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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, a un año y siete meses de la detención de Ismael Zambada García, autoridades de Estados Unidos no han esclarecido completamente las circunstancias en las que ocurrió su arresto en Nuevo México. Durante una conferencia en Sinaloa, la mandataria señaló que la falta de claridad sobre ese hecho coincide con el incremento de la violencia en la entidad.

“Nunca quedó claro qué fue lo que pasó y a partir de ahí se incrementa la violencia”, expresó la presidenta, al referirse al traslado del líder criminal a territorio estadounidense. Añadió que el enfoque del gobierno federal se mantiene en la protección de la población y en la implementación de estrategias orientadas a reducir la impunidad y atender las causas estructurales de la violencia.

En el mismo acto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios en Sinaloa han disminuido 50% desde junio de 2025. No obstante, en contraste con esa reducción, las lesiones provocadas por arma de fuego registraron un incremento de 36.1% en el estado. Las autoridades federales no presentaron cifras actualizadas sobre desapariciones, pese a que este delito ha tenido presencia relevante en la entidad en meses recientes.

Sheinbaum también destacó indicadores relacionados con la actividad económica y turística, particularmente en Mazatlán, donde señaló que el desarrollo de eventos como el carnaval impulsó la ocupación hotelera. Indicó que el hotel donde se hospedó reportó prácticamente lleno, con presencia significativa de visitantes internacionales.

Ismael Zambada, de 77 años, es identificado como cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera. Fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Estados Unidos. Posteriormente, el propio Zambada aseguró mediante una carta que fue engañado y llevado a ese país en contra de su voluntad.

Según esa versión, Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio, lo citó a una reunión en Sinaloa en la que presuntamente estarían presentes el gobernador Rubén Rocha Moya y el exfuncionario Héctor Melesio Cuén para abordar un conflicto político. Sin embargo, al encontrarse en privado, hombres armados ingresaron al sitio, lo sometieron y lo trasladaron a una pista aérea, donde fue obligado a abordar una avioneta con destino a Estados Unidos.

El traslado incluyó el uso de sedantes, de acuerdo con el relato difundido posteriormente. La detención del líder criminal marcó un punto relevante en el contexto de seguridad regional, mientras autoridades mexicanas continúan señalando la necesidad de esclarecer plenamente el proceso que derivó en su captura y traslado internacional.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, construyó durante más de tres décadas una trayectoria dentro del narcotráfico que lo llevó a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un grupo con presencia en todo México y operaciones en al menos 40 países, cifra equiparable a la del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, Oseguera pasó más de la mitad de su vida vinculado al tráfico de drogas. Su incursión en el crimen organizado comenzó con el Cártel de los Valencia, también denominado Cártel del Milenio, grupo asentado en Michoacán dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas. Su relación con esta organización marcó también su entorno personal al contraer matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de ese clan.

Conforme fueron detenidos o abatidos los líderes de los Valencia en la década de los 2000, Oseguera escaló posiciones. El punto de inflexión ocurrió tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y socio de los Valencia, en julio de 2010. A partir de entonces, “El Mencho” se separó de los remanentes del grupo y fundó el CJNG, organización que la DEA describe como una de las más poderosas, influyentes y violentas.

Desde 2014 su nombre figura en una corte federal en el Distrito de Columbia por múltiples cargos de narcotráfico. La acusación lo señala por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por el tráfico de metanfetaminas hacia Australia y territorio estadounidense. 

Bajo su liderazgo, el CJNG fue identificado como proveedor relevante de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos, motivo por el cual Washington lo incluyó desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En la lista de fugitivos prioritarios de la DEA, Oseguera ocupaba el primer lugar con una recompensa de 15 millones de dólares; en México, la Fiscalía General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Antes de consolidarse como líder criminal, tuvo antecedentes penales en Estados Unidos: fue detenido en 1986 en San Francisco por portación de arma de fuego y posesión de objetos robados, y años después enfrentó cargos por distribución de heroína. Cumplió tres años de condena y fue deportado a México.

La última ocasión en que estuvo cerca de ser capturado públicamente ocurrió en mayo de 2015, cuando un operativo fue repelido y un helicóptero militar fue derribado. Su detención definitiva se produjo este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 300 kilómetros de su lugar de origen, en una operación de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Tras su caída, queda una estructura criminal que, según la DEA, dispone de amplios recursos financieros, opera en decenas de países y ha mantenido influencia mediante redes de corrupción y violencia sistemática.

