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Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial equivalente al otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La protesta se extendió durante varias horas y expuso una serie de inconformidades acumuladas por este sindicato minoritario.

El secretario general de la sección 8 de la UNTyPP, Francisco Zamora Salazar, explicó que, pese a que su organización está registrada desde 2008, no se les ha aplicado el incremento salarial reciente porque se les clasifica como “trabajadores de confianza”. Según detalló, esa categoría los deja fuera del contrato colectivo y del reglamento que sí se aplica a los empleados sindicalizados del organismo. En entrevista, Zamora atribuyó esta situación a decisiones políticas vinculadas al esquema de austeridad impulsado por el actual gobierno federal.

El líder sindical afirmó que, además de la falta de actualización salarial, la UNTyPP enfrenta liquidaciones y despidos injustificados. Indicó que los recortes comenzaron en el primer trimestre de 2025 y afectan principalmente a trabajadores de confianza con más de dos décadas de antigüedad. “Ha habido muchos despidos injustificados. Bueno, sabemos que van a ser más de tres mil despidos, y ahorita llevan el 80%”, señaló. Añadió que los ajustes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, según les ha informado la empresa.

Entre los casos expuestos durante la protesta destaca el de Rigoberto Laredo, trabajador con 34 años de servicio en el área de compras de la Sección 9 en Coatzacoalcos, Veracruz, quien afirmó haber sido despedido hace año y medio tras una acusación de acoso sexual que, según dijo, no ha sido comprobada. 

Laredo aseguró que existen alrededor de 100 personas señaladas bajo acusaciones similares en distintas áreas de Pemex, y que en algunos casos ya se ha demostrado la falsedad de las imputaciones. “Tiene un año o siete meses que yo no tengo salario, no tengo servicio médico”, expuso al denunciar que los despidos se están utilizando para remover personal con puestos sensibles.

Además de las demandas laborales, la UNTyPP señaló deficiencias en instalaciones y servicios básicos dentro de Pemex. Indicaron que persisten fallas en oficinas, elevadores y sanitarios del centro administrativo, donde incluso falta papel higiénico y jabón líquido. 

A estas condiciones se suma el deterioro en la atención médica: el sindicato denunció que el servicio subrogado fue cancelado en varias regiones, obligando a trabajadores de lugares como Topolobampo, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora, a trasladarse hasta Salamanca, Guanajuato, o a la Ciudad de México para recibir atención, aun en casos de padecimientos menores.

Las exigencias de la UNTyPP colocan sobre la mesa un conjunto de reclamos que combinan salario, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, y que mantienen en tensión la relación entre este sindicato y la empresa estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este lunes cualquier influencia de su gobierno en el resultado del certamen Miss Universo, luego de que surgieran acusaciones sobre presuntos beneficios para la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 74 del concurso. Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal respondió a los señalamientos relacionados con un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) firmado en 2023 con una empresa vinculada a Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen.

Al ser cuestionada sobre la coincidencia entre el contrato y el triunfo de la concursante mexicana, Sheinbaum afirmó: “Evidentemente no es falso, además, no hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen —Fátima Bosch—”. Con esta declaración, la presidenta rechazó que exista relación alguna entre decisiones gubernamentales y los resultados del evento internacional.

Fátima Bosch, de 25 años, se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título de Miss Universo. Su triunfo se suma al de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, consolidando una trayectoria destacada para México dentro de este certamen global de belleza.

Sheinbaum resaltó el recorrido de la ganadora y puso énfasis en su desempeño durante la competencia. “Ella, además de tener su mérito, siempre levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla. Y eso tiene mucho mérito, mucho mérito”, señaló al destacar la postura que Bosch mantuvo frente a las situaciones polémicas que se generaron alrededor de esta edición del concurso.

Tras el triunfo de la mexicana, se difundió que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, asesor en Petróleos Mexicanos y quien fungió como coordinador ejecutivo en el área de exploración y producción de la petrolera en 2023. Durante ese periodo, Pemex otorgó un contrato millonario a la empresa de Rocha Cantú, actual copropietario de Miss Universo, lo que generó cuestionamientos públicos y la difusión de hipótesis sobre posibles vínculos entre ese acuerdo y el resultado del certamen.

