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De cara al proceso electoral de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció un cambio estructural en la forma en que definirá a quienes lo representarán en las urnas. La dirigencia nacional informó que dejará atrás los métodos tradicionales de designación interna para dar paso a un esquema en el que la ciudadanía tendrá un papel central en la elección de candidaturas.

Durante un evento partidista, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, explicó que el nuevo mecanismo contempla varias etapas diseñadas para medir el posicionamiento real de quienes aspiren a competir por un cargo público. El modelo incluye un registro inicial, seguido de entrevistas, un periodo de recolección de firmas y una serie de presentaciones en distintos foros, antes de avanzar a una fase de debates públicos entre finalistas.

El proceso culminará con una decisión directa de la ciudadanía, que será la encargada de definir quién obtiene la candidatura. Para participar, los interesados deberán completar su inscripción mediante una aplicación digital habilitada para este fin.

Romero Herrera detalló que este rediseño busca sustituir las prácticas que durante años dominaron la vida interna del partido, cuando las candidaturas se resolvían en convenciones o por determinación de las dirigencias. En contraste, la nueva ruta pone énfasis en el nivel de reconocimiento público de cada aspirante como criterio principal.

“Si quieres decididamente competir, medirte; si quieres defender a México, entrarás a un esquema real de medición entre los que tienen las aspiraciones; si acabas siendo el más reconocido, entonces vas a ser nuestro candidato”, afirmó el dirigente.

El líder panista también subrayó que no habrá espacio para decisiones centralizadas en las cúpulas del partido. “La decisión de estas candidaturas también quedará en manos de la gente que decida quién quiere que la represente, así de fácil, no habrá imposiciones cupulares, la gente decide (…) será una decisión ciudadana empoderando a otros ciudadanos, esta fue la visión original de nuestros fundadores”, señaló.

Además, estableció un criterio estricto respecto a los perfiles que podrán participar en este nuevo esquema. “Aquí no permitiremos ni la más mínima aproximación de personas que tengan que ver con el crimen organizado. Aquí ni en la última regiduría de este país serán aceptados”, sostuvo.

La dirigencia del PAN enmarca esta estrategia como parte de su preparación rumbo a 2027, con el objetivo de fortalecer su competitividad electoral frente a Morena, en un escenario donde busca recuperar terreno político a través de un modelo que prioriza la participación ciudadana en la toma de decisiones internas.

Legisladores de oposición en el Senado de la República de México pidieron al gobierno federal intensificar el combate contra el crimen organizado para evitar que la situación de seguridad en el país sea utilizada como argumento para una posible intervención extranjera. Los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano afirmaron que la defensa de la soberanía nacional es una prioridad, pero insistieron en que el Estado debe actuar con mayor contundencia frente al narcotráfico.

El senador Ricardo Anaya señaló que México debe responder con firmeza ante cualquier amenaza externa, al tiempo que exigió al gobierno federal reforzar su estrategia de seguridad. “Siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país frente a cualquier amenaza extranjera, eso no debe quedar ninguna duda”, declaró. No obstante, añadió que también se debe combatir “de manera frontal al crimen organizado” para evitar que la violencia sea utilizada como justificación para acciones desde el exterior.

El legislador panista sostuvo que la estrategia contra los grupos delictivos debe centrarse en labores de inteligencia y en el desmantelamiento de las estructuras criminales. En ese contexto, planteó la exigencia de que el partido gobernante rompa cualquier vínculo con organizaciones del narcotráfico y termine con posibles alianzas con estos grupos.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta, Clemente Castañeda, advirtió que las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos no deben tomarse a la ligera. El senador explicó que el comunicado difundido por la Casa Blanca describe una postura firme frente a los cárteles y plantea la posibilidad de acciones directas contra las organizaciones criminales. 

“Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral, de exterminio de los mismos y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México”, expresó el legislador, quien reiteró que el respeto a la soberanía es un principio inalienable del Estado mexicano.

El debate surgió después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que México se ha convertido en el epicentro del tráfico de drogas en América y aseguró que su gobierno hará todo lo necesario para proteger a su país frente al avance del narcotráfico.

En medio de estas tensiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado la defensa de la soberanía nacional ante cualquier intento de intervención extranjera. Las declaraciones de legisladores y autoridades se producen en un contexto marcado por el combate a organizaciones criminales que operan en el país, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El posicionamiento de los senadores refleja la discusión política que se mantiene en torno a la estrategia de seguridad y a las implicaciones que las declaraciones del gobierno estadounidense podrían tener en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo enfrenta debilidad política y carece de consenso, al señalar que no logró respaldo ni siquiera entre los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En declaraciones a medios, Romero aseguró que la iniciativa presenta fracturas desde su origen y cuestionó la falta de acuerdos políticos para consolidarla. “Nació muerta esa reforma; ha llegado a tal nivel de soberbia, que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”, expresó. También indicó que existen posturas críticas dentro del propio partido oficialista, lo que, según dijo, evidencia divisiones internas frente al proyecto.

