Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.
Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.
La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.
Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.
De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.
Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.
En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.
La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.
