María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), rechazó las afirmaciones hechas por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, alegó que MCCI había recibido más de 96 millones de pesos de la Embajada de Estados Unidos en México entre agosto de 2018 y diciembre de 2024.

Casar, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, calificó las declaraciones de Gómez como falsas y excesivas. “Utilizar una hora completa en la mañanera para detallar los donantes, sueldos, gastos e ingresos de nuestra organización me parece un ataque sin precedentes”, afirmó.

La presidenta de MCCI destacó que la organización presenta anualmente un informe de transparencia cada 30 o 31 de mayo desde su fundación en 2016, cumpliendo con las obligaciones legales sin recibir observaciones.

Casar explicó que MCCI recibió financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante seis años, finalizando en diciembre de 2023. Aclaró que en los primeros dos años no recibió fondos debido a la necesidad de demostrar la efectividad de su trabajo en rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.

La presidenta también subrayó que MCCI es auditada por varias instituciones, incluyendo el SAT, y que Claudio X. González, quien dejó la organización en julio de 2020, no tiene influencia en su funcionamiento actual. “Estamos completamente auditados y todo está en orden”, concluyó Casar.

En la noche de ayer, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener al ex gobernador Javier Corral en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma. Corral, acusado de corrupción durante su mandato de 2016 a 2021, fue liberado poco después debido a la intervención de Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Inicialmente, se informó que Corral había sido detenido pero aún estaba en la Ciudad de México mientras las fiscalías de Chihuahua y la capital resolvían la situación. Ulises Lara llegó al lugar para mediar en la situación, aclarando que las autoridades capitalinas no habían dado su consentimiento para la detención.

En videos que circularon, se ve a Corral y a Muna Dora Buchahin, ex directora general de auditorías forenses de la ASF, enfrentando a los agentes que intentaban arrestarlo. Lara, dentro del restaurante, comunicó que la Fiscalía capitalina no colaboraría en la detención. Finalmente, Corral salió del lugar con la ayuda de Lara y se retiró en una camioneta roja.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que decidió no colaborar en la captura de Corral, argumentando que el personal de otras entidades no puede ejecutar órdenes de aprehensión sin la autorización de la fiscalía local. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, independiente de la Fiscalía General del Estado, no pudo llevar a cabo la detención por la falta de colaboración.

Javier Corral enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, relacionados con una propiedad no declarada y un adeudo fiscal. Además, se encuentra en el centro de una investigación vinculada a otras denuncias de corrupción durante su administración.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se ha abstenido de proporcionar más detalles, respetando la presunción de inocencia. Corral, quien es senador electo por Morena, también enfrenta acusaciones contra exfuncionarios de su administración, incluyendo al exsecretario de Hacienda y al exsecretario de Salud.

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se encuentra en el epicentro de una intensa polémica que ha acaparado la atención mediática y pública. Su nombre está vinculado a eventos recientes cruciales en el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y el narcotráfico. Ahora, el gobierno mexicano ha formalizado una solicitud para extraditar a García Luna a Estados Unidos, siguiendo una petición de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta solicitud tiene como objetivo que el exfuncionario enfrente cargos relacionados con el controvertido operativo ‘Rápido y Furioso’.

Dicho operativo, puesto en marcha durante la presidencia de Felipe Calderón, tenía la intención de rastrear el tráfico ilegal de armas hacia México. Sin embargo, el plan resultó en un fracaso monumental, dejando miles de armas en manos equivocadas y deteriorando las relaciones entre México y Estados Unidos. La controversia no solo afectó la imagen de las autoridades mexicanas, sino que también sembró desconfianza entre ambas naciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha impulsado varias solicitudes de extradición que abarcan no solo el caso ‘Rápido y Furioso’, sino también irregularidades en contratos para la construcción de prisiones federales durante la misma administración. Este movimiento subraya el esfuerzo del gobierno mexicano por restablecer la credibilidad y buscar justicia.

Desde su arresto en Estados Unidos en 2019, García Luna ha estado en el centro de graves acusaciones, incluyendo corrupción y vínculos con el narcotráfico. La extradición sería fundamental para que la justicia mexicana lo procese por los delitos que se le atribuyen. La FGR está decidida a esclarecer los hechos y hacer que los responsables rindan cuentas.

Este pedido de extradición también destaca la necesidad de estrechar la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, dada la magnitud de los desafíos enfrentados en la lucha contra el crimen organizado. La respuesta de Estados Unidos a esta solicitud podría marcar un hito en las futuras colaboraciones en justicia internacional.

En suma, la petición de extradición de García Luna es un punto clave en la reciente historia de México. No solo se trata de un exfuncionario envuelto en un operativo fallido, sino de un símbolo de la batalla contra la corrupción y el narcotráfico. La actuación de la SRE y la FGR en este caso muestra un compromiso con la justicia y la transparencia, y los próximos pasos en este proceso serán seguidos de cerca, con implicaciones significativas para la seguridad y las relaciones bilaterales.