México y España mantienen un intercambio activo de información tras el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, operación en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos originarios de Jalisco y Sinaloa. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al detallar que la cooperación se fortaleció a partir de la identificación de los connacionales involucrados.

La acción policial forma parte de la operación “Saga”, iniciada en 2023 y considerada por las autoridades españolas como el mayor golpe al tráfico de metanfetamina en Europa. En su segunda fase, ejecutada recientemente, se logró la segunda mayor incautación de esta droga en el continente, además de la captura de integrantes clave de la estructura criminal. Entre los detenidos se encuentra un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía cargamentos procedentes de México.

De acuerdo con la información oficial, la organización utilizaba cargamentos de piedras de mármol importadas legalmente desde México para ocultar la metanfetamina, un método que permitió el trasiego de droga a gran escala a través de rutas comerciales formales. Este esquema evidenció el uso de actividades lícitas como fachada para el tráfico internacional de drogas sintéticas.

García Harfuch explicó que, aunque la intervención fue realizada por autoridades españolas, la detención de ciudadanos mexicanos activó de inmediato los mecanismos de cooperación bilateral. Señaló que existe un intercambio constante y efectivo de información con España, apoyado por la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia mexicano en ese país.

El flujo de información incluye datos sobre empresas presuntamente vinculadas al caso, particularmente aquellas relacionadas con la comercialización de mármol, piedra y otros materiales. Estas referencias ya son analizadas por las autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las acciones derivadas del caso. También se revisan posibles irregularidades en procesos aduanales y de comercio exterior relacionados con los cargamentos utilizados para introducir la droga.

La magnitud de la operación “Saga” se explica también por sus antecedentes. En su primera fase, desarrollada en 2024 con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue desmantelado el mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa. En ese momento se aseguraron mil 800 kilos de la droga a una organización hispano-mexicana que operaba rutas a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

El caso subraya la dimensión transnacional del tráfico de metanfetamina y la relevancia de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales que aprovechan el comercio legal para actividades ilícitas.

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Edgar “N”, conocido como “El Limones”, en el estado de Durango, señalado como jefe de plaza y presunto operador financiero de una célula delictiva dedicada a la extorsión. Las autoridades lo identifican como integrante de alto nivel del grupo de Los Cabrera, organización vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, actualmente enfrentada con Los Chapitos en una disputa interna.

De acuerdo con información oficial, “El Limones” también ocupa el cargo de secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, según consta en las redes sociales de la filial estatal. La confederación es encabezada a nivel nacional por el diputado morenista Pedro Haces Barba. El vínculo entre el detenido y la organización sindical ya había sido señalado por distintos sectores productivos de la región lagunera, que en agosto denunciaron extorsiones disfrazadas de cuotas sindicales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el detenido operaba como principal extorsionador de agricultores, comerciantes, empresarios y ganaderos en La Laguna, tanto del lado de Durango como de Coahuila. El funcionario afirmó que la captura representa un “golpe directo a las redes de extorsión”, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos irregulares vinculados a actividades de extorsión, fraude y lavado de dinero. Entre estas operaciones se encuentran depósitos millonarios sin justificación aparente, transferencias a empresas relacionadas con lavado de dinero y la compraventa de bienes de alto valor, entre ellos inmuebles, automóviles de lujo, joyería, relojes y apuestas.

El gabinete detalló que Edgar “N” se ubicaba en el segundo nivel de la estructura de Los Cabrera, bajo las órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”. Como parte de la operación que llevó a su captura, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles de Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas adicionales, aunque no se precisó el número. En los aseguramientos participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC.

En los inmuebles cateados se aseguraron cinco armas largas, equipo táctico y una granada. Para las autoridades, estos hallazgos confirman la conexión del implicado con una organización criminal consolidada.

Las denuncias contra la CATEM en la región se intensificaron meses atrás, cuando productores de Durango y Coahuila señalaron la existencia de cobros ilegales disfrazados de cuotas sindicales, asegurando que quienes se negaban eran objeto de amenazas o agresiones. En respuesta, Pedro Haces acusó a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango de orquestar una campaña de denuncias falsas, afirmando que buscaban defender “los últimos cotos” del PRI.     