El dirigente panista advirtió que, aunque el país requiere cambios en materia electoral, su partido no respaldará ninguna propuesta que omita mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos. Señaló que el proyecto quedaría incompleto si no contempla sanciones y controles específicos para evitar el financiamiento ilícito en campañas, candidaturas y estructuras electorales.

Como parte de la postura del PAN, Romero planteó cuatro ejes que considera indispensables en cualquier reforma electoral. Entre ellos, prohibir el uso de recursos ilegales en campañas políticas, impedir la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado, frenar la violencia política que ha incluido asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral de grupos delictivos.

El dirigente también reiteró que las bancadas del PAN en el Congreso no acompañarán la iniciativa si no se integran estos elementos. Subrayó que su partido reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, pero insistió en que cualquier modificación debe garantizar condiciones de legalidad, seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

Además, el PAN presentó una propuesta alterna que incluye un modelo mixto de representación legislativa para evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el Congreso. También propuso establecer una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, con el objetivo de asegurar mayor respaldo ciudadano al candidato ganador.

Entre los planteamientos también figura la creación de un registro oficial de compromisos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de dar seguimiento a las promesas realizadas por los aspirantes durante el proceso electoral.

Otra medida planteada es la implementación de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las que la ciudadanía participe directamente en la selección de candidaturas, en lugar de que estas decisiones recaigan únicamente en las estructuras internas de los partidos.

Finalmente, Romero destacó la importancia de fortalecer la autonomía del INE como autoridad electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto en el que se prevé la presentación de una iniciativa de reforma electoral en el Congreso. El PAN sostuvo que cualquier transformación del sistema debe incluir medidas claras para impedir la influencia del crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó al Senado de la República que su gobierno mantiene en marcha cuatro operaciones de seguridad coordinadas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado transnacional.

Estas acciones forman parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado el 3 de septiembre de 2025 bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Una de las estrategias es la Iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte, realizada en coordinación con la Guardia Costera estadounidense. Esta operación tiene como objetivo detectar y combatir el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas en el océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Otra acción es la operación “Albatros”, desarrollada junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que consiste en operativos aéreos y marítimos en aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva de México. Como resultado, durante 2024 se aseguraron 11 mil 816.44 kilogramos de cocaína, además de 11 embarcaciones, un semisumergible y 25 personas.

También está activa la operación “Neptuno”, implementada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el litoral del Pacífico mexicano. Esta operación permitió asegurar 527.06 kilogramos de cocaína en 2024 y 3 mil 556.20 kilogramos en 2025.

La cuarta estrategia es la operación “Barracuda”, igualmente enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el Pacífico, mediante el despliegue de unidades de superficie en coordinación con autoridades estadounidenses.

Como parte de estos acuerdos, se creó el Grupo de Implementación de Seguridad, encargado de evaluar avances en el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, los flujos financieros ilícitos y el robo de combustibles.

Además, la cooperación ha permitido que la Secretaría de Marina reciba equipo especializado, incluyendo protección para intervenciones en laboratorios clandestinos y analizadores portátiles.

También se han desarrollado programas de capacitación para fortalecer las capacidades operativas del personal naval, como parte de la estrategia conjunta entre ambos países para reforzar la seguridad y combatir delitos transnacionales.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, hizo un llamado a implementar una estrategia integral que enfrente directamente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, al señalar que la respuesta del Estado debe incluir a quienes operan como cómplices o facilitadores desde cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el combate a la delincuencia no debe limitarse a quienes participan de forma directa en actividades armadas, sino también a quienes colaboran desde el interior de las instituciones. “Me refiero a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles; a esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados, también tienen que tener todo el peso del Estado”, expresó.

El posicionamiento del PAN ocurre tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este contexto, Lixa reconoció la actuación de las fuerzas armadas, destacando su desempeño durante el operativo. “Han demostrado valentía, disciplina, ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta”, declaró.

El legislador también expresó solidaridad con las familias de los elementos militares que fallecieron durante la operación, y reiteró el respaldo de su bancada a las fuerzas de seguridad. No obstante, señaló que, además de las acciones operativas, es necesaria una estrategia preventiva más amplia en distintas regiones, incluyendo Jalisco.

