Tabasco bajo la lupa: Declaraciones oficiales crea debate sobre miles de desaparecidos

En Tabasco, las declaraciones del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, marcaron un punto de tensión en el análisis oficial sobre la desaparición de personas en la entidad. Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario afirmó que algunos de los casos reportados no responden necesariamente a un crimen, sino a situaciones que, según sus palabras, ocurren cuando las víctimas “andaban de parranda”.La frase, expresada literalmente durante su intervención, generó inmediata atención por la forma en que se explicó un fenómeno de alto impacto social.

El secretario presentó ante legisladores el balance actualizado de personas desaparecidas en el estado, donde existe un registro acumulado de 4 mil 807 casos. De ese total, 2 mil 771 personas han sido encontradas a lo largo de distintos periodos administrativos. 

En ese contexto, López Obrador comentó: “Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la fiscalía, y pues ponen la denuncia y bueno, y ahí se queda. Muchas veces estas personas es que se van, algunas que hasta se van aquí fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la fiscalía el aviso de que la persona ya llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción ‘andaban de parranda’”.

Al mismo tiempo, destacó que durante el primer año de gobierno de Javier May Rodríguez se han localizado 215 personas, resultado que el funcionario presentó como uno de los avances más relevantes del periodo. Añadió que, aun cuando las búsquedas no concluyen con vida, los familiares valoran la recuperación de restos. “Los familiares, aunque no se regrese al ser querido con vida, aunque se regrese como se regrese, se sienten muy agradecidos ya tener los restos para eh, pues llevarlos a una cristiana sepultura”, afirmó ante los legisladores.

El panorama actual muestra que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2 mil 46 personas permanecen sin ser ubicadas en Tabasco hasta el 18 de noviembre de 2025. En ese mismo periodo, el primer año de la actual administración estatal contabiliza 369 nuevos reportes de desaparición.

El tema de las personas no localizadas adquirió mayor visibilidad tras el hallazgo de dos fosas clandestinas el 27 de marzo, localizadas en un rancho presuntamente abandonado en Macuspana, municipio que también es lugar de origen de los hermanos López Obrador. El hallazgo reforzó la demanda social por investigaciones exhaustivas y mecanismos más sólidos de búsqueda en la región.

El informe ante el Congreso y las expresiones del secretario reactivaron la discusión sobre la manera en que las autoridades abordan la desaparición de personas en Tabasco, un asunto que continúa en el centro del interés público por su complejidad y por el impacto directo en cientos de familias de la entidad.

Tensión en San Lázaro: PAN acusa intento de destruir al INE; Morena promete transformación

La reforma electoral vuelve al centro del debate político en México tras las recientes declaraciones encontradas entre diputados del PAN y Morena. Desde la Cámara de Diputados, las posturas se endurecen luego de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentada como una iniciativa clave para rediseñar el sistema electoral del país.

Federico Döring Casar, legislador del PAN, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de ser el operador político designado por la presidenta para “destruir la democracia y al INE”.En un video difundido en sus redes sociales, el panista calificó a Gómez como el “Rasputín electoral”, a quien señaló de actuar con rencor y resentimiento en vez de buscar consensos para una reforma democrática.

Döring también acusó al exfuncionario de permitir el lavado de dinero por parte de cárteles a través de la empresa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo. Aseguró que Gómez nunca detectó estas operaciones cuando dirigía la UIF, lo que —según sus palabras— motivó su salida del cargo. Además, advirtió que el nuevo marco legal en construcción busca permitir el uso de recursos ilícitos en campañas, especialmente provenientes del narcotráfico y del llamado “huachicol fiscal”.

El legislador acusó al actual gobierno de simulación en el combate al crimen organizado, al señalar que se han logrado decomisos importantes sin que haya detenidos ni aseguramientos financieros reales. En este contexto, responsabilizó directamente a figuras como Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch de la falta de resultados concretos.

En contraste, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, defendió la iniciativa presidencial al asegurar que se trata de una reforma estructural para “fortalecer la legitimidad de la representación política” y erradicar prácticas como la reelección, el nepotismo electoral y el fuero legislativo.

Ramírez Cuéllar indicó que la propuesta contempla elevar los estándares del servicio público, implementar un nuevo sistema de auditoría y fiscalización del gasto, así como consolidar los órganos electorales para reducir costos. Añadió que también se busca transformar el sistema de medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión y abrir espacios críticos hacia el poder.

En un comunicado, el morenista explicó que la Comisión Presidencial trabajará en un diagnóstico integral sobre el modelo electoral y de partidos en México, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo Estado Democrático de Bienestar. Destacó que la transformación debe responder a las nuevas realidades del país, promoviendo mayor ética, transparencia y participación ciudadana.

Con posturas claramente enfrentadas, la discusión sobre la reforma electoral anticipa una nueva etapa de tensiones políticas que marcará el rumbo legislativo en los próximos meses.

Lady Racista enfrenta agresiones tras audiencia por delito de discriminación en CDMX

Ximena Pichel, señalada públicamente como “Lady Racista”, fue agredida este viernes 25 de julio al salir de los juzgados de la Ciudad de México, luego de su primera audiencia por el delito de discriminación.