Un editorial del periódico The Wall Street Journal sugiere que una elevada participación electoral beneficiaría a la candidata opositora Xóchitl Gálvez en las próximas elecciones presidenciales en México. El diario menciona que podría haber un “voto oculto” significativo que podría alterar los resultados previstos, en contra de los intentos del régimen de presentar la victoria de la oficialista Claudia Sheinbaum como un hecho consumado.

El artículo, titulado “Lo que está en juego en las elecciones de México” y firmado por el Consejo Editorial del WSJ, cuestiona si el partido gobernante Morena logrará una mayoría legislativa suficiente para reescribir la Constitución. El editorial destaca la importancia de estas elecciones, señalando que Morena, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca consolidar un Estado unipartidista.

El presidente López Obrador, conocido como AMLO, no estará en la boleta electoral, pero su sucesora designada, Claudia Sheinbaum, lidera las encuestas y promete continuar con su agenda nacionalista de izquierda. El WSJ advierte que esta continuidad podría debilitar los controles constitucionales y los equilibrios de poder.

En contraste, la opositora Xóchitl Gálvez, respaldada por una coalición de partidos, propone fortalecer los derechos de propiedad, fomentar la competencia y abrir mercados, además de buscar una cooperación más estrecha con Estados Unidos en temas económicos y de seguridad. El WSJ destaca que Gálvez se presenta como una aliada de Occidente, rompiendo con la política exterior de AMLO, que ha utilizado la migración como herramienta de negociación con la administración Biden y mantiene relaciones cercanas con Venezuela y Cuba.

El editorial también critica la gestión de AMLO respecto a la violencia de los cárteles y la corrupción, afirmando que su gobierno ha utilizado investigaciones financieras contra adversarios políticos, socavando el Estado de derecho y poniendo en riesgo el progreso económico del país.

Finalmente, el WSJ advierte que López Obrador espera que una victoria contundente de Sheinbaum permita a Morena obtener mayorías de dos tercios en ambas cámaras legislativas, lo que facilitaría la modificación de la Constitución para revertir reformas anteriores y debilitar la independencia judicial y regulatoria. Sin embargo, el periódico señala que una alta participación electoral aún podría producir una sorpresa a favor de Gálvez, quien va rezagada en las encuestas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dictaminado la eliminación de fragmentos del segundo debate presidencial en los que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, acusa de corrupción a Xóchitl Gálvez. Los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell López y Arturo Castillo decidieron el 13 de mayo que tales declaraciones exceden los límites razonables del debate y presentan a Gálvez como involucrada en actividades ilegales.

La coalición Fuerza y Corazón por México, compuesta por PAN, PRD y PRI, respaldó la denuncia de Gálvez, alegando que la acusación de corrupción daña su reputación y afecta su candidatura presidencial. La comisión del INE aprobó por unanimidad retirar del sitio web del Instituto los segmentos del debate donde Sheinbaum usa términos como “corrupta” y “extorsión”, al considerar que podrían implicar falsamente delitos y afectar el proceso electoral.

Asimismo, el INE también ordenó eliminar el término “narcocandidata” empleado por Gálvez contra Sheinbaum. Sin embargo, rechazaron otras medidas cautelares solicitadas por Gálvez al no encontrar pruebas claras de que constituyeran calumnia, considerándolas opiniones críticas protegidas por la libertad de expresión.

Durante la sesión, Zavala y López expresaron su apoyo a su colega Arturo Castillo, quien fue criticado por la senadora Lily Téllez. López explicó que los consejeros no elaboran los proyectos, sino que estos son preparados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTEC), y que su papel es revisar y armonizar los criterios antes de votar.

Acapulco, Gro. En entrevista, el Candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal, Yoshio Ávila, se le preguntó sobre su propuesta de agua para los acapulqueños, a lo que contestó que: “OTIS nos dejó la gran lección de que como ciudadanos debemos exigir que las autoridades inviertan en infraestructura de agua, pero esto lo aprendimos, a base de una tragedia, de un Acapulco sin agua más de 3 meses y de que los políticos se llenen los bolsillos con la renta de pipas, lucrando con la necesidad de los más pobres. Si hay dinero, pero mucha corrupción, combinado de una falsa molestia”; enfatizó Yoshio Ávila.

El CAPAMA está secuestrado por políticos que no tienen preparación y que solo les ha servido como caja chica, pero que además han dejado al talento acapulqueño completamente fuera de operación, afirmó Yoshio Ávila en reciente entrevista.

Entre las propuestas que se impulsará en su gobierno municipal, será el de fortalecer la autonomía del organismo, aprovechar el capital humano acapulqueño que existe, pero sobre todo, modificar el consejo directivo para que el 50% de los miembros sean ciudadanos, de esta forma se asegura que la inversión necesaria para el centro de distribución y además la red que se ocupe para la zona Poniente extrayendo agua del Río Papagayo y tantas más que se necesitan hacer, pero que no se hicieron, porque la realidad en Acapulco, es que no hay una política real para gestionar el agua, de hecho no hay una sola política pública de nada, finalizó contundente el candidato del MC.

