Nueva ley contra feminicidio: Gobierno de Sheinbaum propone investigar toda muerte violenta de mujeres

El gobierno federal alista una reforma legal que modificaría la manera en que se investigan las muertes violentas de mujeres en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una iniciativa para establecer que todos estos casos sean indagados desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, además de endurecer sanciones y reforzar los mecanismos de atención a víctimas.

La propuesta, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, busca homologar el tipo penal en todo el país y redefinir la forma en que actúan las autoridades ante estos delitos. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es garantizar que cada caso se investigue con protocolos reforzados y evitar que las autoridades descarten de manera inicial posibles feminicidios.

El planteamiento establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá analizarse bajo esta línea desde el primer momento. Con ello, los Ministerios Públicos no podrán descartar como hipótesis inicial un aparente suicidio o accidente, y además el delito será perseguido de oficio a nivel nacional.

La iniciativa también incluye modificaciones para fortalecer las sanciones. Según detalló Godoy, se propone “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de castigar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes” del castigo establecido. A esto se suman medidas relacionadas con la reparación del daño, como la pérdida de derechos sobre bienes y propiedades del agresor, así como la patria potestad de sus hijos.

El proyecto contempla además la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, integradas por personal capacitado específicamente en la investigación de feminicidios. Estas áreas tendrían como función mejorar la atención a víctimas y reforzar las indagatorias.

Durante la presentación, Ingrid Gómez Sarasibar explicó que la iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de menores que queden en situación de orfandad a causa de feminicidios, con el fin de garantizar atención y seguimiento a las víctimas indirectas.

“La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, y no sólo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”, señaló.

Sheinbaum indicó que la propuesta será enviada al Senado entre este martes y el miércoles, con la expectativa de que los legisladores respalden los cambios planteados.

En la conferencia donde se dio a conocer la iniciativa también estuvo presente la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien no intervino durante la presentación luego de incorporarse tarde a la conferencia matutina.

Reestructura en la FGR: Ernestina Godoy nombra nuevos titulares estatales, la presidenta da visto bueno

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, oficializó una serie de cambios en la estructura territorial de la Fiscalía General de la República al designar a 11 nuevos titulares en delegaciones estatales. Los movimientos abarcan entidades como Baja California, Campeche, Durango, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco, entre otras.

De acuerdo con el comunicado institucional, los perfiles seleccionados cuentan con experiencia previa como Ministerios Públicos y trayectoria dentro de la propia FGR, particularmente en áreas de investigación y litigación.

En Baja California fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada. En Campeche asumió Margarita Galván Rodríguez, fiscal jefa del equipo de Investigación y Litigación en Guanajuato desde 2021.

Para la Ciudad de México fue designada Laura Gabriela Chang Marroquí, quien encabezaba desde 2022 la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la Fecor. En Durango quedó al frente Rosalía Juárez Ramírez, con más de dos décadas de trayectoria como Ministerio Público.

Ana Cristina Maturano Ramos asumió en Hidalgo, con experiencia tanto en funciones ministeriales como en asesoría jurídica. En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, ex fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

La lista continúa con Mario Esquivel Ayala en Nayarit, quien era agente del Ministerio Público en la fiscalía federal de esa entidad; José Guadalupe González Guajardo en Nuevo León, ex titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa; y Damaris Baglietto Hernández en Oaxaca, quien desde marzo de 2023 encabezaba la Unidad de Investigación y Litigación en la fiscalía federal capitalina.

En San Luis Potosí fue designado Gabriel Campos Piña, procedente de la fiscalía federal en Nayarit, mientras que Manuel Eduardo León Torres asumirá en Tamaulipas, tras desempeñarse como agente del Ministerio Público y fiscal en jefe.

La FGR señaló que estos relevos buscan fortalecer la coordinación con autoridades estatales y consolidar el trabajo institucional. En el comunicado se destaca que Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los nuevos fiscales federales y les deseó éxito en sus responsabilidades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que los ajustes forman parte del programa de trabajo de la fiscal general. “Ella lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones (…) más que limpia es un fortalecimiento”, expresó, al referirse a la revisión interna y al nombramiento de nuevos representantes en las fiscalías estatales. Con estos movimientos, la FGR actualiza su estructura operativa en 11 entidades del país como parte de su reorganización institucional.

México se moviliza: Arranca campaña nacional para un país libre de violencia y propuesta legislativa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes una campaña nacional centrada en la prevención de la violencia contra las mujeres, acompañada de una propuesta legislativa para homologar el artículo 260 del Código Penal Federal en materia de abuso sexual. La iniciativa incorpora mensajes audiovisuales, materiales impresos y actividades formativas dirigidas al personal público de todo el país.

