En Tabasco, las declaraciones del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, marcaron un punto de tensión en el análisis oficial sobre la desaparición de personas en la entidad. Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario afirmó que algunos de los casos reportados no responden necesariamente a un crimen, sino a situaciones que, según sus palabras, ocurren cuando las víctimas “andaban de parranda”.La frase, expresada literalmente durante su intervención, generó inmediata atención por la forma en que se explicó un fenómeno de alto impacto social.

El secretario presentó ante legisladores el balance actualizado de personas desaparecidas en el estado, donde existe un registro acumulado de 4 mil 807 casos. De ese total, 2 mil 771 personas han sido encontradas a lo largo de distintos periodos administrativos. 

En ese contexto, López Obrador comentó: “Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la fiscalía, y pues ponen la denuncia y bueno, y ahí se queda. Muchas veces estas personas es que se van, algunas que hasta se van aquí fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la fiscalía el aviso de que la persona ya llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción ‘andaban de parranda’”.

Al mismo tiempo, destacó que durante el primer año de gobierno de Javier May Rodríguez se han localizado 215 personas, resultado que el funcionario presentó como uno de los avances más relevantes del periodo. Añadió que, aun cuando las búsquedas no concluyen con vida, los familiares valoran la recuperación de restos. “Los familiares, aunque no se regrese al ser querido con vida, aunque se regrese como se regrese, se sienten muy agradecidos ya tener los restos para eh, pues llevarlos a una cristiana sepultura”, afirmó ante los legisladores.

El panorama actual muestra que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2 mil 46 personas permanecen sin ser ubicadas en Tabasco hasta el 18 de noviembre de 2025. En ese mismo periodo, el primer año de la actual administración estatal contabiliza 369 nuevos reportes de desaparición.

El tema de las personas no localizadas adquirió mayor visibilidad tras el hallazgo de dos fosas clandestinas el 27 de marzo, localizadas en un rancho presuntamente abandonado en Macuspana, municipio que también es lugar de origen de los hermanos López Obrador. El hallazgo reforzó la demanda social por investigaciones exhaustivas y mecanismos más sólidos de búsqueda en la región.

El informe ante el Congreso y las expresiones del secretario reactivaron la discusión sobre la manera en que las autoridades abordan la desaparición de personas en Tabasco, un asunto que continúa en el centro del interés público por su complejidad y por el impacto directo en cientos de familias de la entidad.

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, exhortó al senador Gerardo Fernández Noroña a cumplir con sus obligaciones tributarias en relación con una residencia ubicada en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos. El funcionario recordó que quienes llegan a vivir al municipio deben respetar al pueblo y ajustarse a los métodos legales que rigen la adquisición de inmuebles en la zona.

“Quien llegue a residir lo menos que tiene que hacer es respetar al pueblo, Tepoztlán es un pueblo mágico como varios pueblos originarios que tiene sus usos, costumbre y tradiciones”, declaró Salgado Brito, quien subrayó que las propiedades deben adquirirse conforme a la normatividad ejidal o comunal.

El señalamiento surge después de que Fernández Noroña reconociera públicamente que su residencia carece de escrituras. En un video, el legislador explicó que en Tepoztlán no existen títulos de propiedad privada, sino posesiones comunales que pueden cederse por periodos de hasta 99 años. “La gente viene e invierte y tienes una estructura de propiedad privada montada ilegalmente o sin congruencia legal”, indicó, antes de lanzar un reto a los comuneros: “Si ellos pasan por encima de cualquiera, de mí quiero verlo”.

Las irregularidades del inmueble, situado dentro del Parque Nacional El Tepozteco, han generado inconformidad entre comuneros que denuncian que la construcción viola disposiciones locales. De acuerdo con reportes, un grupo de habitantes intentó acercarse a la propiedad, pero fue contenido por elementos de seguridad federal.

El diputado local del PAN en Morelos, Oscar Daniel Martínez Terrazas, afirmó que la casa del senador está custodiada por efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. “Qué en lugar de estar cuidando nuestras calles están defendiendo privilegios, de un senador de la república, que lo único de lo que ha hecho es una actitud porril”, señaló.

El panista también criticó que el senador de Morena mantenga un inmueble con valor millonario sin claridad sobre su adquisición. Recordó que Fernández Noroña cuestionó en su momento la llamada “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto. “De lo que tanto se quejaba, cuando decía que ese dinero se hubiera regresado para becas de estudiantes”, expresó.

