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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado un evento en Morelos donde combinó anuncios sobre vivienda con la celebración de recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Durante su gira, la mandataria destacó la eliminación de pensiones elevadas a exfuncionarios, la aprobación del llamado “plan B” electoral y la implementación de un programa de condonación de créditos del Fovissste que, aseguró, ha beneficiado a millones de familias.

En el acto, realizado junto a la gobernadora Margarita González Saravia y miembros del gabinete federal, la presidenta entregó certificados de condonación, reducción o quita de créditos de vivienda a 825 familias morelenses. La medida forma parte de un programa nacional que, según explicó, ha alcanzado a cinco millones de hogares en el país con el objetivo de facilitar la obtención de escrituras y aliviar deudas acumuladas.

Sheinbaum señaló que muchos trabajadores adquirieron viviendas mediante créditos del Infonavit o Fovissste con condiciones que terminaron generando deudas crecientes. Como ejemplo, mencionó casos de financiamientos a diez años por 70 mil pesos que, con el paso del tiempo, se transformaron en adeudos de hasta 700 mil pesos.

“Y se pagaba, y se pagaba, y cada vez se debía más. ¿Cómo va a haber un crédito de una institución del Estado que cada vez se debe más? Lo hicieron de tal manera que hay cinco millones de familias en México que tienen este tipo de créditos, que los adquirieron de buena fe y al final se convirtieron en deudas impagables”, sostuvo.

La mandataria también explicó que el gobierno federal acordó un plan conjunto con el director del ISSSTE, Martí Batres; el titular del Infonavit, Octavio Romero; la directora del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza; y la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega. El acuerdo contempla disminuir montos, eliminar adeudos o reducir plazos para quienes ya cubrieron una parte considerable de sus créditos. “Porque ya pagaron lo suficiente, porque ya pagaron lo justo”, afirmó Sheinbaum al explicar el alcance del programa.

Durante el mismo evento, la presidenta también destacó la aprobación del “plan B” de la reforma electoral, al considerar que permitirá reducir gastos en instituciones como congresos estatales, el Instituto Nacional Electoral, sindicaturas y el Senado. Según indicó, los recursos ahorrados se destinarán a mejorar servicios en los municipios.

Además, celebró la reforma que elimina las llamadas “pensiones doradas” para exfuncionarios de alto nivel en organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de México y Luz y Fuerza del Centro.

La gira en Morelos combinó así anuncios en materia de vivienda con la promoción de cambios legislativos que, de acuerdo con la presidenta, buscan redirigir recursos públicos y aliviar la situación financiera de millones de trabajadores que adquirieron vivienda mediante créditos institucionales.

La llegada de más de 60 productores provenientes de distintas regiones del país terminó frente a puertas cerradas. Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acudieron este viernes a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para participar en una mesa de diálogo previamente acordada, pero al arribar, afirmaron que les informaron que el encuentro había sido cancelado sin previo aviso.

La inconformidad quedó registrada en una transmisión en vivo realizada por representantes del movimiento, quienes señalaron que acudieron con disposición para dialogar, pero encontraron el recinto cerrado. Una de las voceras afirmó que llegaron junto con sus compañeros “con el mejor ánimo de entablar una conversación” y sostuvo que el diálogo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura mantener “no existe”.

Las críticas no se limitaron al episodio de este viernes. Uno de los integrantes del frente aseguró que la cancelación forma parte de una dinámica que, según dijo, también ha afectado a otros sectores. “Esto no nos ha pasado nada más a nosotros, les pasó a los maestros, a los alumnos, a las madres buscadoras esto es una política fallida del gobierno”, expresó.

De acuerdo con publicaciones difundidas por el propio movimiento, también señalaron que, por instrucciones del subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, los funcionarios que participarían en la reunión condicionaron que únicamente escucharían a un grupo específico de campesinos, y no a todos los representantes incluidos en la lista presentada previamente.

Las imágenes compartidas por los productores mostraron a los manifestantes frente a las puertas cerradas del edificio, mientras elementos policiales con cascos y escudos antidisturbios resguardaban el acceso. Según los campesinos, el encuentro había sido programado luego de las movilizaciones del lunes pasado, cuando realizaron cierres carreteros en distintos puntos del país.

Durante su presencia frente a las instalaciones, uno de los representantes señaló ante medios de comunicación que los participantes provenían de 22 estados, entre ellos Tamaulipas, Tlaxcala, Reynosa, Hidalgo, Baja California, Morelos y Guanajuato.

El FNRCM también anunció que volverán a acudir a las instalaciones de Gobernación el 11 de junio, fecha en la que, aseguraron, realizarán nuevamente su movilización y reiteraron que “no habrá fuerza policiaca, ni ninguna fuerza supuestamente de ellos que vaya a detener nuestra movilización”.

