La Fiscalía General de la República informó que el proceso penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de 2025, quedó concluido después de que las personas afectadas aceptaran un mecanismo de reparación integral del daño. De acuerdo con la institución, esta decisión implicó la extinción de la acción penal relacionada con el caso.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el acuerdo fue aceptado por 145 víctimas, quienes recibieron compensaciones de manera inmediata. El grupo está conformado por 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes. La funcionaria explicó que este tipo de mecanismos están contemplados en el marco constitucional y legal, y permiten ofrecer una salida que prioriza la reparación para quienes resultaron afectados.

“Estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, dijo.

La fiscal también reiteró que, tras las investigaciones, la causa del accidente fue el exceso de velocidad del convoy. Asimismo, subrayó que la institución empleó sus capacidades para esclarecer los hechos y atender a las víctimas. “Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”, agregó.

El descarrilamiento ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando el Tren Interoceánico circulaba por la Línea Z, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca. La Secretaría de Marina informó que en el momento del accidente viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación. El convoy estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones.

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que 13 personas murieron en el lugar, mientras que 93 resultaron heridas. Días después, se reportó el fallecimiento de una persona más que había sido trasladada para recibir atención médica, con lo que el número total de víctimas mortales ascendió a 14.

Con la aceptación del acuerdo por parte de las personas afectadas, la Fiscalía señaló que se formalizó la conclusión del procedimiento penal, al considerarse cumplidas las condiciones para la reparación integral del daño derivado del accidente ferroviario.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que marca un cambio significativo en la política de salud local: la prohibición de la venta y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en la capital. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también sanciona la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

El proyecto, avalado por mayoría, modifica los artículos 9, “Ciudad Solidaria”, y 10, “Ciudad Productiva”, de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el dictamen se establece con claridad: “La ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.

Durante la discusión en el Congreso capitalino, el diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, explicó que la iniciativa busca fortalecer el derecho humano a la salud. Argumentó que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no representan una alternativa segura, especialmente porque los principales consumidores en el país son adolescentes. “Llegan a fumar casi el doble que un consumidor adulto”, aseguró el legislador.

Desde otra perspectiva, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, propuso que en lugar de prohibir se regulara el mercado de vapeadores. Afirmó que con controles de calidad estrictos, el Estado podría obtener beneficios económicos. “El mercado de vapeadores podría llegar a significar siete mil millones de pesos anuales en impuestos”, destacó.

El debate también contó con la postura del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú, quien respaldó la prohibición señalando que estos dispositivos no contribuyen a disminuir el consumo de tabaco. “Generan la adicción a sustancias más nocivas”, dijo. Además, citó estudios que revelan que casi un millón de adolescentes de entre 12 y 17 años han utilizado vapeadores, lo que evidencia un riesgo de salud pública que requiere medidas urgentes.

La aprobación del dictamen se suma a los esfuerzos del gobierno capitalino por establecer políticas más estrictas contra el consumo de productos nocivos y sustancias ilícitas. El enfoque no se limita al ámbito del tabaquismo, sino que refuerza la lucha contra drogas sintéticas como el fentanilo, considerado una de las amenazas más graves para la salud en el país y en el continente.

Con esta decisión, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia de las restricciones sobre vapeadores en Latinoamérica. La medida abre el camino a nuevos retos en materia de aplicación y fiscalización, así como a un debate nacional que podría extenderse en los próximos meses.