El coordinador parlamentario subrayó que el PAN ha insistido en la necesidad de una política de seguridad que actúe desde el origen del problema y no únicamente mediante operativos. Indicó que contar con información oportuna es un factor clave para lograr la pacificación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones públicas representa un factor determinante en la expansión de estas organizaciones. “Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, afirmó.

El legislador agregó que el tamaño y capacidad operativa de los cárteles, así como delitos como la extorsión en distintas entidades, reflejan la posible existencia de funcionarios que actúan como facilitadores o colaboradores. Según explicó, estos vínculos permiten el flujo de información o facilitan operaciones ilícitas.

Lixa también enfatizó que la neutralización de un líder criminal no implica la desaparición de la organización. “Capturar, abatir o neutralizar a una cabeza de un cártel no lo soluciona todo”, señaló, al reiterar la necesidad de una estrategia estructural que incluya acciones contra la infiltración criminal en el aparato gubernamental y fortalezca las instituciones frente a la delincuencia organizada.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, construyó durante más de tres décadas una trayectoria dentro del narcotráfico que lo llevó a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un grupo con presencia en todo México y operaciones en al menos 40 países, cifra equiparable a la del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, Oseguera pasó más de la mitad de su vida vinculado al tráfico de drogas. Su incursión en el crimen organizado comenzó con el Cártel de los Valencia, también denominado Cártel del Milenio, grupo asentado en Michoacán dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas. Su relación con esta organización marcó también su entorno personal al contraer matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de ese clan.

Conforme fueron detenidos o abatidos los líderes de los Valencia en la década de los 2000, Oseguera escaló posiciones. El punto de inflexión ocurrió tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y socio de los Valencia, en julio de 2010. A partir de entonces, “El Mencho” se separó de los remanentes del grupo y fundó el CJNG, organización que la DEA describe como una de las más poderosas, influyentes y violentas.

Desde 2014 su nombre figura en una corte federal en el Distrito de Columbia por múltiples cargos de narcotráfico. La acusación lo señala por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por el tráfico de metanfetaminas hacia Australia y territorio estadounidense. 

Bajo su liderazgo, el CJNG fue identificado como proveedor relevante de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos, motivo por el cual Washington lo incluyó desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En la lista de fugitivos prioritarios de la DEA, Oseguera ocupaba el primer lugar con una recompensa de 15 millones de dólares; en México, la Fiscalía General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Antes de consolidarse como líder criminal, tuvo antecedentes penales en Estados Unidos: fue detenido en 1986 en San Francisco por portación de arma de fuego y posesión de objetos robados, y años después enfrentó cargos por distribución de heroína. Cumplió tres años de condena y fue deportado a México.

La última ocasión en que estuvo cerca de ser capturado públicamente ocurrió en mayo de 2015, cuando un operativo fue repelido y un helicóptero militar fue derribado. Su detención definitiva se produjo este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 300 kilómetros de su lugar de origen, en una operación de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Tras su caída, queda una estructura criminal que, según la DEA, dispone de amplios recursos financieros, opera en decenas de países y ha mantenido influencia mediante redes de corrupción y violencia sistemática.

La discusión sobre la reforma electoral sigue abierta en el Senado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará su iniciativa, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco, informó que aún no existe consenso y que el proceso de análisis continúa.

Durante la sesión del pleno, Velasco explicó que su bancada está a la espera del documento oficial para definir postura. Señaló que, si la propuesta fortalece la democracia y beneficia al país, contará con su respaldo. Mientras tanto, confirmó que el PVEM ha sostenido planteamientos específicos ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ante el presidente de la comisión presidencial encargada del tema, Pablo Gómez.

Entre los puntos impulsados por el Partido Verde destacan la implementación del voto electrónico y la posibilidad de que jóvenes de 16 años participen en elecciones. También proponen mayores controles para impedir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, así como restricciones más estrictas y mecanismos de supervisión adicionales. Otro eje planteado es la reducción de prerrogativas a partidos políticos, siempre bajo un esquema equitativo.

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Velasco reconoció que existen diversas alternativas para modificar el sistema de legisladores plurinominales; sin embargo, ninguna ha logrado respaldo generalizado hasta ahora.

En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará su propia iniciativa de reforma electoral. Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños detallaron que su propuesta busca sancionar con mayor severidad la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

El planteamiento central establece que, si se comprueba financiamiento ilícito en una contienda, la elección deberá anularse sin importar la diferencia de votos. Además, el partido y el candidato involucrados quedarían impedidos para competir en una eventual elección extraordinaria. En casos donde la injerencia criminal sea generalizada, incluso se contempla la cancelación del registro del partido político implicado.

