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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó al Senado de la República que su gobierno mantiene en marcha cuatro operaciones de seguridad coordinadas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado transnacional.

Estas acciones forman parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado el 3 de septiembre de 2025 bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Una de las estrategias es la Iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte, realizada en coordinación con la Guardia Costera estadounidense. Esta operación tiene como objetivo detectar y combatir el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas en el océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Otra acción es la operación “Albatros”, desarrollada junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que consiste en operativos aéreos y marítimos en aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva de México. Como resultado, durante 2024 se aseguraron 11 mil 816.44 kilogramos de cocaína, además de 11 embarcaciones, un semisumergible y 25 personas.

También está activa la operación “Neptuno”, implementada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el litoral del Pacífico mexicano. Esta operación permitió asegurar 527.06 kilogramos de cocaína en 2024 y 3 mil 556.20 kilogramos en 2025.

La cuarta estrategia es la operación “Barracuda”, igualmente enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el Pacífico, mediante el despliegue de unidades de superficie en coordinación con autoridades estadounidenses.

Como parte de estos acuerdos, se creó el Grupo de Implementación de Seguridad, encargado de evaluar avances en el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, los flujos financieros ilícitos y el robo de combustibles.

Además, la cooperación ha permitido que la Secretaría de Marina reciba equipo especializado, incluyendo protección para intervenciones en laboratorios clandestinos y analizadores portátiles.

También se han desarrollado programas de capacitación para fortalecer las capacidades operativas del personal naval, como parte de la estrategia conjunta entre ambos países para reforzar la seguridad y combatir delitos transnacionales.

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 156 millones de pesos. La determinación fue tomada por un juez de control tras una audiencia de más de 48 horas que se celebró el pasado 11 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio penal.

Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, ya había sido señalado en distintos procesos judiciales y mediáticos. En 2021 fue detenido en el estado de Nuevo León, acusado de encabezar esquemas financieros ilegales relacionados con desvíos millonarios.

Los señalamientos en su contra no se limitan al ámbito nacional. Durante el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal nayarita Édgar Veytia lo implicó directamente en actividades con el crimen organizado. Veytia declaró que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La sombra de estas acusaciones ya pesaba sobre Sandoval desde antes. En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista negra de funcionarios vinculados con el narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de ingresar a ese país o solicitar una visa.

La FGR destacó que, aunque el exgobernador había intentado detener el proceso en su contra mediante amparos, la justicia federal determinó finalmente continuar con la investigación formal. El juez de control que lleva el caso ratificó la gravedad de los delitos y la necesidad de mantenerlo bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso de Sandoval se suma a la lista de exmandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el narcotráfico en los últimos años. En este contexto, la vinculación a proceso de un exgobernador que ya había sido señalado tanto en México como en Estados Unidos refuerza el peso internacional del caso.

El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras Sandoval permanece en prisión preventiva. De confirmarse los cargos, las acusaciones por lavado de dinero y sus presuntos nexos con el crimen organizado podrían marcar uno de los episodios más relevantes en la historia política reciente de Nayarit.

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió este martes la suspensión inmediata de las operaciones del Tren Maya, al señalar tres descarrilamientos y al menos 45 fallas desde su inauguración en diciembre de 2023. La exigencia fue encabezada por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, quien atribuyó los incidentes a una inauguración apresurada y a una gestión operativa deficiente.

En un comunicado, el legislador precisó que los accidentes ocurrieron en Tixkokob (marzo de 2024), Bacalar (enero de 2025) e Izamal (19 de agosto de 2025), lo que a su juicio evidencia la falta de condiciones de seguridad para los usuarios. “Los constantes incidentes que se han registrado en el Tren Maya son resultado de una inauguración apresurada, infraestructura deficiente y una gestión operativa inepta por parte de la empresa militar Olmeca-Maya-Mexica”, declaró.

El diputado adelantó que el grupo parlamentario panista solicitará la creación de una Comisión Independiente de Investigación, integrada por expertos, organismos internacionales y sociedad civil, con el fin de auditar los costos, contratos y ejecución del proyecto. Subrayó que la prioridad es frenar las operaciones para evitar riesgos adicionales a los pasajeros.