Durante el anuncio, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la modificación jurídica busca que el abuso sexual se persiga de oficio en las 32 entidades del país. Actualmente, 22 estados ya tienen iniciativas ingresadas en sus congresos locales; uno de ellos la aprobó en comisión y otros 10 presentarán sus propuestas este mismo martes. Señaló que el objetivo es cerrar brechas legales y garantizar un procedimiento uniforme en la atención de víctimas.

La campaña federal contempla la difusión de spots dedicados a la prevención de diversas formas de violencia, así como la realización de talleres y charlas dirigidas a servidores públicos e integrantes de fiscalías locales. Estas acciones se desplegarán como parte de una estrategia permanente que busca ampliar el alcance institucional y fortalecer la capacidad de respuesta frente a casos de violencia de género.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha en la que la presidenta Sheinbaum había anticipado que presentaría esta iniciativa, días después de haber sufrido una agresión mientras caminaba en calles de la Ciudad de México. El contexto reforzó el mensaje oficial sobre la urgencia de iniciativas de prevención y educación en todo el país.

Como parte del plan, la secretaria Hernández resaltó que también se incorporará un llamado dirigido a los hombres para promover prácticas de respeto y erradicar conductas violentas. “Es tiempo de mujeres sin violencia, pero también es tiempo de hombres que respetan, de hombres que no abusan (…) de hombres que no violentan y de hombres que no acosan”, afirmó durante la presentación.

En la conferencia matutina, los 32 gobernadores del país participaron de manera remota y asumieron diez compromisos para fortalecer la implementación de la estrategia. Entre ellos destacan la difusión de la campaña en sus entidades, el acompañamiento al proceso de homologación del delito de abuso sexual, la creación de senderos seguros, la capacitación continua a servidores públicos y la realización de actividades mensuales en escuelas —cada día 25— para impulsar el respeto y el trato igualitario. Además, se acordó establecer una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías estatales.

La reforma federal propuesta redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas. El proyecto establece penas de tres a siete años de prisión, multas de 200 a 500 UMA y la obligación de los agresores de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género y realizar servicio comunitario. También incluye agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, exista violencia o haya complicidad.

CURP con datos biométricos avanza como nueva identificación oficial; INE incertidumbre

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su postura en expectativa frente al avance de una nueva identificación nacional que podría reemplazar la credencial de elector vigente desde 1991. Consejeros del organismo aclararon que no existe información concreta sobre si la CURP con datos biométricos, recientemente avalada en la reforma a la Ley General de Población, asumirá también funciones electorales.

Durante las últimas semanas, el tema ha ganado visibilidad luego de que el Congreso de la Unión aprobara una reforma centrada en la atención de personas desaparecidas, en la que se establece que la nueva CURP deberá contener huellas dactilares y fotografía. Según el nuevo texto legal, esta versión de la CURP será un “documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria” en todo el país.

Al respecto, el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona manifestó que por el momento el INE continuará cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente: “Ya veremos cómo evoluciona la ley, ya veremos qué pasa con la CURP con datos biométricos; por lo pronto, desde luego el INE hará todo lo que la ley ordena”,dijo.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño señaló que hasta ahora no se ha definido si esta nueva CURP sustituirá la credencial de elector y si podrá utilizarse en procesos de votación. “Hoy lo único que tengo claro es que la autoridad encargada de emitir las credenciales de elector con todas las medidas de seguridad y efectivas, es el INE”, indicó. También mencionó que habría que analizar los beneficios de un nuevo documento, siempre que ofrezca altos estándares de seguridad y confiabilidad.

En paralelo, los consejeros confirmaron que el INE ya colabora con las fiscalías estatales para la localización de personas desaparecidas mediante el intercambio de datos biométricos. Esta medida ha sido reforzada por la nueva legislación, que solicita al instituto compartir las bases de datos que administra, en un esfuerzo por facilitar la identificación de personas en calidad de irreconocibles.

“Eso es algo que el INE ya hacía para la localización de personas desaparecidas, eso no tiene ninguna novedad, y me parece muy bien”, expresó Espadas Ancona. Montaño añadió que este tipo de cooperación se ha formalizado a través de convenios públicos con las fiscalías, y que la prioridad es garantizar mecanismos confiables de identificación humana.

Mientras el gobierno federal avanza en la implementación del nuevo documento biométrico, el INE se mantiene atento a cualquier reforma que pudiera impactar directamente sus funciones como autoridad electoral. La transición hacia una CURP reforzada abre una nueva etapa en la forma de acreditar la identidad de millones de mexicanos.

