Etiqueta: Procedimientos Penales

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, oficializó una serie de cambios en la estructura territorial de la Fiscalía General de la República al designar a 11 nuevos titulares en delegaciones estatales. Los movimientos abarcan entidades como Baja California, Campeche, Durango, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco, entre otras.

De acuerdo con el comunicado institucional, los perfiles seleccionados cuentan con experiencia previa como Ministerios Públicos y trayectoria dentro de la propia FGR, particularmente en áreas de investigación y litigación.

En Baja California fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada. En Campeche asumió Margarita Galván Rodríguez, fiscal jefa del equipo de Investigación y Litigación en Guanajuato desde 2021.

Para la Ciudad de México fue designada Laura Gabriela Chang Marroquí, quien encabezaba desde 2022 la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la Fecor. En Durango quedó al frente Rosalía Juárez Ramírez, con más de dos décadas de trayectoria como Ministerio Público.

Ana Cristina Maturano Ramos asumió en Hidalgo, con experiencia tanto en funciones ministeriales como en asesoría jurídica. En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, ex fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

La lista continúa con Mario Esquivel Ayala en Nayarit, quien era agente del Ministerio Público en la fiscalía federal de esa entidad; José Guadalupe González Guajardo en Nuevo León, ex titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa; y Damaris Baglietto Hernández en Oaxaca, quien desde marzo de 2023 encabezaba la Unidad de Investigación y Litigación en la fiscalía federal capitalina.

En San Luis Potosí fue designado Gabriel Campos Piña, procedente de la fiscalía federal en Nayarit, mientras que Manuel Eduardo León Torres asumirá en Tamaulipas, tras desempeñarse como agente del Ministerio Público y fiscal en jefe.

La FGR señaló que estos relevos buscan fortalecer la coordinación con autoridades estatales y consolidar el trabajo institucional. En el comunicado se destaca que Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los nuevos fiscales federales y les deseó éxito en sus responsabilidades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que los ajustes forman parte del programa de trabajo de la fiscal general. “Ella lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones (…) más que limpia es un fortalecimiento”, expresó, al referirse a la revisión interna y al nombramiento de nuevos representantes en las fiscalías estatales. Con estos movimientos, la FGR actualiza su estructura operativa en 11 entidades del país como parte de su reorganización institucional.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa aún no ha comenzado, pues dependerá del tiempo que tomen las negociaciones entre los afectados y la empresa propietaria del vehículo.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal detalló que el proceso de compensación se encuentra en etapa de análisis y que la institución ha asignado personal especializado para acompañar y asesorar a las víctimas en los diálogos con los representantes legales de la compañía.

“Esto va a depender de la salida por la que opten las víctimas en este caso. Estamos investigando delitos culposos, tanto homicidios culposos, lesiones culposas y daños materiales culposos. Estos delitos permiten, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas salidas; una de ellas, efectivamente, es la mediación y los acuerdos reparatorios”, explicó Alcalde Luján.

El siniestro dejó hasta el momento 31 personas fallecidas y 53 lesionadas, de las cuales nueve permanecen hospitalizadas. Además, decenas de viviendas y vehículos resultaron afectados por la explosión y el incendio posterior.

La fiscal indicó que el monto de la reparación económica se definirá con base en estudios psicológicos, peritajes sociales y evaluaciones del daño moral realizado a cada una de las víctimas, así como en los casos de fallecimiento o discapacidad permanente. “El daño moral se calcula también en relación con las periciales en psicología, lo que tiene que ver con el proyecto de vida, cómo fue afectado el proyecto de vida y, muy importante, con el lucro cesante”, señaló.

Explicó que el lucro cesante corresponde al monto que las víctimas o sus familiares dejaron de percibir a causa del accidente. “En el caso sobre todo de los fallecimientos o donde hay lesiones que invalidan por completo a las personas y ya no pueden trabajar, se hace un cálculo a partir de lo que la persona fallecida hubiera ganado en su vida laboral”, puntualizó.

Bertha Alcalde agregó que los acuerdos reparatorios pueden alcanzarse durante la etapa inicial de la investigación, sin necesidad de que exista una imputación formal ante un juez. “En los acuerdos reparatorios no es necesario ni siquiera que se haga como tal una imputación frente a un juez, sino que, en la etapa de investigación inicial, se puede llegar a un acuerdo a partir de lo que decidan las partes”, subrayó.

La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de la empresa propietaria de la pipa y de los operadores involucrados en el siniestro, mientras continúa el acompañamiento psicológico y legal a los afectados.