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La violencia en México generó durante 2025 un impacto económico de 4 billones de pesos, equivalente al 11% del Producto Interno Bruto, mientras el país mantuvo altos niveles de percepción de inseguridad y un aumento en delitos vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026.

El reporte advierte que, aunque los homicidios disminuyeron 22.7% en comparación con 2024 —lo que representó alrededor de 7 mil asesinatos menos—, otros indicadores relacionados con la violencia continuaron al alza. Los delitos asociados con la delincuencia organizada crecieron 6.2% y el miedo a la violencia aumentó 2.6%.

La situación fue más severa en entidades como Colima, donde el costo económico de la violencia superó los 70 mil pesos por habitante. La cifra contrastó con Yucatán, estado que registró el menor impacto nacional con 10 mil 785 pesos por persona.

El estudio colocó a Colima como la entidad menos pacífica del país, con un puntaje de 4.579. En la misma lista aparecieron Sinaloa y Guanajuato, ambos con 4.364; Morelos, con 4.132, y Baja California, con 3.712.

Sinaloa encabezó el deterioro nacional en materia de homicidios. Durante 2025 acumuló mil 732 asesinatos, frente a los mil 22 registrados un año antes, lo que representó un incremento de 70%.

En contraste, Yucatán obtuvo el mejor nivel de paz con un puntaje de 1.279. También figuraron entre las entidades mejor evaluadas Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.

El informe señaló además que México permanece rezagado en la clasificación internacional de paz. Michael Collins, director para las Américas del Instituto para la Economía y la Paz, indicó que el país ocupa el lugar 135 de 163 naciones evaluadas.

“México se coloca en la parte baja de la clasificación. Para contextualizar, Estados Unidos ocupa el lugar 125 y Guatemala el 109. Aunque el país ha mostrado mejoras graduales en el índice nacional, todavía enfrenta rezagos importantes que también se reflejan a nivel internacional”, afirmó Collins.

El Índice de Paz también documentó modificaciones en la estrategia federal de seguridad bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los operativos dirigidos a objetivos prioritarios derivaron en 21 mil detenciones adicionales durante 2025 y elevaron la población penitenciaria a 256 mil personas recluidas.

Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio sobre Sistemas de Justicia, señaló que la disminución de homicidios no se refleja en una mayor sensación de seguridad debido al crecimiento de delitos como la extorsión y el cobro de piso, conductas que continúan afectando a la población y que, en muchos casos, permanecen fuera de las estadísticas oficiales.

La Fiscalía General de la República informó que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa activa y negó que las líneas abiertas en México tengan relación con el proceso iniciado en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia federal señaló que las indagatorias sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa permanecen bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

La institución precisó que el expediente no ha sido archivado ni suspendido, y sostuvo que la integración del caso sigue en curso a casi dos años de los hechos ocurridos en 2024.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, indicó la fiscalía.

El caso tomó relevancia nacional luego de que en octubre de 2024 la FGR confirmara que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal. La conclusión federal contradijo la versión inicial presentada por la fiscalía de Sinaloa, que había sostenido que el ataque ocurrió en una gasolinera.

La investigación federal se apoyó en el hallazgo de restos de sangre dentro de la propiedad y en el análisis temporal de un video grabado en una estación de servicio y difundido localmente, el cual, según la FGR, fue registrado horas después del homicidio.

Previo a ello, Ismael “El Mayo” Zambada había asegurado en una carta que el exrector fue asesinado en la finca señalada por las autoridades federales. La misiva fue difundida el 10 de agosto de 2024, semanas después de la captura del líder criminal en Estados Unidos.

En el documento, Zambada afirmó que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente lo convocó a una reunión en la que participarían Rubén Rocha Moya y el entonces diputado electo Héctor Melesio Cuén.

El gobernador sinaloense fue posteriormente señalado junto con otros nueve exfuncionarios por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones, podrían enfrentar condenas de hasta 40 años de prisión.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que nunca autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas.

La mandataria estatal fijó postura luego de que la Fiscalía General del Estado revelara avances sobre una investigación relacionada con la aparición de presuntos agentes estadounidenses en instalaciones oficiales y en el despliegue de seguridad.

En un comunicado, Campos afirmó que su administración continuará enfocada en el combate al crimen y rechazó las acusaciones impulsadas por Morena. “No tenemos nada que esconder”, sostuvo. También informó que instruyó a la Fiscalía para actuar “conforme a derecho, caiga quien caiga”.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal confirmó que las personas bajo investigación estuvieron en al menos dos ocasiones dentro de instalaciones de la corporación antes del operativo. De acuerdo con la titular de la Unidad Especializada de la FGE, Wendy Chávez Villanueva, las indagatorias permitieron identificar un “patrón de convivencia e interacción” entre esos individuos, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros funcionarios.

