Durante la inauguración de un Bachillerato Nacional en Ixtapaluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a estudiantes en el que destacó la importancia de la independencia, la soberanía y la democracia en México, además de llamar a las nuevas generaciones a conocer la historia del país.

Frente a los jóvenes asistentes, la mandataria planteó reflexiones sobre el valor de que México sea una nación libre y autónoma. Durante su discurso preguntó a los estudiantes si consideran importante que el país mantenga su independencia y no dependa de otras naciones. “¿Ustedes creen que sea importante la independencia de México? ¿Que no seamos parte de otro país? ¿O les gustaría que México fuera colonia de otro país?”, expresó.

Sheinbaum subrayó que la libertad y la democracia son principios fundamentales para el país, al señalar que corresponde al pueblo mexicano decidir quiénes son sus gobernantes. En ese contexto, pidió a los jóvenes conocer la historia nacional para comprender el significado de vivir en un país independiente.

“Las mexicanas y mexicanos debemos conocer nuestra historia, si no, vamos a cometer los mismos errores del pasado u olvidarnos lo importante que debe ser un país como México: independiente, libre, soberano y democrático”, afirmó.

Al finalizar el evento, la presidenta fue cuestionada por reporteros sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que México es el epicentro de la violencia de los cárteles del narcotráfico en el hemisferio. Ante las preguntas, Sheinbaum evitó responder de inmediato y se limitó a señalar: “El lunes. Cabeza fría”.

Las declaraciones de Trump se realizaron durante la cumbre regional “Escudo de las Américas”, un encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos enfocado en temas de seguridad, al que no fueron invitados México ni Brasil.

Durante su participación, el mandatario estadounidense afirmó que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México” y aseguró que estas organizaciones criminales generan gran parte del derramamiento de sangre en el hemisferio. También señaló que su gobierno hará “todo lo necesario para defender la seguridad nacional”. Trump reiteró que los cárteles deben ser erradicados y aseguró que estas organizaciones criminales se han vuelto más peligrosas.

En el mismo evento, el presidente estadounidense se refirió a Sheinbaum con comentarios positivos al señalar que le agrada y que es “una muy buena persona”, además de mencionar que tiene “una voz hermosa”. También relató un supuesto intercambio con la mandataria mexicana sobre la posibilidad de intervenir contra los cárteles.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abrió una etapa decisiva para la estructura del grupo criminal, marcada por la posible sucesión interna o el surgimiento de conflictos entre sus principales operadores. Especialistas en seguridad advierten que la ausencia del mando central representa un momento clave que podría definir el futuro de una de las organizaciones criminales de mayor expansión y violencia en México.

Durante años, Oseguera Cervantes ejerció un control vertical sobre el cártel, concentrando la toma de decisiones estratégicas y operativas. Su liderazgo definía las acciones en los territorios bajo influencia del CJNG. De acuerdo con el especialista en seguridad David Saucedo, actualmente existen al menos cuatro figuras con capacidad para asumir el mando. “El Mencho condujo esta organización con mano de hierro; actualmente hay cuando menos cuatro liderazgos, comandantes que pueden asumir el control de la organización y habrá que ver si se ponen de acuerdo”, explicó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha identificado a los perfiles más relevantes dentro de la organización tras la caída del líder. Entre los nombres señalados por analistas destacan Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”; Heraclio Gutiérrez Martínez, llamado “Tío Lako”; y Juan Carlos Valencia González, hijastro de Oseguera Cervantes. Estas figuras forman parte del círculo cercano que mantenía la operación del cártel y son considerados posibles sucesores.

El investigador en seguridad nacional Víctor Sánchez Valdés señaló que la muerte del líder representa un impacto estructural significativo. A diferencia de otros grupos criminales con mandos distribuidos, el CJNG dependía directamente de la autoridad de Oseguera Cervantes, lo que convierte su ausencia en un punto de inflexión para la organización.

El escenario que enfrenta el CJNG contempla diversas posibilidades. Una de ellas es que uno de los líderes logre consolidarse como jefe único mediante acuerdos internos, lo que permitiría mantener la cohesión operativa. Otra posibilidad es el surgimiento de disputas internas que deriven en enfrentamientos por el control del grupo. Saucedo advirtió que, en caso de no lograrse consensos, podría desencadenarse una “guerra sucesoria” para determinar quién asume el liderazgo. También planteó que el cártel podría fragmentarse en varias estructuras regionales que operen bajo el mismo nombre, pero con mandos autónomos.

