Este viernes inició la transición en la Secretaría de Gobernación (Segob) entre la actual titular, Luisa María Alcalde Luján, y Rosa Icela Rodríguez, quien se unirá al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo el 1 de octubre.

“La transición en la Secretaría de Gobernación comenzó hoy. La actual secretaria, Luisa Alcalde, recibió en el Palacio de Cobián a Rosa Icela Rodríguez, la próxima encargada de la política interna del país”, anunció la Segob en X, anteriormente Twitter.

Alcalde rememoró el triunfo de la Cuarta Transformación (4T) en las elecciones del 2 de junio y aseguró continuidad en la próxima gestión. “Gracias a la decisión del pueblo de México, habrá continuidad en la Transformación. Se mantendrá la política de diálogo, consenso y resolución de conflictos por la razón y el derecho”, escribió en X.

Mario Delgado, dirigente nacional y futuro Secretario de Educación Pública, mencionó el 11 de julio que el proceso de renovación de la dirigencia de Morena podría definirse por encuesta o elección de los congresistas nacionales vigentes, idealmente en la segunda quincena de septiembre.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, actualmente Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es la primera mujer en ocupar esta posición. Licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, cuenta con más de 31 años de experiencia en administración pública.

Rodríguez trabajó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal entre 2000 y 2005. Con Marcelo Ebrard, fue coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública de la Ciudad de México de 2006 a 2009. Bajo la administración de Miguel Ángel Mancera, fue Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (2015-2018). Con Claudia Sheinbaum, se desempeñó como Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2020, antes de unirse al Gobierno federal como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y luego como Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Secretaría de Gobernación tiene la facultad de dirigir la política interior del Ejecutivo Federal, coordinar acciones de seguridad nacional y protección civil, organizar la seguridad pública y la política de comunicación social del Gobierno Federal, y gestionar las relaciones con medios masivos de información. Además, coordina asuntos religiosos, labores de auxilio en desastres y suscribe acuerdos con gobiernos estatales y extranjeros junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de México, reveló este jueves a cuatro integrantes de su próximo gabinete, destacando la honestidad y profesionalismo de las dos mujeres y dos hombres seleccionados. De los 17 nombramientos realizados hasta ahora, ocho provienen del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum presentó en el Museo Interactivo de Economía a Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobernación, Mario Delgado como secretario de Educación, Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar y Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública. Estos nombramientos refuerzan su compromiso con la continuidad y experiencia en su administración.

Rosa Icela Rodríguez, con una destacada trayectoria en seguridad y desarrollo social, expresó su gratitud y compromiso con la política interna del país. Ariadna Montiel reafirmó su dedicación a los programas sociales, enfocándose en apoyar a mujeres mayores de 60 años. Mario Delgado subrayó la importancia de la educación y su meta de otorgar becas a millones de estudiantes. Omar García Harfuch, por su parte, enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad y la colaboración con las fuerzas armadas.

El equipo completo de Sheinbaum incluye a figuras reconocidas como Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía y Alicia Bárcena en Medio Ambiente, consolidando un gabinete con vasta experiencia y preparación para enfrentar los desafíos del país.

Nos hicieron llegar a esta redacción, información que confirma que desde la Secretaría de Gobernación han dado el visto bueno para que Felipe Arvizu se robe el presupuesto del ayuntamiento, para operar su reelección.

La cantidad es constante y sonante: 500 millones de pesos para operar su reelección con compra de votos, puesto que en la CDMX están alertados de que su campaña está comprometida por los pésimos resultados que ha dado en su administración municipal, sobre todo en la inseguridad, ya que Ixtapaluca se ha convertido en uno de los municipios más peligrosos del Estado de México.

Mientras tanto Ixtapaluca está sumida en la falta de obra pública, baches, semáforos descompuestos, invitando a que sus habitantes emigren a otros lugares.

¿Se imagina que se podría hacer con 500 millones de pesos por Ixtapaluca?

De entrada, le puedo decir que alcanzaría para pavimentar 86 kilómetros de calles, es decir de Ixtapaluca a Cuautla. Pero Felipe prefiere gastarlo en retener el poder. Así se las gasta este personaje.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el 1 de mayo, Día del Trabajo, el decreto que establece el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta medida marca el comienzo de una reforma importante en el sistema de pensiones del país, enfocada en mejorar el retiro para los trabajadores que ganan menos de 17 mil pesos y están bajo el esquema de 1997.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Presidente subrayó que este paso forma parte de su compromiso para revertir las políticas neoliberales que, según él, han perjudicado a los trabajadores durante años.

“En 36 años no se ha hecho una reforma constitucional en beneficio de los trabajadores. Se perdió durante ese tiempo”, comentó López Obrador.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, gestionado por el Banco de México, obtendrá recursos de las cuentas inactivas de personas mayores de 70 años, un cambio importante en el manejo de los fondos de pensiones en México.

