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Durante la inauguración de un Bachillerato Nacional en Ixtapaluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a estudiantes en el que destacó la importancia de la independencia, la soberanía y la democracia en México, además de llamar a las nuevas generaciones a conocer la historia del país.

Frente a los jóvenes asistentes, la mandataria planteó reflexiones sobre el valor de que México sea una nación libre y autónoma. Durante su discurso preguntó a los estudiantes si consideran importante que el país mantenga su independencia y no dependa de otras naciones. “¿Ustedes creen que sea importante la independencia de México? ¿Que no seamos parte de otro país? ¿O les gustaría que México fuera colonia de otro país?”, expresó.

Sheinbaum subrayó que la libertad y la democracia son principios fundamentales para el país, al señalar que corresponde al pueblo mexicano decidir quiénes son sus gobernantes. En ese contexto, pidió a los jóvenes conocer la historia nacional para comprender el significado de vivir en un país independiente.

“Las mexicanas y mexicanos debemos conocer nuestra historia, si no, vamos a cometer los mismos errores del pasado u olvidarnos lo importante que debe ser un país como México: independiente, libre, soberano y democrático”, afirmó.

Al finalizar el evento, la presidenta fue cuestionada por reporteros sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que México es el epicentro de la violencia de los cárteles del narcotráfico en el hemisferio. Ante las preguntas, Sheinbaum evitó responder de inmediato y se limitó a señalar: “El lunes. Cabeza fría”.

Las declaraciones de Trump se realizaron durante la cumbre regional “Escudo de las Américas”, un encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos enfocado en temas de seguridad, al que no fueron invitados México ni Brasil.

Durante su participación, el mandatario estadounidense afirmó que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México” y aseguró que estas organizaciones criminales generan gran parte del derramamiento de sangre en el hemisferio. También señaló que su gobierno hará “todo lo necesario para defender la seguridad nacional”. Trump reiteró que los cárteles deben ser erradicados y aseguró que estas organizaciones criminales se han vuelto más peligrosas.

En el mismo evento, el presidente estadounidense se refirió a Sheinbaum con comentarios positivos al señalar que le agrada y que es “una muy buena persona”, además de mencionar que tiene “una voz hermosa”. También relató un supuesto intercambio con la mandataria mexicana sobre la posibilidad de intervenir contra los cárteles.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, hizo un llamado a implementar una estrategia integral que enfrente directamente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, al señalar que la respuesta del Estado debe incluir a quienes operan como cómplices o facilitadores desde cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el combate a la delincuencia no debe limitarse a quienes participan de forma directa en actividades armadas, sino también a quienes colaboran desde el interior de las instituciones. “Me refiero a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles; a esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados, también tienen que tener todo el peso del Estado”, expresó.

El posicionamiento del PAN ocurre tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este contexto, Lixa reconoció la actuación de las fuerzas armadas, destacando su desempeño durante el operativo. “Han demostrado valentía, disciplina, ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta”, declaró.

El legislador también expresó solidaridad con las familias de los elementos militares que fallecieron durante la operación, y reiteró el respaldo de su bancada a las fuerzas de seguridad. No obstante, señaló que, además de las acciones operativas, es necesaria una estrategia preventiva más amplia en distintas regiones, incluyendo Jalisco.

El coordinador parlamentario subrayó que el PAN ha insistido en la necesidad de una política de seguridad que actúe desde el origen del problema y no únicamente mediante operativos. Indicó que contar con información oportuna es un factor clave para lograr la pacificación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones públicas representa un factor determinante en la expansión de estas organizaciones. “Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, afirmó.

El legislador agregó que el tamaño y capacidad operativa de los cárteles, así como delitos como la extorsión en distintas entidades, reflejan la posible existencia de funcionarios que actúan como facilitadores o colaboradores. Según explicó, estos vínculos permiten el flujo de información o facilitan operaciones ilícitas.

