Cierre de registro de aspirantes a cargos judiciales: casi 9,500 solicitudes recibidas

Este domingo 24 de noviembre finalizó el plazo para registrar a los aspirantes a ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en tribunales y juzgados del país. Según información proporcionada por los comités de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, se recibieron un total de 9,500 solicitudes para los distintos cargos judiciales en disputa.

De estas, 2,007 fueron registradas ante el Poder Judicial, 2,747 ante el Comité del Poder Ejecutivo y el resto por la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, expresó en su cuenta de X su satisfacción por la alta participación ciudadana en este proceso, destacando que la cifra de solicitudes recibidas superó las expectativas.

Los datos preliminares indican que la mayoría de los aspirantes son hombres (60%), mientras que las mujeres representan el 40% restante. A pesar del incremento de inscripciones durante los últimos días, se estima que las solicitudes podrían ser insuficientes para completar las ternas necesarias para todos los cargos judiciales disponibles.

Los aspirantes serán evaluados según criterios técnicos, éticos y profesionales. El proceso de selección tomará en cuenta los méritos académicos (40 puntos), la experiencia profesional (30 puntos) y la reputación pública (30 puntos), sumando un total de 100 puntos.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la lista de candidatos seleccionados será publicada antes del 31 de enero de 2025. El 8 de febrero, los comités enviarán los expedientes al Senado, que a su vez los remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE). Este último organizará las elecciones extraordinarias, programadas para el 1 de junio de 2025.

Ricardo Monreal se disculpa por uso de helicóptero privado y asegura no haber violado leyes

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ofreció disculpas públicas tras ser criticado por utilizar un helicóptero privado junto al diputado Pedro Haces. En un video publicado en su red social X, Monreal aseguró que no se emplearon recursos públicos para este traslado y se comprometió a evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Monreal reconoció que los servidores públicos están bajo constante vigilancia social, especialmente quienes forman parte del Movimiento de la Cuarta Transformación, cuyo ideal de austeridad es más exigente. “No hay tregua ni justificación ante posibles errores, y menos en la 4T, donde somos más estrictos con nosotros mismos”, expresó.

Explicó que aceptó acompañar a un amigo y su familia en un transporte aéreo privado, sin que esto interfiriera con sus responsabilidades legislativas ni implicara uso de fondos públicos. Sin embargo, tras la difusión del video, ofreció disculpas sinceras a los militantes y simpatizantes de Morena que se sintieron ofendidos.

Monreal también enfatizó que no quebrantó ninguna ley, pero admitió la necesidad de actuar con mayor prudencia debido a su rol como dirigente político. “Debemos estar a la altura de las circunstancias y ser un ejemplo para la sociedad”, afirmó.

El incidente ocurrió en septiembre, pero el video salió a la luz recientemente, lo que provocó diversas reacciones, incluso desde el Ejecutivo. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó en su conferencia matutina que los integrantes de la 4T deben ser un ejemplo de austeridad y evitar conductas que puedan contradecir sus principios. Aunque reconoció la explicación de Monreal, reiteró que es crucial mantener congruencia entre el discurso y las acciones.

 

Presidente del INAI ofrece su cargo para evitar la desaparición del organismo

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha desatado un intenso debate en el país. Ante la creciente presión y las propuestas legislativas que buscan disolver al organismo, Adrián Alcalá, presidente del INAI, ha puesto sobre la mesa su renuncia, un movimiento inesperado que busca evitar la eliminación de esta institución autónoma.

 

“Mi renuncia está disponible, siempre y cuando se garantice que los derechos de la sociedad serán atendidos de inmediato”, declaró Alcalá. Con esta afirmación, el comisionado dejó en claro que su prioridad es asegurar la continuidad de una institución que ha sido fundamental para proteger el derecho a la información y a los datos personales de los ciudadanos.

 

El comisionado también subrayó que la desaparición del INAI no solo afectaría los derechos de los mexicanos, sino que podría tener consecuencias internacionales, específicamente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Alcalá advirtió que el tratado exige la existencia de organismos autónomos que aseguren el flujo transfronterizo de datos personales entre los países miembros. De desaparecer el INAI, México se arriesgaría a vulnerar un acuerdo que es crucial para la economía y la confianza internacional en el país.

 

Además de ofrecer su renuncia, el INAI ha presentado a la Secretaría de Gobernación una propuesta para reducir el gasto corriente del instituto, que incluye una reducción salarial de los comisionados y un recorte en el número de integrantes del organismo, de siete a cinco, lo que representaría un ahorro de 330 millones de pesos. Esta estrategia, explicó Alcalá, busca demostrar que el INAI está comprometido con la austeridad y la transparencia, elementos clave que podrían convencer al Congreso de la necesidad de mantenerlo en funcionamiento.