Asimismo, los productores acusaron que la cancelación del encuentro representa un retroceso en los avances previos y denunciaron que la conducta de la dependencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en ocasiones anteriores que el diálogo con los distintos sectores permanece abierto, postura desde la cual ha criticado los cierres carreteros realizados previamente por los campesinos.

Miles de mujeres tomaron las calles de distintas ciudades del país durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en movilizaciones marcadas por consignas contra la violencia de género, exigencias de justicia por feminicidios y demandas de mayor seguridad. Las marchas se realizaron en la Ciudad de México y en varios estados del país, donde contingentes feministas, familias y organizaciones civiles participaron en protestas que se extendieron durante gran parte del día.

Desde temprano, colectivos convocados a través de redes sociales comenzaron a reunirse en distintos puntos de la capital. Vestidas de violeta, color representativo del movimiento feminista, las asistentes portaban pancartas con mensajes como “Nos queremos vivas”, “No estamos todas” y “Muerte al macho”, mientras avanzaban con consignas que denunciaban la violencia contra las mujeres.

La movilización principal recorrió Paseo de la Reforma, donde los contingentes corearon frases como “El violador eres tú” y “La policía no me cuida, me cuida mi familia”. Durante el recorrido, las manifestantes exigieron justicia por los feminicidios y medidas de seguridad para las mujeres. Monumentos y edificios cercanos al trayecto permanecieron protegidos por vallas metálicas, entre ellos el Ángel de la Independencia y Palacio Nacional, mientras elementos policiacos acompañaban el avance de los contingentes.

Con el paso de las horas, las participantes comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, punto final de la marcha en la capital. En ese lugar, un grupo de mujeres intentó derribar las vallas instaladas frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México utilizando martillos, piedras y rejas.

Durante esos momentos, algunas manifestantes corearon consignas como “¡Fuimos todas!” y “¡Claudia Sheinbaum no me representa!”, mientras elementos de seguridad desplegados detrás de las estructuras metálicas rociaron gas para intentar dispersar a quienes golpeaban las barreras.

Entre las asistentes también se observó a la madre de Kimberly Hilary Moya González, adolescente desaparecida desde el 2 de octubre de 2025 en Naucalpan, caso por el que existen dos detenidos aunque las autoridades no han esclarecido lo ocurrido.

Las movilizaciones se replicaron en distintos estados del país. En Guanajuato, alrededor de 15 mil mujeres se concentraron en la Alhóndiga de Granaditas, donde se registraron pintas y el lanzamiento de bombas molotov. También hubo protestas en municipios como Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende.

En Cuernavaca, estado de Morelos, colectivos marcharon para exigir justicia por los feminicidios de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Karen Toledo y Kimberly Joselin.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia y, en promedio, diez mujeres son asesinadas cada día, cifras que cada año impulsan las movilizaciones del 8M en el país.

Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), nombramiento que se formalizó el 1 de enero por instrucción de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. El propio funcionario dio a conocer la asignación a través de sus redes sociales, donde también expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso con el trabajo institucional en favor de la justicia.

Hasta antes de este nuevo encargo, Lara López se desempeñaba como titular de la FGR en el estado de Morelos, cargo que asumió en mayo de 2025. Su llegada a la Fiscalía Especial marca un cambio dentro de la estructura federal, al colocarlo al frente de un área estratégica encargada de la investigación de casos considerados de alta relevancia.

En su mensaje público, Ulises Lara señaló: “Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, declaración con la que confirmó oficialmente su designación y el inicio de sus funciones en la nueva responsabilidad.

El funcionario cuenta con una trayectoria académica amplia y diversa. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también obtuvo la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. A su formación profesional se suman estudios de posgrado y especialización en instituciones nacionales e internacionales.

Entre su preparación adicional se encuentra un diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, así como otro diplomado en Políticas y Gestión Pública por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, cursó la Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal en la Universidad Carlos III de España y una segunda maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. A ello se añade una Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

En el ámbito profesional, Ulises Lara ha ocupado diversos cargos dentro de las instituciones de procuración de justicia. Fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fungió como encargado de despacho de la misma dependencia durante 2024. En mayo de 2025, fue nombrado titular de la Fiscalía federal en Morelos, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, posición que mantuvo hasta su reciente designación a nivel central.

El nombramiento de Lara López se inscribe dentro de la estrategia impulsada por Ernestina Godoy al frente de la FGR. La fiscal general ha planteado como eje central la coordinación entre la Fiscalía, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y municipales. En este contexto, también ha subrayado la necesidad de fortalecer las fiscalías estatales, crear áreas especializadas y avanzar en la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia.

