En un preocupante episodio de violencia política, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue blanco de un ataque armado la noche del martes. Aunque salió ileso, su camioneta resultó con impactos de bala, evidenciando la creciente amenaza que enfrentan los aspirantes en el proceso electoral.

El aspirante, a través de sus redes sociales, denunció el atentado y expresó su consternación por la situación. “Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de la situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma”, declaró.

A pesar de la urgencia de la situación, Orantes Villatoro señaló que experimentó demoras al acudir a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez.

El cristal trasero de su vehículo mostraba un agujero provocado por un proyectil de arma de fuego, dejándolo varado frente a la institución pública federal hasta recibir la atención correspondiente. La condena de los hechos por parte del morenista resuena fuertemente, haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad.

En un incidente paralelo que subraya la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN) en Maravatío.

El fiscal general, Adrián López Solís, reveló que la intromisión de grupos criminales busca “quitar de en medio” a los posibles candidatos, quienes se encontraban en la fase de precandidatura en sus respectivos partidos.

“Todo parece indicar que en efecto, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse en medio a los posibles candidatos, que en este momento tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus partido”, manifestó López Solís.

Destacó que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por amenazas, pero hay indicios de que grupos criminales buscan influir en el proceso electoral de la región oriental de Michoacán.

El fiscal identificó a sujetos pertenecientes a bandas delincuenciales con intereses en la región, cuyo objetivo es el control territorial y la realización de actividades delincuenciales. Ante esta situación, la FGE se comprometió a atender denuncias de precandidatos o candidatos en riesgo, y a proporcionar medidas de protección para garantizar su seguridad.

Este lamentable episodio subraya la urgencia de abordar la violencia política que amenaza la integridad de los aspirantes y el proceso democrático en México. Las autoridades deben actuar con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral y preservar la estabilidad del sistema democrático del país.

El Centro de Dignificación Humana (CDH) de Tapachula, en conjunto con migrantes de la caravana ‘Éxodo de la Pobreza’, denuncia la desaparición de 19 viajeros que aceptaron un trato con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas. Luis Rey García Villagrán, coordinador del CDH, presentó la denuncia por la separación de familias ante el INM.

La caravana, que transitó durante nueve días por Chiapas, se disolvió tras el acuerdo de migrantes en Mapastepec para subir a autobuses del INM con la promesa de regularización migratoria. Lamentablemente, 19 personas de diversas nacionalidades, principalmente hondureños, permanecen desaparecidas, generando gran preocupación.

Los migrantes aceptaron subirse a 30 camiones del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados a una oficina en Tuxtla Gutiérrez y ver su estatus migratorio sin embargo fueron enviados a diversos municipios y las familias fueron separadas.

“Muchas familias se separaron porque todos pensamos que ibamos al mismo sitio y sí mucha gente mandó a los hijos con el esposo, con el primo, ellos se fueron en otro autobús porque como no cabían y resulta que ahora están todos perdidos, están en otras ciudades, están todos dispersos y ahora es más preocupación por eso“, expresó un migrante que prefirió omitir su nombre por temor a represalías.

El CDH formalizará la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el almirante Roberto González, señalado como responsable de la separación de las familias. A pesar de que se entregaron documentos a algunos migrantes en Huixtla, les permite transitar solo por Chiapas, limitando su estancia en el país.

Tulio Humberto Funes, migrante hondureño, expresó sentirse traicionado por no cumplir las promesas y encontrarse separado de su familia. Otro migrante guatemalteco, aunque devuelto a Tapachula, anhela continuar su travesía hacia Estados Unidos, evidenciando la determinación de muchos migrantes a pesar de las dificultades.

La falta de información sobre el paradero de las familias y la incertidumbre sobre su estatus migratorio han llevado a los migrantes a tomar la decisión de reiniciar su marcha hacia la Ciudad de México a partir del lunes, instando al gobierno federal a investigar la situación de los 19 migrantes desaparecidos. La gravedad de esta situación exige una respuesta urgente y eficaz para esclarecer el destino de estas personas y garantizar su seguridad.

“No hemos decidido bien qué vamos hacer, si esperar el movimiento de Comar porque abren hasta el 8 de enero o si vamos a seguir, me siento traicionado, engañado porque no cumplieron lo que ofrecieron” agregó energicamente.

Los migrantes no saben a dónde se llevaron a sus familias y el Instituto Nacional de Migración no les da informes y señalaron que las autoridades migratorias “están otorgando documentos de expulsión, ya que no les permite transitar y tener estancia en el país”.