 

La propuesta de pasar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha generado preocupación entre activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Para muchos, esta medida representa un retroceso en términos de imparcialidad y transparencia, ya que colocaría al gobierno en una posición de “juez y parte” en la entrega de información pública. Alcalá enfatizó el riesgo de que esta medida pueda “volver parcial la función pública y comprometer la protección de los datos personales“, lo cual, según sus palabras, “afectaría profundamente la confianza de los ciudadanos en la transparencia gubernamental”.

 

Por otro lado, el comisionado expresó su confianza en que el diálogo con los legisladores, incluyendo a figuras clave como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, pueda generar una solución que preserve al INAI. Alcalá ha reiterado la importancia de que los derechos de los mexicanos a la información y a la protección de datos sigan garantizados por un ente independiente, y que se evite cualquier medida que comprometa esta autonomía.

 

Mientras que la sociedad civil se mantiene atenta a las decisiones del Congreso, pues la desaparición del INAI significaría un cambio radical en la forma en que los ciudadanos acceden a la información gubernamental. 

Morena y sus aliados van por la extinción de siete organismos autónomos que definirá el rumbo del país

La próxima semana, el pleno de la Cámara de Diputados se prepara para una histórica votación que podría marcar el fin de siete organismos autónomos clave en la vida pública de México. Así lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien detalló en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro que la discusión y posible aprobación de la medida se realizarán el martes 12 y miércoles 13 de noviembre.

 

El dictamen ha causado un intenso debate, no solo dentro del recinto legislativo sino también en la opinión pública, al poner en la cuerda floja a instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. La propuesta de Morena y sus aliados ha levantado fuertes críticas por su impacto en temas de transparencia, competencia económica, y regulación de sectores estratégicos.

 

Para Monreal, la extinción de estos organismos responde a la necesidad de cumplir compromisos históricos del partido y reducir la burocracia. “Voy a reunirme todavía con algunos miembros de órganos autónomos estos días”, explicó Monreal a medios, asegurando que la medida se alinea con los ideales de Morena en materia de protección animal y combate a la corrupción.

 

La propuesta también incluye tres reformas constitucionales: una sobre la protección de animales, otra para ajustar el catálogo de delitos graves con prisión preventiva oficiosa y una más enfocada en mejorar la transparencia y reducir el fraude en la frontera, una problemática crítica para Monreal. “Allá en la frontera está bien difícil, lo de la defraudación fiscal y sobre todo en aduanas, es una corrupción tremenda”, mencionó el legislador, subrayando la urgencia de una acción decidida en esa área.

 

No obstante, la iniciativa ha sido vista por algunos como un retroceso para la autonomía y transparencia en México. Los siete organismos afectados fueron creados precisamente para operar con independencia del poder político, vigilando sectores que requieren imparcialidad y especialización. La extinción del INAI, por ejemplo, genera preocupación sobre el acceso a la información y la protección de datos personales, lo cual algunos consideran un pilar de la democracia moderna.

 

Entre los puntos de la agenda legislativa, uno de los debates más intensos será el de la prisión preventiva oficiosa para delitos como el fraude fiscal. Monreal, en una declaración que llamó la atención, opinó que podría ser prudente excluir ciertos delitos fiscales de este catálogo. Sin embargo, reconoció que la decisión final está en manos de las comisiones correspondientes, y él no es miembro de ellas. “Es una propuesta mía, pero la comisión determinará si se mantiene o no el tema de delito de defraudación fiscal con prisión preventiva oficiosa”, aclaró.

 

La extinción de organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podría modificar de manera radical la estructura de regulación en México. Estas entidades han sido fundamentales en la evaluación de políticas públicas y la supervisión de sectores estratégicos, desde la energía hasta la educación, donde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ha desempeñado un papel crucial en los últimos años.

 

La decisión que se tomará en San Lázaro la próxima semana marcará un antes y un después en la relación entre el Estado y los organismos que, hasta ahora, han sido autónomos. Para Monreal y los líderes de Morena, esta es una oportunidad de simplificar la administración pública y “cumplir compromisos históricos”. Para los críticos, representa una amenaza a la independencia institucional y, en última instancia, a la democracia mexicana.

 

La votación se perfila como uno de los momentos más decisivos del año, donde las decisiones que tomen los legisladores no solo afectarán a los organismos en cuestión, sino también a millones de mexicanos que dependen de su labor para garantizar la transparencia, la competencia y la regulación de sectores esenciales.