El incidente ocurrió minutos después de las dos de la tarde, cuando Pichel abandonó el inmueble sin dar declaraciones a la prensa. A su salida, un grupo de personas la esperaba en el exterior. Al verla, comenzaron a insultarla y le arrojaron líquidos, así como botellas, mientras ella intentaba retirarse del lugar.

“Vete a tu país”, se escuchó entre los gritos de quienes participaban en la agresión. La mujer, de nacionalidad argentina, corrió hacia un vehículo que ya la esperaba. Una vez dentro del automóvil, los ataques continuaron contra el vehículo, el cual arrancó de inmediato para alejarse de la zona.

Previamente, en el interior del juzgado, se había informado que la audiencia sería diferida para el próximo lunes. El Ministerio Público presentaría entonces la imputación formal correspondiente, en presencia del oficial de policía agraviado por los comentarios racistas de Pichel, hechos que ocurrieron semanas atrás y fueron ampliamente difundidos en redes sociales.

Según el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México, el delito de discriminación es considerado un delito menor, pero con consecuencias legales claras. Establece una sanción que va de uno a tres años de prisión, entre 25 y 100 días de trabajo comunitario y una multa de entre 50 y 200 veces la unidad de medida y actualización (UMA), lo que equivale a un aproximado de entre 5 mil y 22 mil pesos mexicanos.

La ley sanciona cualquier acto que, con base en motivos como raza, nacionalidad, color de piel, idioma, orientación sexual, condición social, ideología o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, busque anular o limitar los derechos de las personas.

A la par del proceso judicial, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) informó que Ximena Pichel tiene la obligación de tomar cursos especializados en la prevención de la discriminación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que se abrió una carpeta de investigación en su contra, con base en el artículo 206, por posibles conductas de discriminación y ataques a la dignidad.

Autoridades capitalinas reiteraron su postura institucional en contra de cualquier tipo de manifestación de odio, verbal o física, en especial cuando se dirige a servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

Músicos desaparecidos en Reynosa fueron asesinados e incinerados por el Cártel del Golfo

El caso de los cinco jóvenes del “Grupo Fugitivo”, reportados como desaparecidos en Tamaulipas desde el pasado 25 de mayo, ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las investigaciones confirmaron que los músicos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en una ladrillera ubicada en la colonia Aquiles Serdán, en Reynosa.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal Irving Barrios Mojica indicó que los restos de los integrantes del grupo musical fueron hallados a aproximadamente 300 metros del sitio donde, según testigos y declaraciones, ocurrió el crimen. La información fue confirmada tras un operativo que derivó en la detención de presuntos integrantes del Cártel del Golfo.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40; Livan Edyberto Solís de la Rosa, de 27; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años. Los cinco fueron convocados por un sujeto identificado como Lino Andrés “N”, alias “Didi”, para presentarse en un evento musical en la colonia Riberas de Rancho Grande.

La última ubicación conocida del grupo fue registrada a las 22:20 horas del mismo día, en las inmediaciones de la colonia Reservas Territoriales. Desde ese momento no se volvió a tener comunicación con los integrantes del grupo, lo que activó una denuncia inmediata por desaparición por parte de sus familiares.

El jueves 29 de mayo, en medio de los operativos de búsqueda, agentes de la Fiscalía fueron atacados por un grupo armado. En el enfrentamiento, nueve presuntos delincuentes fueron detenidos y se aseguraron armas y vehículos. Los arrestados aportaron información clave sobre el paradero del grupo musical.

De acuerdo con las declaraciones obtenidas por las autoridades, los músicos fueron interceptados, privados de la libertad y llevados a una ladrillera, donde fueron asesinados y posteriormente incinerados en un horno del lugar. Los restos fueron abandonados a unos 300 metros del sitio del crimen.

Las investigaciones continúan. La Fiscalía ha girado órdenes de aprehensión contra 13 personas presuntamente vinculadas con el caso. Diez de ellas serían miembros activos del Cártel del Golfo, facción “Metros”. Entre los identificados figuran Santos “N”, alias “M-47”, Raúl “N” y Alejandro de Jesús “N”, quienes fueron detenidos a finales del mes pasado.

Colectivos como “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” documentaron y denunciaron el caso desde los primeros días de la desaparición, sumando presión social para esclarecer lo ocurrido. La Comisión Estatal de Búsqueda también emitió las fichas oficiales con los datos de los cinco jóvenes.

El caso ha generado conmoción y luto en la comunidad, así como una intensa reacción de parte de las autoridades, quienes reiteraron el compromiso de seguir con las investigaciones hasta esclarecer totalmente lo ocurrido y garantizar justicia para las víctimas.

La primera deportación de la era Trump marca el inicio de una nueva política migratoria

La primera deportación de la era Trump marca el inicio de una nueva política migratoria

 

El mismo día en que Donald Trump retomó el liderazgo de Estados Unidos, las promesas de endurecer las políticas migratorias comenzaron a materializarse. Martín Escareño Díaz, originario de Guadalupe, Zacatecas, se convirtió en el primer migrante deportado bajo esta nueva administración.