Lixa también enfatizó que la neutralización de un líder criminal no implica la desaparición de la organización. “Capturar, abatir o neutralizar a una cabeza de un cártel no lo soluciona todo”, señaló, al reiterar la necesidad de una estrategia estructural que incluya acciones contra la infiltración criminal en el aparato gubernamental y fortalezca las instituciones frente a la delincuencia organizada.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, señaladas por su vinculación con organizaciones criminales, fue una decisión soberana del Estado mexicano y negó que la medida haya sido acordada durante la llamada telefónica que sostuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump. La mandataria rechazó que la entrega respondiera a presiones externas o a un intento de favorecer la relación con Washington.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero subrayó que la determinación final se tomó tras un análisis interno en el Consejo Nacional de Seguridad. Señaló que, en este tipo de decisiones, el criterio principal es la conveniencia para México y la protección de la seguridad nacional y pública.

“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es muy importante aclarar que la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México”,expresó la presidenta. Añadió que, aunque existan solicitudes del gobierno estadounidense, la evaluación se realiza con base en los intereses del país.

El anuncio del traslado se dio a conocer el martes por parte del gobierno federal, que informó que los 37 reos provenían de distintos centros penitenciarios del país y eran considerados una “amenaza real para la seguridad”. De acuerdo con la información oficial, las personas entregadas eran requeridas por las autoridades estadounidenses debido a sus vínculos con organizaciones criminales de alto impacto.

Entre los trasladados se encontraban presuntos líderes regionales del Cártel del Noroeste, del grupo de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sheinbaum indicó que la medida respondió a criterios estrictos de seguridad nacional y seguridad pública, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la protección del país.

La presidenta insistió en que la entrega no obedeció a presiones ni a una intención de “quedar bien” con Estados Unidos. “Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía”, afirmó ante los medios.

Sheinbaum detalló que cada uno de los 37 casos fue revisado de manera individual antes de autorizar el traslado. Explicó que, una vez concluido el análisis y tomada la decisión correspondiente, se procedió al envío a territorio estadounidense. Precisó además que la mayoría de las personas trasladadas eran consideradas extraditables conforme a los marcos legales vigentes.

Esta acción representó la tercera entrega de este tipo durante la actual administración, que inició en octubre de 2024. Las dos anteriores se realizaron en 2025, en un contexto marcado por señalamientos del presidente Donald Trump, quien ha sostenido que México no hace lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. El gobierno mexicano reiteró que estas decisiones se toman bajo criterios propios y con base en evaluaciones de seguridad nacional.

En medio de los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta influencia del crimen organizado en el gobierno mexicano, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó de manera categórica dichas acusaciones. Desde el Poder Legislativo, el líder parlamentario afirmó que, desde el inicio de su mandato, la jefa del Ejecutivo federal ha mantenido una confrontación permanente contra los cárteles y las estructuras delictivas.

Durante una conferencia de prensa, Monreal sostuvo que la presidenta ha demostrado, desde el primer día de su gestión, una política de seguridad sin concesiones frente al crimen organizado. Señaló que no existe tregua alguna y que la actuación del gobierno federal se refleja en resultados medibles, los cuales, afirmó, respaldan la narrativa de una ofensiva constante contra los grupos criminales. En ese contexto, calificó como alejadas de la realidad las declaraciones del mandatario estadounidense que sugieren que México está gobernado por organizaciones del narcotráfico.

El coordinador de los diputados de Morena subrayó que Claudia Sheinbaum cuenta con el carácter necesario para enfrentar un fenómeno que, dijo, se originó y se profundizó durante administraciones anteriores. En su exposición, insistió en que la actual presidenta está dando la batalla en materia de seguridad pública, enfrentando un problema complejo heredado de las últimas dos décadas, sin retrocesos ni ambigüedades.

Respecto a la relación bilateral y a los comentarios provenientes de Washington, Monreal consideró que las posturas del presidente Trump no son nuevas y forman parte de una línea discursiva que ha mantenido desde hace tiempo hacia distintos actores mexicanos. Afirmó que estas expresiones son respetadas como posiciones propias del gobierno estadounidense, aunque no compartidas por la administración mexicana ni por la mayoría legislativa.

