Sergio Mayer vuelve a su curul en San Lázaro tras salir de “La casa de los famosos” y mantiene debate

El diputado federal Sergio Mayer regresó a su curul en la Cámara de Diputados de México luego de concluir su participación en el reality show La casa de los famosos, programa para el que había solicitado licencia temporal a sus funciones legislativas desde el pasado 17 de febrero.

El actor y productor se separó de su cargo parlamentario para integrarse al programa televisivo, donde permaneció alrededor de 20 días antes de ser eliminado. Tras su salida del reality, Mayer presentó un oficio dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Kenia López Rabadán, en el que solicitó formalmente su reincorporación a las actividades legislativas con efecto inmediato, con base en el artículo 16 del reglamento del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La participación del legislador en el programa generó reacciones dentro de su propio partido. El 24 de febrero, Morena determinó suspender sus derechos partidistas al considerar que el diputado priorizó intereses privados sobre sus responsabilidades públicas al integrarse a un proyecto televisivo mientras formaba parte del Congreso.

Ante la polémica, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que será el propio partido el que determine si el legislador recibe o no alguna sanción por haberse separado temporalmente de sus funciones para participar en el reality.

Con la licencia solicitada por Mayer, su lugar en el pleno fue ocupado por su suplente, Luis Morales Flores, comerciante vinculado a la Central de Abasto de la Ciudad de México, quien asumió temporalmente las funciones legislativas.

Sin embargo, tras la solicitud de reincorporación del diputado titular, autoridades administrativas del recinto legislativo dejaron de permitir el acceso a Morales Flores a la oficina parlamentaria que ocupaba durante la ausencia de Mayer. El suplente denunció el hecho a través de sus redes sociales.

Antes de que se le negara el ingreso, Morales Flores alcanzó a participar en una votación relevante dentro del pleno. Durante esa sesión votó a favor del dictamen presidencial de reforma electoral que se discutía en la Cámara de Diputados. La propuesta finalmente fue desechada al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes.

Con la reincorporación formal de Mayer, el diputado retoma sus funciones legislativas dentro de la bancada de Morena en la actual legislatura. Entre sus actividades recientes dentro del Congreso destaca la invitación realizada en octubre de 2025 a los integrantes de La Sonora Santanera para recibir un reconocimiento en el recinto legislativo por sus 70 años de trayectoria artística.

Solicitan juicio político contra legisladores de la 4T por aprobar la Reforma Judicial

En un movimiento inesperado, diversas organizaciones civiles presentaron una solicitud de juicio político en contra de diputados y senadores que aprobaron la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados. Esta acción fue motivada por lo que consideran una violación a las suspensiones de amparo otorgadas por jueces de Chiapas y Morelos, que buscaban frenar el avance de la reforma.

 

El abogado Alejandro Valenzuela, quien representa a las organizaciones, compareció ante la sala de prensa de la Cámara de Diputados en San Lázaro para hacer pública la solicitud. “Esta denuncia es por la violación de las suspensiones de amparo que ya habían sido otorgadas. Se presentaron todas las pruebas, incluyendo las suspensiones emitidas por los jueces”, explicó Valenzuela.

 

La reforma judicial ha sido objeto de controversia desde su aprobación en el Senado la madrugada del 11 de septiembre, luego de haber sido avalada previamente en la Cámara de Diputados. Según Valenzuela, los legisladores ignoraron las suspensiones de amparo emitidas, lo que generó un conflicto legal que podría derivar en el juicio político solicitado. “Esperamos que se proceda conforme a la ley. Los legisladores denunciados no pueden ser juez y parte en este proceso”, destacó.

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cualquier legislador involucrado en una denuncia no puede formar parte de la subcomisión que evaluará el caso. “Solo cinco diputados de Morena no participaron en la discusión y aprobación de la reforma, por lo que serían los únicos habilitados para formar parte de la subcomisión de examen previo”, aclaró el abogado.

 

La denuncia ahora será revisada por la Cámara Baja, donde se deberá formar una subcomisión de examen previo que analizará si procede o no el juicio político. Si el dictamen avanza, los legisladores denunciados no podrán participar en la votación que defina su destino. “Es fundamental que se respeten las excusas e impedimentos establecidos por la ley para evitar conflictos de interés”, recordó Valenzuela.

 

Mientras tanto, la reforma judicial continúa su camino, habiendo sido aprobada por 23 congresos locales, con la excepción de Durango. Este escenario pone en el centro del debate no solo la validez de la reforma, sino también la integridad del proceso legislativo. La decisión final sobre el juicio político está en manos del Congreso, pero el mensaje es claro: la batalla legal por la reforma judicial apenas comienza.

Morena Planea Ajustes a la Reforma Judicial para Calmar al Mercado

Morena está evaluando cambios en su propuesta de reforma judicial para abordar las inquietudes del mercado. Entre las modificaciones planteadas, se incluye un proceso escalonado para la elección de jueces, que se extendería a lo largo de varios años para reducir el riesgo de politización del Poder Judicial. Según fuentes involucradas en las discusiones, se propone que un comité técnico realice la selección de magistrados tras evaluar su idoneidad.

La propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contemplaba la elección de casi 1,600 jueces, incluidos los de la Corte Suprema, mediante voto popular, había generado preocupación entre los inversionistas. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha defendido la necesidad de esta reforma.

Adicionalmente, se prevé la protección de los fideicomisos de los trabajadores judiciales, a pesar de que el Senado había votado anteriormente para eliminar 13 de estos fideicomisos, lo que había provocado tensiones entre el gobierno y el poder judicial. La Suprema Corte, sin embargo, revocó esa decisión.

El peso mexicano cayó un 8% la semana siguiente a las elecciones del 2 de junio, que resultaron en una supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados. A pesar de la volatilidad del mercado, López Obrador ha negado que esté relacionada con la reforma judicial.

La reforma también propone reducir el número de jueces de la Suprema Corte de 11 a 9, argumentando que es necesario para transformar un sistema de justicia que, según él, no sirve al pueblo. Los críticos advierten que la elección de jueces por voto popular podría politizar el sistema en favor de Morena y sus aliados.

En respuesta a estas preocupaciones, las nuevas modificaciones también considerarán una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en 2026. La elección popular de jueces sin condiciones estrictas podría afectar el funcionamiento de los tribunales laborales en México, creados para resolver rápidamente los conflictos laborales bajo el TMEC. Los legisladores ajustarán la reforma para asegurar que no interfiera con el marco jurídico y comercial del tratado.

Ricardo Monreal, quien liderará a Morena en la Cámara Baja cuando inicie el nuevo Congreso en septiembre, indicó que los legisladores trabajarán en enriquecer la propuesta presidencial mientras mantienen los principios y compromisos fundamentales.

Gasto millonario oculto en la Cámara de Diputados

La Ley General de Transparencia establece que los acuerdos de todos los organismos legislativos, principalmente la Mesa Directiva, la Jucopo y el Comité de Administración, deben transparentarse en la página de manera periódica; sin embargo, ya son casi dos años, exactamente desde el 21 de marzo de 2022 que los mexicanos desconocen el destino de los recursos que recibe la Cámara Baja.

Son 21 meses, lo que la Cámara de Diputados lleva sin hacer públicos estos acuerdos del Comité de Administración, organismo legislativo encargado de aprobar el destino de los recursos humanos, materiales y financieros de que dispone el recinto legislativo de San Lázaro, pese a que en dicho periodo se han aprobado más de 100 acuerdos por recursos que superan los mil 800 millones de pesos.

Entre los oficios firmados destacan contratos para remodelar la Cámara de Diputados, construir nuevos edificios, dar becas a diputados, pago de tarjetas IAVE, gastos de avión y hospedaje para legisladores, entre otros.

Ya concluyó el primer periodo del tercer año legislativo y los acuerdos siguen sin subirse a la página oficial, según Jacqueline Peschard excomisionada de IFAI de 2009 a 2013, (ahora INAI).

Entre los contratos que siguen sin hacerse públicos destaca mil 616 millones 470 mil 94 pesos para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas en la Cámara de Diputados.

Se estima que más de 547 millones fueron utilizados para restauraciones del recinto legislativo de San Lázaro a través de la compra de bienes muebles e inmuebles, así como obras de rehabilitación, restauración de inmuebles e, incluso, la construcción de un nuevo edificio, entre otras cosas.

De ese total, 30 millones se utilizaron para remodelar la exgarita de San Lázaro, que fue reabierta en agosto de este año y será utilizada como alojamiento de los archivos históricos de la Cámara de Diputados, concentrados en 45 libros constitucionales que datan de 1821 a 1924. Otro proyecto, aún en marcha, es la construcción de un puente con conexión directa entre la exgarita y el recinto legislativo, que costará casi 40 millones de pesos.

Adicionalmente, se etiquetaron 240 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio, que será el “Edificio J”, el cual está en su etapa terminal y próximo a ser inaugurado. Albergará oficinas para el crecimiento de personal y un espacio para los talleres gráficos del recinto legislativo.

También se tiene registrao 16 millones de pesos para la impartición de diplomados, talleres, maestría y doctorados para diputados y servidores públicos que laboran en el recinto legislativo.

Se desconoce si para el 2023 se avaló algún recurso con respecto a apoyos de fin de año a los legisladores y empleados, ya que en años pasados se registraron vales de despensa, pavos y botellas de vino aprbados por el Comité de Administración

El incumplimiento de la Cámara de Diputados en materia de transparencia resulta preocupante, toda vez que representa a uno de los tres poderes más importantes de la República.

La noticia de que los diputados han ocultado gastos millonarios durante casi dos años, es de suma importancia para el sector turístico, ya que puede afectar la percepción de los viajeros sobre la estabilidad y la honestidad de un país. Los turistas buscan destinos en los que puedan confiar en las instituciones y en donde se promueva una cultura de transparencia y rendición de cuentas.