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Una investigación que llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó con una de las sanciones económicas más elevadas anunciadas recientemente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: cuatro exservidores públicos de Alimentación para el Bienestar deberán cubrir una multa conjunta de 777.8 millones de pesos y permanecerán inhabilitados durante 10 años.

Las medidas fueron impuestas a María G., René G., Miguel C. y Juan R., señalados por faltas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos. De acuerdo con la autoridad, las irregularidades estuvieron vinculadas al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

La dependencia federal informó que, además, parte de esos recursos fueron utilizados de manera indebida en el Programa de Fertilizantes durante 2019, situación que formó parte de las indagatorias que derivaron en las sanciones.

Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no precisó cuánto dinero habría sido utilizado por cada uno de los involucrados, señaló que las pruebas obtenidas durante el proceso permitieron sustentar la imputación y establecer tanto la multa millonaria como la inhabilitación por una década.

El caso formó parte de un paquete de resoluciones disciplinarias dadas a conocer por la dependencia, que también incluyó a servidores públicos de otras instituciones federales.

Entre ellos figura Ramiro R., trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien fue sancionado con una multa de 9 mil pesos y un año de inhabilitación. La autoridad indicó que recibió una cantidad económica —cuyo monto no fue revelado— para eliminar adeudos durante 2023.

Asimismo, la Secretaría reportó una sanción contra Shiddarta V., adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob). El funcionario recibió una multa de mil 380 pesos y un año de inhabilitación tras acreditarse la sustracción de bienes del Instituto Nacional de Migración para un uso indebido.

Las resoluciones fueron dadas a conocer por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como resultado de procedimientos que derivaron en la aplicación de sanciones económicas e inhabilitaciones contra servidores públicos de distintas dependencias federales.

La tensión entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal alcanzó un nuevo nivel este jueves. Dirigentes de la organización acusaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de romper los canales de interlocución con el magisterio disidente y de incumplir los compromisos asumidos en torno a la reforma de la Ley del ISSSTE.

Mientras miles de docentes mantenían protestas en distintos puntos de la Ciudad de México, líderes de la Coordinadora cuestionaron las declaraciones emitidas por la mandataria en sus conferencias matutinas y rechazaron la estrategia planteada por el gobierno para dialogar directamente con maestros en cada entidad federativa.

Isael González, dirigente de la sección 7 en Chiapas, sostuvo que cerrar la interlocución con las representaciones de la CNTE constituye un error. Advirtió que, aun en medio de diferencias, el diálogo debe mantenerse abierto. También rechazó la propuesta de realizar consultas escuela por escuela para discutir el tema de las pensiones, al considerar que ese mecanismo retrasaría la atención de las demandas ya presentadas por el movimiento.

Las críticas surgieron durante una jornada de movilizaciones organizada para exigir la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y la creación de un régimen de pensiones solidario para los trabajadores de la educación. Como parte de las acciones, integrantes de la CNTE se concentraron en siete sedes de Afores ubicadas sobre Paseo de la Reforma y en una más localizada sobre avenida Revolución.

Durante las protestas también se escucharon consignas dirigidas a la presidenta por las promesas realizadas durante la campaña presidencial de 2024. “¡Claudia, mentiste, con la reforma a la Ley del ISSSTE!”, corearon los manifestantes.

Desde Zacatecas, Marcelino Rodarte, dirigente de la sección 58, afirmó que la Coordinadora buscó establecer acuerdos con la presidenta incluso antes del inicio del Mundial de futbol, el pasado 11 de junio. 

Según expuso, las demandas siguen sin resolverse y, en contraste, el movimiento ha recibido descalificaciones desde el gobierno federal. “Son de su propia voz y eso es una traición porque viniendo del movimiento de izquierda, de disidencias, ella sabe que lo que dice es contrario al origen que ella pregona”, declaró.

La movilización se desarrolló en medio de negociaciones aún abiertas con la Secretaría de Gobernación. Aunque Filiberto Frausto, dirigente de la sección 34 de Zacatecas, reconoció algunos avances, afirmó que estos no resuelven la demanda central del movimiento. Al concluir las protestas, los contingentes regresaron a su campamento en el Zócalo capitalino para definir las acciones que emprenderán este viernes.

El inicio del Mundial de Futbol 2026 en México llega acompañado de un fuerte operativo de seguridad en uno de los puntos estratégicos de la capital. Más de 300 policías antimotines fueron desplegados en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) ante la posibilidad de nuevas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Mientras la atención internacional se concentra en el partido inaugural programado para este jueves, las autoridades reforzaron la vigilancia en los accesos principales del aeropuerto. Elementos equipados con cascos y escudos realizaron recorridos constantes por la terminal y permanecieron apostados en las entradas del inmueble.

