PAN lleva acusaciones contra AMLO a tribunal internacional y lo acusa por narcopacto

La disputa política por el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llegó este domingo a una instancia internacional. El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde busca que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al periodo de gobierno del exmandatario. 

La acción coloca bajo revisión internacional señalamientos relacionados con la crisis de violencia registrada entre 2018 y 2024. En su denuncia, el PAN menciona más de 200 mil homicidios, 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes y desplazamiento de comunidades.

El partido sostiene que esos hechos ocurrieron en un contexto marcado por la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, estrategia que, según expone en el documento entregado al tribunal, permitió el crecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

La acusación también incorpora referencias a organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

En su posicionamiento, el PAN afirmó que “El ‘narcopacto’ conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.

Además, el blanquiazul aseguró que existen elementos que evidencian presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, gobernadas por Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La decisión de acudir a la Corte Penal Internacional, explicó el partido, responde a lo que considera una falta de condiciones para realizar investigaciones independientes dentro del país.

Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes (…) las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, señaló la organización política. Con esta acción, el PAN trasladó sus acusaciones contra el expresidente mexicano al máximo tribunal internacional encargado de analizar posibles crímenes de lesa humanidad.

Operativo contra funcionarios de Morelos: Alcalde de Cuautla seguirá preso

La ofensiva federal contra autoridades municipales de Morelos investigadas por presuntos nexos con grupos criminales dio un nuevo paso este sábado. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Jesús “N”, alcalde de Cuautla, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones en su contra.

La resolución judicial se produjo una semana después de su captura y establece un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese tiempo, el presidente municipal permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”.

El caso del edil se encuentra dentro de las acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad contra funcionarios de Morelos señalados por presuntas relaciones con el crimen organizado, una estrategia que las autoridades desarrollan bajo el denominado “Operativo Enjambre”.

Las autoridades federales atribuyen a Jesús “N”, Jesús Corona Damián,  presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y señalan una posible vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Su detención ocurrió en la colonia Costa Azul, en Acapulco, donde fue localizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La captura se concretó luego de diez días de búsqueda desplegada para ubicarlo.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias están relacionadas con actividades de extorsión que habrían afectado a comerciantes, transportistas, familias y diversos sectores productivos del estado de Morelos.

El expediente no se limita al alcalde de Cuautla. Entre las personas detenidas dentro de las mismas investigaciones figuran Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal; Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor del municipio, así como Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

Con la vinculación a proceso de Jesús “N”, las investigaciones federales continúan avanzando sobre una red de funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos bajo sospecha de mantener presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.

El gobierno claudicó: Córdova alerta sobre riesgo de que el crimen influya en la elección del 2027

A un año de que México enfrente el proceso electoral más amplio de su historia, Lorenzo Córdova lanzó una advertencia directa al gobierno federal: la amenaza de que el crimen organizado intervenga en las elecciones sigue vigente y las medidas aprobadas recientemente no resolverán el problema.

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que la responsabilidad de impedir la infiltración criminal en la política corresponde al Estado y no a las autoridades electorales. Por ello, pidió que las instancias federales de seguridad e inteligencia realicen un análisis de riesgo antes de los comicios federales y locales de 2027.

Durante una entrevista, Córdova cuestionó la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por Morena en el Congreso, mediante la cual el INE deberá verificar información sobre los candidatos con dependencias gubernamentales. A su juicio, esa medida no evitará que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a participar en las elecciones.

Yo creo que esto es una simulación”, afirmó al señalar que los reportes solicitados antes del registro de candidaturas no garantizan que posteriormente no existan vínculos con organizaciones criminales.

El exconsejero recordó que los partidos políticos ya tenían la posibilidad de solicitar información a instituciones como la Fiscalía General de la República sobre sus aspirantes, por lo que consideró que la reforma no modifica de fondo el problema.

En sus declaraciones, planteó dos escenarios preocupantes. El primero, que las autoridades conozcan la forma en que opera el crimen organizado para influir en las elecciones y no actúen. El segundo, que ni siquiera tengan identificado el fenómeno. En ambos casos, advirtió, el país llegaría a 2027 sin una estrategia efectiva frente a un riesgo que calificó como grave.

Córdova también se refirió a los señalamientos que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, requeridos en extradición por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, como ejemplos de acusaciones que han colocado el tema en el centro del debate público.