Adicionalmente, Godoy ha considerado prioritaria una reestructuración interna de la FGR, con énfasis en la formación de cuadros especializados y en la renovación de puestos clave. Este proceso ha incluido la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas y la incorporación de perfiles cercanos a su proyecto institucional y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los ajustes en la conducción de la Fiscalía General de la República.

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana del 2 de enero de 2026, con epicentro en San Marcos, Guerrero, provocó afectaciones en diversas unidades hospitalarias del centro y sur del país; sin embargo, las autoridades federales de salud confirmaron que no se reportaron daños graves ni estructurales, y que las revisiones continúan como medida preventiva.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 horas y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 10:00 de la mañana se habían contabilizado 271 réplicas posteriores al evento principal.

En Guerrero, el ISSSTE informó daños superficiales en el Hospital Regional de Acapulco, principalmente vidrios rotos y desprendimiento de plafones, así como afectaciones en la Clínica Hospital de Chilpancingo. En el municipio de Iguala, las inspecciones continuaban al cierre del primer reporte para descartar riesgos adicionales.

En la capital del país, 17 unidades médicas del ISSSTE ubicadas en la zona norte fueron evacuadas de manera preventiva. Tras una primera revisión de la infraestructura, no se detectaron daños estructurales, por lo que pacientes y personal regresaron a las instalaciones. El organismo también señaló que en entidades como Veracruz, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro no se reportaron afectaciones, aunque las evaluaciones seguían en curso.

El IMSS, por su parte, reportó afectaciones menores en Guerrero, específicamente en la Unidad Médica número 25 de Ometepec y la Unidad Médica número 12 de San Marcos. En la Ciudad de México, se identificaron daños leves y sin compromiso estructural en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas. También se registraron afectaciones en un quirófano del Hospital General de Zona número 7, en Cuautla, Morelos.

La alcaldía Azcapotzalco informó que el Hospital de Especialidades del IMSS “La Raza” presentó daños en acabados de yeso, tablaroca y plafones, los cuales fueron clasificados como superficiales y sin riesgo estructural tras la revisión del inmueble.

En cuanto a los efectos del sismo en la población, la alcaldía Benito Juárez confirmó el fallecimiento de un hombre de 60 años durante la evacuación de un edificio en la colonia Álamos. Las autoridades detallaron que el deceso se habría producido por un posible paro cardiorrespiratorio tras una caída. Además, se reportó la caída de un árbol en la colonia Portales y de un poste en Narvarte Poniente, sin personas lesionadas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que 12 personas resultaron lesionadas a causa del sismo, sin precisar la gravedad de las heridas, y aclaró que no se registraron fallecimientos directamente atribuibles al movimiento telúrico en la capital.

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, exhortó al senador Gerardo Fernández Noroña a cumplir con sus obligaciones tributarias en relación con una residencia ubicada en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos. El funcionario recordó que quienes llegan a vivir al municipio deben respetar al pueblo y ajustarse a los métodos legales que rigen la adquisición de inmuebles en la zona.

“Quien llegue a residir lo menos que tiene que hacer es respetar al pueblo, Tepoztlán es un pueblo mágico como varios pueblos originarios que tiene sus usos, costumbre y tradiciones”, declaró Salgado Brito, quien subrayó que las propiedades deben adquirirse conforme a la normatividad ejidal o comunal.

El señalamiento surge después de que Fernández Noroña reconociera públicamente que su residencia carece de escrituras. En un video, el legislador explicó que en Tepoztlán no existen títulos de propiedad privada, sino posesiones comunales que pueden cederse por periodos de hasta 99 años. “La gente viene e invierte y tienes una estructura de propiedad privada montada ilegalmente o sin congruencia legal”, indicó, antes de lanzar un reto a los comuneros: “Si ellos pasan por encima de cualquiera, de mí quiero verlo”.

Las irregularidades del inmueble, situado dentro del Parque Nacional El Tepozteco, han generado inconformidad entre comuneros que denuncian que la construcción viola disposiciones locales. De acuerdo con reportes, un grupo de habitantes intentó acercarse a la propiedad, pero fue contenido por elementos de seguridad federal.

El diputado local del PAN en Morelos, Oscar Daniel Martínez Terrazas, afirmó que la casa del senador está custodiada por efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. “Qué en lugar de estar cuidando nuestras calles están defendiendo privilegios, de un senador de la república, que lo único de lo que ha hecho es una actitud porril”, señaló.

El panista también criticó que el senador de Morena mantenga un inmueble con valor millonario sin claridad sobre su adquisición. Recordó que Fernández Noroña cuestionó en su momento la llamada “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto. “De lo que tanto se quejaba, cuando decía que ese dinero se hubiera regresado para becas de estudiantes”, expresó.