El INAI pende de un hilo: Monreal anuncia su extinción mientras dicha institución defiende su autonomía

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está en la agenda del Congreso, y la incertidumbre crece tanto para los defensores de la transparencia como para los empleados del Instituto. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, confirmó que la extinción del INAI podría ser discutida en el Legislativo en los próximos días, una propuesta que ha generado preocupación en quienes ven en el organismo una pieza clave para la defensa de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México.

 

En un encuentro reciente con los comisionados del INAI, Monreal recibió sus inquietudes y planteamientos, pero fue contundente al señalar que la permanencia del Instituto parece improbable. “No creo que eso sea posible”, afirmó Monreal, aunque aseguró que el empleo de los 816 trabajadores del INAI está garantizado en un régimen de transición, indicando que podrían ser reubicados en otras dependencias. “Habría que buscar la forma, pero sus trabajos están garantizados. Tendrán opciones distintas; eso lo veremos en los transitorios de la reforma”, declaró.

 

Monreal explicó que los cuatro comisionados del INAI han buscado alternativas para salvar la institución, apelando a diversas instancias gubernamentales y federales. Según el líder morenista, los comisionados incluso se reunieron con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien les indicó que la decisión final recae en el Poder Legislativo.

 

Por su parte, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, ofreció un mensaje a medios en el que reiteró la importancia de contar con una institución autónoma que respalde los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, derechos fundamentales en cualquier democracia. “Es indispensable que el Estado mexicano cuente con una institución autónoma que garantice estos derechos humanos”, expresó Alcalá, defendiendo la vigencia del Instituto y su misión como garante de transparencia y privacidad para los ciudadanos.

 

“Estamos convencidos de que el INAI es esencial en el panorama actual”, subrayó Alcalá. “Nuestro país merece una sede independiente que brinde seguridad a los ciudadanos en cuanto a sus datos personales y acceso a la información pública. Seguiremos dialogando, insistiendo en esta posición en el marco de este proceso legislativo”, añadió.

 

Esta iniciativa de reforma surge en un contexto donde la autonomía de los órganos reguladores ha sido un tema polémico, con propuestas que buscan reestructurar o eliminar organismos autónomos. En ese sentido, el INAI se enfrenta a un escenario complejo en el que sus defensores consideran que su extinción sería un retroceso en términos de transparencia y acceso a la información en México. Diversas voces dentro de la sociedad civil han alzado la voz en defensa de esta institución, considerando que su desaparición podría abrir la puerta a prácticas de opacidad.

 

Con la primera lectura de la propuesta legislativa programada para esta semana, el futuro del INAI se definirá pronto, dejando en claro que las próximas decisiones tendrán repercusiones significativas en la forma en que el Estado mexicano maneja la información pública y protege los datos personales. La sociedad y los expertos en transparencia están atentos a lo que se decida, conscientes de que esta posible reforma marcará un antes y un después en la historia de los derechos ciudadanos en México.

 

El INAI, que ha jugado un papel fundamental en la rendición de cuentas, enfrenta su mayor desafío, y mientras sus comisionados luchan por preservar su autonomía, el Congreso será el campo de batalla donde se defina su destino. Monreal dejó claro que esta decisión será compleja, pero su firmeza en la casi inminencia de la reforma no deja dudas: el INAI está en la cuerda floja, y su futuro depende de la discusión legislativa que se avecina.

INAI se reunirá con Rosa Icela Rodríguez para discutir desaparición de organismos autónomos

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, confirmó que el pleno del organismo sostendrá una reunión este miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para discutir la propuesta legislativa que busca la desaparición de los organismos autónomos, la cual ya fue presentada en la Cámara de Diputados.

“He recibido con agrado la confirmación de la oficina de la Secretaría de Gobernación de que este miércoles 16 de octubre tendremos una reunión de trabajo. Celebro esta apertura para establecer un diálogo respetuoso”, publicó Alcalá en sus redes sociales.

En una entrevista con Imagen Radio, Alcalá adelantó que, durante la reunión con la funcionaria federal, insistirán en la necesidad de que los derechos de acceso a la información y protección de datos sean garantizados por una institución autónoma, aunque reconoció que podrían considerarse algunos ajustes.

Por otra parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló que antes de diciembre se espera que desaparezcan siete organismos autónomos contemplados en la iniciativa que ya fue votada en comisiones, entre ellos se encuentran el INAI.

El INAI ha alertado en diversas ocasiones que la reforma constitucional que propone eliminar este instituto representa un retroceso significativo para la transparencia y afectará de manera grave el ejercicio de los derechos humanos en el país.

