Categoría: Estado de México

Tras la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial en México, el empresario Arturo Elías Ayub no se quedó callado. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el director de Fundación Telmex compartió su visión: México debe adaptarse y encontrar oportunidades, a pesar del descontento general.

Elías Ayub comenzó su declaración respondiendo a la pregunta que muchos le han hecho: “¿Y ahora qué hacemos?”. Su respuesta fue clara: “Nos adaptamos a las circunstancias, buscamos las oportunidades (que yo creo que vendrán muchas), las aprovechamos y nos ponemos a chambear”. Para el empresario, esta es la única manera de enfrentar los cambios que la reforma traerá consigo.

A pesar de que no está satisfecho con la situación actual, Ayub hizo énfasis en la importancia de no quedarse atrapado en el pesimismo. “¿Tú crees que yo estoy contento? Pues no”, admitió. Sin embargo, destacó que seguir adelante y trabajar con lo que hay es la clave para salir adelante como país. “Este es un gran país y juntos vamos a salir adelante. Así que a darle con todo”, agregó, dejando en claro su confianza en el futuro de México.

El mensaje de Ayub, aunque optimista, no fue recibido por todos de la misma manera. Reconoció que su postura podría generar críticas: “¿Crees que no sabía que este mensaje iba a traer hate (odio) de mucha gente que está enojada como yo? Pues sí, pero la reforma ya se aprobó”. Su invitación a aprovechar las oportunidades es una llamada a no quedarse inmovilizado por el enojo, sino a actuar.

En un momento en que la incertidumbre y el descontento dominan la conversación, Elías Ayub propone una perspectiva que muchos consideran necesaria: “Este país es más grande que nada y que nadie, y siempre sale adelante”, afirmó. Además, pidió a sus seguidores sugerencias, abriendo el diálogo para que más personas compartan sus ideas sobre cómo aprovechar esta situación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también reaccionó a los comentarios de Ayub, señalando en su conferencia matutina que más empresarios deberían adoptar una actitud similar. AMLO destacó que no se debe permitir que el odio ideológico o el fanatismo nublen la visión del progreso, especialmente entre aquellos que han prosperado en el país.

La discusión sobre la reforma judicial sigue dividiendo opiniones, pero Ayub dejó un mensaje claro: adaptarse es crucial para salir adelante, y la clave está en trabajar con lo que se tiene.

Las manifestaciones por los diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa alcanzaron un nuevo nivel de tensión este viernes, cuando normalistas de diferentes estados vandalizaron el Congreso de Guerrero en Chilpancingo. ¿El resultado? Autos quemados, explosiones y un mensaje claro: el reclamo de justicia sigue vivo.

Lo que comenzó como un mitin pacífico, terminó en una serie de disturbios cuando los estudiantes, provenientes de escuelas normales rurales de todo el país, lanzaron petardos e incendiaron vehículos dentro del estacionamiento del Congreso. Los manifestantes llegaron a bordo de siete autobuses y, tras su discurso, usaron una camioneta para derribar las puertas del recinto. El caos no tardó en desatarse: “Fue impresionante ver cómo la camioneta quedó recargada contra un árbol, ardiendo en llamas”, relató uno de los testigos en la escena.

La manifestación originalmente estaba planeada para realizarse en las instalaciones de la 35 Zona Militar, pero en un giro inesperado, los normalistas decidieron cambiar de objetivo y dirigirse al Congreso estatal. En este mitin participaron contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), sumándose a la protesta estudiantes de Morelos, Puebla y Chiapas. “El cambio de planes fue estratégico, queríamos que el Congreso escuchara nuestras demandas”, expresó uno de los organizadores.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron heridos. Sin embargo, el personal y visitantes en las instalaciones del Poder Legislativo vivieron momentos de angustia mientras los manifestantes lanzaban petardos y quemaban vehículos. En total, se reportaron al menos 15 autos dañados, de los cuales tres fueron completamente incendiados, y varios más sufrieron rotura de cristales. “Nos desalojaron rápidamente, pero fue un caos total”, comentó un trabajador del Congreso.

A pesar de la violencia, ninguna corporación policial acudió al lugar. Fueron los bomberos y brigadistas de Protección Civil quienes finalmente lograron sofocar las llamas de los vehículos, mientras el personal de seguridad interna evacuaba a los trabajadores y visitantes.

