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En Palacio Nacional se registró este jueves la presencia de mandatarios estatales de Morena y partidos aliados en una reunión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que participaron gobernadores en funciones y la representación interina de Sinaloa.

Entre los asistentes estuvieron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el de Puebla, Alejandro Armenta; el de Sonora, Alfonso Durazo; el de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la de Quintana Roo, Mara Lezama; la de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el de Tabasco, Javier May; y el de Tamaulipas, Américo Villarreal.

A ellos se sumó Yeraldine Bonilla, quien actualmente ocupa el cargo de gobernadora interina de Sinaloa tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya ante el Congreso local hace unos días.

La reunión se produjo en un contexto marcado por la difusión, en días recientes, de una acusación formal presentada en un tribunal federal de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa. Los señalamientos los vinculan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción identificada como “Los Chapitos”.

Según la fiscalía estadounidense, dicha facción habría intervenido en la contienda electoral de junio de 2021 mediante acciones como el secuestro e intimidación de rivales políticos, además del robo de urnas durante la jornada de votación, con el objetivo de favorecer a Rocha Moya en su triunfo para la gubernatura.

En este mismo escenario, funcionarios de Estados Unidos han advertido que podrían continuar las acusaciones contra autoridades mexicanas. El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, junto con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, han planteado la posibilidad de nuevas denuncias en los próximos meses.

Durante una audiencia en el Senado estadounidense, Terrance Cole afirmó: “Ellos son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y llegue a nuestro país. Puedo asegurar que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.

Por separado, algunos de los gobernadores que asistieron a la reunión señalaron que el encuentro tuvo como objetivo la revisión de avances en materia de salud pública y del sistema IMSS Bienestar, sin que se detallaran otros puntos de la agenda tratada en Palacio Nacional.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, construyó durante más de tres décadas una trayectoria dentro del narcotráfico que lo llevó a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un grupo con presencia en todo México y operaciones en al menos 40 países, cifra equiparable a la del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, Oseguera pasó más de la mitad de su vida vinculado al tráfico de drogas. Su incursión en el crimen organizado comenzó con el Cártel de los Valencia, también denominado Cártel del Milenio, grupo asentado en Michoacán dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas. Su relación con esta organización marcó también su entorno personal al contraer matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de ese clan.

Conforme fueron detenidos o abatidos los líderes de los Valencia en la década de los 2000, Oseguera escaló posiciones. El punto de inflexión ocurrió tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y socio de los Valencia, en julio de 2010. A partir de entonces, “El Mencho” se separó de los remanentes del grupo y fundó el CJNG, organización que la DEA describe como una de las más poderosas, influyentes y violentas.

Desde 2014 su nombre figura en una corte federal en el Distrito de Columbia por múltiples cargos de narcotráfico. La acusación lo señala por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por el tráfico de metanfetaminas hacia Australia y territorio estadounidense. 

Bajo su liderazgo, el CJNG fue identificado como proveedor relevante de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos, motivo por el cual Washington lo incluyó desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En la lista de fugitivos prioritarios de la DEA, Oseguera ocupaba el primer lugar con una recompensa de 15 millones de dólares; en México, la Fiscalía General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Antes de consolidarse como líder criminal, tuvo antecedentes penales en Estados Unidos: fue detenido en 1986 en San Francisco por portación de arma de fuego y posesión de objetos robados, y años después enfrentó cargos por distribución de heroína. Cumplió tres años de condena y fue deportado a México.

La última ocasión en que estuvo cerca de ser capturado públicamente ocurrió en mayo de 2015, cuando un operativo fue repelido y un helicóptero militar fue derribado. Su detención definitiva se produjo este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 300 kilómetros de su lugar de origen, en una operación de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Tras su caída, queda una estructura criminal que, según la DEA, dispone de amplios recursos financieros, opera en decenas de países y ha mantenido influencia mediante redes de corrupción y violencia sistemática.

México y España mantienen un intercambio activo de información tras el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, operación en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos originarios de Jalisco y Sinaloa. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al detallar que la cooperación se fortaleció a partir de la identificación de los connacionales involucrados.

