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El recorrido aéreo que partió desde Ciudad del Carmen abrió una revisión amplia sobre los principales complejos petroleros de la Sonda de Campeche, en un operativo en el que participaron la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (PEMEX), como parte del seguimiento al derrame de hidrocarburos registrado a inicios de febrero.

Desde la Terminal Aérea de PEMEX en Ciudad del Carmen se trazó la ruta que cubrió los activos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Abkatún-Pol-Chuc y Litoral-Tabasco. El objetivo fue verificar el estado de la zona marina ubicada entre la terminal y el área de producción, tras más de tres meses del incidente inicial.

A lo largo del trayecto, las autoridades ambientales reportaron que no se identificaron nuevas emanaciones en el corredor marítimo inspeccionado y que la infraestructura petrolera mantiene su operación comercial sin afectaciones mayores derivadas del evento de febrero.

Uno de los puntos observados durante el sobrevuelo fue la Chapopotera de Cantarell, donde se detectó la presencia de una embarcación ejecutando labores de dispersión mecánica mediante chorros de agua, técnica aplicada para reducir acumulaciones superficiales de crudo.

En el mismo complejo de Cantarell, así como en el de Abkatún-Pol-Chuc, se registraron formaciones de plumas blanquecinas y plateadas en zonas cercanas a los centros de proceso Akal-C, Akal-B y Batab. Sobre estas observaciones, PEMEX informó a las autoridades regulatorias que dichas manifestaciones corresponden a emanaciones naturales de la chapopotera, descartando que estén relacionadas con nuevos eventos de pérdida de contención en plataformas o instalaciones.

El monitoreo aéreo continuó hacia el activo Litoral-Tabasco, donde en la plataforma Abkatún-D se observó una emisión de humo negro proveniente de un quemador. La condición fue vinculada a un desahogo controlado de gases de hidrocarburos, sin impacto en la operación de la instalación ni presencia de manchas de crudo en el entorno marino.

Al cierre del sobrevuelo, la ASEA reportó que el recorrido no evidenció nuevas fugas en los puntos inspeccionados y que las condiciones observadas se mantuvieron dentro de los parámetros operativos informados por PEMEX durante la verificación conjunta con la Secretaría de Marina.

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

En medio de la controversia generada por el derrame de hidrocarburo en el litoral de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que existe una campaña coordinada para dañar la imagen del estado, señalando directamente a medios de comunicación por difundir lo que calificó como información difamatoria.

Durante un encuentro con reporteros, la mandataria reaccionó a las críticas surgidas desde hace casi un mes, cuando se reportó la presencia de hidrocarburo en la costa del Golfo de México. Visiblemente molesta, sostuvo que no responderá a provocaciones y rechazó las versiones que, según ella, han circulado en ese periodo. En ese contexto, acusó a la prensa de actuar en “nado sincronizado” y aseguró que existe una estrategia mediática para afectar la percepción pública del estado.

Nahle insistió en que las críticas forman parte de un “ataque sistemático” y afirmó que el objetivo no es su administración, sino el territorio veracruzano. Para reforzar su postura, reiteró una frase que ha utilizado en días recientes: “el ataque sistemático es contra Veracruz, no contra mí, pues yo qué, yo ya en esto yo ya me hice, mucho tiempo”.

La gobernadora también estableció una comparación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que las críticas hacia figuras públicas pueden prolongarse durante años. “a él le duraron 20 años y todavía, el presidente está allá en su casa descansando, y lo mencionan todos los días”, declaró.

Mientras defendía su postura, Nahle aseguró que la situación en las playas se mantiene bajo control y destacó labores de limpieza en las zonas afectadas. Según explicó, quienes cuestionan la respuesta gubernamental omiten las condiciones actuales del litoral. “en contraparte, ven a Veracruz, las playas están limpias, se están limpiando”, afirmó.

Asimismo, subrayó que, pese a la polémica, la actividad turística continúa en el estado, especialmente durante el periodo vacacional. En ese sentido, señaló que, a pesar de la “campaña contra Veracruz, principalmente en estas fechas de Semana Santa, el turismo continúa llegando al territorio veracruzano”.

La mandataria también invitó a visitantes a acudir a los destinos costeros y reiteró que las condiciones son favorables. “están limpias y otras más se están limpiando”, expresó al referirse a las playas.

Paralelamente, Nahle publicó un mensaje en su cuenta de Facebook donde aseguró: “una gran afluencia en nuestras playas durante este fin de semana, Veracruz está listo para recibirte en estas vacaciones de Semana Santa a los turistas”.La publicación generó reacciones inmediatas de usuarios en redes sociales, quienes respondieron con comentarios críticos, entre ellos el mensaje: “venga a bañarse”.

El despliegue interinstitucional activado tras el derrame de petróleo en el Golfo de México ha permitido retirar más de 700 toneladas de hidrocarburo, informó este sábado la Secretaría de Marina. La operación, que involucra a miles de elementos y decenas de unidades marítimas y aéreas, se mantiene activa en distintos puntos del litoral, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, donde se han intervenido playas, manglares y esteros afectados.