En medio de la controversia, la presidenta reiteró su felicitación a la ganadora e insistió en que los señalamientos no tienen fundamento. Su postura buscó enfatizar que el desempeño de la representante mexicana fue resultado de su propia trayectoria dentro del concurso.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el robo de combustible —incluyendo el conocido “huachicol” y el llamado “huachicol fiscal”— continúa ocurriendo en México, aunque en niveles mucho menores que en años anteriores. La mandataria abordó el tema durante su conferencia matutina, donde explicó que, pese a que esta actividad ilegal no ha sido erradicada por completo, sí presenta una reducción sustancial.

Sheinbaum detalló que las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han disminuido “muchísimo”, aunque reconoció que aún existen casos. Señaló también que se ha reducido la importación ilegal de combustible realizada bajo la simulación de mercancías distintas para evitar el pago de impuestos. Según explicó, este tipo de operación es parte del esquema de “huachicol fiscal”, uno de los focos más recientes de atención para las autoridades.

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que Pemex reportara a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que la extracción y el comercio ilegal de hidrocarburos representan riesgos en materia financiera y operativa. En el documento, la empresa del Estado advierte que esta actividad puede provocar incendios, explosiones y daños a la propiedad y al medio ambiente, además de derivar en pérdidas económicas relevantes.

Sheinbaum subrayó que el mercado formal del combustible ha mostrado señales positivas. “Si ha incrementado la venta legal de combustible, las ganancias de Pemex y de los privados, quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustibles, la mejor señal”, afirmó. Aun así, puntualizó que el fenómeno no ha sido eliminado por completo: “Todavía ocurre, sí todavía, en una proporción bastante menor y tenemos que combatirlo hasta que no haya absolutamente nada”.

El tema del huachicol ha sido recurrente en la agenda pública durante los últimos años. En su primer informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que su administración había “eliminado prácticamente” el robo de combustible. No obstante, en meses recientes se han revelado nuevos esquemas de “huachicol fiscal”, algunos de ellos asociados a operaciones en las que se ha señalado participación de elementos de la Marina mexicana.

Con el reconocimiento de que la problemática sigue presente, el gobierno federal mantiene bajo observación la actividad vinculada al mercado ilegal de hidrocarburos, al tiempo que Pemex continúa reportando riesgos y reforzando las acciones destinadas a proteger su infraestructura y sus ingresos.

Durante su comparecencia en el Senado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en un proceso de recuperación financiera que apunta a convertirla en una empresa moderna, eficiente y sostenible.

Frente a legisladores, explicó que la estrategia económica implementada por el gobierno federal busca reducir la deuda histórica de la petrolera y estabilizar su producción, aunque evitó profundizar en temas polémicos como el “huachicol” fiscal, la operación de la refinería de Dos Bocas o el derrame de petróleo en Veracruz.

La presentación formó parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Comisión de Energía del Senado. En un discurso enfocado en resultados económicos, la funcionaria destacó que desde 2019 se puso en marcha un plan para fortalecer las finanzas de Pemex, con medidas como la reducción del derecho de utilidad compartida —del 65% al 40%— y la creación del derecho petrolero para el bienestar, que simplificó los impuestos que la empresa debía pagar. Este nuevo esquema fiscal, aseguró, permitió estabilizar los ingresos y recuperar parte de la capacidad de inversión.

Entre los datos presentados, González señaló que Pemex logró disminuir sus pérdidas en casi 90% y generar ahorros por más de 20 mil millones de pesos gracias a un programa de eficiencia y control del gasto. Además, informó sobre la colocación de bonos precapitalizados a cinco años por 12 mil millones de dólares, medida que contribuyó a aligerar la deuda y cumplir con pagos a proveedores y contratistas por alrededor de 300 mil millones de pesos.

