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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, tendrán este lunes su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, luego de ser capturados y trasladados a Nueva York en una operación encabezada por autoridades estadounidenses. Ambos serán presentados ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde enfrentarán formalmente los cargos en su contra por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.

De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales, Maduro y Flores comparecerán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 del mediodía, hora local. Desde la noche del sábado, ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad donde suelen ser ingresados acusados de delitos federales graves mientras se desarrollan los procedimientos iniciales de sus casos.

La detención de Maduro y su esposa ocurrió durante la madrugada del sábado en Caracas, como parte de una operación relámpago de Washington denominada “Resolución Absoluta”. Tras su captura, fueron trasladados de inmediato a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones que desde hace varios años pesan en su contra ante la justicia federal estadounidense.

Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales formulados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Entre ellos se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento en apoyo de actividades criminales. Además, las acusaciones incluyen su presunta colaboración con organizaciones criminales catalogadas como terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

Según los señalamientos presentados originalmente en 2020 y ratificados tras su captura, las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro habría encabezado durante años una red criminal que utilizó el tráfico de drogas como un instrumento dirigido contra Estados Unidos. Los documentos judiciales describen una estructura que habría operado con alcance internacional y con apoyo logístico y armado.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos relacionados con presuntas actividades de apoyo logístico y financiero a la misma red criminal. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, las acusaciones contra la diputada venezolana están vinculadas a su presunta participación en operaciones destinadas a facilitar el funcionamiento de dicha estructura.

En esta primera audiencia, como ocurre en casos federales de alto perfil, el procedimiento contempla la lectura formal de los cargos, la confirmación de la identidad de los acusados y la revisión de aspectos preliminares del proceso judicial. Entre estos puntos se incluyen la situación legal de los detenidos, la posibilidad de que permanezcan bajo detención preventiva y la designación o ratificación de su representación legal.

La comparecencia de este lunes marca el inicio formal del proceso judicial contra Maduro y Flores en Estados Unidos, bajo la jurisdicción de una de las cortes federales más relevantes del país para casos de crimen organizado y narcotráfico internacional.

En una alianza estratégica que marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional, México y Francia firmaron un acuerdo para reforzar la lucha conjunta contra el crimen organizado y sus redes transnacionales. El pacto busca blindar los puertos, fortalecer el control de precursores químicos y mejorar la vigilancia en el transporte marítimo de carga, donde suelen ocultarse operaciones ilícitas.

El convenio fue suscrito por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y por Jean Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia. Ambos gobiernos coincidieron en la urgencia de coordinar acciones frente a amenazas globales que cruzan fronteras con rapidez, aprovechando rutas comerciales y lagunas de control.

La llamada Carta de Intención establece una cooperación bilateral enfocada en frenar la fabricación y tráfico de drogas sintéticas, así como el contrabando y otros delitos que atentan contra la seguridad y la economía de ambas naciones. Uno de los puntos centrales será la detección y control de los precursores químicos que se utilizan para elaborar narcóticos, un tema clave en el combate al crimen organizado a nivel internacional.

El acuerdo también prevé reforzar los sistemas de inspección en contenedores que llegan a los puertos mexicanos, con la participación de la Secretaría de Marina. A través de las aduanas marítimas, se impulsará el intercambio de información e inteligencia con autoridades francesas para identificar las estructuras y métodos de operación de las organizaciones delictivas. 

Todo este proceso se realizará bajo el respeto estricto a las leyes nacionales y los tratados internacionales, especialmente en lo referente a la protección de datos personales y confidencialidad. Además, el compromiso no se limita al intercambio de información: México y Francia acordaron fortalecer sus capacidades institucionales mediante seminarios, talleres, conferencias e intercambios de expertos. 

Estas acciones buscan profesionalizar y actualizar al personal involucrado en temas de seguridad, logística y análisis de inteligencia, generando una red de cooperación más sólida y técnica.

