Un total de 200 soldados del Ejército Mexicano han llegado a Michoacán para apoyar la seguridad del sector limonero en la región de Apatzingán, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este despliegue se enmarca dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional implementada por la administración de Claudia Sheinbaum.

Los militares serán responsables de asegurar todas las fases del proceso del limón, desde su cosecha hasta la venta, lo que incluye la producción, el empaque y el transporte del producto. Esta información fue revelada en un comunicado oficial de la Sedena, que también mencionó el apoyo de otros organismos en la región.

Además de los elementos del Ejército, en la zona han llegado personal de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, y representantes de diversas secretarías, incluyendo la de Gobernación y la de Agricultura de Michoacán.

Los efectivos se distribuirán en varios municipios, como Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Parácuaro y Tepalcatepec. Este apoyo es crucial, ya que en lo que va del año, los productores de limón han enfrentado severas interrupciones en sus actividades debido a la influencia del crimen organizado. Los agricultores han denunciado extorsiones, donde los cárteles les exigen pagos de hasta 3 pesos por cada kilo de limón producido, así como infiltraciones en las empresas de empaque a través de personal administrativo.

El Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión, ha sido reforzado con medidas de seguridad a pocos días de que Claudia Sheinbaum Pardo se convierta en la primera mujer en asumir la presidencia de México. El evento protocolario, programado para el 1 de octubre, ha motivado la instalación de vallas y filtros de seguridad para prevenir manifestaciones y bloqueos en los alrededores del recinto legislativo.

Este sábado, las inmediaciones del Congreso amanecieron bajo estricta vigilancia, con elementos de Resguardo Parlamentario y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) controlando los accesos. Se espera que en los próximos días, la seguridad sea reforzada por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes tomarán el control de la denominada “zona cero” de cara al importante acto protocolario.

Los accesos peatonales, que incluyen las salidas de la estación del Metro Candelaria, así como las avenidas Eduardo Molina y Congreso de la Unión, están siendo controlados por elementos de Resguardo Parlamentario. Los filtros implementados por la SSC están situados en accesos clave como Puerta 8, el Helipuerto y Puerta Congreso.

También se han colocado controles en los accesos de Puerta 6 y el Estacionamiento 1, ubicados en la avenida Congreso de la Unión, así como en el Estacionamiento 3, en Eje 3 Oriente. Estas medidas son parte del dispositivo de seguridad previo a la ceremonia en la que Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia.

Al evento, además de Sheinbaum y el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, se espera la presencia de al menos 16 mandatarios de otras naciones, incluyendo a John Briceño, Primer Ministro de Belice; Luis Alberto Arce, Presidente de Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil; Gabriel Boric, Presidente de Chile; Gustavo Petro, Presidente de Colombia; y Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los nombramientos del General de División Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, como próximo secretario de la Defensa Nacional, y del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles como secretario de Marina. Trevilla Trejo, actualmente Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa, y Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, asumirán estos importantes cargos.

Sheinbaum explicó que las designaciones fueron el resultado de una revisión minuciosa de los perfiles más adecuados, tras mantener reuniones con los actuales secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a quienes agradeció por su labor y compromiso.

Según el comunicado oficial, el nombramiento de Trevilla Trejo se realizó conforme al Artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mientras que el del almirante Morales Ángeles se hizo en conformidad con el Artículo 6, fracción II, de la Ley Orgánica de la Armada de México. La presidenta electa destacó la “vocación de servicio y lealtad a la patria” de ambos.

Trevilla Trejo, oriundo de Ciudad del Carmen, Campeche, tiene una larga trayectoria en el Ejército. Egresó del Heroico Colegio Militar como Subteniente de Caballería en 1978 y ha ocupado diversos cargos de mando en regimientos de caballería y zonas militares. Entre sus roles más destacados está su servicio como agregado militar en las embajadas de México en Alemania y Polonia, así como su actual posición como Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. A lo largo de su carrera ha sido condecorado en varias ocasiones, incluyendo reconocimientos por su perseverancia y por su participación en la campaña contra el narcotráfico y en el Plan DN-III-E.

Por su parte, el almirante Morales Ángeles, originario de Oaxaca, ingresó a la Armada de México en 1983 y se graduó con honores en Ciencias Navales. A lo largo de su carrera, ha ocupado importantes cargos, como comandante de diversas zonas navales, director del Centro de Estudios Superiores Navales y agregado naval adjunto en la Embajada de México en Estados Unidos. Su formación incluye estudios en seguridad nacional y administración naval, así como diplomados en instituciones tanto nacionales como extranjeras.

El 28 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció el despliegue de 200 agentes élite del Ejército Mexicano en Culiacán, Sinaloa, elevando a 400 el número de efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la región. Este operativo se implementó tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Moreno en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, el 25 de julio, ambos considerados líderes del Cártel de Sinaloa.

Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la Novena Zona Militar, indicó que podría surgir una disputa por el liderazgo del cártel entre las facciones de Los Chapitos, El Mayo Zambada y Aureliano “El Guano” Guzmán López, hermano de El Chapo. No obstante, afirmó que la situación en Culiacán se mantiene tranquila.