La secretaria también habló sobre los objetivos de producción: mantener la extracción de crudo en torno a 1.8 millones de barriles diarios y alcanzar los 5 mil millones de pies cúbicos de gas al día. En agosto de 2025, la producción nacional fue de 1.745 millones de barriles diarios, con la expectativa de cerrar el año alcanzando la meta.

Sin embargo, durante la comparecencia, la funcionaria evitó abordar de fondo temas que los senadores consideraron prioritarios. No ofreció detalles sobre el papel actual de la refinería de Dos Bocas en la producción nacional, ni sobre las acciones emprendidas tras el derrame de petróleo en el río Pantepec, Veracruz, que afecta a comunidades del norte del estado.

El punto más tenso de la sesión se dio cuando legisladores de oposición insistieron en obtener información sobre el llamado “huachicol” fiscal, un esquema de evasión en el comercio de combustibles. Ante esto, la titular de Energía respondió únicamente que su dependencia colabora con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para coordinar acciones y esclarecer los casos.

Acompañada por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y por el titular del Cenagas, Cuitláhuac García, la secretaria cerró una comparecencia de casi tres horas enfocada en cifras y planes financieros, pero con más reservas que respuestas sobre los temas que aún generan dudas en el sector energético.

El derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz, fue consecuencia de un deslave provocado por las intensas lluvias registradas recientemente en la región, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que el incidente no ocurrió el mismo día de las precipitaciones más fuertes, sino posteriormente, cuando se registró la ruptura en el oleoducto Poza Rica–Madero.

Sheinbaum destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza una investigación para determinar las causas exactas de la fuga y garantizar que las medidas de contención y remediación se apliquen de forma inmediata. “Se está investigando la causa del derrame y ya se están llevando a cabo las acciones necesarias para controlar la contaminación”, indicó.

La mandataria subrayó que el deslave fue el factor que originó el daño en la infraestructura de transporte de crudo, lo que derivó en la filtración del hidrocarburo al cauce del río. Las labores de atención se concentran actualmente en el arroyo Citlatépetl, en su confluencia con el río Pantepec-Tuxpan, una zona que forma parte de la cuenca del río Tuxpan, en el municipio de Álamo Temapache, recientemente afectado por lluvias extraordinarias.

Pemex informó que hasta el momento se han recuperado 345 mil litros de crudo y que se mantiene el despliegue de personal y equipo especializado para contener la mancha. La empresa productiva del Estado precisó que en las labores participan 750 trabajadores —entre personal de Pemex y de otras seis empresas contratistas—, además de 80 vehículos, cuatro equipos de respiración autónoma, dos sistemas skimmer y 13 retroexcavadoras.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, acudió a supervisar las operaciones en campo y constatar las acciones implementadas para contener el derrame. La paraestatal no ha dado a conocer aún una estimación oficial sobre la cantidad total de hidrocarburo vertido, pero aseguró que se mantienen los trabajos permanentes de recuperación y saneamiento en la zona.

Las acciones de Pemex incluyen la instalación de barreras de contención, retiro de material impregnado y recuperación del crudo derramado para evitar su avance hacia otros cuerpos de agua. Las autoridades ambientales y de protección civil también se encuentran monitoreando los efectos del incidente en el ecosistema ribereño.

El río Pantepec, uno de los principales afluentes del norte de Veracruz, atraviesa una zona rural y agrícola de alta importancia ambiental. Las labores de recuperación y limpieza se mantienen de manera continua, mientras Pemex concluye la investigación técnica que permitirá definir las causas y responsabilidades del siniestro.

Un derrame de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrido en el municipio de Álamo, en el norte de Veracruz, se extendió hasta el río Tuxpan, provocando preocupación entre los habitantes de la zona por el posible daño ambiental. Aunque la empresa aseguró que la fuga fue controlada y que el alcance fue de ocho kilómetros, pobladores y usuarios en redes sociales reportaron que la mancha del hidrocarburo continúa expandiéndose sin control y podría superar los 15 kilómetros.

