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El cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo, programado del 7 al 9 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, será escenario de una reunión de alto nivel entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais. El encuentro, que se prevé tenga lugar en Palacio Nacional, forma parte de la agenda oficial vinculada al evento internacional.

La visita se enmarca en un momento que autoridades mexicanas califican como inédito, debido a la coincidencia de liderazgo femenino tanto en el gobierno federal como en la principal organización mundial del turismo. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó este contexto al referirse al encuentro como una oportunidad relevante dentro del congreso internacional.

De acuerdo con la funcionaria, el equipo de la Secretaría de Turismo ya trabaja en la coordinación del encuentro entre autoridades, luego de que previamente se intentara concretar una reunión durante el Tianguis Turístico, considerado el evento más importante del sector en el país, sin que fuera posible debido a la ausencia de la representante de ONU Turismo.

Además de la reunión institucional, la agenda contempla impulsar el turismo comunitario como uno de los ejes estratégicos vinculados al congreso. La intención es desarrollar proyectos que permitan ampliar la actividad turística hacia destinos donde aún no existe un impacto significativo, con la meta de generar prosperidad en esas regiones.

Aunque todavía no existe una estimación final de negocios derivados del evento, las previsiones apuntan a la participación de más de 500 afiliados internacionales y delegaciones provenientes de más de 40 países, lo que posiciona al encuentro como uno de los más relevantes del sector.

Desde la iniciativa privada, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, adelantó que el congreso contará con protocolo de jefes de Estado, motivo por el cual diversas dependencias federales, incluida la Cancillería, participan en la organización. También indicó que todos los secretarios estatales de Turismo serán invitados.

El evento tendrá como sede principal el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se prevén activaciones en los pits para exhibir la oferta turística nacional más allá de la capital del país. Esta estrategia busca proyectar destinos y experiencias de distintas regiones.

México obtuvo la sede del congreso tras competir con Estados Unidos y Canadá mediante una candidatura conjunta entre el gobierno y el sector privado, lo que fortaleció la propuesta nacional. La organización del encuentro también pretende impulsar una nueva línea de negocio enfocada en el turismo deportivo amateur, considerado rentable por su capacidad de movilizar no solo a competidores, sino también a sus acompañantes.

Dentro de este enfoque, se contempla promover disciplinas como voleibol y tenis, además de expresiones deportivas tradicionales como la lucha libre y las carreras rarámuris. La cita internacional también busca prolongar el impulso generado por el Mundial de 2026 y posicionar a México como la primera sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo fuera de Europa.

El Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto en México.

El trámite fue gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la embajada estadounidense y notificado al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, ese órgano jurisdiccional determinó no conceder protección judicial al exmandatario ni a cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en su contra.

García Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. De acuerdo con fuentes federales citadas por el diario Reforma, la Fiscalía General de la República impulsó la activación del mecanismo diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos. A esa se suma una segunda orden dictada en febrero de 2024.

El exgobernador, quien dirigió Tamaulipas entre 2016 y 2022 y posteriormente buscó una candidatura federal en 2024, se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Reportes de medios locales señalan que reside en Estados Unidos, donde hasta el momento no se ha informado sobre su detención ni sobre el inicio formal de un procedimiento de entrega a México.

La resolución judicial más reciente sostiene que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal y que las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía están justificadas en esta etapa procesal. Sin embargo, la primera orden de arresto permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de un recurso promovido por su defensa.

En 2025, García Cabeza de Vaca declaró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra. La fiscalía respondió que dicha notificación fue suspendida de manera temporal por determinaciones judiciales, no cancelada de forma definitiva.

A través de un comunicado difundido por su equipo legal, el exmandatario aseguró contar con protección judicial frente a cualquier intento de detención y adelantó que impugnará la decisión más reciente ante un tribunal superior. Mientras tanto, la solicitud de extradición queda en manos de las autoridades estadounidenses, que aún no han informado si darán curso al requerimiento presentado por el gobierno mexicano.