Martínez Terrazas pidió que los 12 millones de pesos invertidos en la residencia se destinen a becas para estudiantes de Morelos. “Que esos 12 millones de pesos los regrese, porque por supuesto que son robados porque no ha podido esclarecer su paradero”, afirmó.

El caso mantiene en el centro del debate la situación de las propiedades en Tepoztlán, donde el régimen comunal limita la propiedad privada y exige a los habitantes cumplir con contribuciones y trámites específicos ante el ayuntamiento.

El Gobierno de la Ciudad de México entregó este lunes al Congreso capitalino el primer informe de la administración de Clara Brugada. La entrega formal estuvo a cargo del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien acudió en representación de la jefa de Gobierno a la sede legislativa.

En un acto protocolario breve, Cravioto explicó que este informe da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital y representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Adelantó que será el próximo 12 de octubre cuando Brugada acuda personalmente al recinto legislativo a rendir su informe.

“El informe que hoy se entrega da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital de la transformación. Además de atender esta obligación constitucional, la entrega representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas de esta administración”, declaró Cravioto al subir al estrado.

Tras la entrega, el funcionario subrayó que entre los temas más destacados está la seguridad, donde aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido 60%. Agregó que se han detenido a 500 personas por extorsión y que los homicidios dolosos bajaron de 2.4% el año pasado a 2.1% en lo que va de 2024.

El informe entregado consta de cuatro documentos: el propio informe, un análisis ejecutivo, un compendio estadístico y el reporte de cada una de las alcaldías. Entre los temas centrales se encuentran los programas sociales, como Mercomuna, Desde la Cuna y el apoyo a estudiantes para transporte, así como el avance de proyectos emblemáticos como el Cablebús y las Utopías.

Cravioto reconoció que en tres predios destinados a Utopías persisten conflictos vecinales, aunque descartó retrasos en los proyectos. Añadió que actualmente se atienden los problemas derivados de las lluvias, las más intensas en tres décadas, lo que ha impactado en el bacheo y mantenimiento vial.

“No estamos atorados en nada, bueno, ahora se vino el tema de las lluvias, que es un tema que la verdad, todo lo vemos, nunca lo habíamos percibido así, por lo menos en los últimos 30 años. De todos modos se está trabajando en el bacheo y, pasando las lluvias, estaremos trabajando en el reencarpetamiento”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma, señaló que el documento será revisado con rigor, destacando áreas como salud, seguridad, movilidad, atención ciudadana y desarrollo social. “Nuestra labor es analizar estas acciones con responsabilidad institucional y un enfoque ciudadano, para garantizar que cada decisión tomada busque mejorar la vida cotidiana de los capitalinos”, puntualizó.

Con la entrega formal, se inicia el proceso de glosa en el Congreso, en el cual se solicitará la comparecencia de integrantes del gabinete de Brugada para detallar los avances de su primer año de gestión.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

La Ciudad de México ya está con el radar encendido. La próxima marcha contra la gentrificación tiene fecha marcada en el calendario y el gobierno capitalino no quiere sorpresas. El secretario de Gobierno, César Cravioto, soltó que se está preparando un operativo especial para “contener” cualquier intento de disturbio. Todo bajo la bandera de que no es represión, sino prevención.

“Si vemos que un grupo de la marcha quiere o empieza a generar disturbios o afectación a terceros, entonces se interviene para contener”, explicó. También dejó claro que las expresiones violentas no ayudan a la causa y que los propios manifestantes deberían evitar ese camino si quieren que su voz tenga eco.

La preocupación no viene de la nada. En la última protesta del 4 de julio, las cosas se salieron de control cerca de Parque México. Comercios afectados, vidrios rotos y confrontaciones con vecinos encendieron las alarmas. La consigna contra la gentrificación fue opacada por los choques callejeros.

Ahora, con la nueva convocatoria lanzada por colectivos para este domingo 20 de julio —del Metrobús Fuentes Brotantes a El Caminero, al sur de la ciudad—, las autoridades están pisando con cuidado. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reafirmó que todas las manifestaciones son bienvenidas, pero que la violencia activa otro protocolo. “No va en un sentido de represión, sino de prevención”, dijo en conferencia.

Además, Brugada ya prepara una lista de 14 propuestas que buscan atender de forma más directa el tema de la gentrificación, fenómeno que ha sido centro de debate en barrios como la Roma, Condesa, Juárez y ahora también en zonas del sur. Rentas por las nubes, cafeterías hipster y anuncios en inglés han encendido la molestia de muchos habitantes que sienten que su ciudad se les está escurriendo de las manos.