En plataformas oficiales de CATEM Durango aparece Edgar “N” acompañando al morenista José Ramón Enríquez durante su registro como candidato a la alcaldía de Durango, además de participar en abril en actividades de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados.

Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló este lunes una serie de detalles sobre el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, hechos que quedaron asentados en su declaración de culpabilidad ante autoridades estadounidenses. La información, contenida en documentos judiciales consultados por Latinus, describe paso a paso cómo ocurrió la retención del líder histórico del Cártel de Sinaloa el 25 de julio de 2024.

Según el testimonio, Guzmán López citó a “El Mayo” para una reunión en una sala privada en Sinaloa. Una vez dentro, lo invitó a conversar a solas y cerró la puerta con llave. Previamente, el hijo de “El Chapo” había retirado el vidrio de una ventana, lo que permitió el ingreso de varios de sus hombres, quienes entraron al lugar armados. Los sujetos esposaron a Zambada, le colocaron una bolsa en la cabeza y lo sacaron por esa misma ventana para subirlo a una camioneta que ya esperaba afuera.

De acuerdo con la declaración, el trayecto dentro del vehículo duró aproximadamente 15 minutos hasta llegar a una pista de aterrizaje donde se encontraba lista una avioneta. Allí, los hombres de Guzmán López colocaron a “El Mayo” en el asiento trasero y lo ataron antes de abordar. Junto con ellos subieron “El Güero” y un piloto que, según el testimonio, había sido instruido previamente para volar directamente hacia Estados Unidos.

Durante el vuelo, Guzmán López preparó una bebida con sedantes. Él consumió parte de estos y suministró otra dosis a Zambada mientras avanzaban hacia territorio estadounidense. La aeronave aterrizó en Nuevo México, cumpliendo la ruta que había sido ordenada desde el inicio de la operación.

En los documentos judiciales, Guzmán López indicó que este secuestro tuvo como propósito llamar la atención del gobierno estadounidense respecto a su caso y al de su hermano, Ovidio Guzmán. Afirmó también que la acción no fue coordinada, solicitada ni aprobada por autoridades de Estados Unidos. “Reconoce que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni condonó el secuestro”, señala el expediente. Además, aclara que ni él ni su hermano recibirán beneficios por esta cooperación.

Guzmán López sostuvo que todo el operativo fue realizado por cuenta propia y con la participación exclusiva de sujetos cercanos a él, sin intervención oficial de ningún gobierno. La declaración ofrece una de las versiones internas más detalladas sobre un episodio que reconfiguró el equilibrio dentro del Cártel de Sinaloa y abrió un nuevo capítulo judicial en torno a Los Chapitos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que permita capturar o condenar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Las autoridades lo consideran “armado y peligroso” por su papel dentro de la facción conocida como “Los Chapitos”, que asumió el control de parte del Cártel de Sinaloa tras la caída de su padre.

Nacido en 1983 y apodado “El Alfredillo”, es medio hermano de Ovidio Guzmán y hermano de Iván Archivaldo Guzmán, con quien forma el núcleo de Los Chapitos. Es uno de los diez hijos reconocidos de Guzmán Loera con distintas parejas; en su caso, es fruto del matrimonio con María Alejandrina Salazar.

El nombre de Jesús Alfredo Guzmán fue incluido en 2018 en la lista de los diez delincuentes más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de conspiración para poseer, importar y exportar sustancias controladas con fines de distribución. Su papel, de acuerdo con investigaciones judiciales, fue clave en la coordinación de cargamentos de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense, así como en el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México producto de la venta de drogas.

En 2016, documentos judiciales revelaron que Guzmán Salazar, entonces encargado de coordinar entregas de droga y flujos de dinero, fue pieza clave para que la DEA obtuviera información inédita sobre su padre. Sin percatarse, facilitó la primera grabación de Joaquín Guzmán a la agencia antidrogas y a la Fiscalía de Illinois, luego de presionar a los hermanos Pedro y Margarito Flores para que eligieran trabajar con el Cártel de Sinaloa o con el de los Beltrán Leyva. Los gemelos, en cambio, decidieron colaborar con las autoridades estadounidenses.