En ese mismo marco, el diputado morenista garantizó que dentro de la llamada Cuarta Transformación no existe preocupación alguna ante la posibilidad de que tropas de Estados Unidos ingresen a territorio mexicano con el aval de políticos nacionales. Recalcó que no hay condiciones ni intención para que ocurra un escenario de esa naturaleza.

Sobre las voces que han planteado abiertamente una intervención extranjera para combatir al crimen organizado, Monreal señaló que este tipo de pronunciamientos suelen surgir en contextos de tensión internacional. Indicó que, en ocasiones, sectores opositores o actores movidos por una postura radical aprovechan coyunturas globales para promover escenarios extremos, incluso algunos de origen mexicano que, lamentó, llegan a plantear una invasión.

Finalmente, Ricardo Monreal afirmó que desde la Cámara de Diputados, la bancada de Morena mantendrá una postura de seriedad y prudencia, con una defensa firme de la soberanía nacional y de la independencia de México. Enfatizó que la prioridad del bloque legislativo es respaldar las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad, sin ceder ante presiones externas ni discursos que, a su juicio, distorsionan la realidad del país.

La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.

El Senado volvió a convertirse en campo de batalla política. Durante la sesión de este martes, un intercambio entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Gerardo Fernández Noroña encendió los ánimos en el pleno, justo en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Lo que comenzó como un debate sobre la violencia en el país terminó escalando a una confrontación directa que continuó incluso en redes sociales.

La discusión surgió luego de que el Senado guardara un minuto de silencio por el homicidio del alcalde michoacano. Durante su intervención, Téllez criticó la postura del gobierno federal respecto al combate al crimen organizado y cuestionó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no responder con una “guerra” a los cárteles. Su discurso apuntó contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de tolerar la violencia que afecta a los ciudadanos.

Desde su escaño, Fernández Noroña interrumpió la exposición, lo que provocó que Téllez respondiera con insultos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista a Palestina, donde participó en una gira diplomática y visitó zonas afectadas por el conflicto armado. El intercambio de palabras tensó el ambiente en la Cámara Alta y marcó uno de los momentos más acalorados del debate.

Ya fuera del recinto, Noroña llevó el enfrentamiento a las redes sociales. Desde su cuenta en X, atribuyó los ataques de la senadora a una supuesta estrategia impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, medio en el que Téllez trabajó antes de iniciar su carrera política. Según el morenista, los señalamientos buscan distraer la atención del adeudo fiscal que, asegura, mantiene el empresario con el gobierno federal.

Noroña también dirigió sus críticas hacia el panista Ricardo Anaya, quien compartió el video del enfrentamiento en sus redes. Lo acusó de utilizar los ataques para beneficiar intereses particulares y de mantener una postura hipócrita ante las tensiones políticas en el Senado.

El episodio entre ambos legisladores se suma a la larga lista de enfrentamientos verbales que han caracterizado las sesiones del Congreso en los últimos meses, en medio de la polarización política y el clima de violencia que atraviesa el país.

Mientras tanto, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate nacional sobre seguridad y justicia. En contraste con las disputas políticas, el Congreso mantiene en la agenda la discusión sobre cómo responder a la escalada de violencia sin agravar la crisis de seguridad que afecta a México.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad con el fin de combatir a los cárteles de la droga, frenar el robo de combustible, enfrentar el narcotráfico y reforzar la seguridad en la frontera común.

A través de un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos gobiernos subrayaron que esta coordinación se basa en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial. 

El documento enfatiza que “el objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”. 

Entre las acciones destacadas, se planteó atender de forma inmediata el movimiento irregular en la frontera, con medidas enfocadas en detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, además del trasiego ilegal de armas.

Con este propósito, Sheinbaum y Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los compromisos asumidos y evaluar las acciones que cada país implementa en su territorio.

