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El gobierno de Morelos ha iniciado acciones legales contundentes contra exfuncionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Este primer bloque de denuncias expone desvíos millonarios que suman más de 40 millones de pesos y abarcan tres secretarías y dos fideicomisos estatales. La situación marca el inicio de una serie de investigaciones que podrían implicar al exgobernador, ahora diputado federal.

Edgar Maldonado Cevallos, consejero jurídico del estado, y Alejandra Paniagua Barragán, secretaria de la Contraloría, informaron que las denuncias penales y administrativas buscan responsabilizar a los titulares y funcionarios de las dependencias señaladas. Ningún exservidor público está exento, incluida la figura del exgobernador Blanco.

El foco de este primer bloque de denuncias está en:

•        Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro): Se indaga la desaparición de toneladas de fertilizantes y recursos destinados al campo, así como maquinaria que nunca llegó a los agricultores.
  
•        Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDET): Se investigan manejos financieros irregulares relacionados con proyectos productivos.
  
•        Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (hoy Infraestructura): Detectaron anomalías por más de 11 millones de pesos en la remodelación del Mercado Adolfo López Mateos, un proyecto central en Cuernavaca.
  
•        Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq): La denuncia más significativa señala la contratación de un artista por 19 millones de pesos, un gasto que ha generado indignación por su falta de transparencia.
  
•        Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp): Se busca sancionar pagos irregulares de indemnizaciones por 3.5 millones de pesos. 

Las auditorías gubernamentales, que abarcan todas las áreas del estado, revelan un panorama preocupante de mala gestión y posible corrupción. Las autoridades han declarado que los bloques de denuncias continuarán “hasta donde sea necesario” para esclarecer el destino de los recursos públicos.

El impacto social de estas investigaciones es profundo. Los recursos desviados estaban destinados a fortalecer áreas clave como el desarrollo rural, el empleo y la infraestructura comunitaria. Cada peso perdido afecta a miles de familias morelenses que esperaban mejoras tangibles en su calidad de vida.

Aunque la administración actual ha prometido transparencia y justicia, el proceso está apenas en sus primeras etapas. Las denuncias presentadas no solo buscan sancionar a quienes resulten responsables, sino también recuperar los recursos desviados y restablecer la confianza en las instituciones públicas.

El caso es un recordatorio del costo social de la corrupción y de la importancia de exigir cuentas claras a quienes tienen en sus manos el bienestar de una comunidad. Las investigaciones en Morelos no solo son una lucha legal, sino un intento por devolver a los ciudadanos lo que les pertenece.

El asesinato de Agustín Paul “N”, conocido en redes sociales como “El Pinky”, ha conmocionado a Culiacán y a sus seguidores en todo México. El creador de contenido, que acumulaba más de 32 mil seguidores en Instagram y colaboraba en el canal de YouTube “Los plebes de barrancos”, fue encontrado sin vida este viernes cerca de un hotel en el libramiento Benito Juárez, también conocido como La Costerita.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, Verona Hernández, confirmó en rueda de prensa el hallazgo del cuerpo de “El Pinky”. Según reportes preliminares, la víctima presentaba heridas causadas por disparos de arma de fuego, lo que apunta a un asesinato que ha encendido las alarmas en el estado.

Fueron transeúntes quienes descubrieron el cuerpo y notificaron a las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

El asesinato de “El Pinky” ocurre apenas semanas después de otro crimen que sacudió a la comunidad de creadores de contenido en Culiacán. En diciembre de 2024, Leobardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci” y colaborador frecuente de “El Pinky”, fue atacado a tiros afuera de una vivienda en la colonia 21 de Marzo.

Ambos youtubers habían ganado notoriedad en redes sociales por su carisma y colaboraciones en videos que retrataban la vida cotidiana en Culiacán. Sin embargo, sus muertes han expuesto una preocupante conexión entre el mundo del entretenimiento digital y la violencia que afecta a la región.

Los seguidores de “El Pinky” han expresado su tristeza y consternación en redes sociales, donde su legado como creador de contenido quedará inmortalizado. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La muerte de Agustín Paul “N” es un recordatorio de cómo la violencia no discrimina, alcanzando incluso a figuras que buscaban conectar con su audiencia a través del humor y la creatividad. Aunque “El Pinky” ya no estará presente para seguir creando, su memoria persiste como un llamado urgente a construir un entorno más seguro para todos.