Ese mismo año, Jesús Alfredo volvió a ser noticia tras ser secuestrado en Puerto Vallarta por un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 15 de agosto, hombres armados irrumpieron en el restaurante “La Leche” y privaron de la libertad a seis personas, entre ellos Guzmán Salazar, Juan Daniel Calva Tapia, Víctor Galván Ureña y Josias Nahuali Rábago Borgolla. Tras las investigaciones, se confirmó que el hijo de El Chapo estaba entre los capturados, lo que evidenció la confrontación entre cárteles en México.

Poco después, circuló una fotografía en la que aparecía Guzmán Salazar junto a la actriz Kate del Castillo. La periodista Denisse Maerker dio a conocer la imagen en televisión, aunque nunca se confirmó su origen. El fiscal estatal de Jalisco señaló que la foto pudo haberse filtrado de alguno de los seis teléfonos celulares encontrados en el estacionamiento del restaurante tras el secuestro.

Actualmente, Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanece como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, quienes reiteraron que la recompensa millonaria busca incentivar información verificada que permita su detención.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no descarta solicitar a Estados Unidos los recursos que sean incautados a Ismael “El Mayo” Zambada, tras la orden de pago de 15 mil millones de dólares emitida por el Departamento de Justicia en su contra.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria subrayó que primero se deberán conocer los alcances de la medida impuesta por el gobierno estadounidense. Sin embargo, dejó claro que de concretarse una incautación de bienes se buscará que estos recursos sean devueltos a México y aplicados directamente en beneficio de la población.

“Si hubiera una incautación de recurso habría que pedir también que estos recursos y así fuera devuelto a México para el beneficio de la gente (…) si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente más humilde”,declaró ante los medios.

Sheinbaum recordó que su administración ha aplicado un esquema similar a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de comercializar y subastar bienes asegurados a la delincuencia organizada. 

Mencionó que recientemente se vendió una propiedad de un integrante de un grupo criminal y el dinero obtenido se destinó a la compra de equipo médico para clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar.

La presidenta recalcó que, en caso de obtenerse los recursos provenientes de la incautación, estos tendrían como destino principal a los sectores más vulnerables del país.

En el mismo encuentro con la prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el monto de 15 mil millones de dólares fijado a “El Mayo” Zambada corresponde a un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no tiene vínculo con las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen abiertas.

El funcionario precisó que se trata de un proceso independiente en el ámbito legal estadounidense, aunque México seguirá atento a sus implicaciones. Sheinbaum insistió en que cualquier recurso recuperado debe regresar al pueblo mexicano, pues se trata de daños ocasionados en el país por las actividades del narcotráfico. La mandataria reiteró que este principio ha guiado su política de recuperación de bienes, con un destino claro hacia programas sociales y servicios de salud.

Con ello, el gobierno federal abre la posibilidad de solicitar la entrega de recursos incautados a uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, en caso de que Estados Unidos concrete la medida judicial en su contra.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su gobierno no tiene preocupación por lo que pueda declarar Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en el marco del proceso judicial que enfrenta el narcotraficante en una corte de Nueva York.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Seguridad han recibido información oficial por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump respecto al caso.

Al ser cuestionada sobre si existe inquietud en su administración, Sheinbaum respondió: “No, lo que vaya a declarar, y si lo plantea la fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México tiene que pasar por pruebas y por la FGR”.

Este lunes Zambada, de 77 años, se declaró culpable ante la Corte de Nueva York en lo que sería un acuerdo con la fiscalía estadounidense, que desistió de solicitar la pena de muerte en su contra. Posteriormente, la fiscal Pam Bondi ofreció una conferencia de prensa para dar detalles sobre el proceso.

“El Mayo” enfrenta 17 cargos que incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico. Considerado uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, su comparecencia ante la justicia estadounidense se convierte en un episodio clave en el combate al crimen organizado transnacional.

La presidenta Sheinbaum destacó que, en caso de que surja información relacionada con México, esta deberá ser respaldada con pruebas sólidas y procesada conforme a los canales institucionales. Reiteró que corresponde a la FGR dar seguimiento a cualquier dato que pueda tener implicaciones en el país.

El juicio de Zambada ha despertado atención internacional debido a la relevancia que ha tenido su figura en el narcotráfico durante décadas. Analistas jurídicos señalan que una declaración de culpabilidad abriría la puerta a una posible cooperación con la fiscalía estadounidense, aunque por ahora no hay información oficial compartida con el gobierno mexicano.