Con esta alianza, ambos países envían un mensaje claro sobre la importancia de la colaboración internacional frente a los retos del crimen organizado moderno. La cooperación no solo busca contener el tráfico de sustancias ilegales, sino también prevenir su expansión mediante inteligencia compartida, innovación tecnológica y formación conjunta.

En un contexto global donde las rutas marítimas son el punto de partida y llegada de gran parte del comercio internacional, este acuerdo se convierte en una pieza clave para fortalecer la seguridad en el intercambio comercial y proteger las fronteras desde el mar.

La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ingresó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La solicitud está relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Pérez Jaén afirmó que regresará en un plazo de tres días al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar el recurso.

La exdiputada señaló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue subordinado de López Hernández durante su administración estatal. A partir de ello, planteó la necesidad de que el ahora senador aclare presuntos actos y omisiones que, según su acusación, favorecieron al crimen organizado en ese periodo.

En conferencia, Pérez Jaén enfatizó: “Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”.

En la denuncia también se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. La panista sostuvo que López Hernández, en su carácter de servidor público, habría promovido o gestionado resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a sus responsabilidades como gobernador. Según el escrito presentado, estas acciones pudieron generarle beneficios económicos o de otra índole, incluso hasta la fecha.

La demanda de juicio político busca que el Congreso de la Unión, a través de las instancias competentes, evalúe la procedencia de sanciones contra el coordinador de senadores de Morena.

Pérez Jaén recalcó que la acusación tiene como base presuntas irregularidades en la administración estatal de Tabasco y la relación jerárquica con Bermúdez, quien ocupó un cargo clave en materia de seguridad pública durante ese periodo.

El procedimiento de juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución mexicana que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones o que transgredan la legalidad en el ejercicio del cargo.

La exlegisladora del PAN sostuvo que su denuncia responde a la necesidad de rendición de cuentas y que dará seguimiento al caso con la ratificación programada dentro del plazo establecido por la ley.

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 156 millones de pesos. La determinación fue tomada por un juez de control tras una audiencia de más de 48 horas que se celebró el pasado 11 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio penal.

Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, ya había sido señalado en distintos procesos judiciales y mediáticos. En 2021 fue detenido en el estado de Nuevo León, acusado de encabezar esquemas financieros ilegales relacionados con desvíos millonarios.

Los señalamientos en su contra no se limitan al ámbito nacional. Durante el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal nayarita Édgar Veytia lo implicó directamente en actividades con el crimen organizado. Veytia declaró que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La sombra de estas acusaciones ya pesaba sobre Sandoval desde antes. En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista negra de funcionarios vinculados con el narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de ingresar a ese país o solicitar una visa.

La FGR destacó que, aunque el exgobernador había intentado detener el proceso en su contra mediante amparos, la justicia federal determinó finalmente continuar con la investigación formal. El juez de control que lleva el caso ratificó la gravedad de los delitos y la necesidad de mantenerlo bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso de Sandoval se suma a la lista de exmandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el narcotráfico en los últimos años. En este contexto, la vinculación a proceso de un exgobernador que ya había sido señalado tanto en México como en Estados Unidos refuerza el peso internacional del caso.

El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras Sandoval permanece en prisión preventiva. De confirmarse los cargos, las acusaciones por lavado de dinero y sus presuntos nexos con el crimen organizado podrían marcar uno de los episodios más relevantes en la historia política reciente de Nayarit.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado su agradecimiento al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, por la colaboración de ese país en la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.

La mandataria mexicana destacó en su mensaje que la estrategia de su gobierno, basada en la atención a las causas y la política de cero impunidad, ha contribuido a disminuir la violencia en el país. En respuesta, Peña afirmó que la captura representaba “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, al referirse a Bermúdez como “uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Bermúdez se desempeñó como secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración del actual senador Adán Augusto López. Con el tiempo, fue señalado como cabecilla de una organización criminal vinculada a delitos de huachicol, extorsiones, homicidios, cobro de piso y secuestros. Ante los señalamientos, López declaró que desconocía cualquier nexo de su excolaborador con el crimen organizado y calificó las acusaciones de la oposición como “politquería”.

