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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes los primeros resultados de las investigaciones sobre la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 76 lesionados. De acuerdo con las indagatorias, el accidente se originó tras la ruptura del tanque de la unidad a consecuencia de un choque con un objeto sólido.

“El tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición”, precisó la institución en un comunicado. El informe descartó que el siniestro estuviera relacionado con irregularidades en el estado del asfalto, pues no se detectaron baches ni daños en el pavimento de la vialidad donde circulaba el vehículo siniestrado.

En el sitio de la explosión, especialistas identificaron la presencia de distintos compuestos aromáticos, entre ellos benceno y estireno, resultado de la combustión generada por la fuga. Estos hallazgos forman parte del peritaje técnico que busca determinar las causas exactas del siniestro.

La fiscalía capitalina también dio a conocer que personal de la institución fue desplegado en hospitales de la ciudad para brindar acompañamiento a las víctimas y sus familias. Como parte de las medidas de apoyo, se ofrece atención psicológica y asesoría jurídica a quienes lo requieran.

El más reciente informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señala que 54 personas permanecen hospitalizadas en diferentes nosocomios, mientras que 22 ya han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

Por otra parte, las autoridades identificaron a la empresa responsable de la pipa siniestrada como Transportadora Silza, S.A. de C.V., perteneciente al Grupo Tomza. La compañía opera dentro del sector de distribución de gas y ahora se encuentra bajo revisión tras el accidente que conmocionó a la capital.

La explosión registrada el pasado miércoles en la zona oriente de la ciudad generó una de las emergencias más graves de los últimos años en Iztapalapa. Los equipos de protección civil, bomberos y paramédicos trabajaron durante horas para sofocar las llamas, controlar los riesgos secundarios y trasladar a decenas de heridos a los hospitales de la capital.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades relacionadas con el siniestro. Mientras tanto, la atención médica y psicológica a los afectados sigue siendo la prioridad de las autoridades capitalinas.

Omar Reyes Colmenares ha sido designado como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su llegada fortalecerá las investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades ilícitas y el combate al lavado de dinero.

La designación de Reyes Colmenares fue anunciada oficialmente el lunes, después de que el sábado pasado la propia mandataria federal informara que Pablo Gómez, anterior jefe de la UIF, asumiría la presidencia de la comisión especial encargada de promover la reforma electoral. Aunque su nombramiento aún debe ser ratificado por el Poder Legislativo, Sheinbaum dejó claro que su elección no es casual: “Es un especialista en inteligencia”.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta destacó la trayectoria de Reyes Colmenares y su cercanía profesional con ella. “Nos conocemos desde hace muchos años. Trabajamos juntos en el gobierno de la ciudad de México. Los dos ‘Omares’ nos conocemos desde hace más años”, declaró, en referencia también a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, otro integrante de su círculo de confianza.

Sheinbaum subrayó que Reyes Colmenares no sólo es un perfil técnico, sino una pieza clave dentro de su estrategia de seguridad e inteligencia financiera. La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, juega un papel central en la identificación y análisis de operaciones financieras relacionadas con delitos como el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado.

Al reconocer la gestión de Pablo Gómez, la presidenta destacó que “hizo un trabajo extraordinario” al frente del organismo, lo que deja a Reyes Colmenares el reto de mantener e impulsar las capacidades de la UIF en un contexto nacional donde el flujo de recursos ilícitos sigue siendo una amenaza persistente.

El cambio en la UIF forma parte de una serie de movimientos dentro del gabinete federal orientados a consolidar el equipo de seguridad e inteligencia de Sheinbaum, reforzando estructuras clave con personas de su confianza y con experiencia directa en administraciones anteriores.

