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El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, hizo un llamado a implementar una estrategia integral que enfrente directamente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, al señalar que la respuesta del Estado debe incluir a quienes operan como cómplices o facilitadores desde cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el combate a la delincuencia no debe limitarse a quienes participan de forma directa en actividades armadas, sino también a quienes colaboran desde el interior de las instituciones. “Me refiero a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles; a esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados, también tienen que tener todo el peso del Estado”, expresó.

El posicionamiento del PAN ocurre tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este contexto, Lixa reconoció la actuación de las fuerzas armadas, destacando su desempeño durante el operativo. “Han demostrado valentía, disciplina, ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta”, declaró.

El legislador también expresó solidaridad con las familias de los elementos militares que fallecieron durante la operación, y reiteró el respaldo de su bancada a las fuerzas de seguridad. No obstante, señaló que, además de las acciones operativas, es necesaria una estrategia preventiva más amplia en distintas regiones, incluyendo Jalisco.

El coordinador parlamentario subrayó que el PAN ha insistido en la necesidad de una política de seguridad que actúe desde el origen del problema y no únicamente mediante operativos. Indicó que contar con información oportuna es un factor clave para lograr la pacificación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones públicas representa un factor determinante en la expansión de estas organizaciones. “Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, afirmó.

El legislador agregó que el tamaño y capacidad operativa de los cárteles, así como delitos como la extorsión en distintas entidades, reflejan la posible existencia de funcionarios que actúan como facilitadores o colaboradores. Según explicó, estos vínculos permiten el flujo de información o facilitan operaciones ilícitas.

Lixa también enfatizó que la neutralización de un líder criminal no implica la desaparición de la organización. “Capturar, abatir o neutralizar a una cabeza de un cártel no lo soluciona todo”, señaló, al reiterar la necesidad de una estrategia estructural que incluya acciones contra la infiltración criminal en el aparato gubernamental y fortalezca las instituciones frente a la delincuencia organizada.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una ambiciosa intervención urbana en Tlatelolco a través del programa “RUTA Tlatelolco mi Amor”, con una inversión cercana a mil 300 millones de pesos. El objetivo es llevar a cabo una transformación integral de esta emblemática zona capitalina, mediante obras de rehabilitación estructural, mejora de servicios urbanos, seguridad y recuperación de espacios públicos.

Brugada detalló que el proyecto incluye la reconstrucción del cine y el hospital de la Unidad Habitacional, además de una atención prioritaria a la infraestructura urbana deteriorada, como andadores, banquetas, guarniciones, luminarias y áreas verdes. “Vamos a ir recuperando poco a poco Tlatelolco, incluye echar a andar este proceso integral que contempla una gran intervención de atención a los riesgos estructurales que tienen varios edificios”, aseguró durante el evento.

Como parte del plan, se llevará a cabo un estudio preliminar en todos los edificios de la zona. Seis de ellos –Ignacio Ramírez, ISSSTE 11, Chihuahua, José María Arteaga, Michoacán y Baja California– recibirán una inversión de entre 500 y mil millones de pesos para su intervención. Además, ocho inmuebles con afectación media serán evaluados simultáneamente, y 13 más con daños menores también serán atendidos como parte de la estrategia integral.

En materia de agua, se contempla la rehabilitación de la planta de tratamiento de Tlatelolco, así como la limpieza de todas las cisternas de la unidad habitacional. Además, se implementará el programa “Ciudad Iluminada, Comunidad Segura”, que contempla la instalación de 2 mil 412 luminarias nuevas y la recuperación de 300 mil metros cuadrados de áreas verdes.

La mandataria precisó que se invertirán 82 millones de pesos en obras y servicios básicos, con acciones puntuales como la rehabilitación de 22 mil 829 metros cuadrados de andadores, banquetas y guarniciones (29 mdp), la pavimentación de 13 mil 500 metros cuadrados de estacionamientos (16 mdp), y una inversión de 35 mdp para iluminación pública.

En cuanto a seguridad, el proyecto contempla la recuperación de cuatro módulos policiales y un incremento del 25% en las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en la zona.

Una de las acciones más destacadas será la demolición del Hospital Gonzalo Castañeda, perteneciente al ISSSTE, para dar paso a la construcción de un nuevo centro de salud. También se demolerá el antiguo Cine Tlatelolco, que será transformado en un espacio recreativo moderno.

Brugada subrayó que su gobierno trabaja con las 16 alcaldías sin distinción partidista, priorizando siempre el bienestar de la población. En el evento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reconoció el impulso de estos proyectos y el impacto que tendrán en la calidad de vida de los habitantes.

Al anuncio asistieron funcionarios clave del gabinete capitalino, entre ellos Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios; Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención Ciudadana; Paulina Salazar Patiño, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5.