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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la presencia militar en Sinaloa con el arribo de mil 600 elementos del Ejército mexicano, como parte de una estrategia para atender el incremento de hechos de violencia registrado en la entidad. Con este nuevo despliegue, el número total de efectivos militares en el estado asciende a aproximadamente tres mil, entre los que se incluyen alrededor de 200 integrantes de Fuerzas Especiales.

El envío de los nuevos contingentes se concretó a menos de 24 horas de un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos pertenecientes a ese instituto político. Este contexto marcó la urgencia del refuerzo de seguridad en puntos estratégicos del territorio sinaloense.

De acuerdo con la Sedena, entre los elementos movilizados se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos estados del país. El despliegue se realizó por vía aérea mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales arribaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados zonas clave dentro del esquema de seguridad estatal.

La institución castrense informó que estos efectivos se integran al operativo permanente que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, enfocado en el combate a las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. El objetivo central del refuerzo es fortalecer las capacidades operativas de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, responsables de la seguridad en la entidad.

Según lo detallado por la Sedena, la misión específica del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las tareas asignadas incluyen acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en diferentes zonas del estado, con la finalidad de generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

La dependencia subrayó que las operaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos. El despliegue busca beneficiar directamente a la población sinaloense mediante un entorno de mayor seguridad, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han impactado tanto a actores políticos como a la sociedad en general.

Durante la inauguración de la nueva aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó el respaldo del Gobierno federal para que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina continúen al frente de la vigilancia y operación de las aduanas del país, al destacar resultados concretos en materia de recaudación, control y seguridad fronteriza.

En el acto oficial, la mandataria subrayó que la administración de las aduanas por parte de las Fuerzas Armadas ha permitido un crecimiento significativo en los ingresos públicos. Detalló que, entre 2024 y 2025, la recaudación aduanera pasó de un billón a un billón 250 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 25 por ciento. Este avance, afirmó, es resultado del trabajo coordinado y de la nueva estructura operativa implementada en los puntos de ingreso y salida del país.

Sheinbaum explicó que la titularidad de las aduanas se encuentra distribuida de acuerdo con su ubicación estratégica: la Secretaría de Marina encabeza las aduanas portuarias, mientras que el Ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene bajo su responsabilidad las aduanas terrestres. “Esto no se hubiera podido desarrollar sin el apoyo de los titulares de cada aduana del país”, señaló al reconocer el papel de ambas instituciones en la operación cotidiana y el fortalecimiento del sistema aduanero.

Como parte de los objetivos para el año en curso, la presidenta anunció que la meta gubernamental es alcanzar una recaudación de un billón 500 mil millones de pesos, apoyada en la modernización tecnológica, la centralización de procesos y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la relevancia estratégica de Nuevo Laredo, no solo como uno de los principales cruces comerciales del país, sino también como sede de las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas. Resaltó que su ubicación es clave tanto para la recaudación fiscal como para la seguridad nacional.

Trevilla Trejo también enfatizó la coordinación permanente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en toda la frontera norte, lo que ha permitido garantizar la seguridad en los límites territoriales de ambos países,“con absoluto respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Fernando Marín Mollinedo, detalló la magnitud del nuevo complejo aduanero de Nuevo Laredo. Indicó que cuenta con más de 29 áreas de extensión, una superficie construida superior a los 320 mil metros cuadrados, capacidad operativa para más de mil 100 personas y 600 viviendas destinadas al personal y sus familias. Además, incluye instalaciones recreativas y deportivas, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de quienes forman parte de la institución.

La inauguración de esta infraestructura refuerza el papel de Nuevo Laredo como punto neurálgico del comercio exterior y como eje del nuevo modelo aduanero impulsado por el Gobierno federal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que aumentó a cinco el número de personas fallecidas tras la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. La dependencia también ajustó a cuatro los heridos que permanecen bajo atención médica después del estallido registrado la mañana del sábado en la calle Ignacio López Rayón, justo frente a la base del grupo comunitario.