Martínez Terrazas pidió que los 12 millones de pesos invertidos en la residencia se destinen a becas para estudiantes de Morelos. “Que esos 12 millones de pesos los regrese, porque por supuesto que son robados porque no ha podido esclarecer su paradero”, afirmó.

El caso mantiene en el centro del debate la situación de las propiedades en Tepoztlán, donde el régimen comunal limita la propiedad privada y exige a los habitantes cumplir con contribuciones y trámites específicos ante el ayuntamiento.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene bajo investigación a Mirna Zavala, exsecretaria de Hacienda estatal, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso surgió tras denuncias sobre la construcción de una residencia valuada en varios millones, cuya procedencia de recursos se encuentra actualmente bajo escrutinio oficial.

Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que la carpeta de investigación ya está abierta y en etapa de integración. Según explicó, se están recopilando todos los elementos probatorios necesarios antes de notificar formalmente a Zavala para que comparezca y rinda su declaración. “Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada”, declaró el fiscal.

Aunque no precisó plazos para obtener resultados concretos, Díaz Rogel aseguró que se busca avanzar con la mayor inmediatez posible y que el proceso se conducirá respetando plenamente la presunción de inocencia de la exfuncionaria. Este principio, subrayó, aplica para cualquier ciudadano investigado.

La investigación coincide con la reciente renuncia de Zavala, ocurrida el 5 de agosto, a su cargo como titular de Hacienda. De manera oficial, la dimisión se vinculó a un proceso de reestructuración administrativa que fusionará las Secretarías de Hacienda y de Administración. Sin embargo, su salida también se da en medio de señalamientos públicos de corrupción que ahora forman parte del expediente que analiza la Fiscalía.

De acuerdo con reportes de medios locales, la residencia señalada como parte de la investigación destaca por su lujo y dimensiones, lo que ha intensificado la atención mediática y ciudadana sobre el caso. La procedencia de los fondos para su construcción es la pieza central de la indagatoria.

El seguimiento de esta investigación es relevante no solo por el perfil del cargo que ocupaba Zavala, sino también por el impacto que pueda tener en la fiscalización de recursos públicos en Morelos. La Fiscalía insiste en que el procedimiento se apegará a derecho y que, una vez reunidos todos los elementos, se procederá conforme lo marcan las leyes vigentes.

Mientras tanto, el caso continúa generando expectación entre la ciudadanía y en el ámbito político estatal, convirtiéndose en uno de los expedientes más vigilados por su combinación de altos cargos, presunto lujo desmedido y el manejo de fondos públicos.

Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal por Morena y exgobernador de Morelos, puso en venta su departamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. La propiedad, adquirida por el exfutbolista en 2007, cuando jugaba para el equipo Chicago Fire, se encuentra a unos pasos del paseo de playa más popular de esa ciudad, en un sector rodeado por tiendas de lujo y exclusivos restaurantes.

El precio original del inmueble fue de 450 mil dólares, según los registros públicos del condado de Cook revisados por Latinus. En marzo de 2025, este departamento fue puesto a la venta a través de distintas plataformas inmobiliarias, con un precio inicial de 400 mil dólares, lo que equivale a poco más de ocho millones de pesos mexicanos. Sin embargo, en los últimos días, el valor ofertado ya bajó a 380 mil dólares, conforme a información proporcionada por tres agencias inmobiliarias con sede en Estados Unidos.

Esta propiedad cobró relevancia pública desde el año 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó al Congreso del estado abrir una investigación contra Blanco por presunto enriquecimiento ilícito. La indagatoria incluyó la revisión de bienes del entonces gobernador, entre ellos, este departamento en territorio estadounidense.

En su más reciente declaración patrimonial, presentada en septiembre de 2024 como parte de sus funciones como legislador federal, Cuauhtémoc Blanco reportó la posesión de cinco propiedades. No obstante, en dicha documentación oficial no se especifica que alguno de esos inmuebles haya sido adquirido ni valuado en dólares.

Este movimiento inmobiliario se suma a un contexto de cuestionamientos legales que rodean al exfutbolista, convertido en figura política, quien ha sido objeto de diversas investigaciones por presuntas irregularidades en su patrimonio.

El departamento, cuya ubicación privilegiada lo convierte en un bien altamente cotizado, representa uno de los bienes más emblemáticos ligados al historial financiero de Blanco desde su etapa como jugador profesional en la liga estadounidense de fútbol.

La situación patrimonial del diputado ha sido observada con atención tanto por las autoridades como por la opinión pública, debido al contraste entre sus ingresos reportados y las propiedades que ha acumulado a lo largo de su carrera en el deporte y la política.