Si hoy tenemos este problema es porque el Estado claudicó”, sostuvo, al insistir en que combatir a la delincuencia organizada es una función exclusiva de las instituciones de seguridad y no del árbitro electoral.

Finalmente, rechazó la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el INE validó la elección de Sinaloa durante su gestión. Según explicó, el instituto presentó denuncias por irregularidades ante la Fiscalía de Delitos Electorales, y aseguró que la falta de acciones posteriores correspondió a esa autoridad.

Inzunza Cázarez acude a la FGR en Culiacán tras señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones derivadas de acusaciones internacionales que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La comparecencia ocurrió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el legislador, a quienes se les atribuyen posibles nexos con la organización criminal y el presunto uso de cargos públicos para favorecer sus operaciones, particularmente a la facción de Los Chapitos.

Previo a la llegada del senador a la sede federal, también acudieron a la misma delegación el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl, quienes se presentaron en el inmueble de la FGR en la capital sinaloense.

Tras su comparecencia, Inzunza Cázarez difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó haber acudido sin representación legal. En su publicación señaló que se presentó “como abogado de mí mismo”.

En el mismo mensaje añadió: “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En paralelo a este proceso, el senador ha mantenido una ausencia en sus actividades legislativas. Desde que se difundieron las acusaciones en su contra, no ha acudido al Senado de la República y ha faltado en tres ocasiones a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual forma parte.

Las señalamientos internacionales también incluyen referencias a su desempeño previo en el gobierno estatal. Antes de asumir su escaño en la Cámara alta, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, durante ese periodo el ahora senador habría sostenido encuentros con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, lo que forma parte de las líneas de investigación que motivan los señalamientos en su contra.

FGR cita a exalcalde de Culiacán tras investigación ligada al Cártel de Sinaloa

Luego de varios días fuera del foco público, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de recibir un citatorio relacionado con la investigación abierta por autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario informó a través de redes sociales que la mañana de este sábado fue notificado oficialmente para comparecer. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la diligencia será en calidad de testigo dentro de las indagatorias que mantiene la FGR.

Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el alcalde con licencia.

La comparecencia ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra funcionarios sinaloenses por supuestos vínculos con el crimen organizado. En el expediente judicial se señala que, desde junio de 2022 aproximadamente, Gámez Mendívil habría recibido miles de dólares mensuales en sobornos presuntamente entregados por Los Chapitos.

Las acusaciones incluyen delitos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, cargos por los que podría enfrentar penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

El pasado 1 de mayo, días después de darse a conocer las investigaciones en Estados Unidos, Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse del cargo como presidente municipal de Culiacán. Ese mismo día también pidió licencia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente es investigado por autoridades estadounidenses.

La FGR informó previamente que las 10 personas señaladas en la acusación presentada en una corte de Nueva York fueron citadas para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las investigaciones en curso.

Desaparece del DIF hija de Rocha Moya tras acusaciones de EU

Más de 20 días después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa tras las acusaciones de narcotráfico lanzadas por Estados Unidos, la titular del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, dejó de aparecer públicamente en los eventos de la dependencia que encabeza.

La ausencia volvió a quedar expuesta este jueves durante el arranque del programa “Aquatón”, una de las actividades más representativas del Sistema DIF en Sinaloa, enfocada en recolectar agua potable para familias de colonias vulnerables afectadas por la escasez del recurso.

El evento se llevó a cabo en un centro de acopio instalado junto al Palacio de Gobierno y fue encabezado por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. La directora del DIF no asistió.

Desde el 1 de mayo, fecha en que Rocha Moya pidió licencia al cargo en medio de los señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Eneyda Rocha no ha participado en actos públicos ni ha realizado publicaciones en redes sociales relacionadas con las actividades del organismo.

La última vez que apareció en un evento oficial fue el 30 de abril, durante la celebración del Día del Niño organizada por el DIF en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Hasta antes de la crisis política que rodea a su padre, Rocha Ruiz mantenía presencia constante en las actividades de asistencia social y acostumbraba difundir fotografías con beneficiarios de programas oficiales en su cuenta de Facebook. Pese a su ausencia, la gobernadora interina aseguró días atrás que Eneyda Rocha permanecerá al frente del DIF estatal.

