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Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.

La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.

Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.

De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.

Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.

En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.

La Fiscalía General de Tamaulipas confirmó este jueves el hallazgo de cinco cuerpos que corresponderían a los integrantes de la banda musical “Grupo Fugitivo”, desaparecidos desde el domingo por la noche mientras se dirigían a un evento privado en Reynosa. La noticia se dio a conocer en una conferencia encabezada por el fiscal estatal, Irving Barrios, sin apertura a preguntas de los medios y con una narrativa basada únicamente en información institucional.

Las víctimas fueron privadas de su libertad alrededor de las 22hrs.., según detalló Barrios. El operativo de búsqueda derivó en la localización de un predio en la colonia Aquiles Serdán, donde las autoridades presumen que fueron asesinados. En el mismo despliegue fueron aseguradas nueve armas y dos vehículos tipo SUV.

La fiscalía también anunció la detención de nueve personas presuntamente vinculadas al Cártel del Golfo, específicamente a la fracción conocida como “Dos Metros”. Los detenidos son considerados probables responsables del crimen que ha sacudido tanto al ámbito musical como al entorno social de Tamaulipas.

A pesar de la contundencia del anuncio oficial, los familiares de los jóvenes integrantes del “Grupo Fugitivo” emitieron declaraciones públicas cuestionando la certeza de la información. En una transmisión en redes sociales, madres y parientes de las víctimas denunciaron que no han sido contactados por la fiscalía, ni se les han tomado pruebas de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos localizados.

“Si fuera así y estuviera 100% confirmado, nosotros ya tuviéramos esa información. Ni siquiera tenemos pruebas de ADN de nuestros familiares”, expresó una de las madres, visiblemente indignada. El mensaje fue difundido mientras se realizaba la conferencia de prensa oficial, generando una fuerte tensión entre la narrativa institucional y la exigencia de respuestas por parte de las familias afectadas.

La desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de los músicos ocurre en un contexto nacional marcado por una ola de violencia persistente, con más de 125 mil personas reportadas como no localizadas. La situación se agrava con la creciente estigmatización de ciertos géneros musicales, como el regional urbano, que han sido restringidos en algunos estados bajo el argumento de fomentar la apología del delito.

El caso se suma a una lista de hechos violentos que enlutan al país y evidencian la vulnerabilidad de jóvenes artistas frente al crimen organizado. La confirmación institucional ha desatado una fuerte reacción social, no sólo por la naturaleza del crimen, sino también por las formas en que las autoridades comunican sus avances sin el debido respaldo a los familiares de las víctimas. La incertidumbre persiste, mientras el caso continúa en desarrollo.