La administración de Sheinbaum ha insistido en mantener el respeto a las instituciones de justicia y en que cualquier caso relacionado con actividades ilícitas de ciudadanos mexicanos en el extranjero debe pasar por los mecanismos legales correspondientes en México.

Con el acuerdo judicial en curso, Zambada podría evitar la pena capital, aunque los cargos que enfrenta lo exponen a una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. El gobierno mexicano seguirá a la espera de notificaciones oficiales, mientras el caso continúa su curso en la corte neoyorquina.

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal, acusado de presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Pese a ello, el deportista enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que la Fiscalía no justificara la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.

Chávez Jr. había sido entregado a México el pasado miércoles y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, tras dictársele la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa legal confirmó que el juez ordenó su inmediata liberación.

“El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso”, declaró el representante legal del exboxeador a la salida del tribunal.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria y estableció que el imputado deberá cumplir medidas “muy estrictas” mientras lleva su proceso fuera de prisión.

El delito que enfrenta se relaciona con delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de administración ni liderazgo, vinculado con la introducción clandestina de armas a México. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena máxima en caso de resultar culpable podría alcanzar entre cuatro y ocho años de prisión.

El caso se remonta a julio, cuando Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no contaba con documentos para permanecer en territorio estadounidense. En ese momento, autoridades de Estados Unidos señalaron que el boxeador estaba ligado a una orden de detención vigente en México por presuntos nexos con cárteles de la droga.

“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirmaron las autoridades estadounidenses en aquel entonces.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantenía desde el 14 de enero de 2023 una orden de aprehensión contra Chávez Carrasco, emitida por un juez federal en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, dicha orden no se había ejecutado hasta su detención y entrega reciente.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la FGR intervino comunicaciones telefónicas de integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

En esas intervenciones, se detectaron conversaciones en las que se señalaba que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como castigo, bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El proceso judicial continúa y será en los próximos meses cuando se determinen los avances de la investigación y el futuro legal del exboxeador.

Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, está a punto de declararse culpable de dos cargos por crimen organizado en Estados Unidos. La fiscalía estadounidense confirmó que el narcotraficante mexicano alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) para evitar un juicio y enfrentar su proceso bajo una negociación judicial.

De acuerdo con un oficio enviado por la fiscalía al juez Brian Cogan, quien encabeza el caso en Brooklyn, Nueva York, Zambada aceptó declararse culpable del cargo de “empresa criminal continua” en esa corte y de “conspiración RICO” en el Distrito Oeste de Texas. Ambos forman parte de los 24 cargos acumulados en su contra.

El Mayo enfrenta actualmente 17 delitos en la corte federal de Brooklyn, relacionados con tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo, además de posesión de armas de fuego y lavado de dinero. A estos se suman siete acusaciones en Texas, entre ellas la violación de la Ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).

El 18 de agosto de 2025, el DOJ informó que la acusación criminal que pesaba en la corte de El Paso fue transferida a la corte federal de Brooklyn. La decisión obedece a la norma 20 de las Reglas Federales de Procedimientos Penales, que permite concentrar procesos en una sola jurisdicción. Con ello, el narcotraficante de 76 años enfrentará todo su expediente en Nueva York, el mismo tribunal que enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En un documento firmado, Zambada García reconoció su intención de declararse culpable: “Yo, Ismael Zambada García, acusado, he sido informado que hay una acusación pendiente en mi contra en la causa arriba mencionada y en el Distrito Oeste de Texas. Quiero declararme culpable de la ofensa acusada para consentir la disposición del caso en el Distrito Este de Nueva York en el cual me encuentro retenido, y renunciar al juicio en el Distrito Oeste de Texas”.

La acusación de Texas señala que Zambada y sus asociados coordinaron rutas de tráfico de cocaína y mariguana hacia Estados Unidos a través de puentes internacionales en Ciudad Juárez-El Paso y por zonas desérticas del Valle de Juárez, además de supervisar la distribución de drogas en Texas y otros estados.

Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en 2024, tras ser presuntamente traicionado por Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Después de su arresto inicial en El Paso, el DOJ decidió trasladarlo a Nueva York, donde se centralizarán todos los procesos judiciales en su contra.

Con la aceptación de culpabilidad, El Mayo Zambada busca resolver su situación legal mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense. De esta manera, enfrentará formalmente 24 cargos, sin necesidad de un juicio largo y mediático.