Las autoridades revisaron grabaciones de videovigilancia y detectaron a cuatro personas vestidas de civil, sin insignias oficiales, integrándose al convoy desplegado en la Sierra Tarahumara. La Fiscalía precisó que no existen elementos que acrediten que participaran en tareas de mando, entrenamiento o funciones reservadas a autoridades mexicanas.

Chávez Villanueva detalló además que uno de los presuntos agentes de la CIA fue grabado dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga, aunque aclaró que no hay pruebas de que la utilizara o la portara fuera de esas instalaciones durante el operativo.

La funcionaria agregó que las autoridades estatales solicitaron información a las sedes diplomáticas de Estados Unidos para conocer la identidad, situación migratoria y posibles acreditaciones de las personas involucradas, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Dos de ellas continúan sin ser identificadas plenamente.

El Partido Acción Nacional expresó respaldo a la gobernadora y acusó al gobierno federal de intentar desacreditarla mediante señalamientos políticos. En un comunicado, el partido rechazó la solicitud de desafuero promovida desde Morena y afirmó que no existen investigaciones contra Campos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La confrontación entre los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos” provocó el desplazamiento de 96 personas en comunidades de Guerrero, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del gobierno federal.

El funcionario explicó que las autoridades reforzarán la presencia de seguridad en la región debido a las operaciones de ambas organizaciones delictivas. También señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya atiende directamente la situación en territorio guerrerense.

“Hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de un grupo de dos grupos criminales criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tracos””, declaró García Harfuch.

Sobre la intervención federal, agregó: “Es muy muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay hay actores y ciertas personas que en el momento que que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresará a la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la la vida de otras personas”.

“Los Ardillos” surgieron en la región de La Montaña de Guerrero a inicios de los años 2000. De acuerdo con reportes de InSight Crime, la organización fue creada por el expolicía Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, quien operaba en Quechultenango, cerca de Chilapa.

Tras el asesinato de su fundador en 2011, el control del grupo quedó en manos de tres de sus hijos. Aunque inicialmente sus actividades estaban ligadas al narcotráfico, con el paso de los años ampliaron sus operaciones hacia otros delitos, entre ellos la extorsión y el secuestro.

La organización también ha sido relacionada con presuntos vínculos políticos y de corrupción en Guerrero. El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera, aseguró: “Los policías han sido comprados por este grupo, han creado pactos de impunidad con alcaldes, hay toda una clase política involucrada. Hicieron pactos que les dieron todo el poder, les han dado cargos hasta en el Congreso del Estado”.

Además de las recientes confrontaciones, “Los Ardillos” han sido señalados en distintos episodios violentos en Guerrero, entre ellos el asesinato de 10 músicos indígenas en Chilapa en 2020 y la desaparición de 30 personas en esa misma zona durante 2015. Habitantes de varios municipios también han denunciado extorsiones, homicidios, desapariciones y desplazamientos atribuidos al grupo criminal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

“La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.

En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá con la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, al considerar insuficientes las pruebas enviadas para sustentar la solicitud.

De acuerdo con Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió la detención provisional con fines de extradición en el marco de una investigación en curso. 

Sin embargo, la FGR determinó que los elementos proporcionados por el gobierno estadounidense no cumplen con los requisitos necesarios para ejecutar una captura.

En paralelo a este posicionamiento, Rocha Moya anunció este viernes que solicitó licencia temporal al cargo ante el Congreso local. En un mensaje difundido por el gobierno estatal, el mandatario explicó que su decisión busca facilitar las indagatorias en su contra.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, señaló.

El gobernador también afirmó que no permitirá que su situación sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece.

La medida ocurre dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación formal en su contra por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego. En ese mismo documento, las autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes atribuyen acciones para favorecer su llegada al poder.

Según la acusación, dicho grupo habría intervenido en el proceso electoral mediante el robo de urnas con votos de sus opositores, así como la intimidación y el secuestro de rivales políticos.

Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa fue convocado a una sesión extraordinaria la noche del viernes para dar trámite al documento y definir quién asumirá el Ejecutivo estatal de manera interina. Entre las opciones, se contempla que la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, sea designada para ocupar el cargo temporalmente.

La posibilidad de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea enviado a Estados Unidos enfrenta un filtro clave: la presentación de pruebas y el cumplimiento del marco legal mexicano, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de este viernes, la mandataria subrayó que cualquier solicitud de extradición deberá evaluarse conforme al tratado bilateral, la Constitución y las leyes nacionales, proceso que corresponde interpretar a la Fiscalía General de la República. En ese contexto, insistió en que las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios vinculados al mismo caso deben sustentarse con evidencia suficiente antes de avanzar.

“Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano”, afirmó.

La presidenta también cuestionó que los implicados hayan sido señalados públicamente sin que exista una investigación concluida. Reiteró que la relación con Estados Unidos se rige por principios como respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El posicionamiento ocurre después de que el 29 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una investigación formal contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el mandatario estatal enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento, delitos que podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua o 40 años de prisión.

En paralelo, el caso ha generado actividad en plataformas de apuestas como PolyMarket, donde usuarios especulan sobre escenarios políticos y judiciales. Al 1 de mayo, existen tres mercados abiertos sobre el futuro del gobernador. Las proyecciones sitúan entre 30 y 45% la probabilidad de que deje el cargo antes de que termine mayo, mientras que estiman en 4% la posibilidad de extradición para el 15 de mayo y en 11% para junio. También se calcula en 14% la probabilidad de un arresto durante el mismo mes.

Ante estas versiones, tanto Sheinbaum como aliados políticos han rechazado los señalamientos al considerar que carecen de pruebas sólidas. La presidenta incluso planteó que, de no presentarse evidencia, el caso podría responder a motivaciones políticas.

Por su parte, Rocha Moya ha declarado que no teme a las acusaciones y sostuvo que estas también están dirigidas contra el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la divulgación de la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría comprometer un eventual proceso de extradición.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que el señalamiento emitido por el gobierno de Donald Trump carece de elementos probatorios suficientes. Subrayó que hacer pública esa información con fines distintos a los legales puede vulnerar la confidencialidad de los procesos penales en Estados Unidos y contravenir sus normas procesales.

“Solamente se conducirá la extradición si se termina que las pruebas son fuentes conforme a las leyes de la parte requerida en ese caso de nuestro país”, indicó. Más tarde, en conferencia de prensa, reiteró que cualquier procedimiento de extradición dependerá de la existencia de pruebas y de un juicio político previo contra el mandatario estatal.

Las declaraciones de la FGR se dan en el contexto de una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos imputados.

De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, el Cártel de Sinaloa —en particular el grupo conocido como Los Chapitos— habría intervenido en el proceso electoral de 2021 mediante el robo de boletas para favorecer al entonces candidato de Morena, hoy gobernador. El documento también sostiene que integrantes del grupo criminal secuestraron e intimidaron a aspirantes de oposición.

“A cambio (de estas acciones) en múltiples ocasiones, antes y después de asumir el cargo de gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros dirigentes del cártel”, señala el escrito. En esos encuentros, añade, el mandatario se habría comprometido a respaldar operaciones relacionadas con el narcotráfico como parte de un supuesto acuerdo.

“Tal como prometió, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos, Rocha Moya ha permitido que estos operen con impunidad en el estado”, afirma el documento. Además, se le atribuye haber facilitado la colocación de funcionarios afines al grupo criminal en cargos dentro del gobierno estatal y corporaciones policiales.

Entre los señalados por las autoridades estadounidenses figuran también el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, todos vinculados al partido Morena.

El gobierno de Chihuahua determinó centralizar en una sola instancia las investigaciones relacionadas con el desmantelamiento de un presunto “narcolaboratorio”, un operativo en el que se ha señalado la posible participación de agentes de la CIA y los hechos donde murieron cuatro personas.

La nueva unidad fue anunciada por la gobernadora Maru Campos, quien explicó que la decisión responde a la necesidad de reunir y ordenar toda la información disponible para esclarecer lo ocurrido. La instancia tendrá la responsabilidad de integrar las carpetas de investigación y dar seguimiento puntual a los casos vinculados.

“La unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio y de los hechos en los cuales perdieron la vida cuatro personas”, señaló la mandataria durante una conferencia de prensa.

Para encabezar este órgano, la titular del Ejecutivo estatal designó a Wendy Paola Chávez Villanueva, quien actualmente se desempeña como fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM). Además de dirigir las indagatorias, será la encargada de comunicar los avances del proceso. 

“Ella informará a la opinión pública de los avances y resultados de las investigaciones a su cargo; estaremos atentos a los resultados de esta investigación”, indicó Campos.

La gobernadora precisó que, con el objetivo de no afectar el curso de las investigaciones, su administración evitará emitir nuevos posicionamientos sobre el caso mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

En otro punto, la mandataria manifestó su respaldo al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar el trabajo conjunto en materia de seguridad y protección de la soberanía nacional. En ese contexto, subrayó la importancia de que los distintos niveles de gobierno colaboren sin distinción partidista, bajo un esquema de coordinación institucional y respeto a la ley.

La creación de esta unidad especializada se da en medio de la atención generada por los recientes acontecimientos en el estado, considerados de alta relevancia por las autoridades locales.