Según la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, las primeras pensiones bajo este esquema se otorgarán a partir del 1 de julio.

El Gobierno abrirá una ventanilla única en mayo para asesorar a trabajadores y pensionados sobre las ventajas de esta nueva reforma. El decreto que oficializa el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, marcando un paso significativo hacia un sistema de pensiones más justo y equitativo para los mexicanos.

El decreto establece que las administradoras de fondos para el retiro, instituciones de carácter público que desempeñen funciones similares, y administradoras prestadoras de servicios deberán transferir automáticamente los recursos de las subcuentas al Fondo de Pensiones para el Bienestar cuando los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de una resolución judicial.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, abordó hoy las preocupaciones surgidas en torno a la nueva Reforma a las Pensiones, desmintiendo rotundamente las afirmaciones que sugerían una apropiación indebida de los ahorros de los trabajadores mexicanos.

Según Alcalde Luján, tales alegaciones carecen de fundamento y distorsionan los objetivos gubernamentales. La reforma, enfatizó, tiene como propósito principal establecer un Fondo de Pensiones para el Bienestar, bajo la administración del Banco de México, con la garantía de que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario.

“Este fondo será financiado en un 70% mediante recursos provenientes de la incautación de bienes, un 25% aportado por empresas paraestatales, y el resto se obtendrá a través de la liquidación de Financiera Rural”, explicó Alcalde.

Además, la ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) resaltó los beneficios de la reforma aprobada durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador en 2020. Entre ellos, destacó la reducción en el número de semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión, el incremento gradual en la cuota patronal, y la eliminación de comisiones excesivas por parte de las administradoras de fondos para el retiro (afores).

“Estos cambios son cruciales para asegurar que los trabajadores puedan jubilarse con un 60% de su salario, en contraposición al 30% actual”, enfatizó la Secretaria.

Finalmente, expresó su optimismo en cuanto a una posible reversión por parte del Congreso de reformas previas en materia de pensiones, implementadas durante los mandatos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, con el fin de garantizar una pensión digna para los trabajadores mexicanos.

En una rueda de prensa encabezada por el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, reveló que hasta la fecha actual, se han registrado oficialmente 99,729 casos de personas desaparecidas en México, todas ellas en proceso de búsqueda activa.

Alcalde explicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido en 2019, ha sido alimentado con más casos a lo largo del tiempo, incluyendo algunos que se remontan hasta 1962.

“El registro público que se hizo disponible en agosto del año pasado contaba con 110,964 personas registradas. Desde entonces, hemos sumado 9,424 registros adicionales hasta la fecha de corte del 15 de marzo”, destacó la secretaria.

Sin embargo, señaló que este número se reduce al restar las personas que han sido localizadas, siendo 5,576 las que han sido formalmente registradas como encontradas. Esto sitúa el total actual de personas aún no localizadas en 99,729, como se puede verificar en la página web oficial.

Alcalde también mencionó que se han identificado 15,158 casos donde se ha confirmado la localización de las personas a través de una metodología presentada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, lo que confirma que actualmente se encuentran en proceso de búsqueda activa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó el reciente ingreso a Palacio Nacional por parte de un grupo de jóvenes normalistas como “un vulgar acto de provocación”, acusando la presencia de “mano negra” detrás de esta acción. Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario expresó su rechazo hacia lo que considera una estrategia de guerra sucia por parte de sus adversarios.

López Obrador enfatizó la justicia de la demanda de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, pero advirtió sobre la presencia de “grupos de derecha, conservadores, incluso partidos políticos en contra de la transformación” que se han sumado a este movimiento. También señaló la intervención de organismos internacionales y organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos en lo que describió como un “coctel de provocadores”.

“Están nuestros adversarios desesperados, y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. Hay `mano negra´ en estas acciones, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, declaró el Presidente en una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El asalto al Palacio Nacional, según López Obrador, forma parte de un plan de provocación más amplio que incluye incidentes previos, como el rompimiento de vidrios en la Secretaría de Gobernación y en la Lotería Nacional. El mandatario señaló que este tipo de acciones cuentan con la marca distintiva del PRI, recordando tácticas similares utilizadas por el partido en décadas pasadas.

Además, destacó su intención de reunirse directamente con los familiares de los estudiantes en las próximas dos semanas y media, declinando participar en la reunión entre la subsecretaria y el grupo que intentó ingresar clandestinamente.

El Presidente reiteró su postura de no caer en provocaciones y destacó la importancia del diálogo directo con los afectados, rechazando intermediarios. En un momento de desafío político, López Obrador mantiene su posición firme, buscando abordar las demandas legítimas mientras denuncia la supuesta maquinaria de provocación que rodea este caso.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.