El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, hizo un llamado a implementar una estrategia integral que enfrente directamente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, al señalar que la respuesta del Estado debe incluir a quienes operan como cómplices o facilitadores desde cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el combate a la delincuencia no debe limitarse a quienes participan de forma directa en actividades armadas, sino también a quienes colaboran desde el interior de las instituciones. “Me refiero a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles; a esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados, también tienen que tener todo el peso del Estado”, expresó.

El posicionamiento del PAN ocurre tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este contexto, Lixa reconoció la actuación de las fuerzas armadas, destacando su desempeño durante el operativo. “Han demostrado valentía, disciplina, ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta”, declaró.

El legislador también expresó solidaridad con las familias de los elementos militares que fallecieron durante la operación, y reiteró el respaldo de su bancada a las fuerzas de seguridad. No obstante, señaló que, además de las acciones operativas, es necesaria una estrategia preventiva más amplia en distintas regiones, incluyendo Jalisco.

El coordinador parlamentario subrayó que el PAN ha insistido en la necesidad de una política de seguridad que actúe desde el origen del problema y no únicamente mediante operativos. Indicó que contar con información oportuna es un factor clave para lograr la pacificación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones públicas representa un factor determinante en la expansión de estas organizaciones. “Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, afirmó.

El legislador agregó que el tamaño y capacidad operativa de los cárteles, así como delitos como la extorsión en distintas entidades, reflejan la posible existencia de funcionarios que actúan como facilitadores o colaboradores. Según explicó, estos vínculos permiten el flujo de información o facilitan operaciones ilícitas.

Lixa también enfatizó que la neutralización de un líder criminal no implica la desaparición de la organización. “Capturar, abatir o neutralizar a una cabeza de un cártel no lo soluciona todo”, señaló, al reiterar la necesidad de una estrategia estructural que incluya acciones contra la infiltración criminal en el aparato gubernamental y fortalezca las instituciones frente a la delincuencia organizada.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

Durante una asamblea informativa celebrada en la comunidad de Zaragoza, en Acayucan, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica de 13 mil millones de pesos para el desarrollo de infraestructura básica en pueblos y comunidades indígenas a lo largo del país. Este monto, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se aplicará en 2025 y estará bajo el control directo de las comunidades beneficiadas.

En el estado de Veracruz, se destinarán mil 418 millones de pesos para atender a 2 mil 500 comunidades que pertenecen a 18 pueblos indígenas y afromexicanos. La distribución de los recursos tomará en cuenta el grado de pobreza y la población de cada comunidad. A nivel nacional, el fondo alcanza una cobertura mucho más amplia, con la participación directa de los pueblos originarios en la planeación y ejecución de los proyectos.

Claudia Sheinbaum explicó que la administración de estos recursos se hará de manera participativa y transparente. Las decisiones se tomarán en asambleas comunitarias, donde las propias personas definirán las obras prioritarias para su desarrollo. Ahí mismo se elegirá a un comité encargado de ejecutar las acciones y otro de vigilancia que supervise el uso correcto del presupuesto.

También señaló que cada comunidad contará con una tesorera, y destacó que esta responsabilidad estará a cargo de una mujer, con el argumento de que “las mujeres administramos más honestamente los recursos”.La medida busca fomentar la participación de las mujeres en la gestión comunitaria, además de garantizar mayor transparencia en el uso del dinero.

Durante este evento, Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, así como otros miembros del gabinete federal. Todos coincidieron en señalar que este modelo de inversión permitirá reducir desigualdades históricas al empoderar directamente a las comunidades con herramientas de organización, decisión y autonomía.

La estrategia impulsada por el gobierno federal representa un giro significativo en la manera de ejecutar obras públicas en contextos rurales y marginados, priorizando el enfoque comunitario y reconociendo la capacidad organizativa de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta acción busca consolidarse como una base sólida para el desarrollo con identidad, inclusión y justicia social.

La 182 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa cerró con un saldo blanco. Con una organización ejemplar y una respuesta masiva del público, la jornada del Viernes Santo fue una de las más multitudinarias y ordenadas en la historia reciente de esta tradición capitalina. La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz confirmó el resultado positivo en conferencia de prensa, destacando el compromiso de los habitantes de los ocho barrios, el despliegue institucional y la colaboración ciudadana.

Un millón 400 mil visitantes acudieron este viernes a la representación, provenientes no solo de la demarcación, sino de distintos puntos de la Ciudad de México y del país. Desde el Domingo de Ramos, la cifra total de asistentes supera ya los dos millones. Cifras contundentes que reflejan el arraigo de esta festividad, que cada año convierte a Iztapalapa en epicentro cultural y espiritual de la capital.

El operativo de seguridad y atención fue de gran escala. Más de tres mil 300 elementos de la policía, apoyados por 180 vehículos, trabajaron para mantener el orden y resguardar a los asistentes. A este despliegue se sumaron más de dos mil trabajadores de la alcaldía. El resultado: cero personas extraviadas, más de 243 solicitudes de información atendidas, y 620 servicios médicos brindados sin incidentes graves. Además, se realizaron más de 20 mil acciones de hidratación.

La única eventualidad destacada fue la caída de un caballo, sin consecuencias mayores. La edil enfatizó que este año se reforzaron las medidas de protección animal, con especial atención al bienestar de los equinos utilizados en la representación. “Se ha puesto un esmero en el bienestar animal particularmente de los caballos utilizados en esta representación”, puntualizó.

La pasión y el compromiso del pueblo de Iztapalapa también se reflejaron en la participación artística. El Comité Organizador reportó la colaboración de 147 actores, más de 500 asistentes, 200 músicos y cientos de soldados romanos y fariseos. En total, unas 4 mil personas formaron parte activa de esta gran escenificación.

Aleida Alavez agradeció el respaldo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y elogió la capacidad organizativa de la comunidad local. “Agradeciendo al pueblo de Iztapalapa con una organización tan ejemplar que por años han hecho esto y han reunido estas multitudes”, declaró.

Una vez más, la Semana Santa en Iztapalapa demostró que la tradición y la modernidad pueden convivir con eficiencia, seguridad y respeto, incluso en eventos que movilizan a millones.