la posibilidad de que el caso del alcalde Alejandro Arcos sea atraído por la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, para los ciudadanos de Chilpancingo, el miedo es una realidad palpable. Cada día que pasa, la incertidumbre y el temor crecen ante la posibilidad de que la violencia no se detenga. Y es que, como bien lo señalaron los obispos, “no podemos permitir que estas tragedias se conviertan en parte de nuestra cotidianidad”.