De acuerdo con Pemex, tras detectar la fuga, se activaron de inmediato los protocolos de contención y saneamiento en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como autoridades locales y estatales. La empresa informó que se instalaron barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, con el objetivo de evitar el avance del hidrocarburo hacia el río Tuxpan.

Por su parte, la Secretaría de Marina confirmó que personal especializado realiza labores de saneamiento y remediación en las riberas y zonas aledañas afectadas por el derrame. Indicó que las acciones son coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participan representantes de los tres niveles de gobierno para garantizar la atención integral a la población y al ecosistema afectado.

“La Empresa Pública del Estado coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado… para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población”, detalló la Semar en un comunicado.

Asimismo, la dependencia informó que se desplegó personal y material especializado, además de que se activó el Plan Regional de Contingencias y Mando Unificado. Entre las medidas aplicadas destacan la colocación de barreras de contención en puntos estratégicos, la recuperación del hidrocarburo, el uso de sustancias químicas para dispersión y el desvío del flujo del derrame. También se realizaron vuelos de reconocimiento para evaluar la magnitud del daño y monitorear el avance de la mancha.

En redes sociales, habitantes de las comunidades cercanas compartieron imágenes y videos donde se observan amplias zonas del río cubiertas por una capa de hidrocarburo. Algunos usuarios difundieron tomas aéreas que muestran una extensión mayor a la reconocida por Pemex, lo que incrementó la alarma entre los pobladores.

La población expresó su preocupación ante el riesgo de que el hidrocarburo llegue al mar a través del río Tuxpan, lo que podría provocar un daño ambiental más severo si no se refuerzan las acciones de contención y limpieza. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales continúan con los trabajos para evitar la propagación del derrame y mitigar su impacto en la zona.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por acusaciones de corrupción, protestas opositoras y un intenso debate político. Con 338 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones, el pleno dio luz verde al dictamen que busca modernizar el sistema aduanero del país y reforzar la vigilancia sobre las operaciones fiscales y comerciales.

De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa contempla modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve de la actual legislación. El objetivo central, explicó la bancada oficialista, es combatir la corrupción, cerrar espacios a la evasión fiscal y lograr una operación más eficiente y transparente en las aduanas mexicanas, consideradas puntos críticos en el flujo de mercancías nacionales e internacionales.

Durante la discusión, la oposición acusó al bloque oficialista de intentar encubrir irregularidades dentro del sector. La diputada Verónica Martínez García, del PRI, afirmó que Morena pretende “lavarse las manos” en el tema del llamado “huachicol fiscal” y advirtió que la reforma podría afectar a la industria farmacéutica, uno de los sectores más regulados del país.

En la misma línea, el legislador José Elías Lixa, del PAN, aseguró que el dictamen favorece a empresas vinculadas con Pemex y que el fenómeno del huachicol fiscal surgió durante el actual gobierno de Morena.

Los reclamos alcanzaron un punto álgido cuando el diputado panista Federico Döring subió al pleno con un bidón de gasolina para ejemplificar lo que llamó “el saqueo fiscal desde la Marina”. Sus compañeros de bancada desplegaron carteles denunciando que el huachicol fiscal tiene un costo anual de 600 mil millones de pesos, en medio de abucheos y consignas.

Por su parte, los legisladores de Morena defendieron la iniciativa presidencial y destacaron su intención de limpiar las aduanas de prácticas desleales y corruptas. El diputado José Narro Céspedes sostuvo que la reforma “busca modernizar y eliminar las malas prácticas en las agencias aduanales”, además de fortalecer la rendición de cuentas de los agentes que operan en los puntos fronterizos y portuarios.

El dictamen también incluye nuevos requisitos para ingresar como agente aduanal, entre ellos no ser servidor público y presentar un informe patrimonial, con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés. Asimismo, establece que los agentes aduanales deberán verificar que los importadores y exportadores cumplan con las regulaciones y normativas vigentes.

Otro punto relevante es la vigencia prorrogable de las patentes y autorizaciones de las agencias aduanales, lo que busca dar mayor certidumbre al sector sin perder control gubernamental.