La medida fue implementada luego de que la CNTE advirtiera sobre acciones de protesta en distintos puntos de la Ciudad de México. Desde la semana pasada, el magisterio disidente ha mantenido movilizaciones en la capital, en medio de una disputa que se ha extendido por 18 meses y que actualmente sostiene una huelga nacional de nueve días.

Al mismo tiempo que el operativo era desplegado en el aeropuerto, representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública sostenían una nueva mesa de diálogo con los dirigentes sindicales. El encuentro se prolongó durante varias horas, aunque hasta el momento no se reportaban acuerdos entre ambas partes.

De acuerdo con los líderes magisteriales, los docentes acudieron a la reunión con la expectativa de escuchar propuestas que permitan resolver sus demandas. Sin embargo, la incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones persiste a menos de un día del arranque de la justa deportiva.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección Nueve, utilizó una referencia futbolística para describir la postura del movimiento: “No termina hasta el último minuto el partido, vamos a llegar a la final con la abrogación de la Ley del ISSSTE, eso es lo que esperamos a partir de hoy”.

La reunión de este miércoles fue la cuarta realizada en las últimas dos semanas entre autoridades federales y representantes de la CNTE. Pese a ello, la organización mantiene su convocatoria para una movilización prevista este jueves junto con colectivos de madres buscadoras, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y otros sindicatos que enfrentan inconformidades laborales.

Antes de que la CNTE ponga en marcha una nueva fase de movilizaciones, el Gobierno federal salió públicamente a pedir al magisterio que detenga las protestas que mantiene en distintas entidades del país y levante el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El posicionamiento fue difundido la noche de este sábado por las secretarías de Gobernación y Educación Pública, junto con el ISSSTE, apenas un día después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciara que intensificará sus acciones, principalmente en la capital del país.

Las dependencias federales argumentaron que la continuidad de las manifestaciones afecta a estudiantes que se encuentran en la recta final del ciclo escolar, además de generar impactos para trabajadores, visitantes y comerciantes de la zona donde permanece el campamento magisterial.

“Hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, señalaron las autoridades.

El llamado ocurre a seis días del arranque del Mundial de fútbol y en medio de un conflicto que sigue sin resolverse pese a las mesas de diálogo realizadas entre funcionarios federales y representantes de la Coordinadora.

En el comunicado, el Gobierno aseguró que ha mantenido una estrategia orientada a la construcción de acuerdos y recordó las propuestas que puso sobre la mesa durante las negociaciones. Entre ellas figura la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), planteada por el secretario de Educación, Mario Delgado.

También fue retomada la propuesta presentada por el director general del ISSSTE, Martí Batres, para mejorar las pensiones mediante una “aseguradora pública”. Aunque ambas iniciativas ya fueron rechazadas por la CNTE, las autoridades insistieron en que existe una ruta para continuar atendiendo las demandas del movimiento.

Según el documento, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo durante conferencias de prensa realizadas jueves y viernes que los maestros cuentan con opciones para avanzar en la discusión de sus exigencias.

“Ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal”, indicó la funcionaria. El exhorto federal se produjo mientras la CNTE prepara una nueva escalada de movilizaciones en todo el país.

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

La llegada de más de 60 productores provenientes de distintas regiones del país terminó frente a puertas cerradas. Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acudieron este viernes a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para participar en una mesa de diálogo previamente acordada, pero al arribar, afirmaron que les informaron que el encuentro había sido cancelado sin previo aviso.

La inconformidad quedó registrada en una transmisión en vivo realizada por representantes del movimiento, quienes señalaron que acudieron con disposición para dialogar, pero encontraron el recinto cerrado. Una de las voceras afirmó que llegaron junto con sus compañeros “con el mejor ánimo de entablar una conversación” y sostuvo que el diálogo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura mantener “no existe”.

Las críticas no se limitaron al episodio de este viernes. Uno de los integrantes del frente aseguró que la cancelación forma parte de una dinámica que, según dijo, también ha afectado a otros sectores. “Esto no nos ha pasado nada más a nosotros, les pasó a los maestros, a los alumnos, a las madres buscadoras esto es una política fallida del gobierno”, expresó.

De acuerdo con publicaciones difundidas por el propio movimiento, también señalaron que, por instrucciones del subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, los funcionarios que participarían en la reunión condicionaron que únicamente escucharían a un grupo específico de campesinos, y no a todos los representantes incluidos en la lista presentada previamente.

