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Emilio Lozoya, quien dirigió Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016 y es señalado como figura central en las investigaciones por los casos de corrupción vinculados a Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), fue nuevamente relacionado con una indagatoria judicial tras la detención de su excontador, Jorge “N”, acusado de presunta defraudación fiscal por 28 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República informó que el arresto se realizó en Querétaro en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente contra el excolaborador del exfuncionario federal.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos, lo que provocó un daño económico al fisco federal durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Además de desempeñarse como contador de Lozoya, Jorge “N” fue identificado como apoderado legal de la empresa Yacani, administrada por Marielle Helene Eckes, exesposa del exdirector de Pemex. Según la Fiscalía, esta compañía fue utilizada presuntamente como un canal para la triangulación de recursos ilícitos relacionados con sobornos que formaron parte de las investigaciones sobre corrupción en contratos públicos.

Las autoridades federales señalaron que la firma aparece en las indagatorias como parte de la estructura financiera empleada para movilizar recursos vinculados a estos casos, considerados entre los más relevantes en materia de corrupción durante ese periodo.

La investigación también contempla el análisis de las actividades empresariales del detenido, quien figura como accionista en 19 empresas y en al menos una de ellas ejercía funciones como órgano de vigilancia y representante legal.

Tras su captura, el imputado fue trasladado al Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería para continuar con el proceso penal correspondiente.

La Fiscalía indicó que el caso forma parte de las investigaciones relacionadas con posibles delitos fiscales y financieros vinculados al entorno empresarial y administrativo del exdirector de Pemex, así como con empresas señaladas en las indagatorias por el presunto uso de estructuras corporativas para el manejo de recursos ilícitos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, tendrán este lunes su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, luego de ser capturados y trasladados a Nueva York en una operación encabezada por autoridades estadounidenses. Ambos serán presentados ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde enfrentarán formalmente los cargos en su contra por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.

De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales, Maduro y Flores comparecerán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 del mediodía, hora local. Desde la noche del sábado, ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad donde suelen ser ingresados acusados de delitos federales graves mientras se desarrollan los procedimientos iniciales de sus casos.

La detención de Maduro y su esposa ocurrió durante la madrugada del sábado en Caracas, como parte de una operación relámpago de Washington denominada “Resolución Absoluta”. Tras su captura, fueron trasladados de inmediato a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones que desde hace varios años pesan en su contra ante la justicia federal estadounidense.

Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales formulados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Entre ellos se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento en apoyo de actividades criminales. Además, las acusaciones incluyen su presunta colaboración con organizaciones criminales catalogadas como terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

Según los señalamientos presentados originalmente en 2020 y ratificados tras su captura, las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro habría encabezado durante años una red criminal que utilizó el tráfico de drogas como un instrumento dirigido contra Estados Unidos. Los documentos judiciales describen una estructura que habría operado con alcance internacional y con apoyo logístico y armado.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos relacionados con presuntas actividades de apoyo logístico y financiero a la misma red criminal. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, las acusaciones contra la diputada venezolana están vinculadas a su presunta participación en operaciones destinadas a facilitar el funcionamiento de dicha estructura.

En esta primera audiencia, como ocurre en casos federales de alto perfil, el procedimiento contempla la lectura formal de los cargos, la confirmación de la identidad de los acusados y la revisión de aspectos preliminares del proceso judicial. Entre estos puntos se incluyen la situación legal de los detenidos, la posibilidad de que permanezcan bajo detención preventiva y la designación o ratificación de su representación legal.

La comparecencia de este lunes marca el inicio formal del proceso judicial contra Maduro y Flores en Estados Unidos, bajo la jurisdicción de una de las cortes federales más relevantes del país para casos de crimen organizado y narcotráfico internacional.

El cerco judicial y financiero contra la familia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, avanzó esta semana con nuevas resoluciones en los tribunales federales. El juzgado primero de distrito en Tabasco negó la suspensión definitiva solicitada por su hijo, David Hernán Bermúdez Encalada, quien busca recuperar el acceso a sus cuentas bancarias luego de casi cinco meses de restricciones impuestas por autoridades federales.

El proceso inició el 24 de septiembre de este año, cuando David Hernán presentó un juicio de amparo para retomar el control de sus bienes, bloqueados desde el 24 de julio de 2025. El expediente 1508/2025 detalla que, durante una audiencia realizada el jueves, el juzgado resolvió mantener la medida. 