El listado de medidas incluye contrarrestar a los cárteles del narcotráfico, reforzar la seguridad fronteriza, eliminar túneles clandestinos, prevenir el robo de combustibles o “huachicol” y atacar los flujos financieros ilícitos que sostienen a las organizaciones criminales.

El comunicado oficial fue leído por el canciller Juan Ramón de la Fuente al concluir la conferencia de prensa conjunta, realizada después del encuentro privado entre Sheinbaum y Rubio en Palacio Nacional.

La visita del secretario de Estado ocurre en un contexto en el que Washington refuerza su ofensiva contra grupos criminales con operaciones internacionales. Estados Unidos ha puesto particular atención en organizaciones con alcance transnacional como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

La reunión entre ambos funcionarios representa la primera visita oficial de Marco Rubio a México en calidad de secretario de Estado y forma parte de la agenda bilateral enfocada en seguridad, migración y desarrollo económico. El acuerdo de crear un mecanismo de alto nivel busca garantizar que los compromisos asumidos no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en acciones concretas de combate al crimen organizado.

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal, acusado de presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Pese a ello, el deportista enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que la Fiscalía no justificara la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.

Chávez Jr. había sido entregado a México el pasado miércoles y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, tras dictársele la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa legal confirmó que el juez ordenó su inmediata liberación.

“El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso”, declaró el representante legal del exboxeador a la salida del tribunal.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria y estableció que el imputado deberá cumplir medidas “muy estrictas” mientras lleva su proceso fuera de prisión.

El delito que enfrenta se relaciona con delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de administración ni liderazgo, vinculado con la introducción clandestina de armas a México. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena máxima en caso de resultar culpable podría alcanzar entre cuatro y ocho años de prisión.

El caso se remonta a julio, cuando Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no contaba con documentos para permanecer en territorio estadounidense. En ese momento, autoridades de Estados Unidos señalaron que el boxeador estaba ligado a una orden de detención vigente en México por presuntos nexos con cárteles de la droga.

“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirmaron las autoridades estadounidenses en aquel entonces.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantenía desde el 14 de enero de 2023 una orden de aprehensión contra Chávez Carrasco, emitida por un juez federal en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, dicha orden no se había ejecutado hasta su detención y entrega reciente.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la FGR intervino comunicaciones telefónicas de integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

En esas intervenciones, se detectaron conversaciones en las que se señalaba que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como castigo, bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El proceso judicial continúa y será en los próximos meses cuando se determinen los avances de la investigación y el futuro legal del exboxeador.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración alcanzará un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos antes del 1 de agosto, fecha en la que entrarán en vigor los nuevos aranceles del 30% a productos mexicanos anunciados por el presidente Donald Trump.

Durante la inauguración del Hospital Rural IMSS-Bienestar en Guaymas, Sonora, Sheinbaum se refirió al tema con determinación. Subrayó que las negociaciones en curso entre ambos países buscan mejorar las condiciones comerciales sin afectar la soberanía de México. Expresó su confianza en que, gracias al trabajo de su equipo en territorio estadounidense, se logrará evitar que se apliquen estas medidas.

“La carta establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles. Entonces lo ponen para el 1 de agosto, y nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos”, manifestó la mandataria.

Sheinbaum hizo un llamado a actuar con serenidad frente a este tipo de tensiones internacionales, destacando la fortaleza del país y la resiliencia de su gente. Desde la comunidad yaqui, reconocida históricamente por su lucha y valentía, la presidenta envió un mensaje de unidad nacional ante la presión extranjera.

“En estos casos hay que tener cabeza fría para afrontar cualquier problema, yo me siento muy segura, porque hay algo que tenemos en nuestro gobierno, que representamos la dignidad del pueblo de México y el pueblo de México es resistente, valiente, si lo saben los yaquis; y además, el pueblo de México siempre triunfa”, afirmó.

Aunque el anuncio de los nuevos aranceles proviene de una decisión unilateral de Estados Unidos, Sheinbaum puntualizó que no se trata de una medida exclusiva contra México, sino que forma parte de un plan comercial que podría impactar a diversos países del mundo.

