Categoría: Estado de México

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está en la agenda del Congreso, y la incertidumbre crece tanto para los defensores de la transparencia como para los empleados del Instituto. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, confirmó que la extinción del INAI podría ser discutida en el Legislativo en los próximos días, una propuesta que ha generado preocupación en quienes ven en el organismo una pieza clave para la defensa de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México.

 

En un encuentro reciente con los comisionados del INAI, Monreal recibió sus inquietudes y planteamientos, pero fue contundente al señalar que la permanencia del Instituto parece improbable. “No creo que eso sea posible”, afirmó Monreal, aunque aseguró que el empleo de los 816 trabajadores del INAI está garantizado en un régimen de transición, indicando que podrían ser reubicados en otras dependencias. “Habría que buscar la forma, pero sus trabajos están garantizados. Tendrán opciones distintas; eso lo veremos en los transitorios de la reforma”, declaró.

 

Monreal explicó que los cuatro comisionados del INAI han buscado alternativas para salvar la institución, apelando a diversas instancias gubernamentales y federales. Según el líder morenista, los comisionados incluso se reunieron con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien les indicó que la decisión final recae en el Poder Legislativo.

 

Por su parte, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, ofreció un mensaje a medios en el que reiteró la importancia de contar con una institución autónoma que respalde los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, derechos fundamentales en cualquier democracia. “Es indispensable que el Estado mexicano cuente con una institución autónoma que garantice estos derechos humanos”, expresó Alcalá, defendiendo la vigencia del Instituto y su misión como garante de transparencia y privacidad para los ciudadanos.

 

“Estamos convencidos de que el INAI es esencial en el panorama actual”, subrayó Alcalá. “Nuestro país merece una sede independiente que brinde seguridad a los ciudadanos en cuanto a sus datos personales y acceso a la información pública. Seguiremos dialogando, insistiendo en esta posición en el marco de este proceso legislativo”, añadió.

 

Esta iniciativa de reforma surge en un contexto donde la autonomía de los órganos reguladores ha sido un tema polémico, con propuestas que buscan reestructurar o eliminar organismos autónomos. En ese sentido, el INAI se enfrenta a un escenario complejo en el que sus defensores consideran que su extinción sería un retroceso en términos de transparencia y acceso a la información en México. Diversas voces dentro de la sociedad civil han alzado la voz en defensa de esta institución, considerando que su desaparición podría abrir la puerta a prácticas de opacidad.

 

Con la primera lectura de la propuesta legislativa programada para esta semana, el futuro del INAI se definirá pronto, dejando en claro que las próximas decisiones tendrán repercusiones significativas en la forma en que el Estado mexicano maneja la información pública y protege los datos personales. La sociedad y los expertos en transparencia están atentos a lo que se decida, conscientes de que esta posible reforma marcará un antes y un después en la historia de los derechos ciudadanos en México.

 

El INAI, que ha jugado un papel fundamental en la rendición de cuentas, enfrenta su mayor desafío, y mientras sus comisionados luchan por preservar su autonomía, el Congreso será el campo de batalla donde se defina su destino. Monreal dejó claro que esta decisión será compleja, pero su firmeza en la casi inminencia de la reforma no deja dudas: el INAI está en la cuerda floja, y su futuro depende de la discusión legislativa que se avecina.

En un esfuerzo por frenar la violencia en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acordaron reforzar la coordinación policial y mejorar los canales de comunicación entre el gobierno estatal y el federal. Esta decisión representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, que ha enfrentado grandes desafíos en materia de violencia en los últimos años.

 

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en la Ciudad de México, contó también con la presencia del secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez. Durante la reunión, Campos expresó su disposición de colaborar con la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, subrayando la importancia de trabajar en equipo para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos.

 

“Queremos un Chihuahua seguro, y para ello necesitamos trabajar de la mano con el gobierno federal. La seguridad es un compromiso de todos, y estamos aquí para reafirmar esa alianza”, señaló Campos al término del encuentro. La gobernadora resaltó que su objetivo es reducir los índices de criminalidad y generar un ambiente de paz y tranquilidad para los chihuahuenses.

 

García Harfuch, quien recientemente asumió su cargo al frente de la SSPC, destacó la relevancia de estas alianzas para enfrentar a los generadores de violencia en el país. “Cada estado enfrenta sus propios retos, y es fundamental que tanto el gobierno estatal como el federal estemos alineados en el mismo propósito: garantizar la seguridad de los mexicanos”, indicó el secretario.

 

El acuerdo entre Campos y García Harfuch contempla una serie de acciones para fortalecer la paz en Chihuahua y asegurar una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades de ambos niveles. Esta cooperación permitirá coordinar mejor las operaciones policiales y optimizar el intercambio de información para actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier amenaza.

