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Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.

La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.

Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.

De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.

Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.

En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.

La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ingresó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La solicitud está relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Pérez Jaén afirmó que regresará en un plazo de tres días al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar el recurso.

La exdiputada señaló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue subordinado de López Hernández durante su administración estatal. A partir de ello, planteó la necesidad de que el ahora senador aclare presuntos actos y omisiones que, según su acusación, favorecieron al crimen organizado en ese periodo.

En conferencia, Pérez Jaén enfatizó: “Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”.

En la denuncia también se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. La panista sostuvo que López Hernández, en su carácter de servidor público, habría promovido o gestionado resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a sus responsabilidades como gobernador. Según el escrito presentado, estas acciones pudieron generarle beneficios económicos o de otra índole, incluso hasta la fecha.

La demanda de juicio político busca que el Congreso de la Unión, a través de las instancias competentes, evalúe la procedencia de sanciones contra el coordinador de senadores de Morena.

Pérez Jaén recalcó que la acusación tiene como base presuntas irregularidades en la administración estatal de Tabasco y la relación jerárquica con Bermúdez, quien ocupó un cargo clave en materia de seguridad pública durante ese periodo.

El procedimiento de juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución mexicana que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones o que transgredan la legalidad en el ejercicio del cargo.

La exlegisladora del PAN sostuvo que su denuncia responde a la necesidad de rendición de cuentas y que dará seguimiento al caso con la ratificación programada dentro del plazo establecido por la ley.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Javier May, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por el descarrilamiento ocurrido en el Tramo 3 del Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán.

Los denunciantes señalaron que May estuvo directamente involucrado en la etapa de adjudicación y construcción de dicho tramo, por lo que lo responsabilizan de irregularidades que, aseguran, derivaron en el incidente. Entre ellos se encuentran el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local por Quintana Roo, Reyna Tamayo, y la senadora Mayuli Martínez.

De acuerdo con los legisladores, el descarrilamiento representó un grave riesgo para la seguridad de los pasajeros. “La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario público, comprado material de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra del Tren Maya”, expusieron en conferencia.

Los panistas exigieron también que las autoridades del Tren Maya transparenten la información relativa al gasto en materiales y la calidad de estos, argumentando que la falta de controles y supervisión podría explicar el percance.

El diputado Ernesto Sánchez afirmó que existen reportes sobre presuntos actos de corrupción en este tramo, vinculados a la asignación de contratos a allegados de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Se le entregaron contratos a los amigos de los hijos del expresidente”, sostuvo.

La denuncia presentada busca que se realicen investigaciones formales sobre el proceso de adjudicación y supervisión de las obras, así como sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción. Los legisladores insistieron en que se deslinden responsabilidades penales y administrativas contra los funcionarios y exfuncionarios que hayan tenido participación en las irregularidades señaladas.

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum negó que se tratara de un descarrilamiento. El 19 de agosto, día del incidente, se refirió a lo ocurrido como un “percance de vía”, restando peso a la versión de que el convoy hubiera descarrilado. 

Esta postura generó diferencias de interpretación entre autoridades y oposición, que insiste en calificar el hecho como un descarrilamiento con riesgo directo para usuarios.

La denuncia contra Javier May se suma a las críticas recurrentes de legisladores opositores sobre el Tren Maya, una de las obras emblemáticas iniciadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuadas en la actual administración. La exigencia de los panistas se centra ahora en esclarecer el manejo de recursos públicos, la adjudicación de contratos y la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

El Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, uno de los centros médicos más importantes de Oaxaca, enfrenta una suspensión en la dotación de dietas para personal médico y pacientes, debido a un desabasto de víveres por parte de la empresa Nutriblen. La situación fue denunciada públicamente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que calificó el hecho como un caso de abandono institucional.

El problema fue notificado este jueves a través de un comunicado oficial, donde se detalló que, a pesar de haber realizado los trámites administrativos correspondientes ante diversas instancias como la Dirección General del IMSS-Bienestar, el Gobierno de Oaxaca, la coordinación estatal del IMSS-Bienestar, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSA, no se obtuvo respuesta ni solución inmediata.

La afectación no solo alcanza al personal médico, también compromete directamente a los pacientes hospitalizados. El sindicato advirtió que únicamente los usuarios del servicio de nutriología recibirán dieta durante los próximos dos días, dejando en vulnerabilidad a otros sectores internos del hospital.

La organización sindical hizo énfasis en que el desabasto fue reportado con antelación y en tiempo legal, por lo que cuestionó la falta de interés de las instituciones involucradas. A través de la misiva, los trabajadores denunciaron que esta no es una situación aislada, sino parte de una cadena de omisiones que ponen en riesgo la operación de centros de salud.

“Es indignante que, mientras el personal de salud trabaja con compromiso y entrega, las autoridades sigan sin garantizar lo mínimo indispensable para sostener la operatividad del hospital: alimentación para quienes atienden y quienes son atendidos en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso”, declaró el SNTSA en el documento difundido.