El reacomodo interno también podría abrir oportunidades para organizaciones rivales. Sánchez Valdés mencionó que grupos como el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y el Cártel Santa Rosa de Lima podrían intentar expandir su presencia en territorios disputados. En particular, entidades como Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Guerrero figuran entre las regiones con mayor riesgo debido a la disputa territorial existente.

El proceso actual representa una etapa de reconfiguración dentro del CJNG, en la que el resultado dependerá de la capacidad de sus principales figuras para consolidar el control o de la evolución de las tensiones internas y externas. La organización enfrenta así un periodo determinante que puede redefinir su estructura, liderazgo y presencia en distintas regiones del país.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, construyó durante más de tres décadas una trayectoria dentro del narcotráfico que lo llevó a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un grupo con presencia en todo México y operaciones en al menos 40 países, cifra equiparable a la del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, Oseguera pasó más de la mitad de su vida vinculado al tráfico de drogas. Su incursión en el crimen organizado comenzó con el Cártel de los Valencia, también denominado Cártel del Milenio, grupo asentado en Michoacán dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas. Su relación con esta organización marcó también su entorno personal al contraer matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de ese clan.

Conforme fueron detenidos o abatidos los líderes de los Valencia en la década de los 2000, Oseguera escaló posiciones. El punto de inflexión ocurrió tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y socio de los Valencia, en julio de 2010. A partir de entonces, “El Mencho” se separó de los remanentes del grupo y fundó el CJNG, organización que la DEA describe como una de las más poderosas, influyentes y violentas.

Desde 2014 su nombre figura en una corte federal en el Distrito de Columbia por múltiples cargos de narcotráfico. La acusación lo señala por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por el tráfico de metanfetaminas hacia Australia y territorio estadounidense. 

Bajo su liderazgo, el CJNG fue identificado como proveedor relevante de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos, motivo por el cual Washington lo incluyó desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En la lista de fugitivos prioritarios de la DEA, Oseguera ocupaba el primer lugar con una recompensa de 15 millones de dólares; en México, la Fiscalía General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Antes de consolidarse como líder criminal, tuvo antecedentes penales en Estados Unidos: fue detenido en 1986 en San Francisco por portación de arma de fuego y posesión de objetos robados, y años después enfrentó cargos por distribución de heroína. Cumplió tres años de condena y fue deportado a México.

La última ocasión en que estuvo cerca de ser capturado públicamente ocurrió en mayo de 2015, cuando un operativo fue repelido y un helicóptero militar fue derribado. Su detención definitiva se produjo este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 300 kilómetros de su lugar de origen, en una operación de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Tras su caída, queda una estructura criminal que, según la DEA, dispone de amplios recursos financieros, opera en decenas de países y ha mantenido influencia mediante redes de corrupción y violencia sistemática.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, señaladas por su vinculación con organizaciones criminales, fue una decisión soberana del Estado mexicano y negó que la medida haya sido acordada durante la llamada telefónica que sostuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump. La mandataria rechazó que la entrega respondiera a presiones externas o a un intento de favorecer la relación con Washington.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero subrayó que la determinación final se tomó tras un análisis interno en el Consejo Nacional de Seguridad. Señaló que, en este tipo de decisiones, el criterio principal es la conveniencia para México y la protección de la seguridad nacional y pública.

“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es muy importante aclarar que la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México”,expresó la presidenta. Añadió que, aunque existan solicitudes del gobierno estadounidense, la evaluación se realiza con base en los intereses del país.

El anuncio del traslado se dio a conocer el martes por parte del gobierno federal, que informó que los 37 reos provenían de distintos centros penitenciarios del país y eran considerados una “amenaza real para la seguridad”. De acuerdo con la información oficial, las personas entregadas eran requeridas por las autoridades estadounidenses debido a sus vínculos con organizaciones criminales de alto impacto.

Entre los trasladados se encontraban presuntos líderes regionales del Cártel del Noroeste, del grupo de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sheinbaum indicó que la medida respondió a criterios estrictos de seguridad nacional y seguridad pública, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la protección del país.

La presidenta insistió en que la entrega no obedeció a presiones ni a una intención de “quedar bien” con Estados Unidos. “Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía”, afirmó ante los medios.

