La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha hecho un llamado a la construcción de una Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia, enfatizando la necesidad de abordar de manera integral la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia para avanzar hacia la paz social y erradicar las diversas formas de violencia que afectan a millones de personas en México.

En un discurso contundente, Piña Hernández destacó la importancia de la coordinación entre las autoridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, para poder satisfacer las demandas legítimas de la sociedad mexicana en cuanto al alto a la violencia inaceptable que enfrenta el país.

La ministra identificó una amplia gama de violencias que afectan a la sociedad mexicana, desde la violencia cotidiana hasta la violencia feminicida, la desaparición de personas, la trata de personas, la violencia contra migrantes, niñas y niños, personas indígenas, entre otros. Además, destacó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados en el sistema de justicia y seguridad para poder proponer soluciones efectivas.

Para ello, desde el Poder Judicial se ha decidido establecer un espacio de reflexión abierto, transparente e inclusivo para articular un diálogo constructivo a nivel nacional entre diferentes actores e instituciones relacionados con la justicia y la seguridad.

La Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia tiene como objetivo generar y recopilar información sobre la percepción y el funcionamiento de los servicios de justicia y seguridad, con miras a mejorar y adaptar estos servicios a las condiciones actuales del país.

Durante los próximos cuatro meses, el Poder Judicial de la Federación convocará a diversas partes interesadas, incluyendo al público en general, para dialogar sobre aspectos relacionados con la justicia y la seguridad en México, abordando temas como la demanda y oferta de seguridad y justicia, así como la mejora del sistema nacional de justicia.

La ministra expresó su convicción de que escuchar abiertamente es fundamental para proponer un cambio efectivo, y anunció que los resultados de este diálogo se presentarán como una Agenda propositiva y apartidista disponible para todos los candidatos a cargos de elección popular, la nueva Legislatura del Congreso de la Unión y toda la sociedad mexicana.

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.

En una sesión pública del Pleno del tribunal constitucional, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, oficializó la designación del magistrado José Alfonso Montalvo Martínez como nuevo consejero de la Judicatura Federal. Montalvo Martínez ocupará el cargo para el periodo comprendido del 24 de febrero de 2024 al 23 de febrero de 2029.

El nombramiento del magistrado Montalvo Martínez se llevó a cabo tras obtener la mayoría de votos requerida en el Pleno del tribunal constitucional. Este órgano del Poder Judicial de la Federación está encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial.

Al exponer su plan de trabajo ante los ministros, el nuevo consejero de la Judicatura Federal destacó varias acciones destinadas a mejorar las áreas administrativas y la calidad de la justicia en beneficio de todas las personas. Montalvo Martínez subrayó su compromiso de proponer medidas que acerquen al Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía, con el objetivo de mejorar su percepción.

El magistrado Montalvo Martínez enfatizó que el Consejo de la Judicatura Federal desempeña un papel fundamental en la democracia, trabajando para garantizar la independencia y autonomía de los jueces.

La toma de posesión del nuevo consejero está programada para el 24 de febrero, en reemplazo del magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, quien concluye su periodo en el órgano colegiado el 23 de febrero.

Cabe mencionar que Montalvo Martínez fue seleccionado como parte de una terna por las ministras y ministros en una sesión del Pleno realizada el pasado 19 de febrero. Durante esta sesión, los tres candidatos presentaron sus planes de trabajo y respondieron preguntas formuladas por los integrantes del tribunal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa que busca una profunda transformación en el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se propone la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los jueces y magistrados de circuito.

La reforma plantea un cambio significativo en la forma en que se eligen estos cargos. Según la propuesta, se llevarán a cabo elecciones directas el 8 de junio de 2025, para que los nuevos funcionarios asuman sus cargos en septiembre del próximo año, mientras que los actuales deberán dejar sus puestos.

En cuanto a la duración en el cargo de los ministros de la Suprema Corte, se establece un período variable entre ocho y 14 años, dependiendo del respaldo obtenido en la votación correspondiente. Además, se contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo en su lugar la creación de un Tribunal de Disciplina y otro órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Para la selección de los candidatos a ministros de la Corte, la iniciativa sugiere que la Presidencia de la República, la Suprema Corte y el Congreso propongan a diez aspirantes cada uno, siendo estos sometidos posteriormente a votación popular.

Asimismo, la iniciativa busca blindar las leyes aprobadas mediante el establecimiento del principio de “presunción de legitimidad y constitucionalidad”, con el objetivo de evitar su anulación por parte de la Suprema Corte.

Otros aspectos destacados de la propuesta incluyen la reducción de la integración de la Corte de 11 a nueve ministros y la eliminación de las dos salas de resolución, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Por último, se plantea una limitación en las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial, estableciendo que aquellos en funciones al momento de la entrada en vigor de la reforma no podrán percibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Además, se elimina el derecho a una pensión vitalicia para los ministros, magistrados y jueces destituidos.

En medio de ajustes y decisiones tomadas por la ministra Lenia Batres Guadarrama en su nueva asignación en la Segunda Sala de la Corte, algunos trabajadores de su ponencia buscan alternativas laborales ante la preocupación por la posible pérdida de sus prestaciones extraordinarias.

La ministra Batres asumió su posición en la Segunda Sala, ocupando el espacio dejado por Loretta Ortiz, quien solicitó el cambio a la Primera Sala. Sin embargo, la trama se complica al recordar que la ministra inicialmente llegó a una ponencia que Arturo Zaldívar abandonó abruptamente en noviembre pasado, manteniendo en ella a los secretarios de Estudio y Cuenta, así como al personal administrativo que le diera la bienvenida.

Desde su llegada, la ministra Batres ha impulsado medidas de austeridad, solicitando la reducción de su salario y renunciando a prestaciones extraordinarias, además de expresar su interés en inscribirse voluntariamente en el ISSSTE para recibir servicios médicos públicos en lugar de privados.

Aunque la Corte respondió indicando las limitaciones constitucionales y legales para algunas de estas solicitudes, la ministra persiste en su decisión de renunciar a las prestaciones y ajustar su salario. Este enfoque de austeridad se ha extendido a los miembros de su ponencia, a quienes ha instado a renunciar a prestaciones extraordinarias y ajustar sus salarios para alinearse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la incertidumbre de perder sus beneficios laborales, varios secretarios de la ponencia de Batres han iniciado gestiones para cambiar su adscripción a las oficinas de otros ministros. Argumentan que buscan preservar sus empleos y que, de no encontrar una solución rápida, podrían verse obligados a renunciar a sus plazas en el Poder Judicial de la Federación, ya que ocupan puestos de confianza y los ministros tienen la prerrogativa de gestionar su personal de confianza.