En materia de representación proporcional, los legisladores panistas proponen un modelo híbrido: 100 curules asignadas a primeras minorías en distritos federales y otras 100 mediante listas de partido, integradas de forma alternada.

Con la presentación de la iniciativa presidencial en puerta y propuestas ya sobre la mesa, el Senado mantiene el debate activo sin acuerdos definitivos hasta el momento.

El Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto en México.

El trámite fue gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la embajada estadounidense y notificado al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, ese órgano jurisdiccional determinó no conceder protección judicial al exmandatario ni a cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en su contra.

García Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. De acuerdo con fuentes federales citadas por el diario Reforma, la Fiscalía General de la República impulsó la activación del mecanismo diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos. A esa se suma una segunda orden dictada en febrero de 2024.

El exgobernador, quien dirigió Tamaulipas entre 2016 y 2022 y posteriormente buscó una candidatura federal en 2024, se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Reportes de medios locales señalan que reside en Estados Unidos, donde hasta el momento no se ha informado sobre su detención ni sobre el inicio formal de un procedimiento de entrega a México.

La resolución judicial más reciente sostiene que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal y que las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía están justificadas en esta etapa procesal. Sin embargo, la primera orden de arresto permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de un recurso promovido por su defensa.

En 2025, García Cabeza de Vaca declaró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra. La fiscalía respondió que dicha notificación fue suspendida de manera temporal por determinaciones judiciales, no cancelada de forma definitiva.

A través de un comunicado difundido por su equipo legal, el exmandatario aseguró contar con protección judicial frente a cualquier intento de detención y adelantó que impugnará la decisión más reciente ante un tribunal superior. Mientras tanto, la solicitud de extradición queda en manos de las autoridades estadounidenses, que aún no han informado si darán curso al requerimiento presentado por el gobierno mexicano.

En medio de los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta influencia del crimen organizado en el gobierno mexicano, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó de manera categórica dichas acusaciones. Desde el Poder Legislativo, el líder parlamentario afirmó que, desde el inicio de su mandato, la jefa del Ejecutivo federal ha mantenido una confrontación permanente contra los cárteles y las estructuras delictivas.

Durante una conferencia de prensa, Monreal sostuvo que la presidenta ha demostrado, desde el primer día de su gestión, una política de seguridad sin concesiones frente al crimen organizado. Señaló que no existe tregua alguna y que la actuación del gobierno federal se refleja en resultados medibles, los cuales, afirmó, respaldan la narrativa de una ofensiva constante contra los grupos criminales. En ese contexto, calificó como alejadas de la realidad las declaraciones del mandatario estadounidense que sugieren que México está gobernado por organizaciones del narcotráfico.

El coordinador de los diputados de Morena subrayó que Claudia Sheinbaum cuenta con el carácter necesario para enfrentar un fenómeno que, dijo, se originó y se profundizó durante administraciones anteriores. En su exposición, insistió en que la actual presidenta está dando la batalla en materia de seguridad pública, enfrentando un problema complejo heredado de las últimas dos décadas, sin retrocesos ni ambigüedades.

Respecto a la relación bilateral y a los comentarios provenientes de Washington, Monreal consideró que las posturas del presidente Trump no son nuevas y forman parte de una línea discursiva que ha mantenido desde hace tiempo hacia distintos actores mexicanos. Afirmó que estas expresiones son respetadas como posiciones propias del gobierno estadounidense, aunque no compartidas por la administración mexicana ni por la mayoría legislativa.

En ese mismo marco, el diputado morenista garantizó que dentro de la llamada Cuarta Transformación no existe preocupación alguna ante la posibilidad de que tropas de Estados Unidos ingresen a territorio mexicano con el aval de políticos nacionales. Recalcó que no hay condiciones ni intención para que ocurra un escenario de esa naturaleza.

Sobre las voces que han planteado abiertamente una intervención extranjera para combatir al crimen organizado, Monreal señaló que este tipo de pronunciamientos suelen surgir en contextos de tensión internacional. Indicó que, en ocasiones, sectores opositores o actores movidos por una postura radical aprovechan coyunturas globales para promover escenarios extremos, incluso algunos de origen mexicano que, lamentó, llegan a plantear una invasión.

Finalmente, Ricardo Monreal afirmó que desde la Cámara de Diputados, la bancada de Morena mantendrá una postura de seriedad y prudencia, con una defensa firme de la soberanía nacional y de la independencia de México. Enfatizó que la prioridad del bloque legislativo es respaldar las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad, sin ceder ante presiones externas ni discursos que, a su juicio, distorsionan la realidad del país.