Etiqueta: audiencia

Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.

La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.

Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.

De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.

Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.

En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.

La jueza de Ejecución Ángela Zamorano Herrera resolvió que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá cumplir de manera íntegra la condena que le fue impuesta en 2018, al negar la solicitud de libertad anticipada presentada por su defensa. La resolución fue emitida durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde ambas partes expusieron sus argumentos sobre la procedencia de la medida.

Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, y extraditado a México el 17 de julio del mismo año. Desde entonces cumple una sentencia de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, de la cual ha cubierto más del 96 %, según los datos expuestos en la audiencia.

Su defensa argumentó que el exmandatario ha mostrado buen comportamiento, un cambio de conducta y que ha cumplido con la mayor parte de su condena, razones que —señalaron— justificaban su egreso anticipado bajo medidas cautelares.

Sin embargo, la juzgadora consideró que esos elementos no eran suficientes para otorgar el beneficio solicitado. Entre los factores que influyeron en su decisión se encuentran las observaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que calificó a Duarte como un interno con mala conducta y recordó que el exgobernador evadió una audiencia por un caso de presunta desaparición forzada, motivando un señalamiento de incumplimiento.

Además, la FGR destacó que Duarte enfrenta un proceso vigente por el delito de desaparición forzada, relacionado con el entorpecimiento de la investigación por la desaparición del policía David Lara Cruz. En este caso, la audiencia intermedia se ha pospuesto en seis ocasiones. También se señaló que el exfuncionario no cumplió con el Plan de Actividades para su reinserción social, que incluye participación en actividades culturales, deportivas y recreativas.

La defensa respondió que el delito por el que se le acusa en este proceso excluye su participación directa en la desaparición, y sostuvo que Duarte nunca ha sido acusado ni vinculado a proceso por desaparición forzada como tal. “Jamás se ha acusado a Javier Duarte del delito de desaparición forzada”, afirmaron sus representantes legales, quienes insistieron en que el caso fue sobreseído previamente.

Tras la negativa de la jueza, su abogado Pablo Campuzano adelantó que analizarán la posibilidad de apelar la resolución. Mencionó también que el cumplimiento total de la pena está previsto para abril, por lo que evaluarán los tiempos procesales para definir los siguientes pasos legales.

En paralelo, Duarte mantiene otro proceso abierto por peculado, actualmente en fase intermedia. Las denuncias en su contra lo señalan por la presunta malversación de más de 62 mil millones de pesos provenientes de fondos federales durante su administración en Veracruz.

La jueza Ángela Zamorano Herrera, quien asumió el cargo en septiembre tras ganar la elección del llamado “acordeón” con 54 mil 797 votos, fue la encargada de emitir esta resolución que confirma la permanencia del exgobernador en prisión hasta concluir su condena.

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal, acusado de presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Pese a ello, el deportista enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que la Fiscalía no justificara la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.

Chávez Jr. había sido entregado a México el pasado miércoles y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, tras dictársele la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa legal confirmó que el juez ordenó su inmediata liberación.

“El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso”, declaró el representante legal del exboxeador a la salida del tribunal.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria y estableció que el imputado deberá cumplir medidas “muy estrictas” mientras lleva su proceso fuera de prisión.

El delito que enfrenta se relaciona con delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de administración ni liderazgo, vinculado con la introducción clandestina de armas a México. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena máxima en caso de resultar culpable podría alcanzar entre cuatro y ocho años de prisión.

El caso se remonta a julio, cuando Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no contaba con documentos para permanecer en territorio estadounidense. En ese momento, autoridades de Estados Unidos señalaron que el boxeador estaba ligado a una orden de detención vigente en México por presuntos nexos con cárteles de la droga.

“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirmaron las autoridades estadounidenses en aquel entonces.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantenía desde el 14 de enero de 2023 una orden de aprehensión contra Chávez Carrasco, emitida por un juez federal en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, dicha orden no se había ejecutado hasta su detención y entrega reciente.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la FGR intervino comunicaciones telefónicas de integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

En esas intervenciones, se detectaron conversaciones en las que se señalaba que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como castigo, bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El proceso judicial continúa y será en los próximos meses cuando se determinen los avances de la investigación y el futuro legal del exboxeador.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.

La agrupación de música regional mexicana Los Alegres del Barranco ha sido vinculada a proceso por presunta apología del delito, tras ser señalada por proyectar imágenes de líderes del narcotráfico durante sus presentaciones en Jalisco. La decisión fue tomada en una audiencia celebrada en Puente Grande, donde se definieron las medidas cautelares a seguir durante el proceso judicial.

La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó cargos con base en cuatro carpetas de investigación, correspondientes a igual número de municipios donde el grupo interpretó el corrido “El dueño del palenque”. Estas localidades son Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila, donde las presentaciones ocurrieron entre el 29 de marzo y el 4 de mayo. En uno de los conciertos más recientes, en Tequila, la canción fue coreada por el público en un mega karaoke colectivo, hecho que forma parte del expediente.