Autoridades mexicanas confirmaron la identificación del cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 mineros privados ilegalmente de la libertad en Sinaloa el pasado 23 de enero, quien laboraba para la empresa canadiense Vizsla Silver. La información fue dada a conocer por colectivos, organizaciones y familiares, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reportara el hallazgo de cuerpos y restos humanos en una fosa ubicada en el municipio de Concordia.

La confirmación se produce dos días después de que la FGR informara sobre la localización de la fosa, en la que se encontraba al menos una persona con características compatibles con uno de los mineros secuestrados. Posteriormente, se estableció que los restos correspondían a Hernández Vélez, originario del estado de Zacatecas.

De acuerdo con reportes difundidos por medios, la notificación oficial del fallecimiento fue realizada a los familiares por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia adscrita a la FGR. La identificación del cuerpo generó diversas reacciones públicas, principalmente en redes sociales.

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, expresó su postura a través de su cuenta de X: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”. La publicación se sumó a otros mensajes de solidaridad difundidos tras conocerse el caso.

Por su parte, la empresa minera Capstone Copper también emitió una esquela en la que manifestó su pesar por el fallecimiento del trabajador. “Nos unimos con sincero pesar al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos. Elevamos nuestras oraciones para que su alma descanse en paz y encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”, señaló el comunicado.

En paralelo, colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Por las Voces Sin Justicia, solicitaron a las autoridades que se informe de manera precisa el número total de cuerpos y restos humanos localizados en la fosa de Concordia, así como el avance en los procesos de identificación.

Los 10 mineros habrían sido interceptados por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, cuando se dirigían a sus labores, según testimonios de familiares citados por medios locales. El caso se enmarca en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, entidad que, además de ser una de las principales productoras de minerales del país, enfrenta una problemática de inseguridad relacionada con la operación del crimen organizado, con impactos directos en comunidades y sectores productivos como la minería.

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida este viernes en la frontera de Nogales tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó a través de un proceso de deportación controlada, gestionado en coordinación con autoridades estadounidenses y ejecutado en la garita fronteriza Dennis DeConcini.

Téllez Nieves es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados del incendio ocurrido en junio de 2009 en la Guardería ABC, tragedia que dejó 49 menores fallecidos y decenas más heridos.

En 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión por los hechos, aunque posteriormente, al apelar, consiguió la reducción de la pena a cinco años y obtuvo su libertad anticipada bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

Sin embargo, la imputada dejó de cumplir las medidas cautelares y se refugió en Estados Unidos, motivo por el cual se giró una orden de captura con apoyo de Interpol en 2022. Fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy antes de ser entregada a las autoridades mexicanas.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señaló la FGR en un comunicado. 

La dependencia precisó que su detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras la deportación controlada, Téllez Nieves fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de su sentencia.

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. 

La deflagración no solo cobró la vida de 49 bebés, sino que dejó a muchos otros con secuelas permanentes. Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las propietarias señaladas como responsables del siniestro y ahora enfrentará nuevamente a la justicia mexicana tras años de permanecer prófuga en territorio estadounidense.

Hernán Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como líder del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, arribó este jueves a territorio mexicano tras ser expulsado de Paraguay, país en el que fue detenido la semana pasada por ingreso irregular.

“El Abuelo” o “Comandante H”, como también es conocido, fue trasladado por autoridades mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción, donde la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo entregó formalmente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo de repatriación contó con la colaboración directa de la Presidencia de Paraguay. “Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

El vuelo que lo trasladó a México hizo una escala en Colombia de más de 12 horas y retomó su trayecto alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves. Finalmente aterrizó a las 11:13 horas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, desde donde será llevado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.