Durante la Jornada de Debate Estudiantil organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) criticaron la falta de propuestas dirigidas a la juventud por parte de los candidatos presidenciales y expresaron sus preocupaciones sobre temas críticos como la corrupción y el narcotráfico.

Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fueron claros en su reclamo por la escasa participación de los jóvenes en la toma de decisiones públicas, señalando que el artículo cuarto de la Constitución garantiza la inclusión de la juventud en estos procesos. Janet Georgina Monroy, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, subrayó la importancia de la institucionalización de la participación juvenil para abordar la corrupción y transformar la política nacional.

Los estudiantes también hicieron un llamado a los candidatos presidenciales para que presenten planes de acción concretos contra la corrupción. Bruno Godínez, estudiante de la Facultad de Derecho, explicó que esta problemática debe ser abordada desde una perspectiva institucional, evitando considerarla únicamente como un problema cultural.

El impacto económico del narcotráfico y la regulación del consumo de drogas fueron otros temas centrales en el debate. Leonardo Guerrero, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó que el narcotráfico tiene consecuencias económicas significativas para el país, instando a las autoridades a considerar la regulación como una posible solución.

Por su parte, Edgar Nube, también de Ciencias Políticas y Sociales, expresó su preocupación sobre las intenciones intervencionistas de Estados Unidos y pidió a los candidatos a la presidencia que tomen una postura firme para mantener la soberanía nacional frente a cualquier influencia externa.

El evento, impulsado por el académico John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, contó con la participación activa de estudiantes de diversas facultades. Ackerman destacó la importancia de estos encuentros para promover el diálogo entre generaciones y recuperar el espíritu democrático del INE, permitiendo a los jóvenes expresar sus opiniones sin censura.

En un evento proselitista en Tabasco, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, hizo hincapié en su compromiso de investigar presuntas irregularidades y llevar a término la construcción de la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, un proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gálvez denunció enérgicamente que la refinería no ha sido concluida debido a lo que describió como un “robadero” que elevó su costo de manera exorbitante. Afirmó que, inicialmente presupuestada en 160,000 millones de pesos, la obra ha consumido más de 400,000 millones de pesos. En sus declaraciones, Gálvez no escatimó críticas al señalar que las autoridades encargadas son “muy güeyes” e “ineptas”.

La candidata del PAN, PRI y PRD resaltó la necesidad de llevar a cabo el desarrollo y puesta en marcha de la refinería, ya que, según sus afirmaciones, aún no está operativa en su totalidad. Recordó que, a pesar de los anuncios gubernamentales de inauguración en junio de 2022 y pleno funcionamiento en junio de 2023, la refinería no ha alcanzado el potencial prometido, generando dudas sobre su eficiencia y transparencia en la gestión de recursos.

Ante la posibilidad de actos de corrupción en los contratos de construcción, Gálvez se comprometió a iniciar investigaciones exhaustivas. Sus declaraciones sugieren que existen indicios de sobrecostos que podrían haber beneficiado a contratistas cercanos a los hijos del presidente, según informes periodísticos previos.

“Vamos a auditar lo que pasó en nuestra refinería. Por supuesto que no se va a quedar sin castigo quien se haya robado el dinero de la refinería de Dos Bocas, tengan la certeza”, afirmó Xóchitl Gálvez, destacando su determinación en la lucha contra la corrupción y el esclarecimiento de posibles malversaciones de fondos públicos.

En el contexto de la contienda presidencial, Gálvez, actualmente en segundo lugar en las encuestas, se enfrenta a Claudia Sheinbaum, líder en los sondeos y candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, así como a Jorge Álvarez Máynez del Movimiento Ciudadano (MC). La política busca consolidar su posición como alternativa viable, enfocándose en propuestas concretas y la exigencia de transparencia en proyectos clave para el desarrollo del país.

La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer su detallado plan de gobierno para abordar el desafío de la violencia en México. Bajo el título “República Segura y con Justicia”, Sheinbaum propone una estrategia integral que aborda las causas subyacentes de la violencia, fortalece la Guardia Nacional, coordina estrechamente con la Fiscalía General de la República y promueve reformas en el Poder Judicial, todo ello respaldado por una política de transparencia y honestidad en materia de seguridad.

En un evento que contó con la presencia destacada del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy y el exsecretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, Sheinbaum destacó los logros alcanzados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la reducción de la violencia. Destacó que, gracias a las medidas implementadas, se ha evitado un aumento del 30% en los homicidios.

Sheinbaum hizo hincapié en su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltando la reducción significativa de los homicidios dolosos durante su mandato. Insistió en que su administración se centrará en abordar las causas profundas de la violencia y continuará la labor del gobierno actual en ese sentido.

En cuanto a la corrupción, Sheinbaum subrayó su compromiso con la honestidad, afirmando que “sin corrupción, no puede haber seguridad”. Criticó el gobierno anterior de Felipe Calderón, especialmente por su vinculación con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente encarcelado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.