 

Escareño intentó cruzar la frontera a través de la garita peatonal de San Ysidro, utilizando un documento falso. Su decisión, según confesó, estuvo motivada por el temor que despertaron las declaraciones de Trump sobre el endurecimiento de los controles migratorios. Sin embargo, su plan fue frustrado por las autoridades estadounidenses, que detectaron la irregularidad en el documento. Martín pasó un día detenido antes de ser enviado de regreso a México por Tijuana.

 

Con una historia marcada por años viviendo de manera indocumentada en Estados Unidos, Martín afirmó que esta no era la primera vez que cruzaba la frontera. Durante más de una década logró establecerse en ese país, pero ahora enfrenta un panorama más complejo. Pese a ello, su determinación de buscar una vida mejor no parece haberse debilitado.

 

El evento coincide con el discurso inaugural de Trump, quien reafirmó su compromiso con una política de“Estados Unidos primero”. En su mensaje, el presidente destacó que su administración restaurará la soberanía y la seguridad del país, además de reformar el sistema de justicia para evitar su uso como herramienta política. Según Trump, estas acciones garantizarán que la nación recupere el respeto perdido en el escenario internacional.

 

El mandatario también criticó las políticas migratorias de administraciones anteriores, señalando que estas no protegieron a los ciudadanos estadounidenses. Enfatizó que su gobierno priorizará la defensa de las fronteras nacionales sobre las de otros países, buscando evitar lo que considera un abuso de los recursos y la paciencia de la nación.

 

La deportación de Escareño simboliza el inicio de una nueva era en la política migratoria estadounidense. La combinación de un discurso nacionalista con medidas inmediatas refleja la dirección que tomará esta administración en los próximos años. Para Martín, como para millones de migrantes, el camino hacia el sueño americano se enfrenta ahora a nuevos y desafiantes obstáculos.

El gobernador Rubén Rocha responde con firmeza sobre las acusaciones de ‘El Mayo’ Zambada

En medio de la controversia generada por las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, que lo acusan de complicidad en su captura, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha rechazado tajantemente cualquier vínculo con actividades criminales. Durante la inauguración del Hospital General IMSS Bienestar Dr. Bernardo J. Gastelúm, Rocha Moya se pronunció sobre el tema, subrayando que no tiene relación alguna con el narcotráfico y retando a cualquiera que busque pruebas en su contra.

 

“No hay nada que pueda vincularme con ese asunto, lo digo de manera tajante y contundente,” afirmó Rocha Moya con visible determinación. En su discurso, el gobernador insistió en que las acusaciones en su contra son infundadas y lamentó el estigma que conlleva ser originario de Badiraguato, una región históricamente asociada con el narcotráfico. “El estigma alcanza tanto que a cada rato dicen cosas, hasta en una portada me pusieron queriéndome hacer narco a fuerzas. La gente de Badiraguato es buena y trabajadora, no hay elementos para que nos lleven en ese estigma,” expresó con descontento.

 

Las declaraciones del gobernador surgen tras la publicación de una carta, difundida por el abogado de Zambada, Frank Pérez, en la que el capo acusa a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de haberlo engañado y secuestrado para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Según la versión de Zambada, Guzmán López lo citó a una reunión el 25 de julio con el gobernador Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex diputado federal y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con el supuesto fin de resolver disputas políticas.

 

Zambada detalló que al llegar al rancho Huertos del Pedregal, donde supuestamente se celebraría la reunión, fue emboscado por hombres armados, quienes lo golpearon y trasladaron a Texas, donde fue arrestado por autoridades estadounidenses. Esta versión sugiere una conspiración que involucra a altos mandos del Cártel de Sinaloa y plantea serias dudas sobre las conexiones entre el crimen organizado y figuras políticas.

 

Rocha Moya no solo negó rotundamente estas acusaciones, sino que también exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a fondo los hechos del 25 de julio, con el fin de garantizar la imparcialidad y despejar cualquier sospecha. “No queremos estar bajo sospecha, queremos que se garantice la imparcialidad,” subrayó el gobernador, haciendo un llamado directo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y asegure que la investigación se lleve a cabo con total transparencia.

 

La firmeza de Rocha Moya en su defensa contrasta con la gravedad de las acusaciones que enfrenta. El gobernador reiteró que, el día en cuestión, ni siquiera se encontraba en Sinaloa, desmintiendo categóricamente cualquier posibilidad de que estuviera involucrado en el supuesto encuentro. “Si dijeron que iba a estar yo, mintieron, y si alguien lo creyó, cayó en la trampa,” declaró con convicción, haciendo eco de su rechazo a las imputaciones que lo relacionan con el narcotráfico.

 

Previo a su conferencia de prensa, en la que también estuvo presente Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, Rocha Moya reafirmó su compromiso con la transparencia. “Todo, todo, todo,” respondió cuando se le preguntó si sería transparente en este proceso, asegurando que no tiene nada que ocultar.