 

El compromiso de ambos funcionarios se da en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Chihuahua, con su situación geográfica estratégica y sus retos históricos en materia de criminalidad, requiere de un esfuerzo concertado que pueda hacer frente a las organizaciones delictivas y los altos índices de violencia.

 

Campos enfatizó la necesidad de contar con un canal de comunicación sólido que permita atender las demandas de seguridad en el estado de forma efectiva y preventiva. “Estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. La ciudadanía exige respuestas, y hoy damos un paso significativo para cumplir con esa responsabilidad”, afirmó la gobernadora.

 

Este acuerdo es visto como un paso prometedor para establecer una colaboración continua y efectiva entre el gobierno estatal y federal. Ambos mandatarios coincidieron en que solo con una estrategia bien coordinada podrán lograrse resultados concretos en la lucha contra la violencia que afecta a miles de familias en Chihuahua.

 

La sociedad chihuahuense, que durante años ha sido testigo de los estragos de la violencia, observa con esperanza este esfuerzo conjunto, que busca construir un ambiente de paz y justicia en la región.

En un esfuerzo por frenar la violencia en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acordaron reforzar la coordinación policial y mejorar los canales de comunicación entre el gobierno estatal y el federal. Esta decisión representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, que ha enfrentado grandes desafíos en materia de violencia en los últimos años.

 

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en la Ciudad de México, contó también con la presencia del secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez. Durante la reunión, Campos expresó su disposición de colaborar con la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, subrayando la importancia de trabajar en equipo para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos.

 

“Queremos un Chihuahua seguro, y para ello necesitamos trabajar de la mano con el gobierno federal. La seguridad es un compromiso de todos, y estamos aquí para reafirmar esa alianza”, señaló Campos al término del encuentro. La gobernadora resaltó que su objetivo es reducir los índices de criminalidad y generar un ambiente de paz y tranquilidad para los chihuahuenses.

 

García Harfuch, quien recientemente asumió su cargo al frente de la SSPC, destacó la relevancia de estas alianzas para enfrentar a los generadores de violencia en el país. “Cada estado enfrenta sus propios retos, y es fundamental que tanto el gobierno estatal como el federal estemos alineados en el mismo propósito: garantizar la seguridad de los mexicanos”, indicó el secretario.

 

El acuerdo entre Campos y García Harfuch contempla una serie de acciones para fortalecer la paz en Chihuahua y asegurar una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades de ambos niveles. Esta cooperación permitirá coordinar mejor las operaciones policiales y optimizar el intercambio de información para actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier amenaza.

 

El compromiso de ambos funcionarios se da en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Chihuahua, con su situación geográfica estratégica y sus retos históricos en materia de criminalidad, requiere de un esfuerzo concertado que pueda hacer frente a las organizaciones delictivas y los altos índices de violencia.

 

Campos enfatizó la necesidad de contar con un canal de comunicación sólido que permita atender las demandas de seguridad en el estado de forma efectiva y preventiva. “Estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. La ciudadanía exige respuestas, y hoy damos un paso significativo para cumplir con esa responsabilidad”, afirmó la gobernadora.

 

Este acuerdo es visto como un paso prometedor para establecer una colaboración continua y efectiva entre el gobierno estatal y federal. Ambos mandatarios coincidieron en que solo con una estrategia bien coordinada podrán lograrse resultados concretos en la lucha contra la violencia que afecta a miles de familias en Chihuahua.

 

La sociedad chihuahuense, que durante años ha sido testigo de los estragos de la violencia, observa con esperanza este esfuerzo conjunto, que busca construir un ambiente de paz y justicia en la región.

México continúa siendo un país peligroso para ejercer el periodismo. Artículo 19, organización defensora de los derechos de la prensa, rindió homenaje a los 48 periodistas mexicanos asesinados en los últimos seis años, un homenaje sombrío que denuncia “la forma más extrema de censura”. A través de una ofrenda, la organización visibiliza el nivel alarmante de violencia contra comunicadores, quienes, en palabras de Artículo 19, han sido silenciados “en un entorno de impunidad y complicidad”.

 

Este fenómeno se ha repetido en las últimas tres administraciones federales. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se contabilizaron 48 periodistas asesinados, mientras que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la cifra llegó a 47 en cada periodo. Aunque Claudia Sheinbaum lleva poco más de un mes como presidenta, ya se reportó el primer caso: el periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue asesinado a balazos tras realizar coberturas en el centro de Uruapan, Michoacán.

