Categoría: Estado de México

La escritora mexicana Fernanda Ramos Flores presenta Concha, su primera novela, una obra que aborda desde una perspectiva social y humana diversas problemáticas que continúan marcando la vida de niñas y niños en México y en contextos similares.
La historia sigue a Concha y a su inseparable amiga Angélica, dos niñas unidas por una amistad luminosa que se mantiene firme incluso cuando el entorno se vuelve adverso. A través de su relación, la autora retrata cómo la infancia puede convertirse en un espacio de resistencia emocional frente a realidades complejas que con frecuencia permanecen invisibles.

Desde la mirada de sus protagonistas, la novela expone temas como el maltrato infantil, la discriminación y la pérdida temprana de la inocencia. Lejos de recurrir a descripciones explícitas, Concha se enfoca en las consecuencias emocionales y sociales de estas experiencias, evidenciando cómo ciertas violencias se normalizan y quedan ocultas en la vida cotidiana.
La obra plantea una reflexión sobre la responsabilidad colectiva frente a la infancia vulnerable y cuestiona los mecanismos sociales que perpetúan la desigualdad y la falta de protección. En este sentido, la au

tora utiliza una narrativa sensible y accesible para invitar al lector a observar estas problemáticas desde la empatía y la conciencia social.

Más allá de narrar una historia de amistad, Concha abre preguntas sobre la identidad, la forma en que se construyen los vínculos y la capacidad de ofrecer —o negar— comprensión y compasión. La novela no busca señalar culpables, sino generar reflexión y diálogo en torno a realidades que siguen presentes y que requieren atención desde distintos ámbitos.
Actualmente, Concha se encuentra disponible en formato físico mediante contacto directo con la autora o a través de la editorial Lebrí. (https://www.lebri.com.mx/venta/)
En los próximos meses, la obra también estará disponible en formato digital en Amazon, tanto en español como en inglés, con el objetivo de ampliar su alcance y llegar a un público más amplio.

Toluca, Méx.— Trabajadores sindicalizados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) acusaron al director general, Ignacio Salgado García, de intervenir en el proceso de elección para la secretaría general de la sección SUTEYM-ISSEMyM, cuya jornada se llevará a cabo este 1 de septiembre.

De acuerdo con los denunciantes, Salgado García habría utilizado recursos del instituto para financiar una campaña mediática contra el actual líder sindical, Víctor Magaña Pérez, a quien se le atribuye un supuesto desvío de recursos de la caja de ahorro sindical. Sin embargo, señalaron que esta acusación contrasta con los estados de cuenta firmados por el propio director y distribuidos a todos los empleados ahorradores.

Los inconformes también señalaron a la directora de personal, Elizabeth Rodríguez Morales, como parte de la estrategia de injerencia. Según sostienen, el director general ha incumplido acuerdos con la sección sindical para afectar la imagen de Magaña Pérez, al tiempo que habría favorecido de manera indebida a la candidata Nadia Torres, con el objetivo de restar fuerza al sindicato y mantener el control del instituto.

Entre los señalamientos destaca que Salgado García habría instruido a directores de hospitales y unidades administrativas para permitir a la planilla opositora realizar actos anticipados de proselitismo, mientras que el área de comunicación social del ISSEMyM —a cargo de su secretaria particular— habría difundido mensajes y materiales en favor de Torres, con recursos institucionales.

“Se trata de un uso faccioso de la estructura administrativa y presupuestal del instituto, con fines políticos y sindicales”, sostuvieron los trabajadores, quienes exigen la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para garantizar un proceso libre de presiones y con respeto a la voluntad de los sindicalizados.

Asimismo, pidieron una auditoría a los recursos de comunicación social del ISSEMyM, para transparentar si han sido utilizados en la promoción de la candidata y en la difusión de información que calificaron como sesgada y dolosa.

La Legislatura del Estado de México aprobó este lunes la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, un hito que cierra 15 años de lucha por este derecho. El cambio, reportado por La Jornada, contó con una mayoría de votos a favor.

Morena, PT, PVEM, MC y algunos legisladores del PRI respaldaron la reforma que modificó artículos clave del Código Penal estatal. La aprobación coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reforzando su significado simbólico.