De acuerdo con la fiscalía, el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando un automóvil explotó a escasos metros del inmueble utilizado por la corporación local. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un “coche bomba” presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o, en su defecto, que la unidad transportara sustancias químicas o explosivas que habrían detonado accidentalmente.

El reporte preliminar detalla que dos de las víctimas mortales eran hombres que viajaban en el mismo vehículo que estalló, mientras que las otras tres pertenecían a la policía comunitaria. En el sitio se encontró una camioneta severamente dañada por la explosión, así como los restos de dos personas. Inicialmente se indicó que ocho integrantes de la corporación comunitaria habían resultado lesionados.

Los heridos fueron trasladados por vía aérea mediante helicópteros estatales y federales hacia hospitales del complejo de Ciudad Salud, en Morelia. Durante su atención médica, tres de ellos murieron debido a la gravedad de sus lesiones, lo que elevó la cifra final de víctimas mortales.

El gobierno de Michoacán aclaró que no reconoce oficialmente a la policía comunitaria de Coahuayana como una institución de seguridad, argumentando que sus integrantes han rechazado someterse a los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), encargado del registro y evaluación de policías y su armamento en México. La agrupación es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, exmiembro de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 para confrontar al cártel de los “Caballeros Templarios”.

En la región, la Guardia Civil de Michoacán opera en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina, debido a la confrontación que, según la Secretaría de Marina, mantienen las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana contra el CJNG por el control de rutas relacionadas con el tráfico de drogas.

El refuerzo de seguridad en la entidad se intensificó el 10 de noviembre, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un acto público. Michoacán cuenta con 270 kilómetros de costa distribuidos entre Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, zona donde la Marina realiza patrullajes constantes debido a su uso como ruta marítima para el traslado de cocaína proveniente de Sudamérica.

Autoridades han identificado que habitantes de diversas comunidades costeras participan en el traslado de estos cargamentos, al recolectar paquetes en altamar y transportarlos posteriormente por vía terrestre o aérea hacia distintos puntos del país o hacia la frontera con Estados Unidos.

El aeródromo Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, Hidalgo, se convirtió en el principal centro de acopio y distribución de ayuda humanitaria tras las intensas lluvias que azotaron la región la semana pasada. Desde este punto estratégico, el Ejército Mexicano organiza el envío de alimentos, medicinas y herramientas hacia las comunidades más afectadas, bajo la supervisión directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El más reciente informe del gobierno federal sobre las afectaciones en Hidalgo reporta 22 personas fallecidas y 20 más no localizadas. Las víctimas se registraron en los municipios de Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Huautla, Jacla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tepeco, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Xochiatopa y Zacualtipán de Ángeles, donde las lluvias y deslaves provocaron severos daños a viviendas, caminos y servicios básicos.

Sheinbaum realizó este sábado un recorrido por el aeródromo, donde constató la organización y los avances de los trabajos de apoyo implementados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Coordinación Nacional de Protección Civil. La presidenta destacó la importancia de mantener la distribución constante de insumos y el restablecimiento de caminos para facilitar la llegada de más ayuda a las zonas incomunicadas.

Como parte de su visita, la mandataria se trasladará en helicóptero hacia el municipio de Huehuetla, uno de los más afectados por el desbordamiento del río Pantepec. En esta localidad, ubicada a más de 150 kilómetros al norte de Pachuca, se reportan más de 300 viviendas y dos escuelas dañadas, además de calles cubiertas de lodo y bienes arrastrados por las corrientes de agua que irrumpieron en casas y comercios.

La presidenta también tiene programado un recorrido por Tianguistengo, municipio de la región serrana que resultó con afectaciones severas. En estas comunidades, el gobierno federal mantiene operativos para evaluar los daños y garantizar la atención inmediata a las familias damnificadas.