La aprobación en lo general marca un paso clave para la agenda económica del Ejecutivo, mientras que la discusión en lo particular continuará en los próximos días para revisar reservas y ajustes propuestos por las distintas bancadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha presentado 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con contrabando de combustibles que involucran un monto cercano a 16 mil millones de pesos. El titular de la dependencia, Edgar Amador, detalló que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, las áreas de inteligencia y las aduanas para combatir el contrabando y la evasión fiscal.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda sobre las medidas implementadas para frenar el llamado “huachicol fiscal” que, de acuerdo con la Fiscalía, involucra a empresarios, políticos e integrantes de la Marina.

La senadora del PRI Carolina Viggiano señaló que el impacto anual del huachicol en recaudación asciende a 170 mil millones de pesos y para Petróleos Mexicanos (Pemex) a 517 mil millones. Por su parte, el senador Rolando Zapata solicitó información sobre la estimación del impacto recaudatorio no ingresado por este ilícito en administraciones anteriores y en la actual.

Edgar Amador respondió que, entre abril de 2023 y la fecha, la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la FGR contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito. 

Explicó que estas denuncias representan parte de los 200 mil millones de pesos adicionales que la dependencia ha recaudado en aduanas gracias a la coordinación interinstitucional. “Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir al contrabando, por combatir la elusión fiscal”, afirmó el funcionario.

El titular de Hacienda precisó que para su dependencia no se trata de “huachicol fiscal”, sino de contrabando de hidrocarburos. “No lo llamamos ‘huachicol fiscal’ porque para nosotros es contrabando de hidrocarburos, mercancías”, subrayó. 

Añadió que, en comparación con administraciones pasadas, las aduanas han incrementado de forma considerable la recaudación. Recordó que entre 2000 y 2006 todos los ingresos aduaneros sumaron 148 mil 482 millones de pesos, mientras que para este año se espera recaudar diez veces más.

“Estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, vamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias. Estamos recaudando cinco veces más que en las administraciones anteriores”, sostuvo Amador ante los senadores, destacando los resultados obtenidos por la estrategia conjunta entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y las áreas de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reanudará los pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un esquema financiero basado en Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps).

El mecanismo contempla una emisión de 12 mil millones de dólares con vencimiento al 2030, a través de la cual se cubrirá el saldo pendiente con empresas proveedoras de la petrolera estatal. “Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto”,declaró la mandataria.

De acuerdo con la información presentada, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 105 mil millones de dólares en los últimos sexenios, un incremento de 60 mil millones mientras la producción de combustible se reducía de manera sostenida.

Sheinbaum aseguró que la deuda deberá ser cubierta en su totalidad y que las amortizaciones previstas ascienden a 300 mil millones de pesos. En este contexto, precisó que la SHCP asume parte de los vencimientos, aprovechando menores tasas y una mayor capacidad de colocación en los mercados internacionales.

“Le ayuda a Pemex y aunque hay una parte que es del gobierno federal, pues finalmente como estado mexicano es una muy buena transacción (…) lo que ahora se hizo es considerar todos esos vencimientos, los refinanciamientos que se pueden hacer de toda esa deuda y además salir adelante con la empresa”, explicó la presidenta.

El anuncio ocurre después de que, en junio, proveedores de Pemex amagaran con suspender actividades debido a la falta de pagos. El 19 de ese mes, Sheinbaum aseguró que ya se habían cubierto 147 mil millones de pesos en adeudos, lo que evitó un paro en la operación de la compañía.

Posteriormente, el 30 de julio, el gobierno de México concretó la colocación internacional de las Notas Estructuradas Pre Capitalizadas, con una emisión de 12 mil millones de dólares a siete años. La operación generó una demanda de 23 mil 400 millones de dólares por parte de 295 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo, lo que permitió reforzar el plan de pagos de la empresa productiva del Estado.

Con esta nueva ronda de pagos, el gobierno busca aliviar la presión financiera de Pemex y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, al tiempo que se atienden los vencimientos de deuda que mantienen a la petrolera en una de sus etapas más complejas.