El operativo de seguridad para este domingo se perfila con todo. La tensión está servida. De un lado, la exigencia de espacios habitables, vivienda digna y freno al desplazamiento forzado. Del otro, una administración que intenta mantener el orden sin verse como el ogro que calla las protestas.

Mientras tanto, la ciudad se divide entre quienes apoyan la causa, quienes critican los métodos y quienes simplemente no quieren ver sus ventanas hechas trizas una vez más. Todo listo para un domingo donde la calle vuelve a ser el escenario de una discusión que ya nadie puede ignorar.

El grupo musical Los Alegres del Barranco ha obtenido un amparo federal que les permite continuar con sus presentaciones en el estado de Michoacán, a pesar del decreto estatal que prohíbe espectáculos donde se promueva la apología del delito. La resolución ha generado una inmediata reacción del gobierno estatal, que anunció una queja formal ante el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación.

El conflicto se desató tras la publicación del decreto el pasado 16 de abril en el Diario Oficial del Estado de Michoacán. Dicho documento restringe las presentaciones de artistas que, a juicio de las autoridades, fomenten la violencia o engrandezcan figuras del crimen organizado en eventos públicos, como fiestas populares, jaripeos o palenques.

El juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, otorgó la suspensión provisional del decreto exclusivamente a Los Alegres del Barranco, en el juicio de amparo 518/2025. El juez argumentó que la medida estatal carece de un análisis contextual suficiente para justificar su aplicación generalizada en los 113 municipios del estado.

Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, expresó su inconformidad con la decisión judicial. Desde su perspectiva, la suspensión no solo contradice la Ley de Amparo, sino que además representa un riesgo para la seguridad y el bienestar social al permitir espectáculos que podrían alentar indirectamente la cultura del crimen.

“Vamos a presentar una queja ante esta suspensión provisional que emite este juez, porque expresamente va contra el interés popular y porque quieren que siga haciéndose apología del delito”, puntualizó el funcionario estatal.

Aunque la medida judicial representa un revés temporal para el gobierno michoacano, no extingue el debate de fondo sobre la regulación de los contenidos musicales en eventos masivos. La situación se complica aún más debido a las investigaciones abiertas contra Los Alegres del Barranco en el estado de Jalisco. 

La Fiscalía General del Estado mantiene cuatro carpetas activas por presunta apología del delito, tras presentaciones en las que se proyectaron imágenes y se interpretaron letras alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La banda sinaloense ha anunciado su intención de actuar el próximo 30 de mayo en Maravatío, Michoacán. Hasta ahora, Mario Pérez Flores, alcalde del municipio y militante de Morena, no ha emitido comentarios oficiales sobre el evento ni sobre el cumplimiento del decreto estatal.

La confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal marca un episodio más en la compleja discusión sobre libertad de expresión, seguridad pública y cultura popular en el país.

El asesinato de Diego Méndez Velázquez, hijo de José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”,ha sacudido a Querétaro. Méndez Vargas fue uno de los fundadores del cártel de La Familia Michoacana y recientemente fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 criminales de alta peligrosidad. 

Las autoridades confirmaron que el homicidio ocurrió el sábado en un ataque directo en el estacionamiento de un bar ubicado en una zona exclusiva del estado. Junto a Méndez Velázquez, otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron asesinadas dentro de un lujoso Lamborghini Urus. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un hospital en estado delicado.

Carlos Alcázar, secretario de gobierno de Querétaro, informó que las víctimas no residían en el estado y que el crimen está relacionado con el “contexto nacional” y el vínculo de Méndez Velázquez con su padre, recientemente extraditado a Estados Unidos. La fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

José de Jesús Méndez Vargas, conocido como “El Chango Méndez“, fue capturado en 2011 y encarcelado en México hasta su traslado a Estados Unidos el 27 de febrero de este año. La extradición masiva de criminales coincidió con la presión del presidente Donald Trump para que el gobierno mexicano fortaleciera sus acciones contra el crimen organizado.

Diego Méndez Velázquez también tuvo antecedentes delictivos. Fue detenido en 2018 por presuntos vínculos con el narcotráfico y el robo de combustible, aunque actualmente estaba en libertad.

El crimen ha generado interrogantes sobre el impacto de la reciente extradición de líderes criminales en la violencia dentro de México. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los responsables del ataque y su posible relación con el cártel de La Familia Michoacana u otros grupos del crimen organizado.