 

La impunidad rodea estos crímenes. Para Artículo 19, es evidente que “las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales” hacen posible la perpetuación de la violencia contra la prensa, creando zonas de silencio y miedo en diferentes regiones del país. La organización exige el fin de esta impunidad y hace un llamado a las nuevas autoridades: “Es imperativo romper el pacto de silencio que existe en torno a la violencia hacia periodistas y la persecución a quienes defienden los derechos humanos”.

 

La situación, sin embargo, trasciende México. La Unesco ha destacado que el 85% de los asesinatos de periodistas a nivel mundial queda sin castigo. En su reciente informe, divulgado en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, subrayó la gravedad de esta problemática. “En 2022 y 2023, cada cuatro días un periodista fue asesinado simplemente por cumplir con su deber de informar. En la gran mayoría de los casos, nadie rendirá cuentas por su muerte”, lamentó Azoulay. En ese bienio, 162 periodistas fueron asesinados, de los cuales 14 eran mujeres, la cifra más alta registrada desde 2017.

 

Para Artículo 19, la falta de una respuesta contundente por parte del Estado alimenta las amenazas y los asesinatos de periodistas. A la fecha, el riesgo de sufrir represalias sigue siendo una realidad para quienes trabajan en este sector, y la amenaza es aún mayor en zonas donde el crimen organizado tiene presencia significativa.

 

A medida que México inicia un nuevo gobierno, la expectativa de la sociedad y de los organismos internacionales es clara: que se ponga fin a la impunidad y se proteja a quienes se dedican a la labor periodística. Artículo 19 ha dejado claro que esta responsabilidad no debe seguir siendo ignorada, recordando que “negar la existencia de esta violencia es también una forma de complicidad”.

 

En un país donde informar se ha vuelto un acto de valentía, la memoria de los periodistas caídos permanece como un recordatorio incómodo, una herida abierta en la sociedad. “Romper el silencio”, señala Artículo 19, “es la única manera de honrar su legado y de asegurar que su lucha no fue en vano”.

El Senado de la República anunció una decisión sin precedentes en el ámbito judicial y político mexicano: un total de 820 jueces y magistrados han decidido no contender por el pase directo en la boleta electoral de junio de 2025 para mantener sus cargos. Esta lista, que incluye a 487 magistrados y 333 jueces, fue presentada de manera oficial por la Cámara Alta este viernes, marcando un punto clave en la próxima renovación del poder judicial.

 

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aclaró que inicialmente se había registrado un número superior de solicitudes de declinación, ascendiendo a 859. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo y de verificación documental, se determinó que algunas solicitudes estaban duplicadas o no cumplían con los requisitos específicos, lo que ajustó la cifra final. “Queríamos asegurar que cada escrito representara la voluntad clara de cada juzgador y no existiera confusión en el tipo de documentos recibidos”, comentó Fernández Noroña.

 

El anuncio también señaló a algunos jueces y magistrados que presentaron sus escritos de declinación fuera del plazo estipulado, lo que generó inquietudes entre los senadores sobre la validez de dichas solicitudes. Entre ellos destacan Salvador Flores, juez de distrito en Morelos, y Nancy Selene Hidalgo, jueza de distrito en el Estado de México, quienes formaron parte de un grupo de siete juzgadores cuyos documentos se recibieron con retraso.

 

El listado publicado por el Senado no solo incluyó las declinaciones, sino también menciones especiales que han captado la atención pública. Uno de los casos más emotivos fue el de la jueza Julieta Ramírez Fragoso, especialista en materias civil, administrativa y laboral en Puebla. Diagnosticada con cáncer de hueso en julio, Ramírez solicitó la posibilidad de postergar su participación electoral hasta el proceso de 2027 debido a sus circunstancias médicas. Este gesto de humanidad y profesionalismo fue aplaudido tanto por sus colegas como por los legisladores.

 

Otro caso destacado fue el de Cecilia Armengol Alonso, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien solicitó ser candidata única en su cargo y ser postulada por los tres poderes de la Unión. Armengol expresó que, de obtener esta consideración, se mantendría en su puesto sin necesidad de pasar por el proceso electoral de 2025. Esta solicitud abre un debate sobre el proceso de elección de magistrados y sus implicaciones en el equilibrio entre independencia y estabilidad en el poder judicial.

 

Además de los jueces y magistrados de circuito, el Senado confirmó que ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, entre otros, también declinaron su participación en el pase directo para la boleta de 2025. Esta decisión, que ha sido objeto de intenso escrutinio, plantea una reflexión sobre la independencia del poder judicial en México y la transparencia de sus procesos de elección.

 

El Senado discutirá en su próxima sesión los detalles de estas declinaciones y evaluará los pasos a seguir en relación con la elección de nuevos magistrados y jueces. La medida busca asegurar que los próximos cargos sean ocupados por funcionarios que, más allá de su antigüedad, representen un compromiso renovado con la imparcialidad y la justicia.