En un llamado urgente, el organismo invitó a los legisladores y a la ciudadanía a dialogar y reconsiderar esta iniciativa, ya que pone en riesgo la calidad de la vida pública y la confianza en las instituciones.

“Eliminar al INAI no es un asunto técnico o administrativo, sino que impacta directamente a cada ciudadano. El derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y proteger nuestra privacidad son logros que hemos alcanzado como sociedad”, afirmó el INAI.

El instituto también advirtió que la propuesta de transferir sus funciones a otras entidades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, podría comprometer la imparcialidad y aumentar el riesgo de que los derechos humanos queden desprotegidos al ser evaluados por quienes ejercen el poder.

La reunión, que se realizará por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, será de carácter privado y se llevará a cabo en la Secretaría de Gobernación.

Ricardo Monreal Confirma Aprobación de Reforma para Extinguir Órganos Autónomos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la reforma para eliminar los órganos autónomos será aprobada antes de que finalice el año. Así lo adelantó durante una entrevista en el recinto legislativo de San Lázaro, donde subrayó que esta reforma es parte de un paquete de 18 iniciativas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero pasado.

Monreal explicó que, hasta ahora, se han aprobado siete de las 18 reformas constitucionales incluidas en este paquete. “La reforma de los órganos autónomos está en análisis, pero forma parte del conjunto de aprobaciones remitidas en agosto a la comisión de puntos constitucionales. Debemos aprobarla antes de diciembre, ya que tenemos hasta ese mes para completar las 18 reformas. Es un proceso pesado, llevamos siete”, detalló.

Además, Monreal fue enfático en advertir que, en lo que respecta a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, “no habrá retrocesos”.

“Vamos a abordar estos temas en profundidad y no nos detendremos, porque la ciudadanía merece un sistema de justicia sólido, ya que por años se ha favorecido la corrupción y la impunidad”, declaró el diputado.

Monreal Ávila afirmó que quienes se oponen a la reforma buscan “mantener sus privilegios económicos y políticos, y eso no lo permitiremos”. Aseguró que será la ciudadanía quien decida a través de su voto en la elección de jueces, magistrados y ministros.

Como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), insistió en la necesidad de llevar a cabo la Reforma Judicial, señalando que los actuales impartidores de justicia no garantizan que esta sea rápida y efectiva.

Finalmente, recordó que el próximo 16 de octubre se emitirá la convocatoria para el registro de las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros, dando así un paso importante en la reforma del sistema judicial.

Aprobación de reforma garantiza aumentos salariales por encima de la inflación

El martes 24 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una trascendental reforma que establece incrementos anuales al salario mínimo, superando siempre los niveles de inflación. Esta decisión responde a las demandas históricas de la clase trabajadora y pretende mejorar la situación económica de millones de mexicanos, especialmente aquellos con los salarios más bajos.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, fue el encargado de anunciar la reforma. La nueva medida garantiza un salario mínimo de al menos 249 pesos diarios a nivel nacional y 374 pesos en la zona fronteriza norte. Este incremento busca asegurar que los ingresos de los trabajadores no se vean afectados por la inflación, permitiendo así una mejora continua en su poder adquisitivo.

Desde 2018, el gobierno ha priorizado el aumento del salario mínimo, logrando un crecimiento superior al 100% en los últimos años. Esta nueva iniciativa sigue esa misma línea, asegurando que los salarios mínimos se mantendrán por encima de la inflación, preservando y fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además del incremento general al salario, la reforma también incluye una modificación al artículo 123 de la Constitución, que estipula que los sueldos de maestros, policías, guardias nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras no deben ser inferiores al salario promedio registrado ante el IMSS.

Por otro lado, este miércoles 25 de septiembre, se discutirá una nueva propuesta en la Cámara de Diputados que busca otorgar un apoyo mensual de al menos un salario mínimo a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la capacitación y la inserción laboral de los jóvenes en todo el país, combatiendo así el desempleo juvenil.

Según Monreal, estas reformas reflejan la lucha constante de los trabajadores por mejores condiciones salariales y laborales. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), los aumentos en los salarios mínimos no han generado un impacto negativo en la inflación, sino que, por el contrario, han sido clave en la reducción de la brecha salarial de género, que ha disminuido un 25% desde 2019.

Asimismo, la zona libre de la Frontera Norte, compuesta por 45 municipios de estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ha sido beneficiada con estas medidas, favoreciendo el crecimiento económico y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

La Conasami ya se encuentra trabajando en el ajuste salarial previsto para 2025. Tanto las organizaciones patronales como los trabajadores presentarán sus estudios antes de noviembre, mientras que la Comisión entregará su informe sobre el impacto de los precios en el poder adquisitivo antes de finalizar el año. El nuevo salario será oficial el 1 de enero de 2025, y todas las empresas deberán cumplir con el incremento.

