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A más de un año de las elecciones intermedias de 2027, el Movimiento Regeneración Nacional puso en marcha una estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la instalación de 2 mil 53 Consejos Municipales, una estructura que busca reforzar la coordinación interna del partido y consolidar su presencia en todo el país.

El arranque de este despliegue comenzó este sábado con la instalación inicial de 260 Consejos Municipales distribuidos en 5 mil 839 secciones electorales. La operación forma parte de un plan que se extenderá hasta el 31 de mayo, con excepción de los fines de semana del 4 y 5 de abril, así como del 9 y 10 de mayo, fechas en las que se suspenderán temporalmente las actividades.

La dirigencia nacional del partido explicó que estos nuevos órganos estarán integrados por las Presidencias y Secretarías de los 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación. Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de los principios del movimiento, la defensa del voto durante los procesos electorales, la distribución del periódico Regeneración, la organización de actividades de formación política y el impulso a la afiliación partidista.

Este movimiento organizativo ocurre meses antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para septiembre de 2026, cuando el Instituto Nacional Electoral comience la preparación de los comicios federales y locales programados para 2027.

Como parte del arranque, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, encabezó la instalación del Consejo Municipal en Chalco, Estado de México. De manera paralela, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, participó en la conformación del órgano correspondiente en Sahuayo, Michoacán.

La creación de estos Consejos Municipales se deriva del acuerdo aprobado durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido, celebrada el pasado 7 de marzo, donde se definió el inicio de esta etapa organizativa con el objetivo de consolidar lo que la dirigencia denomina como “Partido-Movimiento”.

El despliegue territorial se enfoca en la preparación de los comicios en 17 entidades donde se renovarán cargos de elección popular. Los estados contemplados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, en Veracruz se renovarán únicamente el Congreso local y los ayuntamientos, mientras que en Durango solo se elegirá el Congreso estatal, debido a que los procesos municipales se realizaron previamente en 2025.

La instalación escalonada de los Consejos Municipales representa la primera movilización territorial del partido rumbo a los comicios intermedios, con el objetivo de reforzar su estructura organizativa y coordinar a sus comités seccionales en todo el país.

El despliegue interinstitucional activado tras el derrame de petróleo en el Golfo de México ha permitido retirar más de 700 toneladas de hidrocarburo, informó este sábado la Secretaría de Marina. La operación, que involucra a miles de elementos y decenas de unidades marítimas y aéreas, se mantiene activa en distintos puntos del litoral, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, donde se han intervenido playas, manglares y esteros afectados.

Según la tarjeta informativa emitida por la dependencia naval, del total recolectado, 700 mil kilos fueron recuperados en zonas costeras, mientras que otros 40 mil kilos se retiraron directamente en altamar. Estas labores forman parte de la estrategia desplegada tras la activación del Plan Nacional de Contingencias, que movilizó a más de 3 mil elementos para atender la emergencia ambiental.

El operativo es encabezado por un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencias que trabajan de forma coordinada para contener el impacto ambiental y recuperar las zonas afectadas.

Como parte de la operación, se ha dispuesto el apoyo de 46 buques, 45 vehículos, siete aeronaves y drones aéreos y submarinos. Además, se instalaron más de mil metros de barreras de contención con el objetivo de limitar la dispersión del hidrocarburo y facilitar las labores de limpieza en áreas críticas.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se han atendido 39 playas que representan más de 480 kilómetros de costa. Estas acciones incluyen trabajos permanentes de recolección y disposición adecuada de residuos, con especial atención en ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas. El operativo también contempla la protección del entorno natural y el bienestar de las comunidades costeras impactadas.

De forma paralela, continúan los trabajos en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, donde se realizan tareas de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo. Estas labores cuentan con el respaldo de unidades especializadas y tecnología de inspección submarina para identificar el origen del fenómeno y atenderlo directamente.

“Gracias a la coordinación efectiva entre dependencias y el trabajo conjunto con comunidades locales, se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recaídas intermitentes”, finalizó el comunicado.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, oficializó una serie de cambios en la estructura territorial de la Fiscalía General de la República al designar a 11 nuevos titulares en delegaciones estatales. Los movimientos abarcan entidades como Baja California, Campeche, Durango, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco, entre otras.

De acuerdo con el comunicado institucional, los perfiles seleccionados cuentan con experiencia previa como Ministerios Públicos y trayectoria dentro de la propia FGR, particularmente en áreas de investigación y litigación.

