Designación de Claudia Valle como Magistrada Genera Debate en el Senado

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.

SEP es obligada a implementar prueba PISA en 2025 por orden judicial

SEP es obligada a implementar prueba PISA en 2025 por orden judicial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México se encuentra ante un nuevo desafío tras la resolución judicial que le ordena coordinar la aplicación de la prueba PISA durante abril y mayo de 2025. Este mandato surge a raíz de un amparo promovido por la organización civil Educación con Rumbo, la cual busca asegurar la continuidad de esta evaluación internacional en el país. 

El Poder Judicial de la Federación emitió una suspensión definitiva que obliga a la SEP a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la realización de la prueba PISA en México en 2025. Este fallo también garantiza la ejecución de una prueba piloto programada para octubre de este año, la cual estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

 

En un comunicado, Educación con Rumbo celebró la decisión judicial, destacando que “la aplicación de la prueba PISA es fundamental para definir las políticas públicas en materia educativa de la siguiente administración”. Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de la organización, enfatizó que este es un paso crucial para mejorar la educación en México.

 

La SEP ha comenzado a trabajar en el cumplimiento de esta resolución, y uno de sus primeros avances ha sido la colaboración con el Ceneval para la prueba piloto de octubre. Esta evaluación preliminar permitirá ajustar los detalles necesarios para la aplicación de la prueba PISA en 2025, asegurando que México cumpla con los estándares internacionales.

 

“La participación del Ceneval es un avance significativo en el cumplimiento de lo ordenado por el Poder Judicial. Estamos comprometidos a realizar todos los trámites y gestiones para garantizar la aplicación de la prueba PISA”, declaró un portavoz de la SEP.

 

El tema de la prueba PISA ha generado un intenso debate en el ámbito educativo mexicano. El pasado 8 de mayo, Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial, expresó su desacuerdo con la idea de que el sistema educativo deba enfocarse en preparar a los estudiantes específicamente para esta evaluación.

 

“Es como si las preparatorias se dedicaran a preparar a los estudiantes para pasar el examen de admisión a la UNAM”, comentó Sheinbaum en una conferencia de prensa en Veracruz. La ahora presidenta electa argumentó que “la educación no debe estar centrada en pasar un examen, sino en enseñar y aprender desde la ciencia, las humanidades, la lectura y todo lo que representa el verdadero aprendizaje”.

 

Sheinbaum insistió en que “elevar el nivel de la prueba PISA no puede ser el objetivo principal del sistema educativo”. Sus declaraciones han sido apoyadas por algunos sectores que consideran que la educación debe ser más holística y menos enfocada en evaluaciones estandarizadas.

 

La decisión del Poder Judicial y la consecuente obligación de la SEP de aplicar la prueba PISA en 2025 tienen implicaciones significativas para el futuro de la educación en México. Esta evaluación, que mide el desempeño de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, es considerada una herramienta importante para comparar el sistema educativo mexicano con el de otros países y para identificar áreas de mejora.

 

Amozurrutia subrayó que “la prueba PISA proporciona datos valiosos que pueden guiar la formulación de políticas educativas más efectivas y equitativas”. Además, destacó la importancia de que estas evaluaciones se realicen de manera continua para tener una visión clara de los avances y desafíos en el sector educativo.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Jueces y magistrados alzan la voz contra la reforma judicial y niegan ser corruptos

Jueces y magistrados alzan la voz contra la reforma judicial y niegan ser corruptos

En una manifestación sin precedentes, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación salieron a las calles este Día del Abogado para protestar enérgicamente contra la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La manifestación fue organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) y se llevó a cabo frente al edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 

La jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Jufed, tomó la palabra para defender la integridad de los jueces y sus colaboradores. “Es absolutamente falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos, no lo somos”, afirmó con determinación, rechazando tajantemente los señalamientos de corrupción y favoritismo hacia las élites.

 

Fuentes Velázquez advirtió sobre los peligros de una reforma judicial apresurada, sugiriendo que podría poner en riesgo la democracia y la estabilidad de la República. “Una reforma apresurada pone en riesgo la democracia y podría poner de rodillas a la República”, alertó, subrayando la necesidad de un análisis profundo y cuidadoso antes de implementar cualquier cambio significativo en el sistema judicial.

 

El magistrado Mauricio Barajas también se pronunció durante la manifestación, criticando la falta de análisis adecuado en la iniciativa presentada. Según Barajas, la propuesta actual socava la independencia judicial, un pilar fundamental para el funcionamiento democrático del país. “La iniciativa presentada no cuenta con un análisis adecuado del problema, por lo que viola la independencia judicial”, explicó, haciendo un llamado a un diálogo abierto y constructivo para desarrollar una nueva propuesta de reforma.