Ismael “El Mayo” Zambada, una de las figuras más enigmáticas del narcotráfico en México, se enfrenta a una nueva fase en su proceso legal tras ser trasladado desde El Paso, Texas, a Brooklyn, Nueva York. El viernes 13 de septiembre, Zambada tendrá su primera audiencia en la corte federal de Brooklyn, donde será presentado ante el juez magistrado James R. Cho a las 10:00 a.m., hora local. Este movimiento marca un cambio estratégico en la batalla legal que enfrenta el capo.

La decisión de trasladar a “El Mayo” a Nueva York no fue sencilla. Originalmente, su defensa se opuso al cambio de jurisdicción, argumentando que la solicitud de la fiscalía estadounidense carecía de fundamentos sólidos. Sin embargo, tras semanas de deliberación, el acusado finalmente accedió al traslado. “El acusado, sin embargo, notificó al gobierno que ya no se opone a ser transferido”, detalló la fiscalía en documentos judiciales.

El traslado de Zambada desde El Paso a Brooklyn se llevó a cabo al mediodía del 12 de septiembre, según confirmó una fuente de la corte federal de Texas. Este cambio no es menor, pues ahora su caso se encuentra en manos del juez Brian Cogan, quien previamente sentenció a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La corte de Brooklyn, donde será juzgado, es conocida por su riguroso enfoque en casos de alta seguridad y narcotráfico, con la participación de agencias como la DEA y Seguridad Interna.

Desde su arresto el pasado 25 de julio en Santa Teresa, Nuevo México, Zambada había comparecido en dos ocasiones ante la juez Kathleen Cardone en Texas. En ambas, su respuesta fue limitada, respondiendo únicamente con un “sí” o “no” a las preguntas formuladas por la juez. Este silencio, sin embargo, no ha frenado el avance de su caso, que ahora cobra mayor relevancia en una de las cortes más vigiladas del país.

La defensa de Zambada busca frenar el inicio de los procedimientos, señalando que el traslado a Nueva York debió realizarse poco después de su detención y no un mes más tarde. Sin embargo, la fiscalía argumenta que el caso de Zambada es complejo y requiere de un entorno judicial robusto, lo que justifica su reubicación a Brooklyn.

En un contexto donde las tensiones políticas se sienten en todo el continente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lanzó una advertencia contundente: “Vivimos un tiempo donde la democracia tiembla”. Esta declaración resonó durante un homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, un evento que recordó no solo los ataques terroristas, sino también la fragilidad de los valores democráticos en el mundo actual.

Salazar, representante diplomático del presidente Joe Biden, destacó la importancia de la unión entre México y Estados Unidos para salvaguardar la democracia, la seguridad y las libertades en ambos países. “Tenemos que asegurar que en este continente viva la democracia y viva la seguridad”, afirmó, enfatizando la necesidad de actuar como una familia unida frente a las amenazas globales.

Pero mientras Salazar hablaba de la necesidad de proteger la democracia, en México se vive una batalla interna por la reforma judicial recién aprobada en el Senado. La iniciativa, que busca elegir por voto popular a todos los jueces y magistrados, ha sido duramente criticada por jueces y magistrados que la consideran una amenaza a la independencia judicial.

Juana Fuentes, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), expresó su preocupación: “Confiamos en que hay caminos nacionales e internacionales para detener esta reforma. Se ha evidenciado totalmente inviable por la forma en que se vota”. Según Fuentes, existen mecanismos dentro de la Constitución y en organismos internacionales que podrían frenar la entrada en vigor de la reforma.

El magistrado de Jalisco, Mario Alberto Domínguez, fue aún más claro en su postura: “No vamos a permitir que se implemente. Vamos a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias porque esto es para el pueblo”. Domínguez también anunció una serie de pasos para tratar de detener la reforma, como convencer a las 32 entidades federativas de votar en contra y solicitar formalmente a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que vete la modificación.

Sin embargo, Sheinbaum ha mostrado su apoyo a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que deja en el aire el futuro de esta medida y de la independencia del Poder Judicial en México. 

En una jugada que pocos esperaban, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó los cambios en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permitieron la reelección de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, hasta 2028. Con una votación cerrada de tres votos en contra y dos a favor, la decisión ha generado un verdadero terremoto político.

El problema principal señalado por los consejeros del INE fue el tiempo. Según el consejero Arturo Castillo, los cambios realizados por el PRI llegaron fuera del plazo permitido por la ley. 

“Para efectos estrictamente legales, no se debe admitir una reforma hecha en tiempos expresamente vedados por la ley”, declaró enfático. Y es que, según el INE, el artículo 32 de la Ley General de Partidos Políticos establece plazos claros que no pueden ser ignorados, ni siquiera por un partido con la trayectoria del PRI.

