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El diputado federal Sergio Mayer regresó a su curul en la Cámara de Diputados de México luego de concluir su participación en el reality show La casa de los famosos, programa para el que había solicitado licencia temporal a sus funciones legislativas desde el pasado 17 de febrero.

El actor y productor se separó de su cargo parlamentario para integrarse al programa televisivo, donde permaneció alrededor de 20 días antes de ser eliminado. Tras su salida del reality, Mayer presentó un oficio dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Kenia López Rabadán, en el que solicitó formalmente su reincorporación a las actividades legislativas con efecto inmediato, con base en el artículo 16 del reglamento del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La participación del legislador en el programa generó reacciones dentro de su propio partido. El 24 de febrero, Morena determinó suspender sus derechos partidistas al considerar que el diputado priorizó intereses privados sobre sus responsabilidades públicas al integrarse a un proyecto televisivo mientras formaba parte del Congreso.

Ante la polémica, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que será el propio partido el que determine si el legislador recibe o no alguna sanción por haberse separado temporalmente de sus funciones para participar en el reality.

Con la licencia solicitada por Mayer, su lugar en el pleno fue ocupado por su suplente, Luis Morales Flores, comerciante vinculado a la Central de Abasto de la Ciudad de México, quien asumió temporalmente las funciones legislativas.

Sin embargo, tras la solicitud de reincorporación del diputado titular, autoridades administrativas del recinto legislativo dejaron de permitir el acceso a Morales Flores a la oficina parlamentaria que ocupaba durante la ausencia de Mayer. El suplente denunció el hecho a través de sus redes sociales.

Antes de que se le negara el ingreso, Morales Flores alcanzó a participar en una votación relevante dentro del pleno. Durante esa sesión votó a favor del dictamen presidencial de reforma electoral que se discutía en la Cámara de Diputados. La propuesta finalmente fue desechada al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes.

Con la reincorporación formal de Mayer, el diputado retoma sus funciones legislativas dentro de la bancada de Morena en la actual legislatura. Entre sus actividades recientes dentro del Congreso destaca la invitación realizada en octubre de 2025 a los integrantes de La Sonora Santanera para recibir un reconocimiento en el recinto legislativo por sus 70 años de trayectoria artística.

Miles de mujeres tomaron las calles de distintas ciudades del país durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en movilizaciones marcadas por consignas contra la violencia de género, exigencias de justicia por feminicidios y demandas de mayor seguridad. Las marchas se realizaron en la Ciudad de México y en varios estados del país, donde contingentes feministas, familias y organizaciones civiles participaron en protestas que se extendieron durante gran parte del día.

Desde temprano, colectivos convocados a través de redes sociales comenzaron a reunirse en distintos puntos de la capital. Vestidas de violeta, color representativo del movimiento feminista, las asistentes portaban pancartas con mensajes como “Nos queremos vivas”, “No estamos todas” y “Muerte al macho”, mientras avanzaban con consignas que denunciaban la violencia contra las mujeres.

La movilización principal recorrió Paseo de la Reforma, donde los contingentes corearon frases como “El violador eres tú” y “La policía no me cuida, me cuida mi familia”. Durante el recorrido, las manifestantes exigieron justicia por los feminicidios y medidas de seguridad para las mujeres. Monumentos y edificios cercanos al trayecto permanecieron protegidos por vallas metálicas, entre ellos el Ángel de la Independencia y Palacio Nacional, mientras elementos policiacos acompañaban el avance de los contingentes.

Con el paso de las horas, las participantes comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, punto final de la marcha en la capital. En ese lugar, un grupo de mujeres intentó derribar las vallas instaladas frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México utilizando martillos, piedras y rejas.

Durante esos momentos, algunas manifestantes corearon consignas como “¡Fuimos todas!” y “¡Claudia Sheinbaum no me representa!”, mientras elementos de seguridad desplegados detrás de las estructuras metálicas rociaron gas para intentar dispersar a quienes golpeaban las barreras.

Entre las asistentes también se observó a la madre de Kimberly Hilary Moya González, adolescente desaparecida desde el 2 de octubre de 2025 en Naucalpan, caso por el que existen dos detenidos aunque las autoridades no han esclarecido lo ocurrido.

Las movilizaciones se replicaron en distintos estados del país. En Guanajuato, alrededor de 15 mil mujeres se concentraron en la Alhóndiga de Granaditas, donde se registraron pintas y el lanzamiento de bombas molotov. También hubo protestas en municipios como Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende.

En Cuernavaca, estado de Morelos, colectivos marcharon para exigir justicia por los feminicidios de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Karen Toledo y Kimberly Joselin.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia y, en promedio, diez mujeres son asesinadas cada día, cifras que cada año impulsan las movilizaciones del 8M en el país.

Una sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México dejó imágenes poco habituales durante los trabajos legislativos, luego de que dos diputados participaran en la reunión mientras realizaban actividades ajenas al debate parlamentario. La legisladora Diana Sánchez Barrios apareció conectada desde lo que parecía ser un salón de belleza mientras era arreglada por estilistas, mientras que el diputado Víctor Varela se enlazó a la sesión desde el interior de su automóvil mientras circulaba por calles de la capital.

El episodio ocurrió durante una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, en la que legisladores analizaron y aprobaron presentar al pleno una iniciativa de reforma al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo. La sesión tuvo una duración de poco más de nueve minutos.