Al llegar a México, Bermúdez fue notificado de una nueva orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó el mandamiento en la causa penal 386/2025, con fecha del 17 de septiembre, emitida por Mario Elizondo Martínez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

Las imputaciones en su contra consideran su presunta participación en delitos contra la salud, acopio de armas, secuestro, delitos relacionados con hidrocarburos y funciones de dirección en actividades ilícitas. Además, se le atribuye secuestro agravado en contra de R.M.A. y un agravante adicional: haber cometido crímenes mientras se desempeñaba como servidor público, ya que ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

La orden de aprehensión no solo alcanza a Bermúdez Requena. También incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, exservidor público bajo su mando; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Todos ellos deberán ser puestos a disposición en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“La Barredora” es un grupo criminal con operaciones en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en la región.

El cumplimiento de la nueva orden de aprehensión quedó en manos de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Con este procedimiento, Bermúdez y los coacusados serán ingresados en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, donde enfrentarán los cargos presentados por la FGR.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no descarta solicitar a Estados Unidos los recursos que sean incautados a Ismael “El Mayo” Zambada, tras la orden de pago de 15 mil millones de dólares emitida por el Departamento de Justicia en su contra.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria subrayó que primero se deberán conocer los alcances de la medida impuesta por el gobierno estadounidense. Sin embargo, dejó claro que de concretarse una incautación de bienes se buscará que estos recursos sean devueltos a México y aplicados directamente en beneficio de la población.

“Si hubiera una incautación de recurso habría que pedir también que estos recursos y así fuera devuelto a México para el beneficio de la gente (…) si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente más humilde”,declaró ante los medios.

Sheinbaum recordó que su administración ha aplicado un esquema similar a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de comercializar y subastar bienes asegurados a la delincuencia organizada. 

Mencionó que recientemente se vendió una propiedad de un integrante de un grupo criminal y el dinero obtenido se destinó a la compra de equipo médico para clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar.

La presidenta recalcó que, en caso de obtenerse los recursos provenientes de la incautación, estos tendrían como destino principal a los sectores más vulnerables del país.

En el mismo encuentro con la prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el monto de 15 mil millones de dólares fijado a “El Mayo” Zambada corresponde a un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no tiene vínculo con las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen abiertas.

El funcionario precisó que se trata de un proceso independiente en el ámbito legal estadounidense, aunque México seguirá atento a sus implicaciones. Sheinbaum insistió en que cualquier recurso recuperado debe regresar al pueblo mexicano, pues se trata de daños ocasionados en el país por las actividades del narcotráfico. La mandataria reiteró que este principio ha guiado su política de recuperación de bienes, con un destino claro hacia programas sociales y servicios de salud.

Con ello, el gobierno federal abre la posibilidad de solicitar la entrega de recursos incautados a uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, en caso de que Estados Unidos concrete la medida judicial en su contra.

El conflicto entre el gobierno mexicano y Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, continúa escalando. El litigante volvió a lanzar fuertes críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que esta asegurara que su administración seguirá exigiendo a Estados Unidos toda la información disponible sobre el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

A través de su cuenta de X, Lichtman ironizó la postura de la mandataria: “Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”. Con esta declaración, el abogado del también hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a poner sobre la mesa sus cuestionamientos al actuar del gobierno mexicano en temas de narcotráfico.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron durante su gira por el estado de Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por la presencia del Cártel de Sinaloa, liderado históricamente por “El Mayo”. Desde ahí, la presidenta calificó como “irrespetuosas” las declaraciones previas de Lichtman, quien ha acusado públicamente a su gobierno de actuar bajo intereses poco claros.

El pasado 11 de julio, Ovidio Guzmán López, apodado “El Ratón”, se declaró culpable en la Corte de Chicago, Illinois, como parte de un acuerdo que lo libró de cargos en la Corte de Nueva York. A raíz de ese movimiento judicial, el abogado Lichtman ha sostenido una serie de acusaciones contra autoridades mexicanas, sugiriendo incluso que Sheinbaum actúa como “vocera de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

En respuesta, la presidenta informó que su administración presentó formalmente una demanda por difamación contra el abogado estadounidense. Este recurso legal fue interpuesto en México por la Consejería Jurídica de Presidencia y, según señaló Sheinbaum, no ofrecerá más detalles al respecto: “Para mí ya no es tema”.