 

Los miembros de la Jufed expresaron su disposición a colaborar en un proceso de reforma que sea inclusivo y que considere las opiniones y experiencias de quienes trabajan dentro del sistema judicial. La manifestación buscó no solo defender la honorabilidad de los jueces y magistrados, sino también enfatizar la importancia de preservar la independencia judicial como garantía de justicia imparcial y efectiva.

 

La protesta reunió a un significativo número de jueces y magistrados, quienes, portando pancartas y expresando consignas, manifestaron su preocupación por las implicaciones que la reforma podría tener en el ejercicio de sus funciones. La movilización resaltó la unidad del gremio judicial en la defensa de sus derechos y de los principios democráticos.

 

El llamado de los jueces y magistrados es claro: una reforma judicial debe ser el resultado de un proceso de diálogo y consenso, que respete la independencia de los poderes y que fortalezca, en lugar de debilitar, las instituciones democráticas. En este contexto, la voz de la judicatura se alza no solo en defensa de sus miembros, sino en defensa de un sistema judicial que garantice justicia para todos los ciudadanos.

 

La manifestación de la Jufed en el Día del Abogado marca un hito en la historia reciente del Poder Judicial de la Federación, destacando la importancia de la independencia judicial y la necesidad de reformas basadas en un análisis riguroso y en el consenso. La protesta no solo es una defensa de la integridad de los jueces, sino una defensa de la democracia misma.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Continúa laborando la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña

A raíz de las versiones que apuntan a que la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría solicitado la renuncia de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Comunicación Social del máximo tribunal aseguró que la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) sigue desempeñando sus funciones.

No obstante, el equipo de Comunicación de la SCJN no confirmó ni desmintió la información publicada por el diario Reforma, limitándose a afirmar que “la Ministra Presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo”.

Además, la Comunicación Social de la Suprema Corte indicó que la ministra Piña mantiene un diálogo activo con los poderes Legislativo y Ejecutivo en el marco de una reforma judicial, y que el próximo lunes 8 de julio clausurará el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el cual incluyó 14 foros en esta temática.

“La Presidenta de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará, el lunes 8 de julio, el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial”, destacó la Oficina de Comunicación Social de la SCJN.

Al ser cuestionada sobre la supuesta petición de renuncia que habría hecho en una sesión privada de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel no fue concluyente en confirmar o negar la versión del diario Reforma. Sin embargo, en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Esquivel expresó su apoyo a que la ministra Piña lleve las negociaciones del Poder Judicial Federal con el Congreso de la Unión respecto a la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla la elección de ministros, ministras, magistrados y jueces por voto popular.

“Sí requerimos y necesitamos que Norma Piña sea la persona que lleve nuestra voz y que nos represente ante los otros Poderes”, respondió Esquivel cuando se le preguntó si insistiría en su solicitud de renuncia.

Previamente, Esquivel Mossa había criticado la falta de comunicación de la ministra Piña con los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la ruptura evidente del Poder Judicial Federal con el gobierno federal “desde hace año y medio”. Esquivel señaló la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de que Piña continúe como interlocutora con el Poder Legislativo, fundamental en la discusión de la reforma al Poder Judicial Federal presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado.

La ministra Esquivel añadió que durante la sesión privada también cuestionó si la Suprema Corte debe continuar con el rumbo actual, caracterizado por una “evidente ruptura con los otros dos poderes”. Subrayó la importancia de la comunicación para que se escuche la voz de los ministros, magistrados y jueces en la discusión de la reforma.

Finalmente, Esquivel mencionó que los demás ministros del Pleno de la Suprema Corte no se pronunciaron a favor o en contra de sus reflexiones, y que la ministra Norma Piña fue receptiva ante las inquietudes planteadas, acordando continuar con el diálogo para construir una posición conjunta que se lleve ante los órganos legislativos.

Protesta de Trabajadores del Poder Judicial contra Reforma Presidencial

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se reunieron en un mitin para manifestarse contra la propuesta de reforma presidencial que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.

Una invitación difundida en redes sociales convoca a los empleados a congregarse en el edificio Revolución 1508 del PJF a las 11:45 horas. Según el mensaje, se espera la asistencia de todos los magistrados de los tribunales colegiados en materia penal del primer circuito. La convocatoria, firmada por Norma Contreras, insta a los trabajadores a unirse y defender su institución.

