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Habitantes de comunidades rarámuri y ódami de la sierra de Chihuahua expusieron ante la presidenta Claudia Sheinbaum una amplia agenda de necesidades relacionadas con servicios básicos, salud, educación e infraestructura, durante un acto oficial en el que se entregaron títulos de propiedad comunal por tres mil hectáreas al pueblo ódami del municipio de Guadalupe y Calvo.

El evento se realizó con la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como de integrantes del gabinete federal. En su intervención, la presidenta explicó que la entrega de tierras se enmarca en el plan de justicia y en la reforma constitucional orientada al reconocimiento de los pueblos originarios, con el objetivo de otorgar certeza jurídica sobre el territorio comunal.

Sheinbaum informó que durante este año los pueblos indígenas del país reciben de manera directa 12 mil millones de pesos para acciones de mejora en sus comunidades, y señaló que para el próximo año se contempla un presupuesto de 13 mil millones de pesos. Estos recursos, indicó, están dirigidos a atender rezagos acumulados en distintas regiones, incluida la sierra chihuahuense.

Tras la entrega de los títulos, la presidenta dio la palabra a habitantes de la región, quienes de forma reiterada solicitaron acceso a energía eléctrica, conectividad a internet, centros de salud y la construcción de un hospital con médicos, especialmente en la comunidad de Baborigame. También se planteó la falta de medicamentos y la ausencia de personal médico permanente en pequeñas clínicas.

Ante estas solicitudes, Sheinbaum reconoció que uno de los retos pendientes es lograr que los médicos lleguen a las comunidades serranas y permanezcan en ellas. En cuanto a la carencia de electricidad, ofreció la implementación de un programa de energía solar para atender a las localidades que no cuentan con este servicio.

Las demandas incluyeron además la creación de un telebachillerato, la edificación de una clínica, la reparación de la carretera Batopilas–Samachique, así como la construcción de un hospital y una universidad en Baborigame. Otros habitantes solicitaron la apertura de un albergue en la comunidad de Palos Muertos, la construcción de una carretera que conecte Guadalupe y Calvo con Parral y la mejora de caminos en Bocoyna.

Durante su participación, la gobernadora María Eugenia Campos destacó que en Chihuahua se desarrolla un programa de apoyo a las comunidades originarias y expresó disposición para coordinar esfuerzos con el gobierno federal. “Me alegra coincidir en el orgullo que sentimos por nuestros pueblos originarios (…) Contamos con el gobierno federal y el gobierno cuenta con este gobierno”, afirmó.

Al cierre del encuentro, la presidenta señaló que no es viable atender todas las demandas de manera inmediata, por lo que instruyó a integrantes de su gabinete, entre ellos Carlos Torres, coordinador de Programas para el Bienestar, a dar seguimiento puntual a los planteamientos. Indicó que los avances se realizarán de forma gradual y anunció que regresará a la sierra de Chihuahua dentro de un año.

En el acto participaron también la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

La propuesta para legalizar la eutanasia en México abrió un nuevo frente de debate entre el Estado, el sector médico y la Iglesia católica. Este domingo, la Arquidiócesis de México cuestionó la iniciativa conocida como “Ley Trasciende”, que busca reformar la Ley General de Salud y modificar el Código Penal Federal para permitir que personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas decidan, bajo consentimiento informado, acceder a una muerte médicamente asistida.

La propuesta fue presentada en el Senado mexicano hace diez días y plantea que los mayores de 18 años puedan ejercer su derecho a una muerte digna, sin ser criminalizados por su decisión. De aprobarse, México se sumaría a la lista de países que reconocen la eutanasia como un acto de autonomía y libertad individual frente al sufrimiento terminal.

Sin embargo, la posición de la Iglesia fue contundente. En su editorial semanal Desde la fe, la Arquidiócesis calificó la iniciativa como “incorrecta” y señaló que sus fundamentos están “fuera de lugar”. Afirmó que el debate no debería centrarse en la separación Iglesia–Estado, sino en principios éticos, médicos y jurídicos que trascienden las creencias personales.

El órgano religioso recordó que la Asociación Médica Mundial y el Consejo Europeo mantienen su oposición al suicidio asistido y a la eutanasia, bajo el argumento de que la ética médica debe proteger la dignidad humana en todo momento, incluso en medio del dolor y la enfermedad. Para la Iglesia, el llamado “bien morir” no implica provocar la muerte, sino acompañar los últimos momentos de vida con atención médica, emocional y espiritual.

La Arquidiócesis alertó además sobre la “visión romantizada” que, asegura, rodea al tema, ya que la eutanasia no siempre garantiza una muerte sin sufrimiento. En su postura, la respuesta al dolor no debe ser la muerte, sino mejorar los cuidados paliativos, servicios que en México todavía son escasos y desiguales.

De acuerdo con cifras de 2023, solo 5% de los pacientes terminales en el país tiene acceso a cuidados paliativos adecuados. En este contexto, la Iglesia instó al Estado a invertir más recursos en el desarrollo de estas atenciones, argumentando que ofrecer la eutanasia como alternativa sería “un acto de renuncia al deber de cuidar”.

Actualmente, 20 de los 32 estados mexicanos cuentan con leyes de voluntad anticipada, una forma de eutanasia pasiva que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos invasivos en etapas críticas. La “Ley Trasciende” busca ir un paso más allá: legalizar la intervención médica activa para terminar con el sufrimiento.

El debate continúa abierto. Mientras en el Congreso se analizan los aspectos legales y éticos de la iniciativa, la postura de la Iglesia reaviva una discusión profunda sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y el papel del Estado ante el final de la existencia humana.