CURP biométrica y nuevas reformas para desapariciones concentran el debate legislativo

La Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas que modifican el marco jurídico nacional en materia de desaparición forzada, búsqueda de personas y registro poblacional. Con 438 votos a favor y 38 en contra, se avaló la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro de Personas Desaparecidas, operando en tiempo real mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La iniciativa también contempla la implementación de una CURP biométrica, con huellas dactilares y fotografía, aprobada por separado con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. Este documento, de acuerdo con el dictamen, podrá usarse en formato físico o digital, y será una herramienta nacional de identificación para facilitar la localización de personas desaparecidas.

Las reformas obligan a instituciones públicas y privadas que manejan datos biométricos —incluidos bancos, hospitales, empresas de telecomunicaciones y otros— a proporcionar acceso a esta información a dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia.

El dictamen se votó por separado respecto a la Ley General de Población. En conjunto, ambas reformas buscan reforzar la capacidad del Estado mexicano para realizar búsquedas integrales mediante una coordinación interinstitucional con un enfoque de derechos humanos.

Durante la sesión en San Lázaro, la diputada Ana Érika Santana, del PVEM y ex buscadora de personas desaparecidas, señaló que “el tema de la desaparición forzada debe abordarse con responsabilidad, sensibilidad y profundo respeto, porque detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas, no promesas y no política”. Añadió que la lucha de los colectivos no puede continuar de forma aislada.

Desde la bancada de Morena, la diputada Irma Juan Carlos argumentó que las reformas fueron producto del diálogo con víctimas y personas buscadoras. “A la par representa defender el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, del derecho a una reparación integral, del derecho a la justicia, a defender la dignidad de las víctimas y de sus familias”.

Otras posturas se manifestaron en desacuerdo. La diputada Martha Amalia Moya, del PAN, cuestionó la utilidad real de la plataforma tecnológica frente al contexto nacional, donde más de 72 mil cuerpos continúan sin identificar y se reporta una baja inversión en servicios forenses. Recordó además el asesinato de al menos 22 madres buscadoras.

El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, consideró inadmisible el uso de datos personales con fines de control social. “El dictamen que presenta hoy el oficialismo es una simulación”, señaló, argumentando que no responde a las exigencias de los familiares de personas desaparecidas, ni garantiza una reparación del daño ni mecanismos de no repetición.

Las reservas de los grupos parlamentarios continuarán en análisis dentro del proceso legislativo.

Anuncian nuevas reformas para la búsqueda de personas desaparecidas en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un conjunto de medidas y reformas legales destinadas a atender el problema de las desapariciones en el país. En conferencia de prensa, destacó que para su gobierno es una prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia para sus familiares.

Entre las acciones presentadas, se fortalecerán los registros de identificación y las fiscalías estatales. Además, se creará una base única de información forense y se establecerán nuevos protocolos para agilizar las búsquedas. Con estas medidas, se busca iniciar inmediatamente las carpetas de investigación, eliminando la espera de 72 horas y equiparando la desaparición con el delito de secuestro.

Respecto al campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, Sheinbaum anunció la elaboración de una línea de tiempo para determinar responsabilidades sobre el aseguramiento del rancho Izaguirre. Asimismo, giró instrucciones al gabinete de seguridad para colaborar en todas las investigaciones.

Como parte de estos esfuerzos, la presidenta firmará un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Este organismo ampliará su capacidad de atención y análisis de contexto, además de adquirir tecnología avanzada para respaldar las búsquedas con evidencia científica.

El próximo jueves, Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión seis iniciativas de reforma. La primera propone modificar la Ley General de Población para consolidar el certificado único de registro de población como fuente central de identidad. Con esta medida, se podrá cruzar información de distintos registros administrativos y generar alertas que faciliten la localización de personas.

La segunda iniciativa reformará la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se creará una base única de información forense, que integrará datos de los servicios periciales estatales y federales. También se desarrollará una Plataforma Nacional de Identificación Humana que actualizará y comunicará registros administrativos y forenses a nivel nacional.

La tercera iniciativa establecerá protocolos para activar alertas de búsqueda inmediata en todas las entidades del país y abrir carpetas de investigación sin demoras. La cuarta equiparará el delito de desaparición con el secuestro, homologando penas y procedimientos en todas las fiscalías.

La quinta reforma exigirá la publicación mensual de cifras sobre desapariciones en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, la sexta iniciativa reforzará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, garantizando apoyo y asesoría a familiares de personas desaparecidas.

Con estas acciones, el gobierno busca atender de manera más eficaz la problemática de las desapariciones en México y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas y sus seres queridos.