Según la tarjeta informativa emitida por la dependencia naval, del total recolectado, 700 mil kilos fueron recuperados en zonas costeras, mientras que otros 40 mil kilos se retiraron directamente en altamar. Estas labores forman parte de la estrategia desplegada tras la activación del Plan Nacional de Contingencias, que movilizó a más de 3 mil elementos para atender la emergencia ambiental.

El operativo es encabezado por un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencias que trabajan de forma coordinada para contener el impacto ambiental y recuperar las zonas afectadas.

Como parte de la operación, se ha dispuesto el apoyo de 46 buques, 45 vehículos, siete aeronaves y drones aéreos y submarinos. Además, se instalaron más de mil metros de barreras de contención con el objetivo de limitar la dispersión del hidrocarburo y facilitar las labores de limpieza en áreas críticas.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se han atendido 39 playas que representan más de 480 kilómetros de costa. Estas acciones incluyen trabajos permanentes de recolección y disposición adecuada de residuos, con especial atención en ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas. El operativo también contempla la protección del entorno natural y el bienestar de las comunidades costeras impactadas.

De forma paralela, continúan los trabajos en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, donde se realizan tareas de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo. Estas labores cuentan con el respaldo de unidades especializadas y tecnología de inspección submarina para identificar el origen del fenómeno y atenderlo directamente.

“Gracias a la coordinación efectiva entre dependencias y el trabajo conjunto con comunidades locales, se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recaídas intermitentes”, finalizó el comunicado.

La expansión de hidrocarburo en el Golfo de México ha alcanzado ya una franja de 630 kilómetros a lo largo de las costas de Veracruz y Tabasco, en un escenario que organizaciones ambientalistas califican como fuera de control y con impactos crecientes tanto en ecosistemas como en comunidades locales.

El señalamiento fue emitido por la organización Greenpeace, que este lunes difundió un posicionamiento público para advertir sobre la magnitud del problema y cuestionar la respuesta institucional frente a la contingencia. De acuerdo con el documento, el derrame continúa activo sin que exista claridad sobre su origen, lo que impide determinar responsabilidades o confirmar si la fuga ha sido contenida.

En su pronunciamiento, la organización sostuvo que las acciones emprendidas hasta ahora han sido limitadas y focalizadas, principalmente en zonas de alta afluencia turística, mientras que otras áreas costeras permanecen sin atención. Esta situación, aseguran, ha permitido que el hidrocarburo siga arribando a distintos puntos del litoral, con efectos aún no cuantificados en ecosistemas clave como los arrecifes.

“Este ya es un derrame petrolero sin control (…) Una vez más, el Golfo de México opera como zona de sacrificio ante los riesgos e impactos que implica la industria petrolera, así como la falta de capacidades y protocolos efectivos para su prevención, atención y mitigación”, indicó la organización en su comunicado.

Los activistas también subrayaron que no existe una evaluación integral del daño ambiental, particularmente en el sistema arrecifal. En ese sentido, reportes de la Red Corredor Arrecifal señalan que el flujo de hidrocarburo hacia estas zonas no ha cesado, lo que incrementa la preocupación sobre posibles afectaciones a la biodiversidad marina.

Además del impacto ecológico, Greenpeace advirtió que la emergencia tiene implicaciones sociales relevantes. En el mismo documento se destaca que la situación requiere no sólo labores de limpieza, sino una respuesta más amplia que atienda las consecuencias en las comunidades afectadas. “La emergencia no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave”, señalaron.

Frente a este panorama, la organización hizo un llamado a la sociedad civil para exigir medidas inmediatas, así como a las autoridades federales —incluidas la Secretaría de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente— para suspender actividades de exploración y explotación vinculadas al sector, mientras no se controle la contingencia.

Finalmente, Greenpeace enfatizó que, independientemente del origen del derrame, corresponde al Estado garantizar la supervisión, regulación y reparación de los daños ocasionados en los ecosistemas marinos y costeros. “Aunque la responsabilidad sea de una empresa privada o no, las autoridades federales tienen la obligación de supervisar, regular y reparar los impactos en los ecosistemas marinos y costeros”, concluyó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó al Senado de la República que su gobierno mantiene en marcha cuatro operaciones de seguridad coordinadas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado transnacional.

Estas acciones forman parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado el 3 de septiembre de 2025 bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Una de las estrategias es la Iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte, realizada en coordinación con la Guardia Costera estadounidense. Esta operación tiene como objetivo detectar y combatir el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas en el océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Otra acción es la operación “Albatros”, desarrollada junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que consiste en operativos aéreos y marítimos en aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva de México. Como resultado, durante 2024 se aseguraron 11 mil 816.44 kilogramos de cocaína, además de 11 embarcaciones, un semisumergible y 25 personas.

También está activa la operación “Neptuno”, implementada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el litoral del Pacífico mexicano. Esta operación permitió asegurar 527.06 kilogramos de cocaína en 2024 y 3 mil 556.20 kilogramos en 2025.