El proceso de ajuste salarial ha sido fundamental en la política económica del país, contribuyendo a la reducción de la pobreza laboral y mejorando el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Con la aprobación de estas reformas, se espera que los trabajadores mexicanos experimenten una mejora significativa en su bienestar económico, reduciendo las desigualdades que persisten en el país.

Por último, la reforma que propone apoyo a los jóvenes desempleados tiene el potencial de reducir la brecha laboral entre este sector de la población, promoviendo su inserción en el mercado de trabajo y fortaleciendo la economía nacional a largo plazo.

Senado se prepara para discutir la reforma judicial mientras surge debate sobre número de votos necesarios

Este martes 10 de septiembre de 2024, el Senado de la República llevará a cabo la primera lectura del dictamen de la reforma judicial, iniciando así formalmente la discusión en el pleno. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un intenso debate sobre cuántos votos necesita Morena para aprobar la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, garantizó una amplia discusión en el pleno, asegurando que todas las voces presentes en la Cámara serán escuchadas y que el resultado de la votación será respetado.

La reforma judicial busca democratizar la elección de más de 1,600 puestos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y ministros, a través de elecciones populares escalonadas. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la mitad de los jueces y magistrados de distrito, mientras que la otra mitad sería elegida en 2027.

Entre los puntos clave de la reforma se encuentra la reducción de los ministros de la SCJN de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, determinada por el porcentaje de votos obtenidos en un sistema de representación proporcional. La duración de los cargos variaría: 14 años para los más votados, 11 y 8 años para los que reciban menos votos.

Además, la reforma propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo encargado de vigilar la conducta del personal judicial y de aplicar sanciones cuando corresponda. Los magistrados de este tribunal también serían elegidos en las urnas en 2025.

Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, necesita una mayoría calificada para que la reforma sea aprobada en el Senado, ya que se trata de una reforma constitucional. La mayoría calificada implica obtener al menos dos tercios de los votos de los legisladores presentes en el pleno, según la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado.

Si los 128 senadores están presentes durante la votación, serían necesarios 86 votos a favor. No obstante, algunos senadores, como Adán Augusto López, han sugerido que solo se necesitan 85 votos debido a un cálculo matemático que considera el “resto mayor o menor” al determinar la mayoría calificada.

Adán Augusto López explicó que, según algunos cálculos, la mayoría calificada sería de 85 votos, basándose en que cuando el “resto mayor” es mayor a 50, el número se ajusta hacia abajo. Según sus palabras, “la ley dice que son 85.36, si las matemáticas no fallan”.

Este criterio ha sido debatido previamente. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto del Congreso de Morelos al no alcanzar el número suficiente de votos, aplicando el principio de aproximación por exceso. Según este enfoque, las dos terceras partes de los 128 senadores representan un 66.666% de los votos, lo que solo se alcanza con 86 votos, no con 85.

Incluso en 2022, el entonces senador Ricardo Monreal reconoció que se requerían 86 votos para la mayoría calificada en una sesión en la que participaran todos los senadores.

Suspenden sesión en la Cámara de Diputados por protestas en San Lázaro

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió cancelar la sesión ordinaria prevista para este martes 10 de septiembre, debido a que los accesos a San Lázaro han sido bloqueados por trabajadores de juzgados y tribunales federales. Estas manifestaciones, que llevan seis días, son en protesta contra la reforma del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, informó a la presidenta de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez, sobre el acuerdo. Además, se pidió a los diputados de los distintos grupos parlamentarios mantenerse disponibles en caso de que se les convoque de manera urgente a una sesión el miércoles 11 o jueves 12 de septiembre.

“Los integrantes de la Junta de Coordinación Política hemos decidido no sesionar el martes 10 de septiembre debido a la falta de condiciones. Si la situación persiste, se tomará la decisión correspondiente. Sin embargo, si surge un asunto urgente, este órgano de gobierno actuará en consecuencia”, expresó Monreal en el documento dirigido a Martínez.

La cancelación de la sesión, donde se planeaba discutir la reforma constitucional sobre derechos indígenas, responde a la situación en los alrededores de San Lázaro. Los trabajadores del Poder Judicial han impedido el acceso a las instalaciones, y la medida busca proteger la seguridad de manifestantes, empleados y legisladores, explicó Monreal.

Finalmente, Monreal solicitó a la Mesa Directiva que informe a la colegisladora para que se otorgue el aval constitucional necesario.