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La Cámara de Diputados definió la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de revisar a los aspirantes que competirán por tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos actuales titulares concluirán funciones el próximo 4 de abril. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por consenso la designación de tres magistrados para completar el órgano responsable del proceso.

El acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta Parlamentaria, establece que Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá formarán parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros electorales para el periodo 2026-2035. La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios, aunque el líder del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, firmó el documento en abstención. Los tres perfiles participaron previamente en la elección judicial del año pasado.

Con estas designaciones quedó integrada la totalidad del CTE, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designara previamente a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. Ramírez Cruz es funcionaria del INE cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Entre los magistrados seleccionados, Fernández Domínguez se desempeña en la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México. Fue designada el 28 de marzo de 2019 por un periodo de nueve años y el 1 de abril de ese mismo año fue electa presidenta del órgano por unanimidad durante tres años. En la elección judicial de 2025 participó como candidata a magistrada de salas regionales con el número 05 en la boleta.

Por su parte, Lara Patrón es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desde julio de 2020. En la elección judicial de 2025 fue candidato a magistrado de la Sala Superior a propuesta del Poder Legislativo.

Cruz Alcalá rindió protesta el 30 de septiembre de 2024 ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala. Posteriormente, en 2025, fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 06.

La integración del comité se concretó tras un acuerdo impulsado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de evitar perfiles vinculados a partidos políticos, como ocurrió en el proceso de elección de consejeros de 2023, cuando la mayoría de los integrantes tenía relación con Morena, según legisladores consultados.

El calendario del proceso establece que el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, enviará a más tardar el 29 de marzo la documentación de los aspirantes para su revisión. El 6 de abril se aplicará un examen de conocimientos a las 10:00 horas, mientras que entre el 10 y el 12 de abril se realizará la evaluación de idoneidad, basada en currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Las entrevistas públicas iniciarán el 14 de abril y concluirán el 16 del mismo mes. Posteriormente, el CTE deberá entregar tres listas con cinco aspirantes cada una, garantizando paridad de género y la inclusión de al menos una mujer en cada propuesta. La fecha límite para presentar estas listas será el 20 de abril de 2026.

En medio de los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta influencia del crimen organizado en el gobierno mexicano, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó de manera categórica dichas acusaciones. Desde el Poder Legislativo, el líder parlamentario afirmó que, desde el inicio de su mandato, la jefa del Ejecutivo federal ha mantenido una confrontación permanente contra los cárteles y las estructuras delictivas.

Durante una conferencia de prensa, Monreal sostuvo que la presidenta ha demostrado, desde el primer día de su gestión, una política de seguridad sin concesiones frente al crimen organizado. Señaló que no existe tregua alguna y que la actuación del gobierno federal se refleja en resultados medibles, los cuales, afirmó, respaldan la narrativa de una ofensiva constante contra los grupos criminales. En ese contexto, calificó como alejadas de la realidad las declaraciones del mandatario estadounidense que sugieren que México está gobernado por organizaciones del narcotráfico.

El coordinador de los diputados de Morena subrayó que Claudia Sheinbaum cuenta con el carácter necesario para enfrentar un fenómeno que, dijo, se originó y se profundizó durante administraciones anteriores. En su exposición, insistió en que la actual presidenta está dando la batalla en materia de seguridad pública, enfrentando un problema complejo heredado de las últimas dos décadas, sin retrocesos ni ambigüedades.

Respecto a la relación bilateral y a los comentarios provenientes de Washington, Monreal consideró que las posturas del presidente Trump no son nuevas y forman parte de una línea discursiva que ha mantenido desde hace tiempo hacia distintos actores mexicanos. Afirmó que estas expresiones son respetadas como posiciones propias del gobierno estadounidense, aunque no compartidas por la administración mexicana ni por la mayoría legislativa.

En ese mismo marco, el diputado morenista garantizó que dentro de la llamada Cuarta Transformación no existe preocupación alguna ante la posibilidad de que tropas de Estados Unidos ingresen a territorio mexicano con el aval de políticos nacionales. Recalcó que no hay condiciones ni intención para que ocurra un escenario de esa naturaleza.

Sobre las voces que han planteado abiertamente una intervención extranjera para combatir al crimen organizado, Monreal señaló que este tipo de pronunciamientos suelen surgir en contextos de tensión internacional. Indicó que, en ocasiones, sectores opositores o actores movidos por una postura radical aprovechan coyunturas globales para promover escenarios extremos, incluso algunos de origen mexicano que, lamentó, llegan a plantear una invasión.

Finalmente, Ricardo Monreal afirmó que desde la Cámara de Diputados, la bancada de Morena mantendrá una postura de seriedad y prudencia, con una defensa firme de la soberanía nacional y de la independencia de México. Enfatizó que la prioridad del bloque legislativo es respaldar las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad, sin ceder ante presiones externas ni discursos que, a su juicio, distorsionan la realidad del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este martes que su administración no avanzará en la aplicación del impuesto del 8% a la compra de videojuegos previsto para el próximo año. El anuncio se realizó pese a que la tarifa ya fue aprobada por el Poder Legislativo e incluida en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, publicada el pasado 7 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su mensaje, la mandataria explicó que no se detalló el mecanismo que permitirá dejar sin efecto el cobro, debido a que la disposición forma parte de un ordenamiento legal vigente. No obstante, señaló que el gobierno federal optará por una estrategia distinta enfocada en la prevención y la concientización, en lugar de una medida fiscal.

Sheinbaum recordó que, desde la elaboración de la Ley de Ingresos, planteó la eliminación de este gravamen. “Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó”, expresó. Añadió que uno de los principales obstáculos para aplicar la tarifa es la dificultad para diferenciar entre videojuegos con contenidos violentos y aquellos que no los incluyen.

Ante este escenario, la presidenta indicó que su administración impulsará una campaña informativa dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes. El objetivo será generar conciencia sobre los posibles efectos de ciertos contenidos y promover mensajes orientados a la convivencia pacífica. De acuerdo con lo expuesto, esta estrategia buscará ofrecer información sobre “a dónde te pueden llevar este tipo de juegos”, en referencia a los videojuegos con altos niveles de violencia.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que la decisión se tomó al considerar las complicaciones técnicas y operativas del impuesto. “Decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente que haya una campaña orientada a la construcción de la paz”, afirmó durante su intervención.

El impuesto a los videojuegos fue incorporado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 como parte de una iniciativa enviada por la propia presidenta al Congreso de la Unión. La propuesta fue avalada por la mayoría legislativa y publicada posteriormente en el DOF, lo que generó reacciones entre distintos sectores.

Tras su aprobación, la medida recibió críticas por parte de comunidades de jugadores y especialistas del sector, quienes señalaron diversos efectos económicos y de consumo asociados al gravamen. Con el anuncio realizado este martes, el gobierno federal anticipa un cambio en la ruta prevista, al sustituir la política fiscal por una acción de carácter preventivo y social, centrada en la promoción de la paz y la reducción de la violencia en contenidos digitales.

Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.