En el acuerdo se estableció: “Decisión Único. Se niega la suspensión definitiva”, confirmando la continuidad del congelamiento de sus activos mientras sigue en curso la investigación financiera en torno a su padre, señalado como líder de la organización conocida como “La Barradora”.

La situación se extendió también a Fabiola Bermúdez Encalada, hija del exfuncionario, quien presentó un recurso ante el mismo juzgado en búsqueda de la reactivación de sus cuentas bancarias. Según el expediente 1809/2025, el amparo fue presentado el 12 de noviembre y admitido el 13 del mismo mes. La audiencia quedó programada para el 12 de diciembre. Documentos judiciales indican que el recurso de Fabiola se encuentra directamente vinculado con el caso de su hermano, lo que refleja que ambos procesos forman parte de una misma línea de revisión.

Las restricciones financieras se originaron a partir de una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas, socios y familiares relacionados. 

De acuerdo con la dependencia, las medidas se aplicaron “con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones en recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros”. Esta intervención forma parte de una investigación en curso que abarca tanto activos personales como estructuras empresariales vinculadas al exsecretario.

Mientras avanza la revisión de los recursos legales, los expedientes permanecen en análisis dentro del Poder Judicial, y las restricciones financieras continúan en vigor. Las decisiones del juzgado delinean, por ahora, un escenario en el que los bloqueos se mantienen firmes y en el que los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo de ambos amparos y el alcance de la investigación federal.

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, aseguró que el llamado “huachicol fiscal” —una práctica de contrabando y evasión relacionada con combustibles y mercancías— ya está detenido definitivamente en el país, tras la detección de redes de corrupción en las aduanas nacionales.

“Ya ahorita está detenido definitivamente el ‘huachicol fiscal’, era por las aduanas del norte y de los puertos”,declaró el funcionario al llegar al Senado de la República, donde acudió para presentar ante legisladores la minuta de reforma a la Ley Aduanera.

Marín Mollinedo explicó que el desmantelamiento de esta red fue posible gracias al trabajo conjunto con autoridades federales, especialmente con la Secretaría de Marina, institución que colabora en la vigilancia y control de las aduanas marítimas y fronterizas. Añadió que la coordinación interinstitucional ha permitido cerrar los principales canales de evasión y contrabando fiscal.

El titular de la ANAM precisó que, aunque no puede garantizar que no existan nuevos intentos de contrabando, los mecanismos de detección y reacción están activos. “No te lo puedo asegurar, pero sí lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llegara a descubrirse uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la Fiscalía General de la República, y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia de control y transparencia en las aduanas ha tenido resultados directos en la recaudación fiscal, al registrar un incremento superior a 200 mil millones de pesos respecto al año anterior. Este aumento, destacó, es resultado del combate a la corrupción interna y del fortalecimiento en los procesos de revisión y fiscalización.

“Sí hay algunos elementos que no dan resultados, vemos que no sube la recaudación y tomamos acciones. Hay algunos que ya están hasta procesados, de los que salieron de la Marina, que cometieron esos abusos, entonces estamos vigilando permanentemente”, explicó Marín Mollinedo.

El titular de la ANAM subrayó que las acciones de supervisión continúan en todas las aduanas del país, con el propósito de mantener la integridad institucional y garantizar la transparencia en las operaciones comerciales y fiscales.

“Se han detectado algunos elementos desleales y se han estado moviendo, y eso no está ayudando a poner orden”, reconoció, al destacar que la vigilancia constante y las sanciones a quienes incurren en prácticas irregulares son parte de la estrategia para mantener controladas las aduanas mexicanas.

Con estas medidas, la Agencia Nacional de Aduanas de México busca consolidar un sistema más eficiente, limpio y confiable, reforzando el papel del Estado en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el combate al contrabando fiscal que por años afectó la economía nacional.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por acusaciones de corrupción, protestas opositoras y un intenso debate político. Con 338 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones, el pleno dio luz verde al dictamen que busca modernizar el sistema aduanero del país y reforzar la vigilancia sobre las operaciones fiscales y comerciales.