En el mensaje se lee: “TE ESPERAMOS EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO DE REVOLUCIÓN 1508. ESTARÁN PRESENTES TODOS LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, Y TRATARÁN EL TEMA DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA BASE TRABAJADORA DEL PJF. ACOMPÁÑANOS, ES MOMENTO DE ESTAR UNIDOS. TODOS SOMOS PJF.”

En respuesta a esta convocatoria, la ministra Lenia Batres Guadarrama emitió un mensaje en el que alerta sobre la proliferación de llamados a movilizarse contra la reforma judicial. Aseguró el apoyo incondicional a los trabajadores de base del PJF, garantizando que la reforma respetará sus derechos laborales.

“Necesitamos democratizar y transparentar la actuación de jueces, juezas, magistrados y ministras,” concluyó Batres Guadarrama en su comunicado.

Sánchez Cordero Rechaza Propuesta de López Obrador para Elegir Jueces por Voto Popular

Sánchez Cordero Rechaza Propuesta de López Obrador para Elegir Jueces por Voto Popular

En La senadora de Morena y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, ha hecho una declaración contundente en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir jueces y magistrados mediante voto popular, subrayando la necesidad de una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) pero advirtiendo sobre los riesgos que conlleva esta medida.

Durante un seminario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sánchez Cordero expresó su preocupación por las implicaciones de esta propuesta, señalando el peligro de que los despachos de abogados financien campañas políticas de los jueces, lo que podría generar conflictos de interés y socavar la independencia judicial.

 

“Es un tema que preocupa, imagínense los despachos de abogados financiando campañas políticas de los jueces, entre otras cosas, el conflicto de interés”, afirmó Sánchez Cordero, haciendo hincapié en la importancia de preservar la integridad y la imparcialidad del sistema judicial.

 

La senadora también destacó la necesidad de garantizar que los candidatos a jueces y magistrados sean altamente capacitados y profesionales, abogando por la carrera judicial y la inamovilidad como garantías institucionales para los juzgadores.

 

A pesar de reconocer la importancia de una reforma al Poder Judicial, Sánchez Cordero consideró poco probable que la propuesta de López Obrador se materialice antes de que comience la siguiente legislatura, enfatizando la importancia de un proceso cuidadoso y deliberado para asegurar la calidad técnica y jurídica de los perfiles de quienes ocupan cargos en la judicatura federal.

 

En este sentido, instó a los legisladores a abrir espacios de diálogo para enriquecer la iniciativa presidencial, recordando experiencias previas donde se logró consenso y participación de diversas voces en la elaboración de reformas importantes.

 

“La labor de los legisladores será escuchar todas las voces, integrar todas las perspectivas para generar el mejor texto posible”, subrayó Sánchez Cordero, destacando la importancia de un proceso inclusivo y transparente en la construcción de leyes y reformas.

 

La postura de Sánchez Cordero refleja la preocupación por mantener la integridad y la independencia del Poder Judicial, así como la necesidad de buscar soluciones que fortalezcan el sistema judicial mexicano sin comprometer su imparcialidad ni su eficacia. Su llamado al diálogo y a la reflexión cuidadosa sobre esta propuesta resalta la importancia de abordar estos temas con responsabilidad y prudencia en beneficio del Estado de derecho y la democracia en México.

Cuestiones de Política 

Directorio

Trabajadores del Poder Judicial marchan por respeto a autonomía

El domingo por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, para exigir respeto a su autonomía y rechazar la reforma judicial propuesta por el gobierno, que busca reducir el presupuesto del sector y modificar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Decenas de personas se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para llevar a cabo la segunda marcha nacional en defensa de la independencia del Poder Judicial. Vestidos de blanco y portando pancartas, los manifestantes expresaron su descontento con ciertas medidas y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la marcha, se escucharon consignas como “El Poder Judicial contrapeso nacional” y “¡Fuera dictador!”, refiriéndose a las críticas que el mandatario mexicano ha dirigido hacia el Poder Judicial y la ministra presidenta Norma Piña.

Otro de los señalados durante la protesta fue el exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a quien se le tildó de “corrupto” y “traidor” por haberse unido a la campaña de la candidata morenista Claudia Sheinbaum, mientras enfrenta una investigación en el Poder Judicial.

Según la organización del evento, marchas similares se realizaron en varios estados, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Morelos y el Estado de México. Los trabajadores del Poder Judicial dejaron claro su compromiso en la lucha por la independencia y la integridad de la justicia en el país.

Tribunal Electoral despoja de candidatura al Senado a Francisco García Cabeza de Vaca

Tribunal Electoral despoja de candidatura al Senado a Francisco García Cabeza de Vaca

En un giro sorpresivo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido quitar la candidatura al Senado de la República al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta determinación se fundamenta en la suspensión de sus derechos político-electorales debido a la existencia de al menos dos órdenes de aprehensión en su contra. 

