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Prisión preventiva para secretaria de Monterrey por presunta extorsión y montaje político

Publicada el por CuestionesdePolítica

Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.

La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.

Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.

De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.

Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.

En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.

SCJN analiza amparo clave sobre prisión preventiva oficiosa

Publicada el por CuestionesdePolítica

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un tema que podría marcar un precedente crucial en el sistema penal mexicano: un amparo contra la prisión preventiva oficiosa (PPO). El proyecto, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, propone proteger al quejoso sin ordenar su libertad, pero sí exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) justifique la necesidad de mantenerlo bajo esta medida cautelar.

El caso específico se centra en Adrián Alegre Hernández, detenido tras una riña domiciliaria en la que se le encontraron narcóticos, un arma de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Un juez de control en Michoacán le impuso la PPO por considerar que uno de los delitos encajaba en el artículo 19 de la Constitución, que lista los delitos que ameritan esta medida.

Sin embargo, Alegre promovió un amparo argumentando que esa decisión automática violaba estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El juez de Distrito le concedió la razón, dejando sin efectos la medida y ordenando un debate para definir si la PPO era, en su caso, realmente necesaria.

La FGR apeló la resolución, y el caso llegó hasta la SCJN gracias a la solicitud de un Tribunal Colegiado para que el máximo tribunal atrajera el asunto. La ministra Ríos Farjat propone ahora reinterpretar el alcance de la PPO sin declararla inconstitucional, pero sí limitando su aplicación automática.

En su proyecto —que se discutirá el próximo 13 de agosto—, la ministra plantea que la frase “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” del artículo 19 debe leerse de forma compatible con los derechos humanos. Es decir, el juez no estaría obligado a imponerla de forma inmediata, sino que se abriría un debate judicial para analizar si la medida es indispensable para asegurar la comparecencia del imputado, proteger a víctimas o testigos, o evitar obstrucciones en la investigación.

Además, en caso de aprobarse este criterio, la sentencia ordenará dejar sin efectos la PPO impuesta al quejoso, abriendo una audiencia en la que la FGR deberá argumentar si la medida debe mantenerse, con base en principios de subsidiariedad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Este caso también marca una oportunidad para conocer la postura de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien repetirá en la Corte con su nueva conformación a partir del 1 de septiembre, y que probablemente participará en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, que también busca revisar la PPO desde una óptica convencional.

La decisión podría representar un paso hacia un sistema penal más equilibrado, que armonice con los criterios internacionales y respete derechos fundamentales como la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia. La sentencia también llama a los jueces a interpretar la PPO de manera conforme y apartarse de criterios que la apliquen automáticamente, abriendo así la puerta a un nuevo paradigma en la justicia penal mexicana.

Suprema Corte detiene decisión clave sobre prisión preventiva; lo decidiran nuevos ministros

Publicada el por CuestionesdePolítica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de sus listas de discusión un proyecto que proponía limitar la prisión preventiva oficiosa, figura jurídica señalada por organismos internacionales por su uso automático y sin control judicial. La propuesta, elaborada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quedará ahora en manos del nuevo pleno que se conformará tras la toma de protesta de nueve ministros electos por voto popular.

Este proyecto respondía a la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y fue incluido inicialmente en la agenda del máximo tribunal para ser abordado en las últimas sesiones del periodo actual. Sin embargo, ya no aparece en el orden del día de la próxima reunión del pleno, prevista para el martes siguiente a su publicación.

En el documento retirado, Ríos Farjat planteaba que el uso automático de la prisión preventiva, previsto en el artículo 19 de la Constitución, debía interpretarse a la luz de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México. En su análisis, proponía que los jueces abrieran el debate sobre su aplicación sin requerir solicitud expresa del Ministerio Público, acercando el procedimiento al de la prisión preventiva justificada.

 “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” es la frase constitucional cuya interpretación fue central en el proyecto. La ministra sugería entenderla como una obligación del juzgador de iniciar un análisis sobre la pertinencia de aplicar esta medida cautelar, sin que ello implicara su imposición automática. Esta interpretación buscaba alejar al sistema penal del uso obligatorio de medidas privativas de libertad sin revisión judicial adecuada.