De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa contempla modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve de la actual legislación. El objetivo central, explicó la bancada oficialista, es combatir la corrupción, cerrar espacios a la evasión fiscal y lograr una operación más eficiente y transparente en las aduanas mexicanas, consideradas puntos críticos en el flujo de mercancías nacionales e internacionales.

Durante la discusión, la oposición acusó al bloque oficialista de intentar encubrir irregularidades dentro del sector. La diputada Verónica Martínez García, del PRI, afirmó que Morena pretende “lavarse las manos” en el tema del llamado “huachicol fiscal” y advirtió que la reforma podría afectar a la industria farmacéutica, uno de los sectores más regulados del país.

En la misma línea, el legislador José Elías Lixa, del PAN, aseguró que el dictamen favorece a empresas vinculadas con Pemex y que el fenómeno del huachicol fiscal surgió durante el actual gobierno de Morena.

Los reclamos alcanzaron un punto álgido cuando el diputado panista Federico Döring subió al pleno con un bidón de gasolina para ejemplificar lo que llamó “el saqueo fiscal desde la Marina”. Sus compañeros de bancada desplegaron carteles denunciando que el huachicol fiscal tiene un costo anual de 600 mil millones de pesos, en medio de abucheos y consignas.

Por su parte, los legisladores de Morena defendieron la iniciativa presidencial y destacaron su intención de limpiar las aduanas de prácticas desleales y corruptas. El diputado José Narro Céspedes sostuvo que la reforma “busca modernizar y eliminar las malas prácticas en las agencias aduanales”, además de fortalecer la rendición de cuentas de los agentes que operan en los puntos fronterizos y portuarios.

El dictamen también incluye nuevos requisitos para ingresar como agente aduanal, entre ellos no ser servidor público y presentar un informe patrimonial, con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés. Asimismo, establece que los agentes aduanales deberán verificar que los importadores y exportadores cumplan con las regulaciones y normativas vigentes.

Otro punto relevante es la vigencia prorrogable de las patentes y autorizaciones de las agencias aduanales, lo que busca dar mayor certidumbre al sector sin perder control gubernamental.

La aprobación en lo general marca un paso clave para la agenda económica del Ejecutivo, mientras que la discusión en lo particular continuará en los próximos días para revisar reservas y ajustes propuestos por las distintas bancadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo su primer informe de gobierno durante un acto multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento congregó a simpatizantes de Morena, gobernadores, integrantes de su gabinete y políticos afines al movimiento que encabeza. La mandataria realizó esta presentación después de recorrer diversos estados para exponer su informe a un año de su llegada a Palacio Nacional.

Desde el templete instalado en la plancha del Zócalo, Sheinbaum dirigió un mensaje en el que marcó distancia con administraciones pasadas. “Eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo enfrenta la justicia”, afirmó. Con esta declaración, reiteró su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción en el ejercicio público.

En su intervención, la presidenta arremetió contra los conservadores y recordó que fue en el pasado cuando los presidentes vivían “rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente y fortunas construidas al amparo del poder público”. La mandataria situó el periodo de 1982 a 2018 como la “oscura noche del neoliberalismo”, en la que, según dijo, los gobernantes carecían de convicciones “más allá del dinero”.

El mensaje presidencial se dio en medio de señalamientos públicos que han marcado la agenda política en semanas recientes. Entre ellos, el enriquecimiento de Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena; los viajes al extranjero realizados por integrantes de su movimiento, como el de Andy López Beltrán a Japón; y la revelación de una red de “huachicol” fiscal que involucra a la Marina.

En su discurso, Sheinbaum subrayó que “el poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional”. Estas palabras se sumaron a su llamado a consolidar un gobierno cercano a la gente, enfocado en la justicia social y la administración honesta de los recursos.

El acto en el Zócalo se convirtió en un escaparate para reafirmar las prioridades del actual gobierno federal. Entre banderas, consignas y pancartas, simpatizantes y funcionarios escucharon un mensaje que vinculó la gestión presidencial con un proyecto de transformación que, según la mandataria, busca desterrar privilegios y fortalecer la rendición de cuentas. Con este evento, Sheinbaum cumplió su primer año al frente del Ejecutivo federal con una narrativa centrada en la austeridad, la justicia y el combate a la corrupción.

