Etiqueta: situación jurídica

Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.

La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.

Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.

De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.

Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.

En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un amparo que será determinante para definir la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. La decisión del máximo tribunal del país abre la puerta a que se determine si Aburto debe continuar en prisión para cumplir una condena de 45 años o si procede una modificación a la sentencia impuesta por el homicidio cometido en 1994.

La notificación oficial fue enviada a un Tribunal Colegiado, en la que se informa que la SCJN ejercerá su facultad de atracción para conocer el amparo directo 104/2021. De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), esta atracción deriva de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de diciembre de 2025, al considerar que el caso reviste una relevancia especial para el Estado mexicano.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, durante un mitin político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por este crimen, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, pena que ha cumplido de manera continua desde entonces.

En el acuerdo de admisión, la Corte señaló: “Se adjunta el acuerdo emitido el quince de diciembre de la pasada anualidad, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 947/2025 (…) para conocer del amparo directo 104/2021 en que se actúa”. Con esta determinación, el caso será analizado directamente por el Pleno del alto tribunal.

La FGR argumentó su interés en que la SCJN conozca el asunto “por la trascendencia que reviste para el Estado mexicano, toda vez que será analizada una cuestión de competencia jurisdiccional”, según consta en los listados oficiales. El punto central del debate jurídico radica en cuál legislación penal debía aplicarse al momento de dictar la sentencia.

El Tribunal Colegiado involucrado es el mismo que, en octubre de 2023, emitió una resolución favorable a Aburto al considerar que su proceso debió regirse por el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una pena máxima de 30 años por homicidio calificado. En contraste, la condena de 45 años se impuso con base en el Código Penal Federal, lo que abrió la discusión sobre la correcta aplicación de la norma.

Mientras el caso es enlistado y sometido al análisis del Pleno, la Suprema Corte ordenó suspender cualquier trámite adicional. “El Ministro Presidente del Alto Tribunal de Justicia ordenó suspender el dictado de la sentencia en este asunto, hasta en tanto el Tribunal Pleno resuelva lo conducente”, señala el acuerdo. La resolución final marcará un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de la historia política y judicial de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez penal autorizó 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el establecimiento Waldo’s, ubicado en Hermosillo, hecho que dejó 23 personas fallecidas, una menor en gestación y 12 personas lesionadas. La determinación judicial se tomó tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que las órdenes de captura fueron libradas luego de que se expusieran ante el juez los elementos recabados durante la investigación. “Fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión”, precisó la dependencia al referirse a las personas presuntamente implicadas en el siniestro.

De ese total, siete órdenes ya fueron cumplimentadas, por lo que las personas detenidas serán presentadas ante el juzgado la tarde de este día para que se determine su situación jurídica. La autoridad señaló que para ejecutar las detenciones se autorizaron técnicas de investigación, entre ellas cateos judiciales, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por el juez.

En el mismo informe, la Fiscalía estatal indicó que también se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación a la persona moral, programada para este 24 de diciembre a las 17:00 horas, en la capital sonorense, ante un Juez Oral Penal. Esta diligencia forma parte del proceso penal derivado del caso identificado oficialmente como “Waldo’s”.

La audiencia inicial fue programada a pocas horas de la celebración de la Nochebuena, en el marco de una investigación que continúa abierta y que ha permitido establecer las causas del incendio. De acuerdo con los resultados obtenidos por las autoridades, el siniestro se originó por la explosión de un transformador eléctrico que se encontraba instalado de manera irregular dentro del inmueble.

Las indagatorias también revelaron que el establecimiento no contaba con las medidas básicas exigidas por Protección Civil, lo que incrementó el riesgo y las consecuencias del incendio. Además, se documentó la omisión de funcionarios estatales y municipales en la realización de revisiones de la infraestructura, situación que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por la Fiscalía.

El incendio del comercio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, es considerado uno de los hechos más graves registrados en la entidad por el número de víctimas fatales y personas lesionadas. Con la emisión de las órdenes de aprehensión y el desarrollo de las audiencias programadas, las autoridades judiciales avanzan en la etapa de definición legal para las personas señaladas como presuntas responsables, conforme a los tiempos y procedimientos establecidos en el sistema penal.