El retiro del proyecto coincidió con la revelación de una solicitud del gobierno federal dirigida a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández. En dicha petición, se planteó posponer la discusión y votación de todos los temas vinculados a la prisión preventiva oficiosa. Esta medida también incluye los asuntos relacionados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó a México a eliminar la figura del arraigo y a reformular la prisión preventiva oficiosa conforme a los estándares internacionales.

Con la decisión de la SCJN, el análisis del tema queda aplazado hasta que los nuevos ministros se integren al pleno. La Corte, en consecuencia, no resolverá en el corto plazo una de las controversias más relevantes en materia de derechos humanos y justicia penal que enfrenta el sistema jurídico mexicano.

Senado amplía prisión preventiva oficiosa a nuevos delitos graves

Publicada el por Fernando Guzman

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, ampliando el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, conocida también como “encarcelamiento automático”. Entre las nuevas conductas incluidas destacan la extorsión, el contrabando y los actos relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Esta medida cautelar, aplicada automáticamente por un juez, se utiliza en casos considerados graves.

Con 94 votos a favor de Morena y 34 en contra de la oposición, la reforma fue avalada y deberá ser ratificada por los congresos locales. Al tratarse de un cambio constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 estados.

Durante la discusión, los partidos de oposición manifestaron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Marko Cortés, dirigente del PAN, subrayó que 70% de las personas encarceladas bajo esta medida resultaron inocentes, según sus datos: “El Estado destruyó sus vidas y las de sus familias. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado, trabajarían en colaboración internacional para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, se han negado a tipificar el narcoterrorismo”, señaló.

Por otro lado, Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la reforma al argumentar que busca garantizar el castigo de delitos que generan grandes beneficios económicos para los delincuentes y prevenir su fuga. “La prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, asegura el esclarecimiento de los hechos y evita la impunidad de los responsables”, afirmó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal 2023, realizado por el INEGI, 44.3% de las personas privadas de su libertad sin sentencia en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. Este grupo representa 38,533 personas de un total de 86,822 reclusos sin condena.

La modificación establece que la prisión preventiva oficiosa aplicará en delitos como:

  • Abuso o violencia sexual contra menores.
  • Delincuencia organizada.
  • Extorsión.
  • Actos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
  • Contrabando.
  • Uso de comprobantes fiscales falsos.

Además, se aclara que la interpretación de estas normas debe ser literal, prohibiéndose cualquier interpretación que modifique su aplicación.

Los congresos locales disponen de 65 días para adecuar sus normativas, mientras que el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas. Esta modificación forma parte de las 20 propuestas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la versión final fue ajustada en la Cámara de Diputados.

Diputados amplían catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

Publicada el por Fernando Guzman

 

La Cámara de Diputados anunció la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, que amplía la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Este catálogo ahora incluye delitos relacionados con temas de seguridad y control fiscal, además de los previamente establecidos.

El dictamen sostiene que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta que, al limitar de manera cautelar la libertad de los posibles infractores, contribuye al control de la criminalidad, a la investigación de delitos y al fortalecimiento de la paz y el orden social.

Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

  • Extorsión: Obtener beneficios mediante amenazas o coerción a personas o grupos.
  • Narcomenudeo: Venta y distribución de drogas a pequeña escala.
  • Fentanilo y drogas sintéticas: Producción, distribución y comercialización de estas sustancias peligrosas.
  • Defraudación fiscal: Engaños u omisiones para evitar el pago de impuestos.
  • Contrabando: Importación o exportación de mercancías fuera de la normativa legal.
  • Emisión de comprobantes fiscales falsos: Actividades fraudulentas con facturas o comprobantes para evasión fiscal.

Jueces con facultad para aplicar prisión preventiva oficiosa

El dictamen, resultado de una iniciativa del Ejecutivo Federal presentada el 5 de febrero de 2024, estipula que a partir de su entrada en vigor, todas las disposiciones en leyes secundarias y reglamentos que se opongan a este decreto serán derogadas. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 80 días para armonizar el marco legal con esta reforma.