El operativo en Paraguay se realizó en coordinación entre instituciones de ambos países. Peña informó que participaron la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI). A través de sus redes sociales, el presidente paraguayo reconoció también la cooperación de Sheinbaum en la captura.

El exfuncionario mexicano fue detenido en una residencia ubicada en una zona boscosa del territorio paraguayo, tras permanecer prófugo durante nueve meses. De acuerdo con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, Bermúdez había huido del país luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra y desde julio de 2025 contaba con una ficha roja emitida por Interpol México.

En el operativo, las autoridades aseguraron una camioneta de lujo dentro de la cochera de la vivienda, así como dinero en efectivo en diversas divisas, entre ellas guaraníes, dólares de 20 y 100, además de joyería como pulseras y collares. En el interior de la casa se localizaron identificaciones, artículos personales, una mesa con botellas de vino y vasos, además de una bocina de alta gama.

Los elementos policiales paraguayos leyeron sus derechos al momento de la detención y le solicitaron firmar documentos judiciales que confirmaban la orden de captura internacional a través de Interpol. Posteriormente, Bermúdez fue trasladado a la agencia ministerial de Paraguay, donde se inició el trámite de extradición a México. La decisión sobre la fecha de su traslado dependerá del juez encargado del caso.

La captura de Hernán Bermúdez marca el cierre de nueve meses de fuga y representa un paso importante en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Paraguay. El vuelo que podría trasladarlo de regreso a México tiene una duración aproximada de 12 horas.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad con el fin de combatir a los cárteles de la droga, frenar el robo de combustible, enfrentar el narcotráfico y reforzar la seguridad en la frontera común.

A través de un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos gobiernos subrayaron que esta coordinación se basa en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial. 

El documento enfatiza que “el objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”. 

Entre las acciones destacadas, se planteó atender de forma inmediata el movimiento irregular en la frontera, con medidas enfocadas en detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, además del trasiego ilegal de armas.

Con este propósito, Sheinbaum y Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los compromisos asumidos y evaluar las acciones que cada país implementa en su territorio.

El listado de medidas incluye contrarrestar a los cárteles del narcotráfico, reforzar la seguridad fronteriza, eliminar túneles clandestinos, prevenir el robo de combustibles o “huachicol” y atacar los flujos financieros ilícitos que sostienen a las organizaciones criminales.

El comunicado oficial fue leído por el canciller Juan Ramón de la Fuente al concluir la conferencia de prensa conjunta, realizada después del encuentro privado entre Sheinbaum y Rubio en Palacio Nacional.

La visita del secretario de Estado ocurre en un contexto en el que Washington refuerza su ofensiva contra grupos criminales con operaciones internacionales. Estados Unidos ha puesto particular atención en organizaciones con alcance transnacional como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

La reunión entre ambos funcionarios representa la primera visita oficial de Marco Rubio a México en calidad de secretario de Estado y forma parte de la agenda bilateral enfocada en seguridad, migración y desarrollo económico. El acuerdo de crear un mecanismo de alto nivel busca garantizar que los compromisos asumidos no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en acciones concretas de combate al crimen organizado.

Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, está a punto de declararse culpable de dos cargos por crimen organizado en Estados Unidos. La fiscalía estadounidense confirmó que el narcotraficante mexicano alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) para evitar un juicio y enfrentar su proceso bajo una negociación judicial.

De acuerdo con un oficio enviado por la fiscalía al juez Brian Cogan, quien encabeza el caso en Brooklyn, Nueva York, Zambada aceptó declararse culpable del cargo de “empresa criminal continua” en esa corte y de “conspiración RICO” en el Distrito Oeste de Texas. Ambos forman parte de los 24 cargos acumulados en su contra.

El Mayo enfrenta actualmente 17 delitos en la corte federal de Brooklyn, relacionados con tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo, además de posesión de armas de fuego y lavado de dinero. A estos se suman siete acusaciones en Texas, entre ellas la violación de la Ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).

