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La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal incluirá únicamente los puntos contenidos en el “Decálogo por la Democracia” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. El legislador adelantó que el proyecto podría llegar a la Cámara entre la noche del martes y el miércoles, una vez que concluya su redacción definitiva en Palacio Nacional.

Monreal explicó que la mandataria solicitó ajustar el documento para limitarlo estrictamente a los compromisos incluidos en el decálogo dado a conocer el 25 de febrero. Indicó que existían propuestas adicionales que no formaban parte de ese paquete y que fueron retiradas antes de su envío formal. Por esa razón, la iniciativa no se remitió en la fecha inicialmente prevista.

De acuerdo con el diputado, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se encuentra en la fase final de elaboración del borrador, el cual será presentado a la presidenta para su firma y posterior envío a la Cámara correspondiente. Aunque dijo conocer “pinceladas” del contenido, precisó que el grupo parlamentario aún no dispone del texto oficial y que lo conocerán formalmente cuando sea entregado.

En términos generales, la propuesta busca reducir en 25% el costo de las elecciones, medida que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los tribunales electorales. También contempla disminuir salarios y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional.

El proyecto plantea además eliminar duplicidades en funciones entre órganos electorales, ajustar el gasto del Congreso de la Unión y de los congresos locales, así como modificar el número de regidurías municipales con base en la población de cada demarcación.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de 32 escaños en el Senado y el cambio en la fórmula de asignación de legisladores plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representación popular. Esta última propuesta ha sido rechazada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados legislativos de Morena.

Con los ajustes en curso y la revisión presidencial en puerta, la iniciativa se encuentra a horas de iniciar su trámite legislativo, centrada exclusivamente en los ejes delineados en el decálogo presidencial.

La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

La discusión sobre la reforma electoral sigue abierta en el Senado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará su iniciativa, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco, informó que aún no existe consenso y que el proceso de análisis continúa.

Durante la sesión del pleno, Velasco explicó que su bancada está a la espera del documento oficial para definir postura. Señaló que, si la propuesta fortalece la democracia y beneficia al país, contará con su respaldo. Mientras tanto, confirmó que el PVEM ha sostenido planteamientos específicos ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ante el presidente de la comisión presidencial encargada del tema, Pablo Gómez.

Entre los puntos impulsados por el Partido Verde destacan la implementación del voto electrónico y la posibilidad de que jóvenes de 16 años participen en elecciones. También proponen mayores controles para impedir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, así como restricciones más estrictas y mecanismos de supervisión adicionales. Otro eje planteado es la reducción de prerrogativas a partidos políticos, siempre bajo un esquema equitativo.

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Velasco reconoció que existen diversas alternativas para modificar el sistema de legisladores plurinominales; sin embargo, ninguna ha logrado respaldo generalizado hasta ahora.

En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará su propia iniciativa de reforma electoral. Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños detallaron que su propuesta busca sancionar con mayor severidad la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

El planteamiento central establece que, si se comprueba financiamiento ilícito en una contienda, la elección deberá anularse sin importar la diferencia de votos. Además, el partido y el candidato involucrados quedarían impedidos para competir en una eventual elección extraordinaria. En casos donde la injerencia criminal sea generalizada, incluso se contempla la cancelación del registro del partido político implicado.

En materia de representación proporcional, los legisladores panistas proponen un modelo híbrido: 100 curules asignadas a primeras minorías en distritos federales y otras 100 mediante listas de partido, integradas de forma alternada.

Con la presentación de la iniciativa presidencial en puerta y propuestas ya sobre la mesa, el Senado mantiene el debate activo sin acuerdos definitivos hasta el momento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la comisión presidencial para la reforma electoral un amplio paquete de propuestas técnicas que serán consideradas en la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión. El documento fue entregado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y contiene un total de 316 planteamientos, de los cuales 241 cuentan con consenso del Consejo General y 75 fueron formulados a título personal por distintos consejeros.

La reunión se llevó a cabo con la asistencia de nueve de los once integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Taddei Zavala. No acudieron las consejeras Dania Ravel ni Claudia Zavala. El texto presentado lleva por nombre “Propuesta de mejora en materia electoral” y busca incidir en diversos aspectos operativos, normativos y estructurales del sistema electoral mexicano.

