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Las asociaciones que representan a jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) emitieron un posicionamiento público en el que advierten posibles efectos legales y constitucionales derivados de la reciente reforma en materia de pensiones aprobada por el Congreso. El pronunciamiento, difundido este domingo, estuvo dirigido tanto a la opinión pública como a la Cámara de Diputados, a cuyos integrantes solicitaron actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” durante la elaboración de las leyes secundarias.

El llamado ocurre luego de que el Poder Legislativo avaló la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar el artículo 127 constitucional. La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La medida también abarca a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

No obstante, el proyecto incluye excepciones para las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las contribuciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva. Uno de los puntos que ha generado mayor inconformidad entre jubilados y sectores de oposición es el contenido de los artículos transitorios, que contemplan el ajuste de pensiones ya otorgadas al nuevo límite, lo que ha sido interpretado como un posible efecto retroactivo.

Las asociaciones de jubilados de confianza de Pemex señalaron que la modificación de condiciones previamente otorgadas implicaría una afectación a “derechos consolidados”. También advirtieron que la alteración de reglas establecidas durante la vida laboral de los trabajadores podría generar incertidumbre jurídica, al modificar de manera unilateral condiciones bajo las cuales se planificó el retiro.

En su pronunciamiento, las agrupaciones indicaron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente definidos “rompe el principio de legalidad” y coloca a los jubilados en situación de vulnerabilidad frente a decisiones del poder público.

Los jubilados también cuestionaron la difusión de información realizada el 13 de marzo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la que acusaron de divulgar datos “falsos” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”. Según el pronunciamiento, la publicación incluyó identidades de personas jubiladas, lo que, afirmaron, generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.

Actualmente, el proceso legislativo continúa en los congresos estatales del país. Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa requiere el respaldo de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales antes de su publicación oficial y eventual entrada en vigor, paso previo para la elaboración de las leyes secundarias que definirán su aplicación.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, hizo un llamado a implementar una estrategia integral que enfrente directamente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, al señalar que la respuesta del Estado debe incluir a quienes operan como cómplices o facilitadores desde cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el combate a la delincuencia no debe limitarse a quienes participan de forma directa en actividades armadas, sino también a quienes colaboran desde el interior de las instituciones. “Me refiero a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles; a esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados, también tienen que tener todo el peso del Estado”, expresó.

El posicionamiento del PAN ocurre tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este contexto, Lixa reconoció la actuación de las fuerzas armadas, destacando su desempeño durante el operativo. “Han demostrado valentía, disciplina, ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta”, declaró.

El legislador también expresó solidaridad con las familias de los elementos militares que fallecieron durante la operación, y reiteró el respaldo de su bancada a las fuerzas de seguridad. No obstante, señaló que, además de las acciones operativas, es necesaria una estrategia preventiva más amplia en distintas regiones, incluyendo Jalisco.

El coordinador parlamentario subrayó que el PAN ha insistido en la necesidad de una política de seguridad que actúe desde el origen del problema y no únicamente mediante operativos. Indicó que contar con información oportuna es un factor clave para lograr la pacificación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones públicas representa un factor determinante en la expansión de estas organizaciones. “Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, afirmó.

El legislador agregó que el tamaño y capacidad operativa de los cárteles, así como delitos como la extorsión en distintas entidades, reflejan la posible existencia de funcionarios que actúan como facilitadores o colaboradores. Según explicó, estos vínculos permiten el flujo de información o facilitan operaciones ilícitas.

Lixa también enfatizó que la neutralización de un líder criminal no implica la desaparición de la organización. “Capturar, abatir o neutralizar a una cabeza de un cártel no lo soluciona todo”, señaló, al reiterar la necesidad de una estrategia estructural que incluya acciones contra la infiltración criminal en el aparato gubernamental y fortalezca las instituciones frente a la delincuencia organizada.

La propuesta para legalizar la eutanasia en México abrió un nuevo frente de debate entre el Estado, el sector médico y la Iglesia católica. Este domingo, la Arquidiócesis de México cuestionó la iniciativa conocida como “Ley Trasciende”, que busca reformar la Ley General de Salud y modificar el Código Penal Federal para permitir que personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas decidan, bajo consentimiento informado, acceder a una muerte médicamente asistida.

La propuesta fue presentada en el Senado mexicano hace diez días y plantea que los mayores de 18 años puedan ejercer su derecho a una muerte digna, sin ser criminalizados por su decisión. De aprobarse, México se sumaría a la lista de países que reconocen la eutanasia como un acto de autonomía y libertad individual frente al sufrimiento terminal.

Sin embargo, la posición de la Iglesia fue contundente. En su editorial semanal Desde la fe, la Arquidiócesis calificó la iniciativa como “incorrecta” y señaló que sus fundamentos están “fuera de lugar”. Afirmó que el debate no debería centrarse en la separación Iglesia–Estado, sino en principios éticos, médicos y jurídicos que trascienden las creencias personales.

El órgano religioso recordó que la Asociación Médica Mundial y el Consejo Europeo mantienen su oposición al suicidio asistido y a la eutanasia, bajo el argumento de que la ética médica debe proteger la dignidad humana en todo momento, incluso en medio del dolor y la enfermedad. Para la Iglesia, el llamado “bien morir” no implica provocar la muerte, sino acompañar los últimos momentos de vida con atención médica, emocional y espiritual.