En Baja California fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada. En Campeche asumió Margarita Galván Rodríguez, fiscal jefa del equipo de Investigación y Litigación en Guanajuato desde 2021.

Para la Ciudad de México fue designada Laura Gabriela Chang Marroquí, quien encabezaba desde 2022 la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la Fecor. En Durango quedó al frente Rosalía Juárez Ramírez, con más de dos décadas de trayectoria como Ministerio Público.

Ana Cristina Maturano Ramos asumió en Hidalgo, con experiencia tanto en funciones ministeriales como en asesoría jurídica. En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, ex fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

La lista continúa con Mario Esquivel Ayala en Nayarit, quien era agente del Ministerio Público en la fiscalía federal de esa entidad; José Guadalupe González Guajardo en Nuevo León, ex titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa; y Damaris Baglietto Hernández en Oaxaca, quien desde marzo de 2023 encabezaba la Unidad de Investigación y Litigación en la fiscalía federal capitalina.

En San Luis Potosí fue designado Gabriel Campos Piña, procedente de la fiscalía federal en Nayarit, mientras que Manuel Eduardo León Torres asumirá en Tamaulipas, tras desempeñarse como agente del Ministerio Público y fiscal en jefe.

La FGR señaló que estos relevos buscan fortalecer la coordinación con autoridades estatales y consolidar el trabajo institucional. En el comunicado se destaca que Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los nuevos fiscales federales y les deseó éxito en sus responsabilidades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que los ajustes forman parte del programa de trabajo de la fiscal general. “Ella lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones (…) más que limpia es un fortalecimiento”, expresó, al referirse a la revisión interna y al nombramiento de nuevos representantes en las fiscalías estatales. Con estos movimientos, la FGR actualiza su estructura operativa en 11 entidades del país como parte de su reorganización institucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de manera unánime una reforma a la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, aprobada el 12 de julio de 2024, que facultaba a la gobernadora Layda Sansores San Román para otorgar licencias de construcción de “obras de interés estatal y de gran impacto” en los 13 municipios de la entidad. La resolución concluyó que dicha modificación vulneró la autonomía municipal prevista en la Constitución federal.

El fallo se dio al resolver la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche, y cuyo proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos. En el análisis, la Corte determinó que el Congreso local transfirió indebidamente al Poder Ejecutivo una atribución constitucional que corresponde de forma exclusiva a los ayuntamientos: la regulación, control y autorización de la construcción dentro de su territorio.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la reforma no se limitó a establecer bases generales o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, sino que eliminó por completo la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto. Esta estructura normativa, señaló el ministro ponente, concentró la decisión únicamente en la titular del Ejecutivo estatal, despojando a los municipios de una facultad que la Constitución les reconoce expresamente.

“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce”, expuso Espinosa Betanzos durante la sesión.

Como parte de la resolución, el Pleno invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, así como el segundo artículo transitorio de la reforma, al considerarlos contrarios al orden constitucional. Los ministros coincidieron en que la modificación afectaba directamente el principio de autonomía municipal, uno de los pilares del federalismo mexicano.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que los municipios deben conservar la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. En su intervención, advirtió que la creación de una categoría de obras públicas de interés estatal y de gran impacto no puede utilizarse como vía para eliminar una facultad constitucional de los ayuntamientos.

Con esta decisión, la Corte reafirmó que la planeación, autorización y control del desarrollo urbano y de las construcciones dentro de los municipios no puede ser desplazada por legislaciones locales que concentren dichas atribuciones en el Poder Ejecutivo estatal, aun cuando se trate de proyectos considerados de alto impacto o interés general.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó formalmente al Senado de la República autorización para permitir el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos con el objetivo de impartir cursos de capacitación a la Secretaría de Marina. La petición contempla la entrada al país de 29 elementos de fuerzas especiales estadounidenses entre el 12 de enero y el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el oficio enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la delegación estaría integrada por 19 elementos de los Navy Seal’s y diez integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos. El documento precisa que el personal ingresaría a territorio mexicano con armamento, transportado a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense.

La solicitud presidencial señala que la participación del personal extranjero se enmarca en el “evento emergente denominado Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”, el cual se desarrollará del 19 de enero al 15 de abril de 2026. El objetivo central del programa es fortalecer las capacidades operativas de las unidades navales especiales de México, además de reforzar la cooperación militar bilateral y promover programas integrales de adiestramiento mediante tareas individuales y colectivas.