La situación jurídica del empresario Raúl Rocha Cantú, también propietario del certamen Miss Universo, permanece sin una postura pública definitiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara a la dependencia informar sobre el cambio de medida cautelar y la reactivación de una orden de aprehensión en su contra. El tema fue abordado durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, donde la mandataria federal fue cuestionada directamente sobre el estatus legal del caso.

Durante su intervención, Sheinbaum precisó que corresponde exclusivamente a la FGR dar a conocer los detalles relacionados con la situación jurídica del empresario. “Tiene que informarlo la fiscalía, es un tema de la fiscalía y tienen que informar, pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía”, señaló la presidenta ante los medios, al subrayar la autonomía de la institución encargada de la investigación.

Horas más tarde, la Fiscalía General de la República emitió un posicionamiento a través de su cuenta oficial en la red social X, en el que indicó que dará a conocer información sobre el caso una vez que sea legalmente procedente. En el mensaje, la dependencia señaló que actúa conforme al marco jurídico vigente y en estricto apego al debido proceso. “En cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública”, informó la FGR, sin detallar plazos ni precisar el alcance de las actuaciones en curso.

El contexto de este pronunciamiento se da después de que el medio Latinus reportara, la noche anterior, la existencia de una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, presuntamente relacionada con el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con dicha información, la orden fue autorizada por un juez del estado de Querétaro el pasado 15 de diciembre de 2025. Posteriormente, la propia Fiscalía indicó que desconoce el paradero actual del empresario.

Según los elementos presentados por el Ministerio Público para solicitar la orden de aprehensión, Rocha Cantú no cuenta con un domicilio plenamente identificable para su localización. La documentación judicial refiere que el domicilio proporcionado por el imputado fue verificado por personal de la FGR y se constató que no es habitado por él. Este hecho fue integrado como parte de las pruebas que sustentaron la solicitud ante la autoridad judicial.

En el texto de la orden de captura se establece que el empresario no tiene un arraigo domiciliario comprobable en el Estado de México, Querétaro ni en la Ciudad de México. Asimismo, se señala que en el inmueble registrado nunca ha pernoctado y que se trata de un domicilio irregular, presuntamente proporcionado con el fin de evitar su ubicación por parte de las autoridades.

Mientras la orden judicial permanece vigente y la localización del empresario no ha sido confirmada, la Fiscalía General de la República mantiene reserva sobre el avance de las actuaciones. La dependencia reiteró que cualquier información adicional será comunicada públicamente cuando así lo permita el proceso legal en curso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de directivos de empresas privadas y servidores públicos vinculados con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas. Las aprehensiones se realizaron en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la obtención de órdenes de captura.

De acuerdo con las dependencias, las detenciones ocurrieron en días recientes como parte de una investigación federal que se inició en marzo, luego de un decomiso considerado uno de los más grandes en la región. La indagatoria permitió identificar a empresarios y funcionarios relacionados con el resguardo y la posesión del combustible.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que la acción conjunta derivó en la captura de los primeros implicados. Aunque no se han revelado nombres ni cargos específicos, se confirmó que se trata de directivos de compañías privadas y servidores públicos presuntamente involucrados en operaciones irregulares.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica en las próximas horas. El funcionario federal destacó que el aseguramiento forma parte de la estrategia integral contra delitos vinculados con el almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades relacionadas con redes de corrupción y financiamiento de grupos criminales.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito, como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, señaló García Harfuch.

La SSPC informó que este domingo a las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre los perfiles de los detenidos, las acciones emprendidas y el avance de las investigaciones.

El operativo que dio origen a este caso se realizó en marzo, cuando autoridades federales aseguraron un buque que arribó al puerto de Tampico el día 19, con una carga reportada como aditivos para aceites lubricantes. Tras labores de inteligencia, se confirmó que transportaba 10 millones de litros de diésel. En la embarcación también se localizaron armas de fuego, cartuchos y documentos relevantes para el caso.

De manera paralela, se ejecutaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento del Ejido Ricardo Flores Magón, donde se aseguraron contenedores, tractocamiones, camionetas pick-up, equipos de cómputo, más hidrocarburo y cartuchos útiles.

Las autoridades calificaron este decomiso como uno de los golpes más importantes al tráfico ilícito de combustibles en la región y destacaron la coordinación entre la Semar, FGR, SSPC, además de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.