Las imágenes compartidas por los productores mostraron a los manifestantes frente a las puertas cerradas del edificio, mientras elementos policiales con cascos y escudos antidisturbios resguardaban el acceso. Según los campesinos, el encuentro había sido programado luego de las movilizaciones del lunes pasado, cuando realizaron cierres carreteros en distintos puntos del país.

Durante su presencia frente a las instalaciones, uno de los representantes señaló ante medios de comunicación que los participantes provenían de 22 estados, entre ellos Tamaulipas, Tlaxcala, Reynosa, Hidalgo, Baja California, Morelos y Guanajuato.

El FNRCM también anunció que volverán a acudir a las instalaciones de Gobernación el 11 de junio, fecha en la que, aseguraron, realizarán nuevamente su movilización y reiteraron que “no habrá fuerza policiaca, ni ninguna fuerza supuestamente de ellos que vaya a detener nuestra movilización”.

Asimismo, los productores acusaron que la cancelación del encuentro representa un retroceso en los avances previos y denunciaron que la conducta de la dependencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en ocasiones anteriores que el diálogo con los distintos sectores permanece abierto, postura desde la cual ha criticado los cierres carreteros realizados previamente por los campesinos.

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que plantea reducir el gasto en órganos legislativos, modificar reglas sobre la revocación de mandato presidencial y ajustar las remuneraciones de autoridades electorales.

El documento fue entregado por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y al coordinador de Morena, Ignacio Mier. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de optimizar el uso del presupuesto público y destinar los ahorros a sectores que más lo requieren.

Uno de los puntos principales es la reducción del gasto legislativo. En el caso del Senado, el proyecto plantea disminuir el presupuesto en 15% el próximo año respecto al aprobado para 2026. Para los congresos estatales se propone establecer un límite: su presupuesto anual no deberá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

La iniciativa también incluye cambios en la integración de las legislaturas locales. Entre ellos, se plantea prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales. Asimismo, se establecen restricciones para evitar candidaturas con vínculos familiares con quienes ocupan una diputación.

El documento señala: “En ningún caso, podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”.

En materia de revocación de mandato, el proyecto establece que la consulta para la persona titular del Ejecutivo federal podrá solicitarse una sola vez y únicamente durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo presidencial, lo que ubicaría el proceso en 2026 o 2027. La iniciativa también contempla que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque mantiene la prohibición de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas o la contratación de propaganda.

La reforma también propone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales se ajusten a los límites establecidos en el artículo 127 constitucional y elimina prestaciones financiadas con recursos públicos que no estén previstas en la ley.

De acuerdo con la iniciativa, los cambios permitirían generar ahorros estimados en 4 mil millones de pesos anuales. Estos recursos permanecerían en la hacienda pública municipal y deberán destinarse a obras de infraestructura en beneficio de la población.

El denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su proceso político y legislativo, luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaran acuerdos para encaminar su discusión en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo.

El proyecto se encuentra actualmente en revisión del Ejecutivo federal a través de la consejera jurídica Esthela Damián. Se prevé que durante su gira de fin de semana la presidenta adelante algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición oficialista antes de que la iniciativa sea enviada formalmente a alguna de las cámaras legislativas en los primeros días de la próxima semana.

Las negociaciones que permitieron destrabar el proyecto se llevaron a cabo en una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron dirigentes del PVEM y del PT. En ese encuentro se resolvieron los principales puntos de desacuerdo que mantenían los partidos aliados respecto a la propuesta de reforma.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de revocación de mandato. El documento contempla dos posibles momentos para realizar este ejercicio: el tercer o el cuarto año del gobierno. De acuerdo con el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, esta definición aún deberá resolverse en el proceso legislativo. El dirigente señaló que el ejercicio no es obligatorio, ya que requiere una convocatoria previa, y consideró que podría realizarse en 2028 si se decide llevarlo a cabo.

Otro punto discutido fue la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral. El articulado plantea permitir consultas en temas específicos vinculados con la participación ciudadana o la modernización del sistema electoral, como la reducción de la edad para votar o la implementación del voto electrónico. Sin embargo, el documento establece límites para evitar que ciertos aspectos del sistema electoral sean sometidos a consulta.

Entre los temas que no podrán ser consultados se encuentran el financiamiento público a los partidos políticos, las prerrogativas en radio y televisión, la estructura del Instituto Nacional Electoral y la integración de las cámaras legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, informó a su bancada que “está por concretarse un acuerdo con el gobierno federal” para avanzar en la aprobación del Plan B. El legislador señaló que las negociaciones recientes permitieron construir una alternativa que facilitaría el respaldo conjunto de los partidos de la coalición oficialista.

La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.