El plan de trabajo establece que las actividades de capacitación se realizarán en diversas instalaciones estratégicas de la Marina mexicana. Entre ellas se encuentran el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en Champotón, Campeche, así como el Mando Naval de Ciudad del Carmen, también en Campeche.

El documento destaca que la capacitación representa una oportunidad relevante para homologar criterios operativos y compartir conocimientos derivados de la experiencia práctica de ambas fuerzas. “La capacitación constituye una ocasión de alto valor para alinear criterios operativos e intercambiar conocimientos, consolidando una perspectiva compartida y aptitudes que se complementen ante los retos de seguridad”, se detalla en la solicitud.

El calendario de actividades contempla cuatro fases. La primera se desarrollará del 19 de enero al 11 de febrero de 2026 y estará enfocada en operaciones terrestres. La segunda fase, del 16 de febrero al 6 de marzo, abordará operaciones aeromóviles. Posteriormente, del 9 al 20 de marzo, se retomarán las operaciones terrestres, mientras que la última etapa, del 23 de marzo al 15 de abril, se centrará en operaciones marítimas.

En caso de obtener la autorización legislativa, la aeronave estadounidense aterrizaría el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, mismo punto desde el cual la delegación retornaría a su país el 15 de abril del mismo año.

La solicitud subraya que el artículo 76, fracción III, de la Constitución otorga al Senado la facultad exclusiva de autorizar al Ejecutivo federal el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. El oficio fue turnado a la Cámara de Senadores por la presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López.

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el programa nacional El maíz es la raíz, una estrategia diseñada para conservar, producir y comercializar las variedades nativas mientras fortalece los sistemas agroalimentarios comunitarios.

La iniciativa fue expuesta durante la conferencia presidencial por la directora de Alimentación para el Bienestar, quien precisó que el proyecto comenzará el próximo año en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Su aplicación se ampliará gradualmente hasta 2030, cuando abarcará las ocho regiones agrícolas del país y alcanzará a cerca de un millón y medio de pequeños productores.

El programa establece una ruta que integra producción agroecológica, uso colectivo de maquinaria ligera y fortalecimiento de la organización comunitaria. Estos ejes buscan mejorar la productividad sin alterar la esencia de la milpa, sistema agrícola que ha sostenido la diversidad del maíz nativo durante generaciones. La maquinaria será asignada de manera colectiva a grupos de productores, lo que permitirá reducir costos, distribuir responsabilidades y elevar el rendimiento en cada ciclo agrícola.

Otro componente central es el acompañamiento técnico. Equipos especializados, junto con integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, trabajarán con comunidades milperas integradas por grupos de cien productores. Este vínculo pretende mejorar prácticas agronómicas, reforzar la autonomía tecnológica y facilitar el intercambio de conocimientos para mantener cultivos sanos y productivos. El planteamiento parte de que el potencial de rendimiento del maíz nativo depende directamente del manejo agronómico y no de la genética de la semilla.

Además de la producción, el plan impulsa la transformación y comercialización del maíz mediante esquemas comunitarios. Se contempla la creación de tortillerías, tostaderías y espacios para elaborar totopos con sello de origen, administrados por cooperativas de mujeres campesinas. Este modelo busca asegurar ventas a precio justo y que los ingresos lleguen de manera directa a las familias productoras, reforzando la economía local desde la producción primaria hasta la venta final.

La estrategia incluye también mecanismos para proteger la biodiversidad del maíz nativo, considerada un legado cultural y alimentario que identifica al campo mexicano. La propuesta se articula como una política integral que combina tradición agrícola, apoyo técnico, trabajo colectivo y participación comunitaria.

Con El maíz es la raíz, el gobierno federal marca una ruta de largo plazo destinada a consolidar la soberanía alimentaria, revitalizar las prácticas campesinas e impulsar la economía de las regiones agrícolas. El proyecto se establece como una apuesta nacional para fortalecer a las comunidades rurales y garantizar la permanencia del maíz nativo como base del sistema alimentario mexicano.

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, aseguró que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y legislador en la Cámara Alta, solicitó asilo en Estados Unidos y Perú debido a que enfrenta cinco órdenes de aprehensión promovidas por la Fiscalía General de Campeche.