Durante su visita a Hidalgo, Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador Julio Menchaca, con quien recorrió diversas zonas afectadas y dialogó con pobladores. “Junto a la presidenta Sheinbaum damos seguimiento al monitoreo y evaluación de las acciones implementadas en los municipios afectados en atención a las familias”, expresó el mandatario estatal en redes sociales, mensaje que acompañó con imágenes donde se observa a la presidenta con un megáfono en mano, rodeada de habitantes y personal de la Marina.

Previo a su llegada a Hidalgo, la presidenta visitó Tamaulipas, donde inspeccionó los niveles del río Pánuco y coordinó las acciones preventivas en las zonas ribereñas. Como parte de su agenda de supervisión, Sheinbaum continuará este domingo 19 de octubre en la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta, en lo que será su sexto día consecutivo recorriendo comunidades afectadas por las lluvias en distintas regiones del país.

Con el aeródromo de Pachuca como base de operaciones y el despliegue permanente de fuerzas federales, el gobierno federal mantiene activos los esfuerzos para acelerar la entrega de ayuda y la recuperación de las zonas dañadas por las intensas precipitaciones.

A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, miles de personas se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para exigir justicia. Padres de los jóvenes, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles bajo la lluvia, con pancartas y consignas que recordaron la noche del 26 de septiembre de 2014.

La marcha inició a las 16:30 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y recorrió cuatro kilómetros hasta llegar al Zócalo capitalino, amurallado y resguardado por elementos de seguridad. La consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” acompañó el avance de los manifestantes. Durante el trayecto, frente al antimonumento dedicado a las víctimas, se realizó un pase de lista en el que se pronunciaron uno a uno los nombres de los desaparecidos.

Mario González, padre de uno de los normalistas, expresó: “Para nosotros no es un día especial, es un día como otro. Es vivir el dolor”. Melitón Ortega, portavoz de las familias, reiteró las demandas al Ejército mexicano para entregar los 800 folios que, aseguran, contienen información clave sobre lo sucedido aquella noche. También solicitaron que el Centro Nacional de Inteligencia se sume a las investigaciones para esclarecer los hechos.

Mientras los familiares mantenían un acto pacífico en el Zócalo, grupos anarquistas vandalizaron negocios y lanzaron petardos y bombas molotov, informó la policía capitalina. A pesar de estos hechos, la movilización se desarrolló con amplia participación de jóvenes que, con mensajes en cartulinas y altavoces, insistieron en mantener viva la memoria de los 43 estudiantes y en no permitir que se repitan violaciones de derechos humanos.

“Es importante que empecemos a alzar la voz de nuevo, no podemos seguir permitiendo que el Estado nos siga reprimiendo. Si seguimos callados van a volver a pasar este tipo de sucesos (…) Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, expresó Itai Paulina, de 22 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido desde el inicio de su gobierno nuevas líneas de investigación que conduzcan a conocer el paradero de los estudiantes. Para Ortega, la mandataria es quien puede “cerrar una herida que no se ha cerrado, que sigue abierta”.

Las actividades de protesta comenzaron el 17 de septiembre y culminaron con esta marcha, aunque las familias anunciaron que seguirán saliendo cada día 26 del mes en Ayotzinapa para exigir justicia. Esta semana, cerca de dos mil personas se manifestaron frente a la Secretaría de Asuntos Exteriores para pedir la extradición de Tomás Zerón desde Israel y de Ulises Bernabé desde Estados Unidos. La desaparición de los 43 fue reconocida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un crimen de Estado.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió de manera cautelar los derechos partidarios de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. La medida se da en el contexto de una investigación que involucra al exfuncionario con el grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que pesa sobre él una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.

La CNHJ informó mediante un comunicado que el procedimiento fue iniciado de oficio este jueves, luego de confirmar que Bermúdez Requena se afilió al partido en 2022 y que su registro como “Protagonista del Cambio Verdadero” continúa vigente. De acuerdo con el comunicado, hay elementos suficientes para considerar que ha incurrido en violaciones a los Documentos Básicos del partido.

