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La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

Miles de mujeres tomaron las calles de distintas ciudades del país durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en movilizaciones marcadas por consignas contra la violencia de género, exigencias de justicia por feminicidios y demandas de mayor seguridad. Las marchas se realizaron en la Ciudad de México y en varios estados del país, donde contingentes feministas, familias y organizaciones civiles participaron en protestas que se extendieron durante gran parte del día.

Desde temprano, colectivos convocados a través de redes sociales comenzaron a reunirse en distintos puntos de la capital. Vestidas de violeta, color representativo del movimiento feminista, las asistentes portaban pancartas con mensajes como “Nos queremos vivas”, “No estamos todas” y “Muerte al macho”, mientras avanzaban con consignas que denunciaban la violencia contra las mujeres.

La movilización principal recorrió Paseo de la Reforma, donde los contingentes corearon frases como “El violador eres tú” y “La policía no me cuida, me cuida mi familia”. Durante el recorrido, las manifestantes exigieron justicia por los feminicidios y medidas de seguridad para las mujeres. Monumentos y edificios cercanos al trayecto permanecieron protegidos por vallas metálicas, entre ellos el Ángel de la Independencia y Palacio Nacional, mientras elementos policiacos acompañaban el avance de los contingentes.

Con el paso de las horas, las participantes comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, punto final de la marcha en la capital. En ese lugar, un grupo de mujeres intentó derribar las vallas instaladas frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México utilizando martillos, piedras y rejas.

Durante esos momentos, algunas manifestantes corearon consignas como “¡Fuimos todas!” y “¡Claudia Sheinbaum no me representa!”, mientras elementos de seguridad desplegados detrás de las estructuras metálicas rociaron gas para intentar dispersar a quienes golpeaban las barreras.

Entre las asistentes también se observó a la madre de Kimberly Hilary Moya González, adolescente desaparecida desde el 2 de octubre de 2025 en Naucalpan, caso por el que existen dos detenidos aunque las autoridades no han esclarecido lo ocurrido.

Las movilizaciones se replicaron en distintos estados del país. En Guanajuato, alrededor de 15 mil mujeres se concentraron en la Alhóndiga de Granaditas, donde se registraron pintas y el lanzamiento de bombas molotov. También hubo protestas en municipios como Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende.

En Cuernavaca, estado de Morelos, colectivos marcharon para exigir justicia por los feminicidios de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Karen Toledo y Kimberly Joselin.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia y, en promedio, diez mujeres son asesinadas cada día, cifras que cada año impulsan las movilizaciones del 8M en el país.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que un grupo empresarial relacionado con Grupo Salinas asumió el compromiso de cubrir un adeudo fiscal por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, como parte de un proceso de regularización con la autoridad hacendaria. De esa cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron pagados e ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto mediante 18 pagos posteriores.

De acuerdo con el comunicado oficial del SAT, el ingreso inicial se realizó el mismo día en que se dio a conocer el acuerdo. “Un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, detalló la dependencia.

Casi de manera simultánea al anuncio de la autoridad fiscal, Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, difundió un posicionamiento en el que aseguró haber cubierto los montos fiscales solicitados por el SAT. En un mensaje publicado a través de la red social X, el conglomerado afirmó: “Con este pago que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024 habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.

En el mismo documento, la empresa señaló que, en los últimos 20 años, ha realizado pagos por más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Además, destacó que tanto sus empresas como su presidente fundador buscan enfocar sus esfuerzos en las actividades productivas del grupo, al señalar que es esencial “continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas”.

Este proceso ocurre después de que, una semana antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara públicamente que el empresario debía un monto aproximado de 51 mil millones de pesos, tras resoluciones judiciales adversas. Dicho adeudo se configuró luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara diversos amparos promovidos por empresas del grupo.

El pasado 13 de noviembre, la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se desechó el amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por Grupo Elektra. Este recurso era el de mayor cuantía interpuesto por la empresa contra el fisco y establecía la obligación de pagar 33 mil 306 millones de pesos. Con los pagos anunciados y el esquema acordado con el SAT, el caso fiscal se encuentra en proceso de cumplimiento conforme a lo informado por ambas partes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.

El Río Pánuco registró un desbordamiento de 33 centímetros de su nivel habitual, informó este viernes la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria estatal aseguró que la situación se mantiene bajo control y descartó, por el momento, la presencia de una cresta alta, aunque precisó que el monitoreo continúa de manera permanente por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“La situación son 33 centímetros de agua que ha salido del nivel del río, Conagua está monitoreando, no se ve que venga una ‘cresta’ alta, sin embargo, estamos monitoreando”, detalló Nahle al dar a conocer el reporte actualizado sobre el comportamiento del afluente.

Desde el miércoles 15 de octubre, la Conagua, en coordinación con Protección Civil de Tamaulipas, advirtió que la cresta o nivel máximo del Río Pánuco podría alcanzar su punto más alto entre el sábado y el domingo, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Las autoridades mantienen una estrecha vigilancia en la cuenca del río ante la posibilidad de nuevas lluvias que podrían elevar su caudal.