El debate no estuvo exento de tensiones. Frente al Congreso, colectivos provida, convocados por la Diócesis de Toluca, alzaron su voz en protesta, mientras que integrantes de la Ola Verde celebraron el cambio como un triunfo histórico. La sede legislativa y áreas aledañas permanecieron protegidas por vallas metálicas y una fuerte presencia policial, reflejando las divisiones sociales en torno al tema.

El camino hacia esta reforma inició en 2009, cuando el PRD presentó la primera iniciativa para despenalizar el aborto. Sin embargo, fue hasta la LXII Legislatura, de mayoría femenina y liderada por diputadas de Morena, PT y PVEM, que se materializó el compromiso de aprobarla antes del 25 de noviembre.

La reforma modifica los artículos 148 y 151 del Código Penal estatal y deroga los artículos 149 y 150. Ahora, el aborto será considerado delito únicamente si se practica después de las 12 semanas de gestación, salvo las excepciones legales previamente establecidas. Este avance asegura mayor protección a los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.

El resultado de la votación fue contundente: 65 votos a favor, 7 en contra –todos provenientes del PAN– y cuatro abstenciones de integrantes del PRI. La decisión coloca al Estado de México entre las entidades que han optado por garantizar el acceso legal al aborto, marcando un paso significativo en la defensa de los derechos de las mujeres en el país.

Para proteger los derechos de la niñez y las juventudes a un sano desarrollo, la bancada del PAN del Congreso local planteó reformas para garantizar su mínima intervención en un juicio como víctimas o testigos, toda vez que las pruebas periciales, psicológicas o psiquiátricas colegiadas contienen aspectos que promueven la revictimización, lo que afecta el estado emocional y dificulta la recuperación de menores de edad.

La diputada Krishna Karina Romero Velázquez indicó que el 70 por ciento de niñas, niños y adolescentes han sido revictimizados, ya sea por interrogatorios repetidos, falta de sensibilidad en procedimientos judiciales o exposición ante sus agresores, lo que demuestra la necesidad urgente de establecer mecanismos legales que los protejan.

La iniciativa, elaborada en conjunto con el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, plantea reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estatal para establecer que los principios de “mínima intervención” y “no revictimización” sean rectores en la observancia, interpretación y aplicación de la ley, además de que se consideren prioritarios en las actuaciones judiciales donde están involucrados.

El documento señala que el principio de “mínima intervención” para niñas, niños y adolescentes en procedimientos judiciales se entenderá como la disminución del número de ocasiones en las que deberán emitir su opinión y respetando su horario escolar.

También se incluye el principio de “no revictimización”, mediante el cual las personas juzgadoras deberán guiarse por la atención de las necesidades de este sector, al igual que su contexto y la propia naturaleza del acto criminal sufrido.

Al señalar que en el Estado de México se desechan 40 millones de neumáticos y solo 12 por ciento se recicla, la parlamentaria Miriam Silva Mata (PVEM) propuso en el Congreso local que las autoridades municipales trabajen en conjunto con el gobierno estatal para la recolección, acopio y disposición final de neumáticos.

La iniciativa para reformar el Código para la Biodiversidadestatal añade que quienes participan en el proceso de producción, comercialización, distribución y disposición final de neumáticos deberán promover su reciclaje y aprovechamiento.

En la presentación de su iniciativa, la proponente reconoció que, pese a los esfuerzos por crear campañas temporales de concientización y recolección de neumáticos, se debe reforzar el marco jurídico y construir una cultura ambiental entre toda la población y la industria que se dedica a la producción o comercialización de estos materiales.

Explicó que el proceso de fabricación de neumáticos representa un impacto medioambiental y que, su disposición final inadecuada y la quema incontrolada para su destrucción, produce contaminantes riesgosos para la salud.

Este tipo de materiales, añadió, son espacios en donde se aloja fauna nociva, y se capta agua de lluvia, convirtiéndose en potenciales transmisores de enfermedades, virus y bacterias.