La violencia golpea nuevamente a Zacatecas con el asesinato de Juan Francisco Bañuelos Márquez, subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo del estado. El funcionario fue acribillado en la localidad de La Tinaja, municipio de Valparaíso, según confirmó la fiscalía estatal.

El ataque, ocurrido el miércoles por la tarde, dejó consternada a la comunidad política y al sector agropecuario, donde Bañuelos Márquez era reconocido por su compromiso y liderazgo. Recientemente, el subsecretario había mostrado interés en postularse para la presidencia municipal de Valparaíso, consolidándose como una figura relevante en el partido Morena.

El gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, exigió a la fiscalía realizar una investigación exhaustiva para garantizar que este crimen no quede impune. “Nuestras condolencias a la familia de Juan Francisco Bañuelos Márquez. Reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la seguridad en el estado”, expresó el Ejecutivo Estatal en un comunicado.

Las autoridades trabajan intensamente para esclarecer el caso. La fiscalía informó que agentes de investigación, en conjunto con la policía estatal y el Ejército Mexicano, realizan operativos terrestres y aéreos en la zona, conocida por su difícil acceso y alto riesgo.

Este lamentable hecho se suma a una serie de asesinatos de figuras públicas en Zacatecas. Durante el verano, Juan Pérez, exdirector de Desarrollo Económico de Fresnillo, y Jorge Monreal, sobrino del gobernador, también fueron víctimas de la violencia que azota la región.

Bañuelos Márquez era un defensor incansable del campo zacatecano, destacándose por su labor en el fortalecimiento del sector ganadero y su cercanía con las comunidades rurales. Su asesinato representa una pérdida profunda para el estado y pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrentan sus habitantes.

Mientras las investigaciones continúan, Zacatecas enfrenta una realidad que exige medidas urgentes para frenar la violencia y proteger a quienes trabajan por el bienestar de su gente. La memoria de Bañuelos Márquez permanecerá como un recordatorio de la importancia de luchar por un futuro más seguro y justo.

Un operativo de precisión liderado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California (FGJE) culminó con el decomiso de 885 mil 250 pesos y 286 mil 450 dólares falsos en Mexicali. El hallazgo, que representa un duro golpe a las redes de falsificación en la región, se dio tras un cateo efectuado en la colonia Prohogar, donde dos personas fueron detenidas en flagrancia.

Todo comenzó cuando los sospechosos intentaron realizar un depósito con billetes rotos en una tienda de conveniencia. Su comportamiento levantó sospechas y, al ser detenidos, se les incautaron seis billetes de 500 pesos rotos, 33 mil 100 pesos y 12 mil 530 dólares falsos, además de 154 mil 336 pesos en efectivo legítimo.

Con base en estos hechos, la FGJE obtuvo una orden de cateo que permitió registrar el domicilio vinculado a los detenidos. Durante la inspección, los agentes descubrieron un arsenal de herramientas destinadas a la falsificación, incluyendo una impresora multifuncional, un escáner y una máquina contadora de billetes, confirmando la existencia de un centro de operaciones ilícitas.

En el inmueble, se encontraron más de 5 millones de pesos en billetes apócrifos, incluyendo pesos y dólares. “Este tipo de operaciones afecta gravemente la economía local y nacional, además de poner en riesgo la confianza en el sistema financiero”, declaró un portavoz de la fiscalía.

El dinero falso y los objetos asegurados, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con la integración de la carpeta de investigación.

La falsificación de dinero no solo afecta a los comercios y ciudadanos, sino que alimenta redes criminales más grandes que incluyen tráfico de mercancías y lavado de dinero. Este decomiso, uno de los mayores registrados en Baja California, es un recordatorio de la importancia de estar alerta ante billetes sospechosos y reportar actividades ilícitas.

La FGJE ha reiterado su compromiso de proteger a la ciudadanía: “Nuestra prioridad es desmantelar las redes delictivas que amenazan la estabilidad económica de las familias bajacalifornianas”.

Mientras continúan las investigaciones, este operativo envía un mensaje contundente: la ley está atenta y lista para actuar contra quienes intenten vulnerar la seguridad financiera del país.