El consejero Uuc-kib Espadas también tomó una postura firme, subrayando que los derechos de los partidos no son propiedad de sus líderes. “Estoy convencido de que los derechos de los partidos no son derechos de sus dirigentes, sino del conjunto de la militancia partidista”, afirmó. Esta declaración golpea directo al corazón de la polémica: un dirigente no puede cambiar las reglas del juego a su favor sin consultar primero a su base.

Alejandro Moreno, conocido popularmente como “Alito”, no tardó en responder. En conferencia de prensa, acusó al INE de actuar bajo presiones políticas y de buscar influir en las decisiones de los legisladores. 

“Estos temas de presión llegaron, cambiaron ahora el sentido del voto y quieren un dictamen en contra, eso es claro”, expresó Moreno, sugiriendo que todo forma parte de un juego de poder más grande que él mismo.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado su respaldo para que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, participe en la renovación de la dirigencia de Morena, el partido fundado por su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Ellos han sido muy respetuosos del momento político que le ha tocado a su padre, pero tienen derecho a participar políticamente”, declaró Sheinbaum, subrayando el derecho de Andy de incursionar en la política activa.

Andy, quien ha sido promovido por líderes del partido en Tabasco para ocupar la secretaría general, no es ajeno a la controversia. Investigaciones periodísticas lo han vinculado a la asignación de contratos multimillonarios a amigos cercanos, como Amílcar Olán, en proyectos emblemáticos del gobierno actual, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. A pesar de estas acusaciones, su madre política, Sheinbaum, lo avala para seguir adelante.

“El Congreso va a elegir a su dirección, y ahí se sujetará a los congresistas de Morena para ver al puesto que él quiera”, añadió Sheinbaum durante una conferencia de prensa en su casa de transición, refiriéndose a la próxima elección interna del partido.

El actual líder de Morena, Mario Delgado, también ha expresado su apoyo a Andy, destacando su larga trayectoria dentro del movimiento. “Él desde muy joven está participando en la organización; es un extraordinario organizador. Siempre ha estado en el movimiento, es fundador”, afirmó Delgado a la salida de la reunión con Sheinbaum.

Además de Andy, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, es la única otra figura que ha manifestado interés en competir por la presidencia del partido, lo que asegura que la elección será intensa. El Congreso de Morena, donde se llevará a cabo la elección, está programado para el 22 de septiembre, y la nueva dirigencia asumirá el 1 de octubre, un momento crucial para el futuro del partido.

Sheinbaum, quien ha estado en el centro del escenario político en los últimos meses, sugirió que este congreso podría ser su último acto partidista antes de asumir la presidencia del país. “Creo que sí voy a asistir el 22 y ahí a despedirme de Morena porque a la hora de que entras como presidente, presidenta, ya velas por el bienestar de todas y todos los mexicanos”, afirmó, destacando la transición de liderazgo y su enfoque en gobernar para todos.

Este lunes 9 de septiembre, el Estado de México se prepara para un día complicado en las carreteras. Transportistas y taxistas locales de Jilotepec han anunciado protestas y bloqueos en las autopistas Arco Norte, México-Querétaro y Jilotepec-Atlacomulco. Su objetivo es claro: que las autoridades escuchen sus demandas y atiendan sus problemas.

Los manifestantes han expresado su hartazgo por la falta de atención a sus quejas sobre extorsiones, abusos de autoridad y la intromisión de rutas ajenas que, según ellos, afectan su trabajo diario. “Nos han dejado sin opciones. Llevamos años denunciando y no hemos visto ningún cambio”, comentó uno de los líderes de la protesta.

El conflicto principal gira en torno a una nueva ruta que transporta trabajadores de la empresa Truper, lo que ha afectado a los taxistas locales al reducir sus ingresos. Pero ese no es el único problema. También se enfrentan a casos de extorsión y la quema de unidades, lo que ha puesto en riesgo no solo sus ingresos, sino también su seguridad.

“Pedimos a las autoridades que nos escuchen y atiendan nuestras denuncias, ya no podemos seguir trabajando en estas condiciones”, declararon en un comunicado. Los transportistas han solicitado la intervención del gobierno estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con la esperanza de una pronta solución a sus demandas. Aunque no han especificado la hora exacta de los bloqueos, en ocasiones anteriores han iniciado desde las 5:30 de la mañana.

Las autoridades de Movilidad reconocieron que el problema de concesiones y el reordenamiento del transporte ha generado inconformidades en diversas regiones del estado, y Jilotepec no es la excepción. Sin embargo, los taxistas insisten en que no han recibido la atención necesaria, y ahora amenazan con paralizar importantes vías de comunicación hasta ser escuchados.