Las consejeras y consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo señalaron que hubiera sido deseable un proceso de discusión interna más amplio antes de la entrega final del documento. Humphrey explicó que, aunque se formularon 316 propuestas, únicamente 241 lograron consenso, mientras que el resto refleja posiciones individuales. Subrayó que cada consejería incorporó los temas que consideró prioritarios.

Entre los planteamientos destacados se encuentra la propuesta de garantizar al INE un presupuesto anual vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), como respuesta a los cuatro recortes presupuestales aplicados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Esta idea fue rechazada de inmediato por Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, quien la calificó como inviable al considerar que una disminución del PIB podría traducirse en una reducción automática de recursos para el organismo electoral.

Humphrey defendió la necesidad de asegurar un presupuesto suficiente para que el INE pueda cumplir con sus funciones constitucionales. En el ámbito técnico, el documento también plantea fortalecer los procesos de fiscalización, incluyendo la eliminación del secreto fiscal para el instituto, con el objetivo de permitir investigaciones más eficaces. Asimismo, propone reforzar las medidas de equidad en la contienda y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El consejero Jaime Rivera expuso que las propuestas buscan preservar los principios y valores democráticos. Señaló cuatro ejes centrales: fortalecer la pluralidad política sin favorecer a una sola fuerza; proteger la equidad de la contienda evitando la intervención gubernamental; salvaguardar la independencia del INE; y respetar los procedimientos colegiados para el nombramiento de funcionarios. En este contexto, pidió revertir la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgó mayores facultades a la presidencia del INE para designaciones internas.

Al término del encuentro, Pablo Gómez confirmó que el miércoles entregará a la presidenta Sheinbaum un anteproyecto de reforma electoral. Reconoció que persisten diferencias al interior de la comisión, integrada también por Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, pero aseguró que se encuentran en fase de deliberación. Aclaró que la iniciativa no modificará las fechas de la segunda elección judicial prevista para 2027 y señaló que la propuesta de elegir consejeros del INE mediante voto popular “está en la mesa”.

La comisión presidencial encargada de la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, anunció que lanzará una consulta nacional para conocer la postura de la ciudadanía sobre dos temas clave: la posible eliminación de senadores y diputados plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. El resultado de este ejercicio servirá para alimentar la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso.

Durante la más reciente sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el representante de Morena ante ese organismo, Guillermo Santiago, explicó que la consulta será abierta y tendrá como propósito recoger directamente la opinión de la gente. 

“Gran parte de los planteamientos y de los temas centrales que se van a encuestar es, por un lado, si debe reducirse el financiamiento público a los partidos políticos y, por otro, si es pertinente eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Estas preguntas no se van a contestar desde las élites, sino desde el pueblo”, afirmó.

Santiago también rechazó que revisar el presupuesto del INE sea un intento por debilitar a la institución. Agregó que la comisión presidida por Gómez escuchará “todas las voces”, desde ciudadanos y legisladores hasta expertos, académicos y organizaciones sociales.

“Queremos una democracia eficiente, queremos una democracia austera y una democracia verdaderamente representativa y legítima, no queremos que se eternicen en el poder estos viejos lobos de mar, que lo único que quieren es seguir destruyendo este país”, declaró.

La propuesta, sin embargo, ya ha provocado reacciones de la oposición. Juan Ignacio Zavala, representante legislativo de Movimiento Ciudadano, criticó el regreso de las comisiones presidenciales y señaló que el simple hecho de anticipar los temas de la encuesta sin esperar los resultados refleja que el ejercicio será “pura simulación”.

Desde el PRI, Emilio Suárez advirtió que esta sería la primera vez en la historia de México que se intenta impulsar una reforma electoral sin la participación de los partidos políticos. El legislador calificó como sorprendente que, en medio de acusaciones desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, lo primero que se plantee sea eliminar el financiamiento público. Según dijo, esa decisión abriría la puerta a que recursos ilícitos ingresen con mayor facilidad a las campañas.

Por su parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, alertó que, si la propuesta presidencial llega al Congreso y se aprueba sin modificaciones, el país correría el riesgo de un retroceso democrático. “Eso sería un golpe directo a la democracia mexicana, un golpe de Estado, porque eliminaría el debate público, la participación de partidos políticos y de la sociedad civil, y convertiría las reglas electorales en un decreto unilateral de un poder del Estado”, sostuvo.