El Tribunal Electoral, por mayoría de votos, ha argumentado que García Cabeza de Vaca ha evadido la acción de la justicia para evitar su detención y enfrentar las acusaciones en su contra. Esta resolución representa un golpe significativo para el ex mandatario, quien ahora se ve obligado a ceder su candidatura y permitir que el Partido Acción Nacional (PAN) nomine a un nuevo candidato en su lugar.

 

El caso ha generado un intenso debate entre los magistrados, con opiniones divergentes sobre la legalidad de la decisión. Mientras que algunos, como Reyes Rodríguez Mondragón, argumentan que las suspensiones de amparo contra las órdenes de aprehensión no son suficientes para suspender los derechos político-electorales de una persona, otros han respaldado la medida, citando la evidencia judicial de la evasión de García Cabeza de Vaca y la necesidad de preservar la integridad del proceso electoral.

 

Esta decisión del Tribunal Electoral pone fin a una batalla legal que ha generado controversia desde el inicio. La candidatura de García Cabeza de Vaca había sido impugnada por el partido Morena, que argumentaba la invalidez de su postulación debido a las órdenes de aprehensión en su contra. Ahora, con la confirmación de la revocación de su candidatura, se cierra un capítulo tumultuoso en la carrera política del ex gobernador de Tamaulipas.

 

Sin embargo, no todas las noticias son desfavorables para el Partido Acción Nacional (PAN). En un momento de alivio para la formación política, la Sala Superior del TEPJF ha avalado la candidatura de Ricardo Anaya Cortés al Senado de la República. Esta decisión, tomada por mayoría de votos, representa un respaldo al ex candidato presidencial del PAN y actual aspirante a una senaduría por el mismo partido.

 

La impugnación presentada por Morena contra el registro de Ricardo Anaya no logró prosperar, ya que los magistrados consideraron que no se acreditó la existencia de una orden de aprehensión en su contra ni la prescripción de la acción penal. Esta noticia proporciona un respiro para el PAN en medio de un panorama político cada vez más complejo y disputado.

 

La decisión del Tribunal Electoral de quitar la candidatura al Senado a Francisco García Cabeza de Vaca marca un hito significativo en el proceso electoral y subraya la importancia del Estado de derecho en la democracia mexicana. Aunque la controversia y el debate continuarán, esta resolución envía un claro mensaje sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas en la vida política del país.

Cuestiones de Política 

Directorio

Ministra Norma Lucía Piña presenta propuesta para una Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha hecho un llamado a la construcción de una Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia, enfatizando la necesidad de abordar de manera integral la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia para avanzar hacia la paz social y erradicar las diversas formas de violencia que afectan a millones de personas en México.

En un discurso contundente, Piña Hernández destacó la importancia de la coordinación entre las autoridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, para poder satisfacer las demandas legítimas de la sociedad mexicana en cuanto al alto a la violencia inaceptable que enfrenta el país.

La ministra identificó una amplia gama de violencias que afectan a la sociedad mexicana, desde la violencia cotidiana hasta la violencia feminicida, la desaparición de personas, la trata de personas, la violencia contra migrantes, niñas y niños, personas indígenas, entre otros. Además, destacó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados en el sistema de justicia y seguridad para poder proponer soluciones efectivas.

Para ello, desde el Poder Judicial se ha decidido establecer un espacio de reflexión abierto, transparente e inclusivo para articular un diálogo constructivo a nivel nacional entre diferentes actores e instituciones relacionados con la justicia y la seguridad.

La Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia tiene como objetivo generar y recopilar información sobre la percepción y el funcionamiento de los servicios de justicia y seguridad, con miras a mejorar y adaptar estos servicios a las condiciones actuales del país.

Durante los próximos cuatro meses, el Poder Judicial de la Federación convocará a diversas partes interesadas, incluyendo al público en general, para dialogar sobre aspectos relacionados con la justicia y la seguridad en México, abordando temas como la demanda y oferta de seguridad y justicia, así como la mejora del sistema nacional de justicia.

La ministra expresó su convicción de que escuchar abiertamente es fundamental para proponer un cambio efectivo, y anunció que los resultados de este diálogo se presentarán como una Agenda propositiva y apartidista disponible para todos los candidatos a cargos de elección popular, la nueva Legislatura del Congreso de la Unión y toda la sociedad mexicana.

Sanciones a servidores públicos del Poder Judicial

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.