Una sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México dejó imágenes poco habituales durante los trabajos legislativos, luego de que dos diputados participaran en la reunión mientras realizaban actividades ajenas al debate parlamentario. La legisladora Diana Sánchez Barrios apareció conectada desde lo que parecía ser un salón de belleza mientras era arreglada por estilistas, mientras que el diputado Víctor Varela se enlazó a la sesión desde el interior de su automóvil mientras circulaba por calles de la capital.

El episodio ocurrió durante una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, en la que legisladores analizaron y aprobaron presentar al pleno una iniciativa de reforma al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo. La sesión tuvo una duración de poco más de nueve minutos.

Al inicio de la reunión, la diputada Diana Sánchez Barrios mantuvo activada su cámara. En la transmisión se observó cómo un hombre intentaba retirar mechones de cabello de su rostro mientras ella misma utilizaba un peine para acomodar la línea que dividiría su peinado. Posteriormente decidió apagar la cámara.

Minutos después, en otra toma del enlace virtual, se alcanzó a observar al estilista trabajando en su cabello para sujetarlo mientras la legisladora bebía café y revisaba el resultado del peinado. Durante ese momento también se sumó otra persona al arreglo personal de la diputada.

A pesar de algunas fallas en la transmisión, que provocaron distorsiones en su voz durante ciertas intervenciones, la legisladora permaneció conectada a la reunión. En distintos momentos encendía la cámara únicamente cuando debía participar, mientras continuaba el trabajo del maquillista y del peinador.

De acuerdo con el registro legislativo, Sánchez Barrios forma parte de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente dentro del Congreso capitalino. Durante la sesión virtual, se le observó mientras terminaban de recogerle el cabello en una coleta.

Al mismo tiempo, otro legislador participaba desde un entorno distinto. El diputado Víctor Varela, integrante del Partido Verde Ecologista de México, se conectó a la reunión desde el interior de un automóvil que aparentemente se encontraba en circulación en la Ciudad de México.

Durante toda la sesión, el legislador permaneció dentro del vehículo mientras se desarrollaban las intervenciones y la votación del dictamen. La transmisión mostró al diputado enlazado desde su automóvil mientras continuaba el trayecto.

Pese a las circunstancias en las que participaron algunos legisladores, la reunión virtual se llevó a cabo y concluyó con la aprobación para presentar ante el pleno la iniciativa de reforma al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo.

La Cámara de Diputados de México inició el proceso de entrevistas para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y supervisar la correcta aplicación del gasto del gobierno. En esta etapa, legisladores revisan perfiles y trayectorias de los aspirantes que buscan dirigir la institución responsable de la rendición de cuentas en el país.

El proceso ha generado debate por la participación de la magistrada Natalia Téllez, quien compite por el cargo pese a haber sido candidata en la elección judicial del año pasado para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión surge debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece como requisito no haber sido postulado para un cargo de elección popular durante el año previo al nombramiento.

Durante su comparecencia ante legisladores, el diputado del Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto, planteó un escenario hipotético: si se produjera la ausencia de una ministra en la Suprema Corte, ¿optaría por ese puesto o por dirigir la ASF? La magistrada respondió que no dejaría sin conducción a una institución que consideró fundamental para la fiscalización del gasto público.

En la elección judicial pasada, Téllez obtuvo 2 millones 303 mil 18 votos, resultado que la colocó por debajo de Sara Irene Herrerías y en el sexto lugar entre las candidatas mujeres, posición que la mantiene como posible integrante del máximo tribunal en caso de una vacante femenina.

Téllez fue designada en abril de 2021 como magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para un periodo de 15 años. Su nombramiento fue aprobado por el Senado con 96 votos a favor y 21 en contra, en una sesión donde legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento, debate que fue respondido por el entonces coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al presentar el acuerdo que respaldaba la designación.

Ante los cuestionamientos sobre su elegibilidad para la ASF, la magistrada envió el 2 de marzo una carta a los diputados encargados del proceso. En el documento argumentó que la candidatura a ministra de la Suprema Corte no debe considerarse técnicamente un cargo de elección popular dentro del sistema constitucional mexicano, por lo que —según su postura— la restricción legal no aplicaría en su caso.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.