Estas protestas buscan presionar para lograr una reunión con la FGJEM, el gobierno estatal y las autoridades de Movilidad, y así alcanzar acuerdos que resuelvan sus problemas de extorsión y competencia desleal. Los transportistas están decididos a hacer escuchar su voz: “No es solo un tema de trabajo, es nuestra forma de vida y la de nuestras familias lo que está en juego”.

A una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las heridas siguen abiertas y las preguntas sin responder. La reciente captura de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, líder del cártel Guerreros Unidos, reaviva la esperanza de obtener respuestas, pero también despierta temores sobre posibles manipulaciones.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los estudiantes, expresó su preocupación de que “El Gil” pueda ser presionado para exonerar al Ejército y a otras autoridades de seguridad que habrían participado en la desaparición. En sus palabras, “Él ya rindió una declaración en sede ministerial la cual fue ratificada con juez. Esperamos que esta vez avance en esa dirección y que no vaya a haber una retractación… que no sea que lo coaccionen para efectos de que él modifique su declaración”.

Rosales recordó que las primeras declaraciones de “El Gil”, cuando fue detenido en 2015, ya señalaban la complicidad entre Guerreros Unidos y diversas corporaciones policiacas y militares. Estas declaraciones fueron respaldadas por conversaciones interceptadas por la DEA y proporcionadas a la SEIDO, en las que se confirma la colaboración entre el grupo criminal y las fuerzas de seguridad mexicanas.

Además, “El Gil” habría sido el responsable de ordenar la entrega de al menos 17 de los 43 estudiantes. Según Rosales, “El Ejército mexicano interceptó una llamada de él con un jefe policiaco en la que hablan de 17 estudiantes que fueron trasladados… esta persona es sumamente relevante en la investigación y ojalá pueda coadyuvar al avance de las indagatorias”.

En medio de esta tensa situación, las familias de los desaparecidos y los activistas no se quedan de brazos cruzados. Durante septiembre, mes en que se conmemora el décimo aniversario de la tragedia, se realizarán manifestaciones para exigir justicia y evitar que se silencie la verdad. Los ojos de México y del mundo están puestos en “El Gil”. Su cooperación o su silencio podría cambiar el rumbo de una de las investigaciones más oscuras en la historia reciente del país. ¿Será un agente de la verdad o un peón manipulado? El tiempo lo dirá, pero la presión pública será clave para asegurar que se haga justicia.

Seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco están en el ojo del huracán tras ser vinculados a proceso por la desaparición forzada de una mujer en el municipio. Luis “N”, David “N”, Carlos “N”, Cristofer “N”, Alexis “N” y Ángel “N” fueron arrestados bajo la sospecha de haber participado en este grave delito, y ahora enfrentarán las consecuencias de sus actos mientras continúan las investigaciones.

“Es un golpe duro a la confianza en las instituciones”, afirmó una fuente cercana al caso que prefirió mantenerse en el anonimato. Y es que este tipo de noticias estremecen, sobre todo cuando quienes deberían proteger a la ciudadanía son los principales sospechosos.

La fiscalía de Guerrero, con apoyo del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional, realizó un cateo en las instalaciones de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Taxco el pasado 29 de agosto. Durante el operativo, no solo se detuvo a los seis policías implicados, sino que se arrestaron a 10 personas en total, entre ellos otros tres policías municipales señalados por el delito de secuestro agravado. “Nadie está por encima de la ley”, destacó la fiscalía en su comunicado.

Eusebio “N”, otro policía municipal, fue detenido por separado en la localidad de Cacalotenango, elevando aún más la gravedad de la situación. Este hecho refuerza las dudas sobre el manejo interno de la seguridad en Taxco y pone en evidencia las fallas en la supervisión de las fuerzas del orden.

Mientras el proceso sigue su curso, los seis policías permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de Iguala. La comunidad está a la espera de respuestas claras y justicia para la víctima y su familia. “No podemos permitir que quienes juraron protegernos se conviertan en los responsables de nuestros miedos”, señaló un activista local.

Este caso es un recordatorio de que nadie está exento de rendir cuentas, y que la justicia debe prevalecer, incluso cuando los acusados visten uniforme. Ahora, la atención está puesta en las autoridades judiciales y en su capacidad para esclarecer los hechos y castigar a los culpables. ¿Será este un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en las fuerzas policiales? Solo el tiempo y la justicia lo dirán.