El contexto ocurre mientras continúan las repercusiones por las acusaciones contra Rocha Moya. Además de los señalamientos hechos por Estados Unidos, el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, declaró a Latinus que José Jesús Rocha Ruiz y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del exmandatario, forman parte de una estructura que, según afirmó, opera mediante empresas beneficiadas con recursos públicos y contratos entregados sin licitación.

La familia Rocha ya había estado bajo atención pública desde septiembre de 2025, cuando la hija de Eneyda Rocha sobrevivió a un ataque armado en Culiacán, en medio de la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

“En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, declaró entonces Rocha Moya.

Sedena mueve ficha en Sinaloa tras entregas a EU y señalamientos por narcotráfico

En medio de las investigaciones y acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa contra funcionarios estatales, la Novena Zona Militar tendrá un relevo en su estructura de mando. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde confirmó que el general de brigada Julio César Islas Sánchez asumirá la comandancia en sustitución de Santos Gerardo Soto.

El anuncio ocurre días después de que los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa se entregaran a autoridades de Estados Unidos, tras los señalamientos por narcotráfico realizados por el gobierno de Donald Trump. En ese mismo contexto también fue mencionado el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Aunque el nombramiento ya fue confirmado, Bonilla Valverde explicó que el nuevo jefe militar todavía no entra en funciones porque aún no se define la fecha de la toma de protesta.

“¿A qué se debió el cambio?: No nos informaron cuál es el cambio, pero regularmente el Ejército es de la manera en que ellos trabajan, permanecen unos meses aquí y hacen movimientos después en los mandos”, declaró la mandataria en entrevista con medios locales.

La gobernadora interina insistió en que desconoce las razones específicas detrás de la sustitución en la Novena Zona Militar, una de las principales estructuras operativas del Ejército en el estado.

Mientras se concreta el relevo, el gobierno estatal aseguró que mantendrá coordinación con la Federación y reforzará las acciones de seguridad en Sinaloa.

El ajuste militar se suma a la presión política y de seguridad que enfrenta la administración estatal desde que autoridades estadounidenses vincularon a funcionarios sinaloenses con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En días previos, Bonilla Valverde también se deslindó del nombramiento del general Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal. La mandataria afirmó que la designación no correspondió a Rubén Rocha Moya, sino directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Debe aclararse que el general Mérida no fue una decisión del exgobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del estado”, afirmó. El Gabinete de Seguridad confirmó el viernes que el general en retiro se entregó a autoridades estadounidenses el lunes 11 de mayo.

A metros de Dos Bocas, padres llevan protesta a Pemex tras promesa incumplida de reubicar escuelas

La muerte de cinco trabajadores en la refinería Olmeca Dos Bocas reactivó una exigencia que ahora llegó al corazón administrativo de Pemex en Ciudad de México. Padres de familia de dos escuelas ubicadas a menos de 100 metros del complejo petrolero se manifestaron afuera de la torre ejecutiva de la paraestatal para exigir el traslado inmediato de los planteles.

Las familias acusan que, pese al compromiso público anunciado hace dos meses por la presidenta Claudia Sheinbaum, los alumnos de la Escuela Primaria Rural Abías Domínguez Alejandro y del Jardín de Niños Agustín Melgar continúan tomando clases junto a la refinería.

Durante la protesta, los manifestantes colocaron mantas sobre las rejas del edificio de Petróleos Mexicanos para denunciar los riesgos que enfrentan diariamente los estudiantes por la cercanía con las instalaciones industriales de Dos Bocas, en Tabasco.

“A nuestras escuelas las separa de la refinería únicamente una barda que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruidos ensordecedores ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestros hijos”, afirmó Arina Nava, madre de familia.

La presión de los padres ocurre después del accidente registrado en la refinería, donde al menos cinco trabajadores murieron, hecho que llevó al gobierno federal a anunciar la reubicación de ambos centros educativos.

Frente a los inconformes, el gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, informó que la empresa proyecta concretar para el próximo ciclo escolar el traslado de una de las escuelas y la construcción de otra.

Vamos a atender en función de la infraestructura existente porque la reubicación no era posible porque no había espacios para hacerlo. Cedimos a la tarea de hacer el proyecto constructivo, están ya, por conseguir el dinero, porque andamos escasos en el área”, declaró el funcionario.