Como medida preventiva, el gobierno de Veracruz habilitó seis albergues temporales para las familias que habitan en las zonas cercanas al cauce. Hasta este viernes, 486 personas han sido trasladadas y se encuentran bajo resguardo, recibiendo atención médica, alimentación y apoyo logístico.

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la respuesta inmediata de las autoridades locales y federales ante la contingencia. “Se informó a tiempo a los presidentes municipales a través del Sistema Nacional de Protección Civil de este incremento en el nivel del Río Pánuco. Se atendió desde el principio, se avisó con presidente municipal, la propia gobernadora estuvo atenta y el secretario de Marina estuvo desde ayer en la noche”, señaló.

Protección Civil de Tamaulipas estimó que, de continuar las lluvias en la región, el desbordamiento del río podría afectar hasta a 30 mil personas. Los equipos de emergencia mantienen recorridos permanentes en las zonas de mayor riesgo para coordinar acciones de evacuación preventiva y asistencia a comunidades vulnerables.

En los últimos días, las lluvias intensas han provocado graves afectaciones en varias regiones del país. Entre el jueves 9 y el viernes 10 de octubre, las precipitaciones causaron inundaciones y deslaves en cinco estados de la República, siendo Veracruz uno de los más impactados, con 111 municipios bajo el agua y severos daños en infraestructura y caminos.

Hasta el corte de este viernes, el saldo nacional por las lluvias e inundaciones asciende a 72 personas fallecidas y 48 desaparecidas. En Veracruz, se reportan 32 víctimas mortales y 14 personas que aún no han sido localizadas. Las labores de búsqueda continúan en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil, mientras Conagua mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento del Río Pánuco y los principales afluentes del estado.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles la conformación de un comité de solidaridad que tendrá como función central recibir y administrar las donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Brugada explicó que la decisión responde a las peticiones de distintos sectores de la población que han solicitado un mecanismo transparente para canalizar apoyos. Este comité estará integrado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cruz Roja, así como miembros de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

“El objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias”, precisó la mandataria capitalina. Indicó además que en los próximos días se definirá una cuenta bancaria para la recepción de recursos, con el propósito de que éstos se distribuyan de manera ordenada y directa entre los afectados.

A una semana del accidente, Brugada informó que ya se han entregado apoyos emergentes a las víctimas hospitalizadas, a quienes han sido dadas de alta y a las familias de las personas fallecidas. Aunque no detalló montos, aseguró que también se han brindado alimentos, atención de salud mental y asesoría jurídica.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer los avances de la investigación sobre el siniestro ocurrido en la autopista México-Texcoco, a la altura del cruce con la México-Puebla. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que la pipa transportaba gas LP desde Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el peritaje, el vehículo circulaba a exceso de velocidad al tomar la salida hacia la autopista México-Puebla, donde existe una curva con pendiente positiva. En ese tramo perdió el control e impactó primero contra el muro de contención exterior. Posteriormente cambió de dirección y golpeó un segundo muro interior.

El fuerte impacto provocó que el contenedor se volcara y recibiera un golpe adicional en la parte frontal izquierda, lo que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros. Por esa abertura se fugó el gas que transportaba la unidad.

La fiscal detalló que la fractura pudo haberse originado por el choque con un objeto rígido, ya sea una pieza del propio camión o fragmentos de los muros. El gas se expandió a lo largo de un área de 180 metros, donde finalmente una chispa generó el incendio que derivó en la explosión.

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este jueves que la cifra de fallecidos ascendió a ocho personas, mientras que 67 permanecen hospitalizadas.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que del total de 94 lesionados, 22 se encuentran en estado crítico, seis están graves, 39 en condición delicada y 19 ya fueron dados de alta. Entre los hospitalizados, la mayoría presenta quemaduras de segundo y tercer grado, así como cuadros de intoxicación derivados del accidente ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Brugada anunció que el gobierno capitalino implementará un programa de apoyo económico especial dirigido a las familias de los afectados. “Vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante con sus derechos a los que les corresponden, daremos puntual seguimiento para ello, a partir de hoy vamos a generar un apoyo inicial de emergencia que garantice que ellos se puedan mover, que puedan estar atendiendo a sus familiares, vamos a profundizar el censo con las familias, para ubicar cuáles son las familias que enfrentan situaciones más difíciles”, explicó.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Informó que el chofer de la pipa se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud, en estado crítico. “Con respecto al chofer, no se encuentra en calidad de detenido en este momento, pero como ya mencionó la jefa, está bajo custodia en el centro de salud donde se encuentra. Según su estado de salud, determinaremos cuándo y si se va a judicializar el caso”, indicó.

Entre las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan la posibilidad de que el vehículo circulara a exceso de velocidad. Los peritajes siguen en curso para establecer las causas exactas del siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas del miércoles, en la intersección del Puente de la Concordia con la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vialidades más transitadas del oriente capitalino. La magnitud de la explosión generó un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia que atendieron a decenas de personas lesionadas en la zona.