La Arquidiócesis alertó además sobre la “visión romantizada” que, asegura, rodea al tema, ya que la eutanasia no siempre garantiza una muerte sin sufrimiento. En su postura, la respuesta al dolor no debe ser la muerte, sino mejorar los cuidados paliativos, servicios que en México todavía son escasos y desiguales.

De acuerdo con cifras de 2023, solo 5% de los pacientes terminales en el país tiene acceso a cuidados paliativos adecuados. En este contexto, la Iglesia instó al Estado a invertir más recursos en el desarrollo de estas atenciones, argumentando que ofrecer la eutanasia como alternativa sería “un acto de renuncia al deber de cuidar”.

Actualmente, 20 de los 32 estados mexicanos cuentan con leyes de voluntad anticipada, una forma de eutanasia pasiva que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos invasivos en etapas críticas. La “Ley Trasciende” busca ir un paso más allá: legalizar la intervención médica activa para terminar con el sufrimiento.

El debate continúa abierto. Mientras en el Congreso se analizan los aspectos legales y éticos de la iniciativa, la postura de la Iglesia reaviva una discusión profunda sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y el papel del Estado ante el final de la existencia humana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este viernes el respaldo del Estado para fortalecer la seguridad en Sinaloa, entidad afectada por la violencia derivada de la lucha entre facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante su visita al puerto de Mazatlán, dentro de su gira por el primer año de gobierno, subrayó que las instituciones federales seguirán presentes en el estado para combatir la inseguridad.

Sheinbaum enfatizó que el Gabinete de Seguridad continuará realizando visitas constantes a Sinaloa, con la participación de los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad. “Apoyando al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, afirmó la mandataria al destacar que se mantendrán los elementos de todas las corporaciones.

“Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional con inteligencia, investigación, judicialización y mucha coordinación”, expresó en su discurso.

En su conferencia matutina del 24 de septiembre, Sheinbaum reconoció que existían condiciones para encabezar su acto público en Mazatlán, pese a la violencia reciente. Esto ocurrió después de que los escoltas de la nieta del gobernador Rubén Rocha fueran atacados a balazos en Culiacán mientras viajaban en una camioneta. Aunque no se refirió directamente al incidente, reiteró que su administración respalda al gobierno estatal y “seguirá construyendo la paz desde abajo y construyendo el bienestar para el pueblo de México”.

La presidenta informó que uno de los principales temas tratados con el gobierno de Estados Unidos fue la seguridad fronteriza. “Si, coordinación, si colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de la soberanía”, señaló. “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Nos hemos ganado el respeto”.

Sheinbaum anunció que el viernes se realizó la primera reunión del comité creado para dar seguimiento a los asuntos de seguridad, derivado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a inicios de septiembre. Explicó que se logró un acuerdo inédito: “lo prioritario no es lo que va de México a los Estados Unidos, ahora queremos que por primera vez, lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México y ayer logramos un acuerdo de que EU va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas a México, nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”.

Durante el acto, el gobernador Rubén Rocha pidió aplausos para la presidenta y la llamó sinaloense. Recordó que el esposo de Sheinbaum es originario de Mazatlán, a lo que la mandataria respondió: “sí, es cierto, soy sinaloense por adopción y por amor, qué le voy a hacer. Arriba Sinaloa, arriba el pueblo de Sinaloa”.

El compromiso del gobierno federal con la verdad, la justicia y la atención a víctimas de desaparición ha dado un paso firme. En un encuentro histórico, la Secretaría de Gobernación reafirmó que la búsqueda de personas será atendida como una prioridad de Estado, con una visión sensible, empática y con total disposición al diálogo. 

Desde un hotel en la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, encabezó la primera reunión con el colectivo Guerreros Buscadores. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la atención a las víctimas, con la clara instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar el tema en el centro de la agenda nacional.

Con un mensaje directo y contundente, la funcionaria reiteró que todos los servidores públicos están llamados a actuar con responsabilidad, apertura y humanidad. “Garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias”, fue una de las frases más destacadas durante el evento, donde también se enfatizó que el gobierno reconoce a los colectivos como víctimas con pleno derecho a participar en cada etapa del proceso.

La reunión se desarrolló en dos momentos clave: un mensaje a medios en formato público, seguido de un encuentro privado entre autoridades y representantes del colectivo, en el que se expusieron casos, inquietudes y propuestas para fortalecer las acciones de búsqueda.

La Secretaría de Gobernación aseguró que este tipo de reuniones se replicará con diversos colectivos en todo el país. Serán al menos seis encuentros en los que se pretende recoger propuestas concretas, incorporar sus voces a la toma de decisiones y construir una agenda común que responda a las necesidades reales de quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

Durante la jornada, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que todas las iniciativas relacionadas con la desaparición forzada se mantendrán en pausa. Esta decisión responde al compromiso de escuchar primero a las organizaciones sociales y asegurar que sus experiencias y planteamientos queden reflejados en cualquier reforma legal futura.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Segob a establecer este puente directo con los colectivos antes de avanzar con las propuestas legislativas. La pausa legislativa abre un espacio necesario para el diálogo, la colaboración y la co-construcción de soluciones en torno a uno de los temas más sensibles del país.

Desde el gobierno federal se destaca una disposición total a sumar esfuerzos con quienes llevan años buscando a sus familiares, con el objetivo de garantizar no solo justicia, sino también memoria, verdad y reparación.