La llegada de Reyes Colmenares a la UIF apunta a una estrategia de continuidad y fortalecimiento técnico en la vigilancia de los flujos financieros ilegales, y representa un paso más en la conformación del gabinete federal que acompañará a Claudia Sheinbaum en el arranque de su sexenio presidencial.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

Una fuerte movilización policiaca se registró este martes en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, luego de que un hombre armado irrumpiera en un centro educativo anexo a la Iglesia San Jorge, ubicado en la colonia San Juan de Aragón. El sujeto, involucrado en un aparente conflicto laboral, fue abatido por elementos de seguridad tras tomar como rehén a una persona en el interior del inmueble.

El incidente se desarrolló dentro del Centro Pastoral de Atención a la Juventud, específicamente en un salón adaptado como gimnasio, donde el hombre habría ingresado para exigir explicaciones sobre su despido ocurrido tres años atrás, relacionado con ese mismo espacio deportivo que, según autoridades, él mismo había acondicionado.

Durante el altercado, el agresor sacó un arma de fuego de entre sus ropas y amenazó a un hombre que se encontraba en el lugar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de redes sociales que el sujeto reaccionó de forma violenta en medio del reclamo y comenzó la situación de crisis.

El reporte sobre una persona armada activó de inmediato el protocolo de seguridad. Elementos de la SSC y de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) se movilizaron hacia la avenida 606, zona donde se ubica el centro educativo. Tras acordonar el área y evacuar al alumnado, inició una negociación entre el agresor y personal especializado de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Durante el proceso de diálogo, el hombre armado realizó disparos al interior del gimnasio. Uno de los impactos alcanzó al negociador de la Policía de Investigación que lideraba el acercamiento. Las autoridades respondieron a la agresión con fuego, resultando en la muerte del atacante dentro del inmueble.

El negociador herido fue trasladado de inmediato por paramédicos, quienes lo encontraron con señales visibles de impacto, aunque las autoridades confirmaron más tarde que su estado de salud es estable y se mantiene bajo supervisión médica.

El protocolo de actuación ante situaciones de crisis y rehenes se aplicó en su totalidad, incluyendo el aseguramiento del área y el acompañamiento psicológico para las personas evacuadas del lugar.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del agresor ni del rehén, y continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles del conflicto que desató esta violenta escena dentro de un recinto religioso y educativo en la capital del país.

Una de las principales redes delictivas dedicada al robo y distribución ilegal de combustible en el centro del país fue desmantelada por fuerzas federales tras seis meses de investigaciones. La operación, ejecutada en 11 municipios y cuatro entidades simultáneamente, dejó como resultado la detención de 32 personas, entre ellas sus presuntos líderes, así como el aseguramiento de infraestructura, armamento, vehículos de lujo, dinero en efectivo y especies exóticas.

Ciro Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, fue detenido en el Estado de México como presunto líder de esta estructura criminal, junto con su operador logístico y financiero Diego “N”. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada. Luis Miguel Ortega Maldonado, conocido como El Flaco de Oro, fue capturado en la Ciudad de México y es señalado como el encargado de coordinar el traslado de hidrocarburo en carreteras clave del centro del país.

Durante las acciones se identificaron dos tomas clandestinas que provocaban pérdidas anuales de hasta mil 200 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex). También se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión y se catearon 12 inmuebles que funcionaban como centros operativos de la red delictiva.

Los objetos decomisados incluyen:

• 21 tractocamiones
• 14 semirremolques
• 14 contenedores tipo tanque
• Ocho pipas
• 48 vehículos, algunos blindados
• 36 armas de fuego
• Casi 16 millones de pesos en efectivo
• Una bodega de almacenamiento
• Un autobús, motocicletas y equipo de videograbación

Además, fueron rescatados varios animales exóticos, entre ellos cachorros de jaguar y león, monos araña y aves silvestres. Estos ejemplares fueron puestos bajo resguardo de la Profepa.

Las investigaciones identifican como responsables a Ciro Sergio y Luis Miguel “N”, con influencia en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Su estructura incluía bodegas, gasolineras, unidades de transporte y presuntos vínculos con autoridades municipales y estatales. La Fiscalía General de la República solicitó 12 órdenes de cateo tras ampliar los indicios recabados.