A nombre de la bancada de morena en el Congreso mexiquense, la legisladora María José Pérez Domínguez propuso que el gobierno estatal y los municipios sancionen, suspendan y, en su caso, cancelen los negocios que produzcan, distribuyan y vendan bebidas alcohólicas mezcladas con energizantes.

La iniciativa para reformar las leyes de Competitividad y Ordenamiento Comercial y la Orgánica Municipal, así como el Código Administrativo, todos estatales, señala que algunos de los riesgos por consumir estos productos son la intoxicación etílica; así como efectos psicoemocionales que favorecen conductas eufóricas y pueden provocar accidentes automovilísticos, abuso sexual, violencia y suicidios.

La diputada dijo que el efecto estimulante de bebidas energizantes se contrapone con el efecto depresor del alcohol, ocasionando una falsa sensación de sobriedad y más deseo de beber, generando arritmias, miocardiopatías e incluso muerte súbita.

Compartió que esta combinación se popularizó debido a que permite mantener su consumo durante un tiempo prolongado, aumenta la euforia y disminuye la sensación de agotamiento, por lo que su consumo está relacionado con intoxicaciones y conductas imprudentes.

Congresistas de la Comisión Especial para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y Legal del Estado de México del Congreso local concordaron en que es histórico dar continuidad al proyecto de reforma constitucional estatal, que busca renovar las bases jurídicas para avanzar en la transformación de un estado más democrático, moderno, justo, eficaz y equilibrado.

Durante la instalación de la Comisión, recordaron que la reforma fue impulsada por el senador Higinio Martínez Miranda en la LX Legislatura mexiquense, y respaldada por la LXI Legislatura, con la participación de la ciudadanía y de poderes públicos, cuyo proyecto se entregó a la Junta de Coordinación Política el 9 de febrero de 2023.

La parlamentaria Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN), en funciones de presidenta de la Comisión, resaltó la importancia de dar continuidad a dicha reforma para responder a las aspiraciones ciudadanas en la transparencia, la rendición de cuentas, la humanización en todas sus expresiones en la sociedad, así como el combate a la corrupción.

Al subrayar la importancia de contar con un marco constitucional actualizado y útil, que fortalezca la dignidad y soberanía de la población, la congresista señaló que la Constitución es prioridad, al tratarse de la fuente de ley y sustento de valores y principios.

De la bancada de morena, el legislador Valentín Martínez Castillo recordó que la iniciativa del senador Higinio Martínez es el resultado de 29 meses de trabajo y que recabó planteamientos de la ciudadanía, los tres poderes del Estado, los ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos y organizaciones sociales y gremiales.

Añadió que se plantea un marco constitucional sencillo y moderno, con nuevos derechos como al desarrollo individual, al buen gobierno, a la administración, al acceso al conocimiento científico y tecnológico, entre otros.

En tanto, la congresista Brenda Colette Miranda Vargas reconoció que el proceso de análisis de una reforma constitucional y legal estatal es una de las responsabilidades más importantes que una legislatura puede emprender, porque representa una oportunidad para ajustar y adecuar el marco jurídico a las necesidades y aspiraciones de la sociedad.

Al afirmar que la propuesta podría marcar un antes y un después de la vida legislativa estatal, la diputada indicó que se deben considerar los puntos de vista de cada sector social, por lo que abrirán la Casa del Pueblo a la ciudadanía y consultarán su contenido con personas expertas en técnica jurídica.

La parlamentaria Miriam Silva Mata (PVEM) concordó en que esta reforma es una oportunidad histórica porque representa la mayor transformación al marco jurídico estatal y que es momento de garantizar una Constitución progresiva y protectora de los derechos humanos.

Compartió que se propone, entre otras cosas, una perspectiva de paridad de género, nuevos mecanismos de participación ciudadana, juicio político contra personas servidoras públicas y actualización de órganos autónomos; reconoce la libertad de protesta y nuevos tipos de familia; y el fortalecimiento de los derechos humanos, y entornos medioambientales más sanos.

Por el PRI, el legislador Eduardo Zarzosa Sánchez llamó a las y los congresistas para que los cambios constitucionales no respondan a ideologías partidistas, sino a las necesidades de la población, en ese sentido, criticó lo que ocurre con las reformas constitucionales a nivel federal.