La Agencia para el Control de Drogas (DEA) de EE.UU. en su última Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, describe al Cártel de Sinaloa como una organización criminal sin un líder central, operando bajo un modelo “paraguas” que cubre cuatro facciones cooperativas pero independientes.

Los 200 agentes desplegados recientemente forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales y la Brigada de Fusileros Paracaidistas, reconocidos por su rapidez y capacidad de reacción. Llegaron al Aeropuerto Internacional de Culiacán en dos aeronaves, una de la Guardia Nacional y otra de la Fuerza Aérea Mexicana, equipados con rifles de asalto y fusiles Barret calibre 50.

El objetivo del despliegue es inhibir actividades ilícitas y garantizar la seguridad en la región tras la captura de “El Mayo” y “Guzmán López”. La Sedena aseguró que los militares realizarán tareas de disuasión, prevención y patrullajes, respetando los derechos humanos y la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.

Hasta la mañana del 28 de julio, no se habían reportado reacciones violentas por parte del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses consideran la captura de “El Mayo” y “Guzmán López” un golpe significativo para la estructura del cártel, sumándose a la detención de otros líderes como Joaquín “El Chapo” Guzmán y su hijo Ovidio Guzmán López.

La Asamblea Nacional Popular (ANP), coalición que aglutina diversas demandas sociales, ha decidido convocar a un boicot a las campañas políticas de los candidatos a cargos de elección popular. Esta medida se adopta en respuesta a la falta de avances en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrida hace casi una década, y a la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de reunirse con los afectados antes de las elecciones del 2 de junio.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión de la ANP en las instalaciones de Ayotzinapa, en Tixtla, este pasado fin de semana. Participaron madres y padres de los desaparecidos, estudiantes y diversas organizaciones sociales.

“Nos comprometemos a llevar nuestra protesta a las calles, especialmente instando al boicot de las campañas electorales y del proceso en sí”, reza el comunicado aprobado por la ANP.

El presidente López Obrador ha manifestado que no atenderá a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta después de las elecciones, argumentando que no desea que el encuentro sea utilizado con fines políticos.

La ANP ha advertido que el caso Ayotzinapa no debe ser sujeto a los calendarios electorales, sino a la búsqueda de justicia. Por lo tanto, rechaza esperar hasta después de las elecciones para reunirse con el presidente, como él ha sugerido.

Las organizaciones sociales y los afectados insisten en que la lucha continuará hasta que haya un diálogo real. Además, planean sumar a otros sectores, como campesinos, maestros e indígenas.

La falta de avances en la investigación, según las madres, padres y organizaciones, se debe a la falta de una fiscalía especializada e independiente. Acusan al presidente de frenar las pesquisas cuando estas apuntaron hacia el Ejército mexicano.

Se ha programado una serie de acciones de protesta en la Ciudad de México, desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo, según lo establecido en el documento de la ANP.

En una emboscada perpetrada durante la madrugada en el municipio de China, Nuevo León, presuntos miembros del crimen organizado atacaron a elementos del Ejército Mexicano, dejando como saldo un militar fallecido y dos heridos. La situación se tornó tensa cuando los agresores, aún sin identificar, realizaron una embestida directa contra las Fuerzas Armadas.

Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmó el incidente luego de una reunión de seguridad de las autoridades de diversos niveles de Gobierno. “Es una agresión directa contra elementos de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano”, declaró Arce, detallando que uno de los militares perdió la vida y dos resultaron heridos.

Elementos de Fuerza Civil (Policía estatal) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se movilizaron de inmediato hacia el lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras indagatorias. Durante la operación, se logró asegurar uno de los vehículos utilizados por los agresores, apodado ‘monstruo’, así como un arma larga.

Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, ha experimentado un recrudecimiento de la violencia relacionada con el crimen organizado desde el año pasado. En los primeros 11 meses de 2023, el estado registró mil 218 homicidios, ocupando el décimo lugar a nivel nacional en este lamentable índice.

Arce Jardón también reveló que, hasta el 30 de noviembre, se han contabilizado mil 282 homicidios dolosos en lo que va del año. Atribuyó este aumento a la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada y al crecimiento del narcomenudeo en la región.

“El 93% de los homicidios en el estado están relacionados con el narcomenudeo”, señaló Arce Jardón, destacando que las carpetas de investigación por este delito han aumentado considerablemente en el último año. Además, enfatizó que el 95% de las carpetas de narcomenudeo se inician a partir de detenciones, parte de una estrategia coordinada entre las instancias de seguridad pública de los tres niveles gubernamentales.

Con estos eventos, Nuevo León enfrenta una preocupante realidad de violencia ligada al crimen organizado, desencadenando una serie de desafíos para las autoridades locales en su lucha contra la delincuencia.

Las células delictivas buscan controlar el tráfico y venta de droga: “Son disputas entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada que disputan el tema principal de los puntos de venta de narcomenudeo”.