Sheinbaum detalló que cada uno de los 37 casos fue revisado de manera individual antes de autorizar el traslado. Explicó que, una vez concluido el análisis y tomada la decisión correspondiente, se procedió al envío a territorio estadounidense. Precisó además que la mayoría de las personas trasladadas eran consideradas extraditables conforme a los marcos legales vigentes.

Esta acción representó la tercera entrega de este tipo durante la actual administración, que inició en octubre de 2024. Las dos anteriores se realizaron en 2025, en un contexto marcado por señalamientos del presidente Donald Trump, quien ha sostenido que México no hace lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. El gobierno mexicano reiteró que estas decisiones se toman bajo criterios propios y con base en evaluaciones de seguridad nacional.

Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, como parte de acciones diferenciadas que derivaron en el aseguramiento de más de 700 kilogramos de droga terminada, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos. Las intervenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se desarrollaron en puntos distintos del territorio nacional.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales que estas operaciones “debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población”,con énfasis en la protección de jóvenes. La dependencia federal precisó que los aseguramientos ocurrieron en eventos independientes, cada uno con resultados específicos.

La primera acción se realizó en la localidad de Carricitos, en el estado de Durango, durante recorridos terrestres de vigilancia. En el sitio se localizaron instalaciones con amplias áreas de operación destinadas a la producción de drogas sintéticas. Las autoridades incautaron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, además de diverso material y accesorios empleados en los procesos de elaboración. Todo el equipo fue inhabilitado para impedir su reutilización.

En una segunda intervención, en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, fuerzas federales desmantelaron otro laboratorio clandestino. En ese punto se aseguró aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilogramos de sustancias químicas utilizadas como precursores, junto con insumos vinculados a la fabricación de narcóticos sintéticos.

El tercer laboratorio fue localizado en la comunidad de La Escondida, Michoacán, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. En este lugar se decomisaron 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos, además de equipo y herramientas empleadas en la producción de drogas. Las instalaciones también fueron desmanteladas para evitar que volvieran a operar.

En los operativos participaron de manera conjunta la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México; la Secretaría de la Defensa Nacional; la SSPC; la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte de un esquema de coordinación interinstitucional para combatir la fabricación y distribución de estupefacientes.

Estas acciones se enmarcan en la operación “Frontera Norte”, iniciada el pasado 5 de febrero, tras un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a frenar el flujo de migrantes y drogas, y a evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos. Desde el arranque de esta estrategia, las autoridades reportan la detención de 10 mil 627 personas y el aseguramiento de 7 mil 766 armas de fuego, como parte de los resultados acumulados.

En medio de uno de los momentos más críticos para la seguridad pública de Michoacán, el estado anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su nombramiento ocurre mientras todas las regiones de la entidad enfrentan una escalada de violencia que ha generado protestas sociales y exigencias de intervención federal. La incorporación de este perfil responde a una reestructuración estratégica impulsada por el gobierno federal y estatal para contener la presencia de múltiples organizaciones criminales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Cruz Medina como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia lanzada hace una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan surgió como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, registrados el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Con esta medida, se busca reforzar las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por la actividad criminal.

El relevo incluye también la salida de José Ortega Silva de la Subsecretaría de Operación Policial, posición que ahora ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar. Ambos movimientos forman parte de una recomposición interna para fortalecer la capacidad operativa de la institución en el corto plazo.

Cruz Medina llega a la SSP tras haber sido designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado el 18 de agosto, bajo la figura del fiscal general Carlos Torres Piña. Su trayectoria en seguridad pública está marcada por su paso en la extinta Policía Federal, donde coincidió de manera contemporánea con Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa corporación se desempeñó como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, liderando operaciones contra grupos delictivos de alto impacto.

Su experiencia reciente incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director de investigación en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Su formación profesional abarca la licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil, una maestría en Criminalística y un doctor honoris causa. En su historial se registra también una mención honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica.

El nuevo secretario cuenta además con preparación internacional. Ha participado en reentrenamientos del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como en cursos de planeación de operaciones rurales y gerencia policial en la Policía Nacional de Colombia. También ha representado a México en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y estrategias policiales.

El “Plan Michoacán” plantea un despliegue intensivo contra las más de doce organizaciones delictivas que operan en el estado desde hace más de una década. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Pueblos Unidos y otras células regionales presentes en Tierra Caliente, Costa, Bajío y Meseta Purépecha. Con esta nueva reconfiguración institucional, las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.