El 18 de agosto de 2025, el DOJ informó que la acusación criminal que pesaba en la corte de El Paso fue transferida a la corte federal de Brooklyn. La decisión obedece a la norma 20 de las Reglas Federales de Procedimientos Penales, que permite concentrar procesos en una sola jurisdicción. Con ello, el narcotraficante de 76 años enfrentará todo su expediente en Nueva York, el mismo tribunal que enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En un documento firmado, Zambada García reconoció su intención de declararse culpable: “Yo, Ismael Zambada García, acusado, he sido informado que hay una acusación pendiente en mi contra en la causa arriba mencionada y en el Distrito Oeste de Texas. Quiero declararme culpable de la ofensa acusada para consentir la disposición del caso en el Distrito Este de Nueva York en el cual me encuentro retenido, y renunciar al juicio en el Distrito Oeste de Texas”.

La acusación de Texas señala que Zambada y sus asociados coordinaron rutas de tráfico de cocaína y mariguana hacia Estados Unidos a través de puentes internacionales en Ciudad Juárez-El Paso y por zonas desérticas del Valle de Juárez, además de supervisar la distribución de drogas en Texas y otros estados.

Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en 2024, tras ser presuntamente traicionado por Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Después de su arresto inicial en El Paso, el DOJ decidió trasladarlo a Nueva York, donde se centralizarán todos los procesos judiciales en su contra.

Con la aceptación de culpabilidad, El Mayo Zambada busca resolver su situación legal mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense. De esta manera, enfrentará formalmente 24 cargos, sin necesidad de un juicio largo y mediático.

En Xalapa, el escritor, poeta y activista Javier Sicilia calificó de “complicidad con el crimen organizado” la respuesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ante el asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández Cruz. El caso, ocurrido recientemente, conmocionó a la entidad tras conocerse que la víctima fue atacada presuntamente por rechazar el pago de derecho de piso.

Sicilia reprochó que la mandataria estatal minimizara el hecho al señalar que la muerte fue producto de un infarto. “Decir que murió por infarto era para que la ciudadanía saliera y la destituyera”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa, el activista denunció que Veracruz atraviesa un “grado de descomposición atroz” evidenciado en los recientes hechos de violencia y masacres. Sostuvo que el estado refleja la crisis de todo el país, donde, según cifras mencionadas por él, existen cerca de cinco mil fosas descubiertas por madres buscadoras, 130 mil personas desaparecidas y más de 300 mil asesinadas en los últimos años.

En referencia al asesinato de Hernández Cruz, Sicilia subrayó que el método utilizado por los agresores es comparable a los actos de grupos extremistas radicales, aunque motivado por fines de extorsión. “Este tipo de métodos no los habíamos visto más que por los terroristas islámicos radicales. Es atroz y terrible. Esto es la banalidad del mal… y la respuesta de la gobernadora es agitada, es de complicidad”, expresó.

El activista acusó que las autoridades estatales muestran desprecio hacia las víctimas, lo que genera mayor incertidumbre y vulnerabilidad en la población. “Lo que ocurrió con la maestra Irma es el desprecio por las víctimas y el intento de ocultamiento de la realidad. La degradación total del Estado. Un Estado que no puede responder por las víctimas y que no es capaz de darles seguridad”, dijo.

Sicilia también extendió sus críticas a la izquierda mexicana, a la que consideró “fascista” y en manos de “un puñado de ignorantes y criminales para engañar a la gente”. En este contexto, afirmó que el partido Morena “es peor que el PRI” en materia de corrupción y violencia.

La conferencia de prensa también sirvió como marco para la presentación de su más reciente libro, Crisis o Apocalipsis, en el que reflexiona sobre la situación de violencia, impunidad y complicidad política en México. En su intervención, el autor concluyó que el país “no ha cambiado en nada” y que el panorama actual está marcado por “el horror, las complicidades políticas con el crimen organizado y la polarización social”.

Omar Reyes Colmenares ha sido designado como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su llegada fortalecerá las investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades ilícitas y el combate al lavado de dinero.