La acción policial forma parte de la operación “Saga”, iniciada en 2023 y considerada por las autoridades españolas como el mayor golpe al tráfico de metanfetamina en Europa. En su segunda fase, ejecutada recientemente, se logró la segunda mayor incautación de esta droga en el continente, además de la captura de integrantes clave de la estructura criminal. Entre los detenidos se encuentra un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía cargamentos procedentes de México.

De acuerdo con la información oficial, la organización utilizaba cargamentos de piedras de mármol importadas legalmente desde México para ocultar la metanfetamina, un método que permitió el trasiego de droga a gran escala a través de rutas comerciales formales. Este esquema evidenció el uso de actividades lícitas como fachada para el tráfico internacional de drogas sintéticas.

García Harfuch explicó que, aunque la intervención fue realizada por autoridades españolas, la detención de ciudadanos mexicanos activó de inmediato los mecanismos de cooperación bilateral. Señaló que existe un intercambio constante y efectivo de información con España, apoyado por la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia mexicano en ese país.

El flujo de información incluye datos sobre empresas presuntamente vinculadas al caso, particularmente aquellas relacionadas con la comercialización de mármol, piedra y otros materiales. Estas referencias ya son analizadas por las autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las acciones derivadas del caso. También se revisan posibles irregularidades en procesos aduanales y de comercio exterior relacionados con los cargamentos utilizados para introducir la droga.

La magnitud de la operación “Saga” se explica también por sus antecedentes. En su primera fase, desarrollada en 2024 con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue desmantelado el mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa. En ese momento se aseguraron mil 800 kilos de la droga a una organización hispano-mexicana que operaba rutas a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

El caso subraya la dimensión transnacional del tráfico de metanfetamina y la relevancia de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales que aprovechan el comercio legal para actividades ilícitas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que permita capturar o condenar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Las autoridades lo consideran “armado y peligroso” por su papel dentro de la facción conocida como “Los Chapitos”, que asumió el control de parte del Cártel de Sinaloa tras la caída de su padre.

Nacido en 1983 y apodado “El Alfredillo”, es medio hermano de Ovidio Guzmán y hermano de Iván Archivaldo Guzmán, con quien forma el núcleo de Los Chapitos. Es uno de los diez hijos reconocidos de Guzmán Loera con distintas parejas; en su caso, es fruto del matrimonio con María Alejandrina Salazar.

El nombre de Jesús Alfredo Guzmán fue incluido en 2018 en la lista de los diez delincuentes más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de conspiración para poseer, importar y exportar sustancias controladas con fines de distribución. Su papel, de acuerdo con investigaciones judiciales, fue clave en la coordinación de cargamentos de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense, así como en el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México producto de la venta de drogas.

En 2016, documentos judiciales revelaron que Guzmán Salazar, entonces encargado de coordinar entregas de droga y flujos de dinero, fue pieza clave para que la DEA obtuviera información inédita sobre su padre. Sin percatarse, facilitó la primera grabación de Joaquín Guzmán a la agencia antidrogas y a la Fiscalía de Illinois, luego de presionar a los hermanos Pedro y Margarito Flores para que eligieran trabajar con el Cártel de Sinaloa o con el de los Beltrán Leyva. Los gemelos, en cambio, decidieron colaborar con las autoridades estadounidenses.

Ese mismo año, Jesús Alfredo volvió a ser noticia tras ser secuestrado en Puerto Vallarta por un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 15 de agosto, hombres armados irrumpieron en el restaurante “La Leche” y privaron de la libertad a seis personas, entre ellos Guzmán Salazar, Juan Daniel Calva Tapia, Víctor Galván Ureña y Josias Nahuali Rábago Borgolla. Tras las investigaciones, se confirmó que el hijo de El Chapo estaba entre los capturados, lo que evidenció la confrontación entre cárteles en México.

Poco después, circuló una fotografía en la que aparecía Guzmán Salazar junto a la actriz Kate del Castillo. La periodista Denisse Maerker dio a conocer la imagen en televisión, aunque nunca se confirmó su origen. El fiscal estatal de Jalisco señaló que la foto pudo haberse filtrado de alguno de los seis teléfonos celulares encontrados en el estacionamiento del restaurante tras el secuestro.

Actualmente, Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanece como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, quienes reiteraron que la recompensa millonaria busca incentivar información verificada que permita su detención.