La suspensión de sus derechos partidarios se mantendrá vigente mientras se desarrolla el procedimiento sancionador, que podría derivar en su expulsión definitiva. La CNHJ indicó que esta medida se toma ante la gravedad de los señalamientos y como parte del compromiso del partido con la legalidad y la rendición de cuentas.

El 13 de noviembre de 2024, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, declaró públicamente que Bermúdez encabezaba “La Barredora”, brazo operativo del CJNG en la región, grupo que se fragmentó a finales de diciembre de 2023. La desarticulación de esta célula provocó un repunte significativo de violencia en la entidad. Poco después de esas declaraciones, Bermúdez presentó su renuncia al cargo.

La orden de aprehensión contra el ex funcionario fue emitida en febrero. Según el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el día en que se giró la orden, Bermúdez huyó del país vía aérea desde Mérida, Yucatán, con escala en Panamá, y posteriormente voló a España. Actualmente, de acuerdo con las autoridades militares, se encuentra en Brasilia, Brasil, y la Interpol trabaja en conjunto con el gobierno mexicano para su localización y captura.

Los archivos filtrados por el colectivo Guacamaya, y provenientes del Ejército mexicano, revelan que desde 2022 Bermúdez Requena era investigado por su presunta colaboración con el CJNG bajo el alias de “El Comandante H”.

Frente a las repercusiones políticas del caso, la dirigencia nacional de Morena encabezada por Luisa María Alcalde se pronunció en conferencia de prensa, destacando que “no hay impunidad” dentro del partido y que debe haber “una investigación tope hasta donde tope”. Aseguró que nadie está protegido y que la diferencia con la oposición es el compromiso con la verdad y la justicia.

En tanto, la bancada de Morena en el Senado expresó su respaldo al senador Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco durante la gestión de Bermúdez. A través de un comunicado, los legisladores defendieron la trayectoria del coordinador parlamentario y afirmaron que ha sido objeto de una campaña de desprestigio. Destacaron su liderazgo en el Congreso y su contribución a las reformas de la Cuarta Transformación, siempre “apegado a los valores del movimiento”.

Una emboscada a fuerzas de seguridad en la comunidad de El Naranjo, Badiraguato, Sinaloa, terminó en tragedia. Dos niñas perdieron la vida en medio del fuego cruzado entre un grupo armado y elementos del Ejército mexicano. La escena dejó también a un niño de 12 años y sus padres gravemente heridos.

El ataque ocurrió mientras autoridades federales y estatales realizaban un operativo. Al ser agredidos por sujetos fuertemente armados, se desató un enfrentamiento. En ese preciso instante, una familia transitaba por la zona. Las menores murieron tras ser alcanzadas por los disparos. Gael, Saúl y Anabel, los tres sobrevivientes de la familia, fueron trasladados vía aérea a una clínica de Culiacán.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció públicamente. “Nos indigna”, expresó en una declaración que dejó clara su postura de cero tolerancia. “Expreso mi profunda indignación y repruebo terminantemente los dolorosos hechos de violencia que padece Sinaloa, sobre todo cuando las víctimas son inocentes”, afirmó. Subrayó que no habrá impunidad y que se actuará hasta las últimas consecuencias.

Las fuerzas de seguridad lograron detener a cuatro personas presuntamente involucradas en el ataque. El operativo es parte de una serie de acciones que buscan frenar los recientes brotes de violencia que afectan distintas zonas del estado, marcadas por enfrentamientos, bloqueos y ejecuciones.

Durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, Rocha Moya defendió la estrategia estatal de seguridad. Indicó que más de mil personas han sido detenidas en lo que va del año, con decomisos de armas, drogas y la desarticulación de laboratorios clandestinos.

Sinaloa sigue siendo escenario de una lucha interna entre facciones del crimen organizado. Desde el inicio del conflicto entre “La Chapiza” y “La Mayiza”, el número de menores de edad fallecidos en hechos violentos asciende a 39. Las cifras estremecen.

