El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no tendrá que cubrir el pago del impuesto predial por sus inmuebles en la Ciudad de México, tras una resolución tomada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó sin efecto una parte sustancial de un adeudo reclamado por el gobierno capitalino.

La decisión fue avalada por seis votos del pleno, a partir de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. En su propuesta se estableció que los bienes del ISSSTE se encuentran exentos de este gravamen, al tratarse de propiedades federales destinadas a funciones públicas.

El origen del litigio se remonta a 2017, cuando la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera interpuso una demanda para exigir el pago de 5 mil 810 millones de pesos. El monto correspondía a distintos conceptos: impuesto predial, impuesto sobre nómina y derechos por suministro de agua, acumulados entre los ejercicios fiscales de 2009 a 2013.

De acuerdo con el argumento expuesto en el proyecto, el artículo 122 de la Constitución contempla que los inmuebles pertenecientes al dominio público de la Federación no están sujetos a impuestos locales cuando son utilizados para fines institucionales. Bajo esta interpretación, la Corte determinó improcedente el cobro del predial al ISSSTE.

Sin embargo, la resolución no abarcó todos los conceptos reclamados. La ministra puntualizó que el organismo no fue eximido del pago relacionado con el suministro de agua, por lo que ese componente del adeudo permanece vigente.

Durante la discusión en el pleno, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó la posibilidad de retirar el asunto para una revisión adicional. La propuesta fue rechazada por Lenia Batres, quien argumentó que el tema llevaba varios meses en análisis dentro del máximo tribunal.

Cabe señalar que Martí Batres Guadarrama, hermano de la ministra ponente, se desempeña actualmente como director general del ISSSTE.

El Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto en México.

El trámite fue gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la embajada estadounidense y notificado al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, ese órgano jurisdiccional determinó no conceder protección judicial al exmandatario ni a cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en su contra.

García Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. De acuerdo con fuentes federales citadas por el diario Reforma, la Fiscalía General de la República impulsó la activación del mecanismo diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos. A esa se suma una segunda orden dictada en febrero de 2024.

El exgobernador, quien dirigió Tamaulipas entre 2016 y 2022 y posteriormente buscó una candidatura federal en 2024, se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Reportes de medios locales señalan que reside en Estados Unidos, donde hasta el momento no se ha informado sobre su detención ni sobre el inicio formal de un procedimiento de entrega a México.

La resolución judicial más reciente sostiene que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal y que las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía están justificadas en esta etapa procesal. Sin embargo, la primera orden de arresto permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de un recurso promovido por su defensa.

En 2025, García Cabeza de Vaca declaró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra. La fiscalía respondió que dicha notificación fue suspendida de manera temporal por determinaciones judiciales, no cancelada de forma definitiva.

A través de un comunicado difundido por su equipo legal, el exmandatario aseguró contar con protección judicial frente a cualquier intento de detención y adelantó que impugnará la decisión más reciente ante un tribunal superior. Mientras tanto, la solicitud de extradición queda en manos de las autoridades estadounidenses, que aún no han informado si darán curso al requerimiento presentado por el gobierno mexicano.

La historia que estremeció a Chalco y sacudió al Estado de México suma un nuevo capítulo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México decidió devolver la posesión de una vivienda a Mariana ‘N’, hija de Carlota ‘N’, una mujer de 74 años detenida por su presunta implicación en el homicidio de dos personas y la tentativa de asesinato de un menor de edad. La propiedad, ubicada en el municipio de Chalco, fue el epicentro de un conflicto que derivó en violencia, arrestos y una polémica resolución judicial. 

Todo comenzó cuando Mariana ‘N’ denunció el 25 de marzo que un grupo de personas había invadido el inmueble familiar. Acudió a la Fiscalía Regional de Chalco para levantar un acta por despojo, iniciando así una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Seis días después, el 31 de marzo, volvió al lugar acompañada por policías municipales, aunque esa jornada no se ejecutó ninguna acción de desalojo por parte de los agentes.

La tensión escaló rápidamente. El 2 de abril, Carlota ‘N’, en un intento por recuperar el domicilio, se presentó presuntamente armada y en compañía de sus hijos. El enfrentamiento terminó de forma trágica. Dos personas perdieron la vida y un menor resultó herido. La mujer de la tercera edad fue arrestada en el sitio, junto con sus familiares Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’.

De acuerdo con la Fiscalía, a los detenidos se les cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Permanecen a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal.

La fiscalía, luego de analizar la carpeta de investigación, determinó este 4 de abril otorgar la posesión del inmueble a Mariana ‘N’. La resolución se basó en la documentación y declaraciones recopiladas a lo largo del proceso legal.

Sin embargo, el giro inesperado surgió en voz del abogado defensor de Mariana ‘N’, quien expresó que, por el momento, “no era de su interés” aceptar la restitución de la propiedad. La razón detrás de esta negativa no fue especificada.

El caso continúa generando repercusiones y atrayendo la atención pública. La tensión en la comunidad de Chalco persiste, mientras la autoridad judicial avanza en la evaluación del proceso legal de los implicados. La restitución de una propiedad en disputa, los crímenes cometidos y la complejidad del conflicto familiar mantienen en vilo a quienes siguen de cerca esta historia que combina lo legal, lo social y lo trágico.