Esta modificación busca dotar a los jueces de autoridad para imponer prisión preventiva de manera obligatoria en estos delitos, limitando interpretaciones que reduzcan la aplicación de esta medida cautelar.

 

Morena y sus aliados van por la extinción de siete organismos autónomos que definirá el rumbo del país

Publicada el por CuestionesdePolítica

La próxima semana, el pleno de la Cámara de Diputados se prepara para una histórica votación que podría marcar el fin de siete organismos autónomos clave en la vida pública de México. Así lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien detalló en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro que la discusión y posible aprobación de la medida se realizarán el martes 12 y miércoles 13 de noviembre.

 

El dictamen ha causado un intenso debate, no solo dentro del recinto legislativo sino también en la opinión pública, al poner en la cuerda floja a instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. La propuesta de Morena y sus aliados ha levantado fuertes críticas por su impacto en temas de transparencia, competencia económica, y regulación de sectores estratégicos.

 

Para Monreal, la extinción de estos organismos responde a la necesidad de cumplir compromisos históricos del partido y reducir la burocracia. “Voy a reunirme todavía con algunos miembros de órganos autónomos estos días”, explicó Monreal a medios, asegurando que la medida se alinea con los ideales de Morena en materia de protección animal y combate a la corrupción.

 

La propuesta también incluye tres reformas constitucionales: una sobre la protección de animales, otra para ajustar el catálogo de delitos graves con prisión preventiva oficiosa y una más enfocada en mejorar la transparencia y reducir el fraude en la frontera, una problemática crítica para Monreal. “Allá en la frontera está bien difícil, lo de la defraudación fiscal y sobre todo en aduanas, es una corrupción tremenda”, mencionó el legislador, subrayando la urgencia de una acción decidida en esa área.

 

No obstante, la iniciativa ha sido vista por algunos como un retroceso para la autonomía y transparencia en México. Los siete organismos afectados fueron creados precisamente para operar con independencia del poder político, vigilando sectores que requieren imparcialidad y especialización. La extinción del INAI, por ejemplo, genera preocupación sobre el acceso a la información y la protección de datos personales, lo cual algunos consideran un pilar de la democracia moderna.

 

Entre los puntos de la agenda legislativa, uno de los debates más intensos será el de la prisión preventiva oficiosa para delitos como el fraude fiscal. Monreal, en una declaración que llamó la atención, opinó que podría ser prudente excluir ciertos delitos fiscales de este catálogo. Sin embargo, reconoció que la decisión final está en manos de las comisiones correspondientes, y él no es miembro de ellas. “Es una propuesta mía, pero la comisión determinará si se mantiene o no el tema de delito de defraudación fiscal con prisión preventiva oficiosa”, aclaró.

 

La extinción de organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podría modificar de manera radical la estructura de regulación en México. Estas entidades han sido fundamentales en la evaluación de políticas públicas y la supervisión de sectores estratégicos, desde la energía hasta la educación, donde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ha desempeñado un papel crucial en los últimos años.

 

La decisión que se tomará en San Lázaro la próxima semana marcará un antes y un después en la relación entre el Estado y los organismos que, hasta ahora, han sido autónomos. Para Monreal y los líderes de Morena, esta es una oportunidad de simplificar la administración pública y “cumplir compromisos históricos”. Para los críticos, representa una amenaza a la independencia institucional y, en última instancia, a la democracia mexicana.

 

La votación se perfila como uno de los momentos más decisivos del año, donde las decisiones que tomen los legisladores no solo afectarán a los organismos en cuestión, sino también a millones de mexicanos que dependen de su labor para garantizar la transparencia, la competencia y la regulación de sectores esenciales.