La demanda de cambio de sede comenzó desde abril. Desde entonces, la Asociación de Padres de Familia de la primaria Abías Domínguez Alejandro ha buscado diálogo con autoridades locales para abordar el traslado del plantel, considerado uno de los más cercanos a la refinería Olmeca Dos Bocas.

Minas terrestres, bloqueos y pugna criminal anteceden relevo militar en Zacatecas

Más de cinco horas atrapados sobre la carretera federal 54, entre Tabasco y Villanueva, pasaron decenas de civiles mientras personal militar trabajaba en la localización y desactivación de minas terrestres colocadas en la zona. El episodio ocurrió durante una nueva jornada de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en el sureste de Zacatecas y coincidió con el relevo en la comandancia de la 11 Zona Militar.

En medio de ese escenario, el General Isaac Bravo López dejó el mando militar en Guadalupe, Zacatecas, después de un año y tres meses en el cargo. El Ejército lo reubicó a la 41 Zona Militar, en Puerto Vallarta, y en su lugar fue designado el General Brigadier Armando Toscano Yáñez.

El cambio se realizó mientras elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) mantenían operativos en municipios del sur del estado por nuevos choques armados entre La Mayiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La región permanece bajo una disputa constante entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control territorial. La violencia ha provocado desplazamientos de familias, abandono de viviendas y tierras de cultivo, especialmente en comunidades colindantes con Jalisco.

Bravo López había asumido la comandancia el 16 de febrero del año pasado en una ceremonia encabezada por el gobernador David Monreal. Su llegada estuvo acompañada del compromiso de reforzar la seguridad en municipios como Guadalupe, Jalpa, Juchipila, Moyahua, Apozol y Tabasco, considerados puntos estratégicos por su ubicación en la franja sur de Zacatecas.

El relevo ocurre también en un contexto marcado por versiones difundidas en redes sociales y medios locales que relacionan al mando militar con la facción de La Mayiza, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Entre los señalamientos aparece una presunta cercanía con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. A esto se suma la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad y las protestas recientes de productores del campo contra el gobierno estatal.

De acuerdo con reportes extraoficiales, este conjunto de factores habría influido en la salida de Bravo López de la 11 Zona Militar. Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha respondido oficialmente a las versiones difundidas ni a las solicitudes de información relacionadas con el caso.

Gobernadores de Morena acuden a Palacio Nacional en paralelo a tensiones por acusaciones en EE. UU.

En Palacio Nacional se registró este jueves la presencia de mandatarios estatales de Morena y partidos aliados en una reunión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que participaron gobernadores en funciones y la representación interina de Sinaloa.

Entre los asistentes estuvieron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el de Puebla, Alejandro Armenta; el de Sonora, Alfonso Durazo; el de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la de Quintana Roo, Mara Lezama; la de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el de Tabasco, Javier May; y el de Tamaulipas, Américo Villarreal.

A ellos se sumó Yeraldine Bonilla, quien actualmente ocupa el cargo de gobernadora interina de Sinaloa tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya ante el Congreso local hace unos días.

La reunión se produjo en un contexto marcado por la difusión, en días recientes, de una acusación formal presentada en un tribunal federal de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa. Los señalamientos los vinculan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción identificada como “Los Chapitos”.

Según la fiscalía estadounidense, dicha facción habría intervenido en la contienda electoral de junio de 2021 mediante acciones como el secuestro e intimidación de rivales políticos, además del robo de urnas durante la jornada de votación, con el objetivo de favorecer a Rocha Moya en su triunfo para la gubernatura.

En este mismo escenario, funcionarios de Estados Unidos han advertido que podrían continuar las acusaciones contra autoridades mexicanas. El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, junto con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, han planteado la posibilidad de nuevas denuncias en los próximos meses.

Durante una audiencia en el Senado estadounidense, Terrance Cole afirmó: “Ellos son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y llegue a nuestro país. Puedo asegurar que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.

Por separado, algunos de los gobernadores que asistieron a la reunión señalaron que el encuentro tuvo como objetivo la revisión de avances en materia de salud pública y del sistema IMSS Bienestar, sin que se detallaran otros puntos de la agenda tratada en Palacio Nacional.