En municipios mexiquenses como Ixtlahuaca, Polotitlán, Huehuetoca, Nopaltepec, Ecatepec y Jilotepec, se detuvieron a varios operadores financieros, como Aurelio “N” e Israel Molina Núñez, El Mil Millones, señalado por falsificar documentos para justificar el origen del combustible.

En Querétaro se detuvo a Heréndira “N”, operadora financiera, y en Saltillo, Coahuila, se localizaron casi dos millones de litros de hidrocarburo en un predio usado para resguardar vehículos y contenedores. Allí fueron detenidas 11 personas adicionales, junto con el decomiso de bombas, ferrotanques, pipas y tractocamiones.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que se solicitará la extinción de dominio sobre los bienes asegurados. Las personas detenidas ya fueron imputadas y solicitaron duplicidad del término constitucional. Las investigaciones continúan para identificar la posible participación de autoridades en distintos niveles de gobierno.

Las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa siguen activas a once años del suceso, según informó el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra. A su llegada a Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y los familiares de los jóvenes desaparecidos, Gómez Piedra afirmó que los trabajos no se han detenido.

El fiscal, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), destacó que se han abierto más de 46 causas penales y que hasta ahora se ha realizado la detención de 120 personas vinculadas al caso. “Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cuerpos”, señaló el funcionario federal, quien también indicó que aún no se ha logrado ubicar el paradero de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Claudia Sheinbaum, en su tercer encuentro con los familiares de los estudiantes desde que inició su sexenio, reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. Durante su conferencia matutina de este martes, expresó que “es una responsabilidad hablar con ellos (los padres) y si lo aprueban, seguir informando, si no, nosotros seguimos trabajando”.

Desde las primeras horas de la tarde, colectivos y familiares comenzaron a llegar a las inmediaciones de Palacio Nacional, accediendo al recinto histórico por la calle Moneda. Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, no pudo asistir a la reunión por motivos de salud.

La presidenta confirmó que la reunión fue parte del seguimiento institucional al caso y que todas las dependencias gubernamentales pertinentes continúan colaborando. “Primero a los padres y a las madres, es una responsabilidad, primero hablar con ellos y si ellos aprueban, seguir informando, si no, nosotros seguimos trabajando para la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes”, indicó Sheinbaum.

Rosendo Gómez enfatizó que, aunque la búsqueda directa no ha tenido éxito en localizar a los estudiantes, el proceso judicial y las diligencias siguen en marcha. Al ser cuestionado sobre avances derivados de la reciente captura de una exmagistrada implicada, respondió que “los avances son esos”, remarcando que las investigaciones continúan activas y sin pausa.

El caso Ayotzinapa permanece como una de las heridas más profundas en la historia reciente del país. A pesar del tiempo, sigue movilizando a familiares, sociedad civil e instituciones. La reunión en Palacio Nacional, enmarcada por el respaldo presidencial, refleja la intención del nuevo gobierno de no cerrar la carpeta hasta agotar cada línea de investigación.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una profunda conmoción tras confirmar el feminicidio de Cinthia Manrique Miranda, estudiante de posgrado en la Facultad de Economía, reportada como desaparecida desde el 10 de abril. La comunidad universitaria, consternada, ha exigido justicia y castigo para quienes resulten responsables de este crimen.

Desde el momento en que se notificó su desaparición, la Facultad de Economía activó los protocolos establecidos para casos de personas no localizadas. Además de coordinarse con autoridades, la universidad mantuvo contacto constante con la familia de Cinthia, ofreciéndoles acompañamiento y asesoría jurídica.

“Los universitarios expresamos nuestra indignación frente al hecho y firme demanda para que la o las personas responsables de este crimen enfrenten la justicia”, señaló la UNAM en un comunicado difundido este miércoles.