Téllez Hernández también cuestionó el incremento en los costos de construcción, al recordar que en 2018 el presupuesto inicial se estimó entre 120 mil y 150 mil millones de pesos. Sin embargo, con los recursos asignados hasta 2025, la cifra se elevó a 515 mil millones de pesos, lo que representa un sobreprecio del 281.2%, equivalente a tres veces más de lo proyectado originalmente.

El balance financiero del proyecto fue otro de los puntos destacados. El legislador señaló que el Tren Maya acumula pérdidas operativas por 5 mil 807 millones de pesos hasta junio de 2025, además de una dependencia de subsidios públicos por 11 mil 862 millones de pesos hasta el tercer trimestre de 2024. Los ingresos por boletos y servicios apenas alcanzaron 525 millones de pesos en el primer semestre de 2025, cubriendo menos del 10% de los costos operativos. “El proyecto requiere 12 mil pesos por minuto en subsidios públicos, lo que lo hace insostenible”, detalló.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la rentabilidad del Tren Maya estaría prevista para 2030, principalmente mediante el transporte de carga. No obstante, el PAN considera esta meta incierta, debido a la limitada producción de bienes para exportación en la región.

Tras el más reciente descarrilamiento en Izamal, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, se sumó a las críticas al proyecto y solicitó la comparecencia del director del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, ante la Comisión Permanente. “Urge saber, entre otras cosas, la viabilidad económica, el futuro del proyecto, el estado de la obra, la derrama económica, los daños al medio ambiente, los aforos y los subsidios”, escribió en su cuenta de X.

Con tres descarrilamientos en apenas 20 meses de operación y crecientes cuestionamientos sobre su costo y sostenibilidad, el Tren Maya enfrenta un nuevo episodio de presión política en el Congreso.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vivió una jornada de tensión este viernes 23 de mayo, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaran los accesos de ambas terminales aéreas, afectando operaciones y provocando una oleada de reacciones entre usuarios, autoridades y hasta representantes diplomáticos.

Las movilizaciones comenzaron desde tempranas horas en la Terminal 1 del AICM, donde los maestros se instalaron para impedir el paso de pasajeros como parte de una jornada de exigencias sindicales. Pocos minutos después, otro grupo se desplegó en los accesos de la Terminal 2, complicando aún más la movilidad dentro del principal aeropuerto del país.

En medio del bloqueo, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia urgente a sus ciudadanos, recomendando evitar la zona del aeropuerto debido a la situación. A través de un comunicado difundido en redes sociales, se señaló que el personal del gobierno estadounidense también debía mantenerse alejado del lugar hasta nuevo aviso. La representación diplomática subrayó que quienes tuvieran programado ingresar o salir del AICM, debían seguir todas las instrucciones de las autoridades mexicanas para garantizar su seguridad.

En respuesta al bloqueo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó elementos de tránsito que ofrecieron apoyo a los pasajeros varados, ayudándolos a acercarse al interior del recinto aeroportuario. El caos generado en los accesos, sin embargo, no pudo evitar afectaciones temporales en la operación aérea.

Fuentes federales confirmaron que el AICM suspendió operaciones por un lapso de veinte minutos, entre las 2:00 y las 2:20 de la tarde. Posteriormente, se levantó la restricción, pero no se proporcionó un balance oficial sobre cuántos vuelos resultaron demorados o cuántos pasajeros fueron impactados directamente.

Las redes sociales se llenaron de reportes ciudadanos. Algunos usuarios denunciaron retrasos y cancelaciones. Una pasajera relató que el capitán del vuelo 1023, que cubría la ruta Cancún–Ciudad de México, decidió regresar a la posición inicial tras recibir instrucciones desde el aeropuerto sobre la suspensión de despegues y aterrizajes.

Los docentes movilizados señalaron que sus protestas buscan una respuesta directa por parte del gobierno federal. Entre sus demandas se incluye la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa, un incremento salarial del 100% sobre el sueldo base y la homologación de prestaciones laborales.

Los manifestantes también exigieron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando su compromiso de mantener la presión hasta ser escuchados. El aeropuerto, un punto estratégico para la conectividad del país, se convirtió en escenario de una protesta que pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre derechos laborales y canales de negociación en México.