En el marco del 204 aniversario de la Armada de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje contundente contra la corrupción ante cientos de elementos de la Marina y miembros de la clase política morenista. En su discurso, calificó la corrupción como “deslealtad” y sostuvo que no debe tener cabida en las instituciones del país. “Por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida”, afirmó.

El pronunciamiento de la mandataria ocurre semanas después de que se diera a conocer el que se considera el mayor acto de corrupción en la historia moderna de México, conocido como el “Huachicol Fiscal”. Este caso involucra a varios marinos y señala a políticos del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con las investigaciones en curso.

Sheinbaum enfatizó que la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad. “La vida de quienes servimos al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos”, aseguró en su mensaje. Enfatizó que el dinero producto de la corrupción es fútil y que no hay riqueza que valga más que el honor. “No hay poder más grande que el de la lealtad, no hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”, señaló.

En su discurso, la presidenta también pidió “honrar la honestidad como principio de vida”, calificándolo como un acto de verdadera valentía. Para Sheinbaum, ser valiente no se limita a enfrentar un combate o resistir una tormenta, sino que se ejerce “día con día”: levantarse con la disciplina de servir, mantener la rectitud cuando nadie mira, rechazar la corrupción y ser ejemplo para la familia, los compañeros y la nación entera.

La mandataria aprovechó el evento para expresar un respaldo público al secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, y al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacando su entrega, valentía, honestidad y patriotismo.

Como parte del acto conmemorativo, la presidenta inauguró oficialmente la Plaza del Heroísmo Veracruzano, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. Posteriormente, presenció el desfile conmemorativo por los 204 años del nacimiento de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824. El evento reunió a autoridades civiles y militares, marcando una fecha significativa para las Fuerzas Armadas y para la memoria histórica del país.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la actuación de la dependencia a su cargo y aseguró que ningún integrante del gobierno de Morena tiene “pactos mafiosos”.

“Un gobierno donde haya honestidad y que condena la corrupción, la colusión y el dispendio. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, pactos con criminales, estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos ‘cero corrupción y cero impunidad’, y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, afirmó desde tribuna.

Rodríguez sostuvo que en México existe gobernabilidad y que la administración actual privilegia la civilidad, el diálogo y la concertación. Destacó que la protesta social se atiende mediante mecanismos de diálogo y que están garantizadas las libertades de expresión, movilización y religiosa. “A nadie se le limita ni se le reprime por sus ideas, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo”, dijo.

En su intervención subrayó que “los periodistas en particular, pero la población en general, pueden hablar, escribir con libertad, como lo hacen, porque no hay censura, pero sí derecho de réplica”.

La titular de Segob también explicó que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regularizar el sector y ofrecer certeza jurídica a los empresarios que operan en él. “Cuando llegué a Gobernación me reuní con los empresarios de este ramo, a quienes les solicité (…) no corromper a nuestros servidores públicos. Les aclaré que la secretaria de Gobernación no tiene representantes ni intermediarios, y pedí que denuncien si alguien intenta extorsionarlos”, indicó.

Añadió que la dependencia se encuentra en la mejor disposición de revisar y regularizar la situación de las empresas, siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos. Señaló que se trabaja en una legislación para dar certeza a las inversiones y sancionar posibles ilícitos relacionados con lavado de dinero.

Rosa Icela Rodríguez informó además que, del 20 de enero a la fecha, a 103 mil 800 mexicanos repatriados desde Estados Unidos se les han brindado más de 591 mil servicios, entre alojamiento, alimentación, atención médica y tarjetas paisano con 2 mil pesos en nueve centros de atención en la frontera.

En contraste, el senador priista Pablo Angulo afirmó que la Secretaría de Gobernación no ha cumplido con su tarea de proteger la democracia y las libertades. Señaló que el gobierno federal promueve la confrontación mediante discursos de “leales contra traidores, ricos contra pobres, y humanistas contra neoliberales”.

Añadió que la Segob tampoco ha defendido el Estado de derecho y cuestionó si las reformas impulsadas por el gobierno y sus legisladores buscan poner fin a la era de las instituciones democráticas para dar paso al autoritarismo.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de intervenir en las elecciones del año pasado en ese estado y afirmó que “no hay ninguna diferencia” con los gobiernos del PRI. “Hay un gravísimo retroceso democrático que alarma”, sostuvo.