La pipa involucrada pertenece a la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y forma parte del Grupo Tomza, uno de los principales distribuidores de gas en el país.

Con la cifra de víctimas mortales en aumento y decenas de personas aún en estado crítico, las autoridades mantienen bajo vigilancia médica a los heridos, al tiempo que avanzan las investigaciones para definir responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este lunes la labor del Banco de México (Banxico) como garante de la estabilidad económica del país, en el marco de la conmemoración del centenario de la institución. En su discurso, subrayó que las decisiones del organismo han sido clave para sortear un entorno global de incertidumbre generado por la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos.

“Esa estabilidad ha sido clave para impulsar la inversión, fomentar el empleo formal, reducir la volatilidad del tipo de cambio y mantener finanzas públicas sostenibles”, señaló la mandataria durante el evento celebrado en la sede del banco central. Recordó además que Banxico “ha sido guardiana de la estabilidad y garante de la soberanía económica” gracias a su autonomía y rigor técnico, factores que han protegido a las familias mexicanas frente a la inflación y los embates de crisis internacionales.

Sheinbaum aprovechó el centenario de la institución para subrayar un reto pendiente: hacer que el sistema financiero sea más competitivo y accesible. Reconoció que México es uno de los países que menos crédito otorga en proporción a su producto interno bruto en comparación con otras economías de América Latina y del mundo.

“La falta de financiamiento impone enormes dificultades a millones de familias, emprendedores y pequeñas empresas”, advirtió. Añadió que sin crédito suficiente el desarrollo productivo se frena, la innovación se limita y la desigualdad se profundiza. En ese sentido, planteó que “el financiamiento debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un motor del desarrollo incluyente”.

La jefa del Ejecutivo federal evitó comentar en este acto su propuesta previa de abrir un debate sobre si Banxico debería ampliar su mandato más allá del control de la inflación para estimular el crecimiento económico.

En su intervención, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, recordó que en 2021 la institución enfrentó uno de los contextos más difíciles en décadas, marcado por presiones inflacionarias derivadas de la pandemia de Covid-19, los conflictos bélicos y las tensiones comerciales globales.

Rodríguez explicó que entre marzo de 2023 y marzo de 2024 la tasa de interés se mantuvo en un nivel máximo de 11.25%. “Esa restricción contuvo las presiones, logró mantener el anclaje de las expectativas de inflación de mayor plazo y posteriormente coadyuvó al avance del proceso desinflacionario de la economía mexicana”, afirmó.

Agregó que a partir de 2024 se inició un ciclo de reducciones en la tasa de referencia, lo que ha permitido ajustarla a las condiciones actuales. El pasado 7 de agosto, Banxico aplicó su noveno recorte consecutivo y redujo la tasa de interés a 7.75%, tras cuatro recortes de 50 puntos base y uno de 25.

Pese a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, México ha esquivado la recesión prevista por analistas. En 2024, la economía nacional creció 1.5% y en el segundo trimestre de 2025 avanzó 0.7%. El próximo anuncio de política monetaria de Banxico está programado para el 25 de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este fin de semana la detención de 35 ciudadanos mexicanos en California, tras operativos encabezados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La noticia se dio a conocer durante su visita a Puebla, donde aseguró que se están tomando acciones inmediatas para apoyar a los detenidos y sus familias por medio del sistema consular.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió instrucciones directas para brindar asistencia legal a los connacionales afectados. Desde el sábado, las representaciones diplomáticas mexicanas mantienen contacto con las autoridades estadounidenses y las familias de los detenidos, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos y buscar alternativas favorables para su situación migratoria.

Los operativos comenzaron el pasado jueves en distintas ciudades de California. Como reacción, surgieron protestas de la comunidad latina, especialmente en Los Ángeles. Las manifestaciones escalaron en intensidad y derivaron en enfrentamientos con las autoridades locales, lo que llevó a la administración del presidente Donald Trump a ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

En este contexto, la mandataria mexicana expresó su desacuerdo con la estrategia migratoria estadounidense. “No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia”, subrayó. También reafirmó la postura del gobierno mexicano a favor de una reforma integral que considere a los millones de mexicanos que viven al otro lado de la frontera.

Durante su gira por Cholula, donde inauguró el Hospital General para la Niñez Poblana, Sheinbaum reiteró el mensaje de paz y solidaridad. “Nuestro llamado para que no haya violencia”, señaló, al tiempo que aseguró que el personal consular ya mantiene comunicación directa con cada uno de los detenidos.

La presidenta recordó que las y los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos lo hacen con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida para sus familias. “Son hombres y mujeres de bien, son honestos, se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida. No son criminales”, enfatizó.

El gobierno federal también reiteró su disposición para recibir a cualquier mexicano que decida regresar voluntariamente, dejando claro que su reintegración será respaldada y acompañada institucionalmente.

La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la migración, la seguridad y los derechos humanos, marcando un momento clave para las relaciones bilaterales y el trato hacia la comunidad mexicana en el extranjero