La cuarta estrategia es la operación “Barracuda”, igualmente enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el Pacífico, mediante el despliegue de unidades de superficie en coordinación con autoridades estadounidenses.

Como parte de estos acuerdos, se creó el Grupo de Implementación de Seguridad, encargado de evaluar avances en el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, los flujos financieros ilícitos y el robo de combustibles.

Además, la cooperación ha permitido que la Secretaría de Marina reciba equipo especializado, incluyendo protección para intervenciones en laboratorios clandestinos y analizadores portátiles.

También se han desarrollado programas de capacitación para fortalecer las capacidades operativas del personal naval, como parte de la estrategia conjunta entre ambos países para reforzar la seguridad y combatir delitos transnacionales.

Un caso sin precedentes ha llamado la atención en la frontera sur de Estados Unidos. Cuatro ciudadanos mexicanos han sido acusados formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Texas por presunta pesca ilegal en aguas estadounidenses del Golfo de México. La información fue confirmada este jueves por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), destacando que se trata del primer caso de este tipo procesado en la región.

Los acusados son Miguel Ángel Ramírez Vidal, de 32 años; Jesús David Luna Márquez, de 20; Jesús Roberto Morales Amador, de 27; y José Daniel Santiago Mendoza, de 22. Según el comunicado oficial, enfrentan cargos por “transporte ilegal de pescado extraído del Golfo de México” con la presunta intención de comercializarlo en territorio mexicano.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la embarcación en la que viajaban fue detectada aproximadamente a siete millas náuticas (unos 13 kilómetros) al norte de la línea fronteriza marítima entre México y Estados Unidos, y más de 33 kilómetros al este de la Isla del Padre, en Texas. En ese punto, el grupo habría sido sorprendido pescando con cerca de cuatro kilómetros de sedal de nailon grueso y un aproximado de mil 200 anzuelos.

La acusación federal sostiene que los implicados operaban en una lancha sin identificación visible: sin nombre, sin registro oficial, sin bandera de ningún país y sin luces de navegación. Las autoridades también afirman que ninguno de los tripulantes contaba con permisos válidos para realizar actividades de pesca en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos.

Entre los hallazgos más relevantes del caso se encuentra la cantidad de producto presuntamente capturado: aproximadamente 315 kilogramos de huachinango, especie altamente valorada en el mercado, que habría sido extraída de forma ilegal para su posterior venta en México.

Las penas que podrían enfrentar, en caso de ser encontrados culpables, incluyen hasta cinco años de prisión federal, además de una multa económica que podría alcanzar los 250 mil dólares, según la legislación vigente.

El caso ha encendido alertas sobre la vigilancia en aguas internacionales y las prácticas ilegales que amenazan los recursos marinos compartidos. Mientras avanzan los procedimientos judiciales, las autoridades continúan reforzando los operativos de control en las zonas marítimas del sur de Texas.

El nombre del Golfo de México, ese vasto cuerpo de agua que baña las costas de México, Estados Unidos y Cuba, ha desatado una controversia de alcance internacional. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha interpuesto una demanda contra Google por modificar en algunos de sus mapas digitales el nombre tradicional de esta zona marítima y etiquetarla como “Golfo de América”.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta denominación, promovida en su momento por el presidente estadounidense Donald Trump, solo puede aplicarse al sector del golfo correspondiente a la plataforma continental de Estados Unidos. Enfatizó que ni Trump ni cualquier otra autoridad estadounidense posee el derecho de imponer ese nombre en las porciones del golfo que pertenecen a México y a Cuba.

La mandataria subrayó que la nomenclatura de cuerpos de agua que comparten varios países no puede decidirse unilateralmente. Es un asunto que compete a instancias internacionales. Por ello, afirmó que la acción legal contra Google busca corregir lo que calificó como una representación cartográfica inadecuada.

“Lo único que queremos es que se cumpla el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el golfo. Nombra Golfo de América sólo la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el golfo”, puntualizó Sheinbaum.

La demanda ya ha generado una primera resolución judicial, y las autoridades mexicanas esperan con atención los próximos pasos. De acuerdo con la posición oficial, la solicitud es clara: que la plataforma de mapas de Google respete la delimitación geográfica conforme a lo acordado oficialmente y que rotule como “Golfo de América” únicamente la parte correspondiente al territorio estadounidense. En las áreas mexicanas y cubanas, el nombre reconocido internacionalmente sigue siendo “Golfo de México”.

Este conflicto ha puesto en el centro de la conversación temas como la soberanía digital, la representación territorial en plataformas tecnológicas globales y el respeto a acuerdos internacionales. El caso también ha reavivado el debate sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas en la difusión de contenidos geográficos y cómo sus decisiones pueden generar tensiones diplomáticas.

Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene firme su postura y espera una corrección precisa por parte de Google. La batalla legal continúa, en defensa de un nombre que, para México y Cuba, representa mucho más que un punto en un mapa.