La consulta nacional se perfila como un ejercicio que no solo medirá la opinión ciudadana, sino que también marcará el rumbo de una de las discusiones políticas más relevantes del sexenio: cómo construir una democracia que sea, al mismo tiempo, representativa, legítima y austera.

La reforma electoral vuelve al centro del debate político en México tras las recientes declaraciones encontradas entre diputados del PAN y Morena. Desde la Cámara de Diputados, las posturas se endurecen luego de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentada como una iniciativa clave para rediseñar el sistema electoral del país.

Federico Döring Casar, legislador del PAN, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de ser el operador político designado por la presidenta para “destruir la democracia y al INE”.En un video difundido en sus redes sociales, el panista calificó a Gómez como el “Rasputín electoral”, a quien señaló de actuar con rencor y resentimiento en vez de buscar consensos para una reforma democrática.

Döring también acusó al exfuncionario de permitir el lavado de dinero por parte de cárteles a través de la empresa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo. Aseguró que Gómez nunca detectó estas operaciones cuando dirigía la UIF, lo que —según sus palabras— motivó su salida del cargo. Además, advirtió que el nuevo marco legal en construcción busca permitir el uso de recursos ilícitos en campañas, especialmente provenientes del narcotráfico y del llamado “huachicol fiscal”.

El legislador acusó al actual gobierno de simulación en el combate al crimen organizado, al señalar que se han logrado decomisos importantes sin que haya detenidos ni aseguramientos financieros reales. En este contexto, responsabilizó directamente a figuras como Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch de la falta de resultados concretos.

En contraste, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, defendió la iniciativa presidencial al asegurar que se trata de una reforma estructural para “fortalecer la legitimidad de la representación política” y erradicar prácticas como la reelección, el nepotismo electoral y el fuero legislativo.

Ramírez Cuéllar indicó que la propuesta contempla elevar los estándares del servicio público, implementar un nuevo sistema de auditoría y fiscalización del gasto, así como consolidar los órganos electorales para reducir costos. Añadió que también se busca transformar el sistema de medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión y abrir espacios críticos hacia el poder.

En un comunicado, el morenista explicó que la Comisión Presidencial trabajará en un diagnóstico integral sobre el modelo electoral y de partidos en México, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo Estado Democrático de Bienestar. Destacó que la transformación debe responder a las nuevas realidades del país, promoviendo mayor ética, transparencia y participación ciudadana.

Con posturas claramente enfrentadas, la discusión sobre la reforma electoral anticipa una nueva etapa de tensiones políticas que marcará el rumbo legislativo en los próximos meses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado 3 de agosto la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia que será encabezada por el economista y exlegislador Pablo Gómez Álvarez. El objetivo central de esta nueva comisión es realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral mexicano y diseñar una propuesta de reforma legislativa acorde a los desafíos actuales del país.

La decisión fue comunicada a través de una tarjeta informativa emitida por Presidencia, en la que se detalla que la comisión analizará de manera integral el modelo actual de representación política, así como los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de impulsar una reforma que atienda los problemas estructurales del sistema de partidos y fortalezca la democracia representativa.

Con esta designación, Pablo Gómez concluyó su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo en el que había sido ratificado el 3 de octubre de 2023. Su experiencia legislativa y técnica ha sido clave en procesos de transformación política previos, incluida la promoción de reformas electorales durante su paso por el Congreso.

De acuerdo con la Presidencia, en los próximos días se dará a conocer la integración completa de la Comisión, que trabajará de manera conjunta con legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos para diseñar una propuesta legislativa que será discutida en el Congreso de la Unión.

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el debate formal de esta reforma iniciará a partir del 1 de septiembre, fecha de arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Pablo Gómez, egresado de la UNAM, ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y senador de la República, además de activista desde su juventud, cuando participó en el movimiento estudiantil de 1968. A lo largo de su trayectoria ha sido autor y coautor de diversos libros, además de colaborador en medios nacionales.

En 2022, mientras encabezaba la UIF, Gómez Álvarez ya había anticipado que una eventual reforma electoral debería enfocarse en cerrar el paso a la injerencia del crimen organizado en las elecciones, proponiendo modelos de proporcionalidad pura y mecanismos de listas abiertas que permitan una mayor transparencia en la selección de candidatos.

El anuncio marca el inicio formal de un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema electoral mexicano, con la intención de modernizar las reglas del juego democrático e incorporar garantías para una representación ciudadana más efectiva y menos vulnerable a intereses externos.