Etiqueta: presuntos delitos

Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.

La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.

Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.

De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.

Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.

En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.

Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.