La noticia provocó una inmediata reacción de solidaridad entre las distintas facultades y colectivos estudiantiles. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde Cinthia era egresada en Relaciones Internacionales, también se sumó al duelo y condena.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con su familia, sus amistades y con toda la comunidad que hoy enfrenta con dolor e indignación su pérdida”, manifestó la Facultad de Economía.

En redes sociales, profesores, estudiantes y egresados compartieron mensajes de duelo, enojo y exigencia de justicia. La voz de Cinthia, apagada de forma violenta, ha resonado como símbolo de una lucha que persiste dentro y fuera de las aulas: la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió la ficha de búsqueda tras reportarse su desaparición en Naucalpan, Estado de México. Fue vista por última vez en la colonia Alce Blanco. Su caso se suma a los múltiples reportes que encienden las alarmas sobre la seguridad de las mujeres, incluso en contextos académicos.

La UNAM reafirmó su disposición a colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades competentes y reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

La pérdida de Cinthia se convierte en un recordatorio urgente de la violencia estructural que enfrentan las mujeres en México. La comunidad universitaria se mantiene en pie, unida por la memoria, la exigencia de justicia y el compromiso de no permitir que su historia quede impune.

La Fiscalía de Oaxaca reveló nuevos detalles sobre la desaparición y asesinato de ocho jóvenes originarios de Tlaxcala, vinculándolos con un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales. Según información oficial, los jóvenes habrían sido contactados por un residente local, identificado como “El Jocha”, para participar en robos a cajeros automáticos y comercios, lo que pudo haber desencadenado un conflicto con otras organizaciones delictivas de la región. 

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que la investigación ha permitido rastrear a los implicados y conocer la dinámica del crimen. “Sabemos que algunos de ellos llegaron a Oaxaca como parte de un grupo que tenía como objetivo cometer diversos delitos. Uno de los individuos que los contactó, conocido como ‘El Jocha’, también facilitó el hospedaje de las víctimas y orientó sobre los lugares a asaltar”, detalló el fiscal.

Las autoridades también están investigando la posible participación de elementos de la policía local en estos hechos. En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, se catearon las instalaciones de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco. Durante la intervención, los agentes fueron desarmados y se aseguraron diversas armas y documentos que podrían implicar a los cuerpos de seguridad en estos crímenes.

Este operativo está vinculado al hallazgo de cinco cuerpos en un vehículo abandonado en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en San José Miahuatlán, el pasado 2 de marzo. Mientras tanto, tres personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, pero aún hay dos cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Las investigaciones han revelado conexiones entre este caso y otras desapariciones en la región, generando preocupación por la actividad de grupos delictivos en Oaxaca. La colaboración entre las fiscalías de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala continúa para esclarecer los hechos y desmantelar las redes criminales responsables de estos actos de violencia.

Un Tribunal de Apelaciones del Estado de México ha confirmado la absolución de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, por el delito de delincuencia organizada, en relación con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución se basa en la falta de pruebas que acreditaran la existencia del grupo criminal con el que se le vinculaba. 

Según el expediente 486/2023, la sentencia dictada en octubre de 2023 por un juez de distrito especializado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, fue ratificada. “El juez de enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria a los justiciables, al no acreditarse el delito de delincuencia organizada”, señala el fallo.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó revertir esta decisión, argumentando que Casarrubias Salgado formaba parte de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, presuntamente implicada en la desaparición de los estudiantes. No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos por considerarlos inoperantes.

Desde su detención en 2020, “El Mochomo” ha enfrentado diversas acusaciones. En diciembre de ese año, presentó un amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó. En octubre de 2023, un juez federal lo absolvió, lo que provocó la inmediata apelación por parte de la FGR.

El caso Ayotzinapa sigue siendo un tema de gran relevancia en México. Según la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y arrojaron sus restos al río San Juan en Cocula. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta narrativa.

La decisión judicial sobre Casarrubias Salgado genera nuevas interrogantes en torno a la investigación del caso y el papel de las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, familiares y organizaciones continúan exigiendo justicia y verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.