La mandataria evitó profundizar en las posibles medidas de resarcimiento que su gobierno espera obtener con esta demanda. No obstante, su equipo legal continúa adelante con el proceso en tribunales nacionales.

Lichtman, por su parte, ha insinuado que podría revelar más información si las críticas y acciones legales en su contra continúan. “Al parecer, la presidenta de México Claudia Sheinbaum está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos”, escribió en sus redes sociales.

Con esta nueva ofensiva del abogado defensor de Ovidio Guzmán, el enfrentamiento con la Presidencia de México se intensifica y refuerza la tensión entre el ámbito judicial estadounidense y el discurso político mexicano en torno al narcotráfico y sus protagonistas históricos.

A partir de este lunes, Estados Unidos activó oficialmente un arancel del 20.91% sobre el jitomate importado desde México, una medida que podría impactar directamente en los precios al consumidor y tensar aún más la relación comercial entre ambos países. La decisión, impulsada por el Departamento de Comercio estadounidense, se venía anunciando desde abril por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

El argumento detrás de esta determinación fue la salida de Estados Unidos de un acuerdo previo, alegando que no se brindaban las protecciones necesarias a los productores locales de jitomate. Este movimiento marca un nuevo capítulo en una disputa comercial que ya ha tenido antecedentes importantes, como en 2019, cuando los productores mexicanos lograron un acuerdo con la primera administración de Trump para frenar una investigación antidumping. Dicho acuerdo cerraba ciertas lagunas legales e incluía mecanismos de inspección, con el objetivo de evitar medidas arancelarias.

México es actualmente el principal proveedor de jitomates al mercado estadounidense, con una participación cercana al 70%, muy por encima del 30% que tenía hace veinte años, según datos del Florida Tomato Exchange. La medida afecta directamente este flujo comercial, y según especialistas, podría provocar consecuencias notorias tanto para productores como para consumidores.

De acuerdo con Tim Richards, profesor en la Escuela de Agronegocios Morrison de la Universidad Estatal de Arizona, los precios minoristas de los tomates podrían incrementarse en alrededor del 10.5% como resultado del nuevo arancel. Este incremento impactaría directamente en los bolsillos de los consumidores estadounidenses, especialmente en temporadas donde el jitomate forma parte esencial del consumo diario.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que con este arancel se busca dar un respiro a la menguante industria del jitomate en Estados Unidos, incentivando el consumo de productos cultivados localmente y permitiendo a los agricultores norteamericanos competir en mejores condiciones frente a las importaciones mexicanas.

En contraste, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó la importancia económica del jitomate en México, señalando que esta industria genera más de 400 mil empleos directos y cerca de un millón de empleos indirectos. Además, la producción anual supera los tres millones 461 mil 766 toneladas, consolidando al jitomate como uno de los pilares de la agroindustria nacional.

Este nuevo arancel abre nuevamente un panorama incierto para los exportadores mexicanos, que verán afectados sus márgenes de ganancia, y para los consumidores estadounidenses, quienes podrían enfrentar un alza significativa en los precios de este producto básico. Las autoridades mexicanas aún no han emitido una postura formal frente a esta medida, pero se anticipa que la industria buscará alternativas para enfrentar el nuevo escenario comercial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves su inconformidad tras la decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de cerrar nuevamente la frontera a la importación de ganado mexicano en pie. La medida se tomó luego de confirmarse un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz, y fue calificada por la mandataria como una respuesta “totalmente exagerada”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que desde hace dos meses, cuando se registró el primer cierre fronterizo el pasado 11 de mayo, las autoridades mexicanas han trabajado bajo protocolos estrictos para enfrentar y contener esta plaga. Indicó que se han seguido medidas científicas específicas, como la liberación de moscas estériles, con el fin de impedir la propagación del parásito.