Al inicio de la reunión, la diputada Diana Sánchez Barrios mantuvo activada su cámara. En la transmisión se observó cómo un hombre intentaba retirar mechones de cabello de su rostro mientras ella misma utilizaba un peine para acomodar la línea que dividiría su peinado. Posteriormente decidió apagar la cámara.

Minutos después, en otra toma del enlace virtual, se alcanzó a observar al estilista trabajando en su cabello para sujetarlo mientras la legisladora bebía café y revisaba el resultado del peinado. Durante ese momento también se sumó otra persona al arreglo personal de la diputada.

A pesar de algunas fallas en la transmisión, que provocaron distorsiones en su voz durante ciertas intervenciones, la legisladora permaneció conectada a la reunión. En distintos momentos encendía la cámara únicamente cuando debía participar, mientras continuaba el trabajo del maquillista y del peinador.

De acuerdo con el registro legislativo, Sánchez Barrios forma parte de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente dentro del Congreso capitalino. Durante la sesión virtual, se le observó mientras terminaban de recogerle el cabello en una coleta.

Al mismo tiempo, otro legislador participaba desde un entorno distinto. El diputado Víctor Varela, integrante del Partido Verde Ecologista de México, se conectó a la reunión desde el interior de un automóvil que aparentemente se encontraba en circulación en la Ciudad de México.

Durante toda la sesión, el legislador permaneció dentro del vehículo mientras se desarrollaban las intervenciones y la votación del dictamen. La transmisión mostró al diputado enlazado desde su automóvil mientras continuaba el trayecto.

Pese a las circunstancias en las que participaron algunos legisladores, la reunión virtual se llevó a cabo y concluyó con la aprobación para presentar ante el pleno la iniciativa de reforma al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, oficializó una serie de cambios en la estructura territorial de la Fiscalía General de la República al designar a 11 nuevos titulares en delegaciones estatales. Los movimientos abarcan entidades como Baja California, Campeche, Durango, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco, entre otras.

De acuerdo con el comunicado institucional, los perfiles seleccionados cuentan con experiencia previa como Ministerios Públicos y trayectoria dentro de la propia FGR, particularmente en áreas de investigación y litigación.

En Baja California fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada. En Campeche asumió Margarita Galván Rodríguez, fiscal jefa del equipo de Investigación y Litigación en Guanajuato desde 2021.

Para la Ciudad de México fue designada Laura Gabriela Chang Marroquí, quien encabezaba desde 2022 la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la Fecor. En Durango quedó al frente Rosalía Juárez Ramírez, con más de dos décadas de trayectoria como Ministerio Público.

Ana Cristina Maturano Ramos asumió en Hidalgo, con experiencia tanto en funciones ministeriales como en asesoría jurídica. En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, ex fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

La lista continúa con Mario Esquivel Ayala en Nayarit, quien era agente del Ministerio Público en la fiscalía federal de esa entidad; José Guadalupe González Guajardo en Nuevo León, ex titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa; y Damaris Baglietto Hernández en Oaxaca, quien desde marzo de 2023 encabezaba la Unidad de Investigación y Litigación en la fiscalía federal capitalina.

En San Luis Potosí fue designado Gabriel Campos Piña, procedente de la fiscalía federal en Nayarit, mientras que Manuel Eduardo León Torres asumirá en Tamaulipas, tras desempeñarse como agente del Ministerio Público y fiscal en jefe.

La FGR señaló que estos relevos buscan fortalecer la coordinación con autoridades estatales y consolidar el trabajo institucional. En el comunicado se destaca que Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los nuevos fiscales federales y les deseó éxito en sus responsabilidades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que los ajustes forman parte del programa de trabajo de la fiscal general. “Ella lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones (…) más que limpia es un fortalecimiento”, expresó, al referirse a la revisión interna y al nombramiento de nuevos representantes en las fiscalías estatales. Con estos movimientos, la FGR actualiza su estructura operativa en 11 entidades del país como parte de su reorganización institucional.

Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.

La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.

Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.

De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.

Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.

En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.

Emilio Lozoya, quien dirigió Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016 y es señalado como figura central en las investigaciones por los casos de corrupción vinculados a Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), fue nuevamente relacionado con una indagatoria judicial tras la detención de su excontador, Jorge “N”, acusado de presunta defraudación fiscal por 28 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República informó que el arresto se realizó en Querétaro en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente contra el excolaborador del exfuncionario federal.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos, lo que provocó un daño económico al fisco federal durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Además de desempeñarse como contador de Lozoya, Jorge “N” fue identificado como apoderado legal de la empresa Yacani, administrada por Marielle Helene Eckes, exesposa del exdirector de Pemex. Según la Fiscalía, esta compañía fue utilizada presuntamente como un canal para la triangulación de recursos ilícitos relacionados con sobornos que formaron parte de las investigaciones sobre corrupción en contratos públicos.

Las autoridades federales señalaron que la firma aparece en las indagatorias como parte de la estructura financiera empleada para movilizar recursos vinculados a estos casos, considerados entre los más relevantes en materia de corrupción durante ese periodo.

La investigación también contempla el análisis de las actividades empresariales del detenido, quien figura como accionista en 19 empresas y en al menos una de ellas ejercía funciones como órgano de vigilancia y representante legal.

Tras su captura, el imputado fue trasladado al Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería para continuar con el proceso penal correspondiente.

La Fiscalía indicó que el caso forma parte de las investigaciones relacionadas con posibles delitos fiscales y financieros vinculados al entorno empresarial y administrativo del exdirector de Pemex, así como con empresas señaladas en las indagatorias por el presunto uso de estructuras corporativas para el manejo de recursos ilícitos.