La falta de insumos alimentarios en hospitales compromete la atención médica integral y deteriora las condiciones laborales del personal de salud. Frente a este escenario, el sindicato exigió soluciones inmediatas y llamó a los trabajadores a mantenerse organizados, cerrar filas y estar alerta ante cualquier convocatoria que implique acciones para exigir respuesta y atención institucional.

Hasta el momento, ninguna de las autoridades involucradas ha emitido una postura oficial respecto a esta denuncia.

Beto Quintanilla Jr., intérprete de música norteña y corridos, hizo pública una denuncia por intento de extorsión que habría ocurrido en Reynosa, Tamaulipas. El hecho se dio días después de que se difundiera el posible asesinato de los integrantes del “Grupo Fugitivo”, desaparecidos a finales de mayo.

A través de un video compartido en redes sociales, el cantante mostró la grabación de una llamada que recibió presuntamente de un integrante del Cártel del Golfo. En el audio, la persona al otro lado de la línea lo cuestiona sobre la cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar para recibir protección.

“Ya nos tocó a nosotros el día de ayer”, comentó Quintanilla Jr. en el video, al advertir que hay una ola de extorsiones con llamadas falsas dirigidas a músicos. El artista explicó que su número telefónico fue tomado del contacto que usualmente se publica para contrataciones.

El supuesto extorsionador afirma en la llamada que “el gobierno le está pidiendo que lo haga”, e insiste en que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón que se repite con otros artistas de la zona.

La denuncia del cantante se da en medio del clima de tensión que rodea al caso del “Grupo Fugitivo”. La banda fue reportada como desaparecida en Tamaulipas, y el 29 de mayo, la Fiscalía del estado anunció el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un paraje cercano al lugar donde los músicos fueron vistos por última vez. De acuerdo con el informe oficial, las características coinciden con las de los integrantes del grupo.

Sin embargo, los familiares de las víctimas no han confirmado el fallecimiento y mantienen la postura de que la información difundida sobre su paradero es falsa. Hasta el momento, no se ha realizado una identificación oficial mediante pruebas científicas que confirme que los cuerpos pertenecen a los músicos.

La situación ha generado preocupación entre artistas locales y ha puesto en foco los riesgos que enfrentan los músicos en algunas regiones del país. Para Beto Quintanilla Jr., el incidente sirve como una advertencia a otros colegas del gremio: “No caigan”, expresó al referirse a quienes podrían recibir llamadas similares.

El caso del intento de extorsión y la desaparición del “Grupo Fugitivo” continúa bajo investigación por parte de las autoridades estatales, mientras las familias esperan confirmaciones oficiales y la comunidad musical de la región permanece en alerta ante posibles nuevos incidentes.

Una nueva denuncia por violencia familiar equiparada se suma al caso de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, institución que ha cobrado notoriedad tras la trágica muerte del menor Erick durante un campamento en el estado de Morelos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó este viernes que ocho niños más habrían sido víctimas de maltrato dentro de la academia.

Durante una conferencia de prensa encabezada por autoridades capitalinas, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde, puntualizó que los nuevos señalamientos apuntan a “vejaciones, arrestos y otras formas de castigos”, presuntamente aplicados a menores dentro de las instalaciones educativas. Esta nueva línea de investigación está siendo llevada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Paralelamente, se mantiene la colaboración entre las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos, a fin de facilitar cualquier información que resulte clave para esclarecer el fallecimiento del menor Erick, ocurrido el 27 de abril. La coordinación entre ambas dependencias busca cerrar cualquier vacío informativo sobre el historial de la academia, especialmente por tratarse de un centro que opera con el respaldo de un registro oficial.

Erick, de corta edad, perdió la vida mientras participaba en un campamento escolar. Su madre, Érika Torbellin, denunció públicamente que su hijo y otros alumnos fueron agredidos por un sargento de la academia. La necropsia realizada señala que la causa de muerte fue estallamiento de vísceras, aunque aún se esperan los resultados de patología, los cuales se emitirán en un plazo aproximado de dos semanas.

El caso ha causado conmoción en redes sociales y ha movilizado a colectivos ciudadanos que exigen justicia. Las voces de protesta encontraron eco en la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) también inició un proceso de investigación sobre la legalidad y funcionamiento del centro educativo, ya que su registro depende directamente de esa dependencia.

Como resultado de estas acciones, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció en sus redes sociales que la academia fue clausurada oficialmente. Sellos fueron colocados en sus instalaciones como parte de las medidas precautorias adoptadas por las autoridades locales.

El caso sigue abierto y cada declaración oficial va sumando piezas a un rompecabezas institucional que exige respuestas y acciones contundentes. La sociedad permanece atenta mientras la investigación avanza, con la esperanza de que la justicia alcance a todos los responsables.