“El protocolo se activó de inmediato en cuanto se detectó el caso en Veracruz, y los equipos técnicos ya están en operación para controlar la situación”, afirmó la presidenta. Agregó que la situación está siendo manejada con base en evidencia científica, tal como se ha hecho desde los primeros reportes de la plaga.

El nuevo caso fue identificado en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz, y fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). A raíz de este hallazgo, Estados Unidos optó por volver a cerrar la frontera, apenas unos días después de haber autorizado la reapertura parcial del paso ganadero, que había estado restringido desde mayo.

Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe de Senasica, aseguró que los casos activos de gusano barrenador han disminuido un 18.5% desde el 24 de junio. Además, informó que actualmente la plaga se encuentra contenida en los estados del sur-sureste del país, donde se han contabilizado 345 casos activos.

Como parte de las acciones de control, explicó que se han liberado 2 mil millones de moscas estériles, una estrategia realizada en colaboración con el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Calderón Elizalde también destacó que no se han reportado casos secundarios, por lo que consideran que esta es una incursión aislada. Confía en que el caso detectado se declarará inactivo en un plazo no mayor a dos semanas.

La reapertura de la frontera para la exportación de ganado mexicano había comenzado de manera gradual el 7 de julio, iniciando con el puerto fronterizo de Douglas, en Arizona, colindante con Sonora. Esta nueva suspensión representa un nuevo obstáculo en el comercio ganadero entre ambos países, a pesar del trabajo conjunto en el combate de la plaga.

Sheinbaum reiteró el compromiso de su gobierno para seguir trabajando con rigurosidad científica y evitar la expansión de la plaga, mientras México mantiene su postura de que las medidas adoptadas por Estados Unidos no corresponden a la magnitud actual del problema.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha confirmado que inició un procedimiento jurídico-administrativo contra la empresa Full Circle Media S.A. de C.V., representante de MrBeast en México. Esta medida responde a la grabación y difusión de un video en el que el creador de contenido estadounidense promociona productos comerciales, como su línea de chocolates Feastables, en zonas arqueológicas del país sin la debida autorización.

MrBeast, cuyo nombre real es James Stephen Donaldson, publicó recientemente un video que desató la atención de las autoridades mexicanas. En él, se realizaron filmaciones en sitios históricos del país, lo cual encendió las alarmas del INAH. La institución acusó una alteración del propósito original aprobado para la grabación, al integrar de forma no autorizada la promoción de marcas con fines de lucro.

En un comunicado oficial, el INAH expresó que “abusando de la buena voluntad de las instituciones”, el youtuber transformó el contenido permitido en una estrategia comercial, incorporando publicidad que no formaba parte del plan previamente aprobado. El organismo recordó que cualquier actividad de producción con fines de lucro en zonas protegidas debe contar con permisos específicos y detallados.

El instituto fundamenta su denuncia en lo establecido por la Ley General de Bienes Nacionales, que protege los espacios considerados patrimonio histórico y cultural. Según el organismo, la mención y presencia de productos comerciales dentro del contenido audiovisual representa una violación directa a esta legislación, especialmente al no haberse respetado el acuerdo inicial. La empresa productora fue notificada de este procedimiento el pasado 14 de mayo.

Por su parte, MrBeast negó públicamente estar enfrentando una demanda, asegurando que la grabación de los segmentos promocionales no se realizó en cercanía de ningún templo o monumento nacional. Desde su cuenta en la plataforma X afirmó que las autoridades estaban al tanto de la mención de Feastables y que se cuidó de grabar lejos de cualquier estructura arqueológica.

Pese a las declaraciones del influencer, el INAH mantiene su postura y sostiene que el video difundido presenta elementos comerciales que exceden lo permitido. La controversia no sólo ha generado debate entre seguidores y críticos del youtuber, sino que también ha encendido el foco sobre los límites del contenido digital cuando este se entrelaza con espacios protegidos por la ley mexicana.

El caso continúa su curso legal mientras los reflectores apuntan a la relación entre las nuevas formas de entretenimiento digital y la responsabilidad que conlleva interactuar con el patrimonio cultural de las naciones.