Previo al inicio de la audiencia, el vocalista del grupo, Pável, expresó su deseo de que “triunfe la libertad de expresión”. Pável ha estado en el centro de la polémica por sus publicaciones en redes sociales, en las que ha lanzado críticas directas contra los medios de comunicación, a los que ha calificado como “amarillistas y mentirosos”.

Las medidas cautelares dictadas incluyen una garantía económica de 300 mil pesos por cada uno de los seis integrantes, sumando un total de 1 millón 800 mil pesos. Además, se autorizó que los músicos puedan salir del estado únicamente para presentaciones, con la condición de regresar inmediatamente tras cada evento. El plazo para la investigación complementaria y la vigencia de estas medidas es de tres meses.

La defensa legal solicitó previamente la ampliación del término constitucional, lo que pospuso la resolución, inicialmente prevista para el 6 de mayo. Finalmente, la vinculación fue confirmada por el juez encargado del caso.

El día de la audiencia se vivió con un despliegue discreto pero evidente. El primero en llegar fue el promotor musical, quien evitó a la prensa cubriendo su rostro con lentes oscuros y cubrebocas, además de vestir de manera informal. Luego hicieron su aparición los miembros del grupo: uno de ellos con ropa formal completamente negra, y otro —el más joven— con atuendo casual compuesto por jeans oscuros y playera.

Esta es la tercera ocasión en que la Fiscalía de Jalisco actúa contra artistas por presunta apología del delito. Casos anteriores incluyen a un cantante de corridos en 2016, cuyo video mostraba una agresión contra una mujer, y a un rapero en 2018, vinculado a la desaparición de estudiantes de cine.

Los Alegres del Barranco enfrentan un proceso judicial que coloca en el centro del debate los límites entre el arte, la expresión y la legalidad.

El proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha dado un giro contundente. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el capo sinaloense alcanzó un acuerdo para declararse culpable de múltiples delitos de narcotráfico. La audiencia que tenía lugar el 12 de mayo fue cancelada y una nueva se programó para julio, mes en que Ovidio formalizará su declaración.

El expediente, dado a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense, establece que el gobierno deberá entregar al tribunal una copia del acuerdo al menos tres días antes de la audiencia. Este movimiento implica la renuncia a cualquier juicio en su contra por parte de Guzmán López, quien ya no figura como parte del sistema de custodia del Buró Federal de Prisiones.

El Ratón enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, registrados en el expediente 1:09-cr-00383. Las acusaciones incluyen posesión de drogas con intención de distribuirlas, conspiración para la distribución de sustancias controladas, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación continua en una empresa criminal. La decisión de declararse culpable podría impactar el destino judicial de sus hermanos y socios, aún en libertad.

Junto a él, sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar —también conocidos como líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— siguen prófugos. Ambos son señalados como generadores clave de violencia en Sinaloa y son responsables de una sangrienta disputa interna con La Mayiza, facción encabezada por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza se intensificó el 25 de julio de 2024, fecha que marcó una ruptura histórica: los hijos de El Chapo entregaron a El Mayo Zambada al gobierno estadounidense, desatando una guerra interna sin precedentes. Desde el 9 de septiembre, el territorio sinaloense ha sido escenario de enfrentamientos con un saldo devastador de más de 900 muertos y más de mil personas desaparecidas o secuestradas.

Mientras la figura de Ovidio Guzmán se encamina hacia una sentencia en territorio norteamericano, la estructura del Cártel de Sinaloa se fractura en medio de una batalla sangrienta. La caída de uno de sus rostros más visibles marca una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, pero también deja en evidencia el poder de las divisiones internas que están redefiniendo el mapa criminal en México.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, tendrá que esperar un poco más antes de volver a presentarse ante la justicia estadounidense. Su audiencia de estatus, originalmente programada para el 31 de marzo, fue oficialmente reprogramada para el próximo 12 de mayo, tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa. Esta decisión se dio en medio de negociaciones en curso que buscan un posible acuerdo de culpabilidad.

Con 34 años y señalado como una de las figuras clave dentro de la estructura de “Los Chapitos”, Ovidio enfrenta un proceso judicial de alto perfil en la Corte Federal de Chicago, presidido por la jueza Sharon Johnson Coleman. Los cargos en su contra son múltiples y de gravedad: tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Estos señalamientos lo vinculan directamente con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, incluyendo a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La audiencia aplazada forma parte de un proceso judicial que ha captado la atención internacional. Ovidio no es el único miembro de su familia bajo la lupa de la justicia estadounidense. Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta acusaciones similares en la misma corte, con fecha de audiencia para el 18 de abril. Al igual que Ovidio, mantiene negociaciones avanzadas con la fiscalía para definir su situación legal.

Ambos hermanos forman parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la célula conocida por su extrema violencia y su influencia en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Esta facción es liderada junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes, según informes oficiales, continúan operando dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La postergación de la audiencia se da mientras se afinan detalles entre ambas partes, en un caso que podría definir el futuro de uno de los grupos criminales más relevantes en la historia reciente de México. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando sin descartar la posibilidad de un acuerdo que modifique el rumbo del caso.