La designación de Reyes Colmenares fue anunciada oficialmente el lunes, después de que el sábado pasado la propia mandataria federal informara que Pablo Gómez, anterior jefe de la UIF, asumiría la presidencia de la comisión especial encargada de promover la reforma electoral. Aunque su nombramiento aún debe ser ratificado por el Poder Legislativo, Sheinbaum dejó claro que su elección no es casual: “Es un especialista en inteligencia”.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta destacó la trayectoria de Reyes Colmenares y su cercanía profesional con ella. “Nos conocemos desde hace muchos años. Trabajamos juntos en el gobierno de la ciudad de México. Los dos ‘Omares’ nos conocemos desde hace más años”, declaró, en referencia también a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, otro integrante de su círculo de confianza.

Sheinbaum subrayó que Reyes Colmenares no sólo es un perfil técnico, sino una pieza clave dentro de su estrategia de seguridad e inteligencia financiera. La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, juega un papel central en la identificación y análisis de operaciones financieras relacionadas con delitos como el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado.

Al reconocer la gestión de Pablo Gómez, la presidenta destacó que “hizo un trabajo extraordinario” al frente del organismo, lo que deja a Reyes Colmenares el reto de mantener e impulsar las capacidades de la UIF en un contexto nacional donde el flujo de recursos ilícitos sigue siendo una amenaza persistente.

El cambio en la UIF forma parte de una serie de movimientos dentro del gabinete federal orientados a consolidar el equipo de seguridad e inteligencia de Sheinbaum, reforzando estructuras clave con personas de su confianza y con experiencia directa en administraciones anteriores.

La llegada de Reyes Colmenares a la UIF apunta a una estrategia de continuidad y fortalecimiento técnico en la vigilancia de los flujos financieros ilegales, y representa un paso más en la conformación del gabinete federal que acompañará a Claudia Sheinbaum en el arranque de su sexenio presidencial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el presidente estadounidense Donald Trump le propuso el ingreso del ejército de Estados Unidos a territorio mexicano como parte de una estrategia contra el crimen organizado. La mandataria rechazó de inmediato la sugerencia, subrayando el principio de soberanía nacional.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum relató que la propuesta se dio en una llamada telefónica sostenida con Trump desde que asumió la presidencia, aunque no precisó la fecha exacta. Según explicó, fue clara y firme en su respuesta: “Le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba en discusión, y él lo entendió”.

El tema volvió a ser abordado públicamente luego de que The Wall Street Journal difundiera en mayo de 2025 que Trump habría ofrecido apoyo militar directo en territorio mexicano como parte de su ofensiva contra el narcotráfico. Posteriormente, la presidenta confirmó la versión, y ese mismo 3 de mayo compartió detalles del diálogo que sostuvo con el republicano.

En aquel momento, Sheinbaum enfatizó su postura ante el ofrecimiento de Trump: “¿Saben qué le dije? ‘No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende’”, recordó con contundencia.

A pesar del rechazo a la intervención militar directa, Sheinbaum reiteró su disposición a mantener una colaboración estrecha con Estados Unidos en temas de seguridad, siempre y cuando se respete el marco de la soberanía mexicana. Explicó que su administración está abierta a mecanismos de cooperación bilateral, particularmente en el intercambio de información, pero advirtió que esto debe realizarse “sin subordinación y respetando nuestra soberanía”.

La postura de Sheinbaum marca una línea clara en la relación bilateral, especialmente en un contexto en que sectores conservadores de Estados Unidos han impulsado ideas como la intervención militar directa en México para combatir a los cárteles del narcotráfico. La presidenta mexicana ha sido enfática en que la estrategia de seguridad nacional será diseñada e implementada exclusivamente por el Estado mexicano.

Con esta declaración, Sheinbaum reafirma su compromiso con la defensa del territorio y el manejo soberano de los asuntos de seguridad, delineando con claridad los límites de la cooperación con Washington. La mandataria mantiene la ruta de colaboración con respeto mutuo como eje de la política exterior en materia de seguridad y combate al crimen organizado.