En la plataforma Truth Social, el presidente Trump publicó una carta en la que justificó los nuevos aranceles bajo el argumento de que México no ha logrado frenar el tráfico de drogas hacia su país. Afirmó que la medida responde “en parte, por la incapacidad de México para detener a los cárteles, que están conformados por las personas más despreciables que jamás hayan pisado la Tierra”.

Sheinbaum no emitió comentario alguno sobre estas declaraciones ni abordó directamente la estrategia de su gobierno en materia de seguridad o combate al tráfico de drogas, en especial al fentanilo. Sin embargo, fue clara al establecer límites sobre el rumbo de las negociaciones bilaterales.

“Tenemos claro que podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos y tenemos claro que hay algo que no se negocia que es la soberanía de nuestro país”, concluyó.

Durante su conferencia matutina del 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum trazó una línea firme en torno a la soberanía nacional. Reaccionó con contundencia ante los reportes que apuntan a una posible estrategia de la administración de Donald Trump para utilizar drones en territorio mexicano con el objetivo de atacar a cárteles del narcotráfico. Su respuesta fue clara: “No estamos de acuerdo”.

La mandataria subrayó que México no permitirá ningún tipo de intervención extranjera. Reafirmó que la colaboración con Estados Unidos se sostiene sobre principios de respeto y coordinación, no subordinación. “Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay ni injerencismo ni estas acciones”, aseguró ante medios nacionales e internacionales.

La propuesta aún en discusión, revelada por NBC News, contempla el uso de drones militares estadounidenses para atacar directamente a líderes de cárteles, sus redes logísticas y estructuras operativas en México. A pesar de que no existe una decisión definitiva, la posibilidad de acciones unilaterales sigue latente. La información cita a seis funcionarios estadounidenses actuales y retirados del ámbito militar, de inteligencia y seguridad, quienes confirmaron que las conversaciones se mantienen en fases iniciales.

Las implicaciones legales y diplomáticas de esta iniciativa son de gran escala. Atacar objetivos dentro de territorio mexicano sin el consentimiento expreso del gobierno podría quebrantar el derecho internacional y abrir un nuevo capítulo de tensiones entre ambos países. Sin embargo, algunos sectores en Estados Unidos defienden el derecho a la defensa frente a amenazas originadas más allá de sus fronteras.

En paralelo, el gobierno estadounidense habría intensificado sus vuelos de vigilancia sobre México para recolectar datos de inteligencia. Esta información serviría como base para un eventual operativo de gran precisión, con miras a debilitar a las organizaciones criminales mediante ataques selectivos. Los blancos potenciales incluirían vehículos, bodegas y centros de operaciones de los cárteles.

Sheinbaum destacó que este tipo de medidas no ataca la raíz del problema. Desde su perspectiva, la única vía efectiva para combatir el narcotráfico es mediante inteligencia, investigación y el abordaje profundo de las causas estructurales. Reiteró también su confianza en el diálogo continuo con Estados Unidos, al afirmar que este canal diplomático se mantiene abierto y activo.

El precedente de cooperación entre ambos gobiernos durante la administración de Felipe Calderón, donde fuerzas especiales mexicanas fueron entrenadas por el ejército estadounidense, aún resuena en la memoria colectiva. Sin embargo, la actual mandataria marca distancia respecto a cualquier acción que comprometa la soberanía mexicana.

NBC también reveló que la administración Trump ha sugerido a funcionarios mexicanos que “todas las opciones están sobre la mesa”, respaldando una línea de presión política que incluye medidas como los aranceles. Esta estrategia busca influir en la postura del gobierno mexicano y abrir paso a posibles operaciones conjuntas.

La presidenta insistió en que México seguirá defendiendo su territorio y sus principios. “Por supuesto que lo rechazamos, cualquiera de estas acciones”, expresó enfática. El mensaje fue directo: en territorio mexicano, ninguna decisión ajena cruzará los cielos sin autorización.