La Asamblea Nacional Popular (ANP), coalición que aglutina diversas demandas sociales, ha decidido convocar a un boicot a las campañas políticas de los candidatos a cargos de elección popular. Esta medida se adopta en respuesta a la falta de avances en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrida hace casi una década, y a la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de reunirse con los afectados antes de las elecciones del 2 de junio.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión de la ANP en las instalaciones de Ayotzinapa, en Tixtla, este pasado fin de semana. Participaron madres y padres de los desaparecidos, estudiantes y diversas organizaciones sociales.

“Nos comprometemos a llevar nuestra protesta a las calles, especialmente instando al boicot de las campañas electorales y del proceso en sí”, reza el comunicado aprobado por la ANP.

El presidente López Obrador ha manifestado que no atenderá a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta después de las elecciones, argumentando que no desea que el encuentro sea utilizado con fines políticos.

La ANP ha advertido que el caso Ayotzinapa no debe ser sujeto a los calendarios electorales, sino a la búsqueda de justicia. Por lo tanto, rechaza esperar hasta después de las elecciones para reunirse con el presidente, como él ha sugerido.

Las organizaciones sociales y los afectados insisten en que la lucha continuará hasta que haya un diálogo real. Además, planean sumar a otros sectores, como campesinos, maestros e indígenas.

La falta de avances en la investigación, según las madres, padres y organizaciones, se debe a la falta de una fiscalía especializada e independiente. Acusan al presidente de frenar las pesquisas cuando estas apuntaron hacia el Ejército mexicano.

Se ha programado una serie de acciones de protesta en la Ciudad de México, desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo, según lo establecido en el documento de la ANP.

En una emboscada perpetrada durante la madrugada en el municipio de China, Nuevo León, presuntos miembros del crimen organizado atacaron a elementos del Ejército Mexicano, dejando como saldo un militar fallecido y dos heridos. La situación se tornó tensa cuando los agresores, aún sin identificar, realizaron una embestida directa contra las Fuerzas Armadas.

Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmó el incidente luego de una reunión de seguridad de las autoridades de diversos niveles de Gobierno. “Es una agresión directa contra elementos de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano”, declaró Arce, detallando que uno de los militares perdió la vida y dos resultaron heridos.

Elementos de Fuerza Civil (Policía estatal) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se movilizaron de inmediato hacia el lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras indagatorias. Durante la operación, se logró asegurar uno de los vehículos utilizados por los agresores, apodado ‘monstruo’, así como un arma larga.

Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, ha experimentado un recrudecimiento de la violencia relacionada con el crimen organizado desde el año pasado. En los primeros 11 meses de 2023, el estado registró mil 218 homicidios, ocupando el décimo lugar a nivel nacional en este lamentable índice.

Arce Jardón también reveló que, hasta el 30 de noviembre, se han contabilizado mil 282 homicidios dolosos en lo que va del año. Atribuyó este aumento a la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada y al crecimiento del narcomenudeo en la región.

“El 93% de los homicidios en el estado están relacionados con el narcomenudeo”, señaló Arce Jardón, destacando que las carpetas de investigación por este delito han aumentado considerablemente en el último año. Además, enfatizó que el 95% de las carpetas de narcomenudeo se inician a partir de detenciones, parte de una estrategia coordinada entre las instancias de seguridad pública de los tres niveles gubernamentales.

Con estos eventos, Nuevo León enfrenta una preocupante realidad de violencia ligada al crimen organizado, desencadenando una serie de desafíos para las autoridades locales en su lucha contra la delincuencia.

Las células delictivas buscan controlar el tráfico y venta de droga: “Son disputas entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada que disputan el tema principal de los puntos de venta de narcomenudeo”.