Durante la sesión en el Senado, Salgado Macedonio se refirió a los recientes viajes de Moreno Cárdenas, primero a Estados Unidos y después a Perú, como parte de una supuesta estrategia para buscar refugio político. El priista acudió la semana pasada a Washington, donde se reunió con la congresista republicana María Elvira Salazar, y posteriormente viajó a Lima en calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), donde sostuvo un encuentro con la presidenta Dina Boluarte.

“Por cierto, ¿qué sabes de ‘Alito’? ¿Sí sabes que se nos fue ‘Alito’? A ‘Alito’ le salieron alitas, dicen que ya se fue a Perú, allá donde está una presidenta impostora y que ya no va a venir porque tiene cinco órdenes de aprehensión. Vamos a ver qué dice ‘Alito’, a ver si viene hoy”, declaró el legislador guerrerense en tono irónico.

El morenista añadió que, según la información que maneja, Moreno acudió primero a Estados Unidos en busca de asilo, pero que le fue negado por tratarse de un tema con implicaciones diplomáticas. “Entiendo que fue a pedir asilo a Estados Unidos; allá le dijeron ‘no, porque me meterías en un problema diplomático con México, mejor vete a un país donde no haya relaciones diplomáticas con México’ y fue precisamente que llegó a Perú”, sostuvo.

Ante estas declaraciones, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, desestimó la versión y defendió a Moreno Cárdenas, asegurando que continuará viviendo en México y que se presentará en el recinto legislativo. “Es una jalada de los pelos; les duele que él vaya y los denuncie. Fue de gira porque es presidente de la Copppal a Perú, y hay quien también anda diciendo que pidió asilo en Perú. Alejandro Moreno va a vivir en México, va a enfrentar, lo han perseguido, les ha ganado todo en la primera acusación en términos de todo lo que orquestaron, del desafuero”, afirmó.

La Fiscalía de Campeche mantiene abiertas investigaciones contra el dirigente priista por presuntos delitos de corrupción, mismas que han sido desmentidas reiteradamente por Moreno, quien acusa una persecución política en su contra.

El intercambio de señalamientos en el Senado reaviva la tensión entre Morena y el PRI en medio de la agenda legislativa, con Moreno en el centro de la polémica por sus viajes recientes y las acusaciones que le atribuye Salgado Macedonio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su nueva integración, comenzó la reasignación de los asuntos que quedaron pendientes de resolución y que fueron devueltos a la Secretaría General de Acuerdos para su distribución entre las nuevas ponencias. Entre ellos destacan litigios de gran relevancia política y económica, como los promovidos por Ricardo Salinas Pliego y sus empresas frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La ministra Lenia Batres Guadarrama recibió dos amparos directos en revisión relacionados con compañías del empresario. Se trata de recursos presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay en contra de créditos fiscales, a pesar de que en otros procesos Batres había sido declarada impedida para conocer de los asuntos vinculados con Salinas Pliego.

Uno de los casos más significativos es el amparo directo en revisión 6321/2024, con el que Grupo Elektra reclama un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos. Este expediente, que estaba bajo análisis del ministro Alberto Pérez Dayán, fue reasignado al ministro Arístides Guerrero García. Además de este litigio fiscal, Guerrero también tendrá a su cargo la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra las reformas legales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en 2020 bajo el mecanismo fast track.

En el mismo despacho del ministro Guerrero recayó la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, que cuestiona el proceso de remoción de su alcaldesa, Abelina López Rodríguez, derivado de presuntas irregularidades en el manejo de más de 900 millones de pesos cuyo destino no habría sido comprobado.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía se encargará de resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición contra la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena. Dicha modificación eliminó la posibilidad de que jueces y magistrados decretaran la suspensión de normas generales mientras se analiza la constitucionalidad de las mismas.

A la ministra Sara Irene Herrerías se le turnó la impugnación contra la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Conahcyt, ahora elevado al rango de secretaría de Estado.

En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo asumirá quince controversias constitucionales interpuestas por municipios gobernados por la oposición. Estas acciones van dirigidas contra la nueva Ley de Transparencia y fueron presentadas por administraciones municipales de ciudades como Morelia, Irapuato, Monterrey, Guanajuato, Campeche, Atizapán y Hermosillo, entre otras.

Con estos turnos, la Corte redistribuye expedientes que marcan el rumbo de batallas fiscales, políticas y legales de gran trascendencia para el país, ahora bajo la responsabilidad de los ministros recién incorporados al máximo tribunal.