En sus palabras finales, el mandatario estatal reafirmó su compromiso: “No bajaremos la guardia, seguiremos firmes, como todos los días, en el combate sin tregua a la violencia”.

La tragedia de El Naranjo no solo deja una familia rota, también suma una dolorosa página más en la historia reciente del estado. Las vidas perdidas de las dos niñas resuenan como una alarma que exige atención urgente, justicia contundente y acciones que vayan más allá de las palabras. El dolor permanece. La indignación crece.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió las alarmas este viernes con la publicación de la Recomendación 175VG/2025, en la que responsabiliza al Ejército mexicano de “graves violaciones a los derechos humanos” tras un operativo que terminó en tragedia. El hecho ocurrió en octubre pasado, cuando soldados abrieron fuego contra un vehículo que transportaba migrantes en el estado de Chiapas. Seis personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad.

La CNDH confirmó que los migrantes, provenientes de Egipto, El Salvador y Perú, fueron víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además de los fallecidos, nueve personas resultaron heridas y 19 más sobrevivieron sin lesiones. La Comisión fue clara al señalar que los militares involucrados no utilizaron métodos menos letales antes de disparar y que tampoco justificaron que el uso de armas de fuego fuera inevitable.

Como parte de su resolución, la CNDH exigió a la Sedena la reparación del daño a las víctimas y la creación de un protocolo de atención específico para personas migrantes. También se identificó a dos soldados como posibles responsables directos del ataque, por lo que se espera que haya acciones legales en su contra.

Este suceso tuvo lugar el 1 de octubre, el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum, mientras los militares realizaban patrullajes en una región atravesada por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos criminales que se enfrentan por el control de las rutas de tráfico de drogas y personas en el sur del país.

Pese a que la presidenta Sheinbaum ha manifestado su negativa a militarizar aún más la frontera sur, su administración ha mantenido la estrategia de despliegue militar heredada del gobierno anterior. En su punto más alto, más de 36 mil elementos del Ejército participaron en tareas de control migratorio durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El llamado de la CNDH se suma a una creciente preocupación nacional e internacional sobre el trato a las personas migrantes que transitan por México. A medida que aumenta la presión desde Estados Unidos para reforzar los controles migratorios, la política de seguridad en la frontera sur se encuentra bajo la lupa.

La tragedia en Chiapas marca un punto de inflexión. Las instituciones mexicanas están obligadas a actuar con responsabilidad y apego a los derechos humanos, especialmente en un contexto tan delicado como el tránsito migrante en territorios conflictivos.

Este lunes, la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue escenario de intensos enfrentamientos armados tras la detención de Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste. Debido a la violencia desatada, el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl cerró sus operaciones y el consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad. 

El Consulado de EE.UU. informó que recibió reportes de múltiples tiroteos en distintos puntos de la ciudad, por lo que recomendó al personal gubernamental resguardarse. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que las autoridades atendieron reportes de detonaciones en la colonia Nueva Era y en la colonia Buena Vista, donde se registraron situaciones de alto riesgo.

Viva Aerobus anunció a través de redes sociales que el aeropuerto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por motivos de seguridad y bloqueos en sus inmediaciones. La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, confirmó la cancelación de los vuelos programados y anunció que serán reprogramados para el martes 4 de febrero.

“El Ricky” tenía dos órdenes de aprehensión en su contra por homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos, así como por daños calificados, privación de la libertad y homicidio calificado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo identificó como el segundo hombre más importante dentro del grupo criminal, solo por debajo de Juan Cisneros Treviño, alias “Juanito Treviño”.

Ante los hechos de violencia, la alcaldesa de Nuevo Laredo exhortó a los ciudadanos a no salir de sus casas y mantenerse resguardados hasta que la situación se normalice. Mientras tanto, las autoridades continúan con operativos de seguridad para restablecer el orden en la ciudad.