La ONU denuncia fallas en el sistema judicial mexicano y prácticas de detención arbitraria

Publicada el por Fernando Guzman

Un Grupo de Trabajo de la ONU ha destacado la persistencia de la detención arbitraria en México y ha señalado las deficiencias en el sistema de justicia penal, especialmente en relación con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Estos mecanismos, además de fomentar el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, también han derivado en interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a defensores calificados y presiones al Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

El informe revela que, en 2022, aproximadamente 50% de las 90 mil personas detenidas sin sentencia se encontraban bajo prisión preventiva oficiosa. Aunque el uso del arraigo se ha reducido desde 2013, sigue siendo una práctica vigente, con 25 casos registrados en 2022. El Grupo recordó que en 2019 se presentó una propuesta en el Senado para eliminar el arraigo de la Constitución, y en 2023 se presentaron medidas para acelerar este proceso legislativo.

El organismo internacional instó a México a llevar a cabo reformas que eliminen tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, y sugirió adoptar medidas que garanticen una mayor protección contra la detención arbitraria. También hizo un llamado a reforzar la independencia judicial, un principio que, señaló, debe guiar la actuación de todas las autoridades del Estado.

La ONU subrayó que la prisión preventiva oficiosa es una violación del derecho a la libertad personal, afectando además la presunción de inocencia, la integridad personal, y la igualdad ante la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha declarado que México está incumpliendo con sus obligaciones internacionales al mantener esta figura.

El informe también criticó las presiones que han sufrido los jueces por parte del Ejecutivo, particularmente cuando sus decisiones contradicen las iniciativas gubernamentales. Esta presión se ha evidenciado en el espacio conocido como “Cero impunidad”, en el cual se exhibe públicamente a jueces por decisiones controvertidas. Asimismo, el Grupo de Trabajo manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios al Poder Judicial, señalando que estos han mermado su capacidad para operar de manera independiente.

Otro aspecto grave señalado por el Grupo fue el uso sistemático de la violencia durante los arrestos. Las personas detenidas, en muchos casos, son sometidas a torturas y maltratos con el fin de obtener confesiones o información. El informe también denunció que estas prácticas se emplean para humillar y castigar, afectando de manera desproporcionada a los grupos indígenas, quienes son maltratados durante los arrestos.

Por último, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de México a garantizar que todas las detenciones sean registradas en el Registro Nacional de Detenciones, y que tanto funcionarios civiles como militares estén conscientes de su responsabilidad en este proceso.

Gobernadores piden a la SCJN no eliminar la prisión preventiva oficiosa

Publicada el por Fernando Guzman

Los 32 gobernadores de México, incluyendo mandatarios de Morena y sus aliados, así como del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que no se modifique la prisión preventiva oficiosa. La solicitud llega mientras el alto tribunal prepara proyectos para cambiar esta controvertida medida, tras la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México el año pasado, ordenando su eliminación de la Constitución.

Los políticos afirman que la prisión preventiva oficiosa es crucial para la seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la carta durante su conferencia matutina del martes, destacando la importancia de la medida para mantener el orden en el país.

La Conferencia Nacional de Gobernadores presentó la carta bajo la figura de amicus curiae, advirtiendo a la SCJN sobre el “grave impacto” que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa. La misiva señala que modificar esta medida podría colapsar el sistema judicial, ya que los tribunales federales tendrían que analizar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar.

En México, la prisión preventiva oficiosa permite encarcelar automáticamente a los acusados de 16 delitos, como feminicidio, secuestro y robo, en la primera fase del proceso judicial. Actualmente, más de 68,000 personas están en prisión preventiva oficiosa, lo que representa un tercio del total de la población carcelaria. La CIDH considera esta medida un encarcelamiento anticipado y una violación a las garantías internacionales.

El escrito de los gobernadores va dirigido al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa en respuesta a las sentencias de la CIDH. Otros dos proyectos en preparación en la SCJN también buscan abordar esta cuestión: la acción de inconstitucionalidad 49/2021, de la ministra Margarita Ríos Farjat, y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La carta de los gobernadores refleja la posición del presidente López Obrador, quien ha hecho de la prisión preventiva oficiosa un pilar de su estrategia de seguridad. Además, la figura ha sido un punto de confrontación con Norma Piña, presidenta de la SCJN. El presidente ha advertido que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría llevar a la impunidad y ha elogiado la postura de los gobernadores por su firmeza.