El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, colocó nuevamente en el centro del debate la deuda fiscal que mantiene Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría marcar un punto de quiebre en un litigio que ha estado activo por más de 16 años.
Claudia Sheinbaum indicó que las críticas lanzadas desde las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la reforma del Poder Judicial y su administración están vinculadas a la resistencia del empresario para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Van a pagar los impuestos”, señaló, al referirse a la nueva composición del máximo tribunal del país.
Según la mandataria, algunos de los actuales ministros de la Suprema Corte habrían mantenido vínculos con el empresario, lo que se tradujo en una prolongación de los procesos judiciales. Esta situación, aseguró, ha impedido que se tomen decisiones definitivas a favor del Estado mexicano en cuanto a la recuperación de recursos públicos.
Durante la misma conferencia, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló que la deuda total de las empresas de Salinas Pliego con el fisco asciende a 74 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones se encuentran actualmente bajo revisión en la SCJN. La funcionaria explicó que hay tres casos activos en el máximo tribunal, mismos que han sido objeto de recursos legales por parte de la empresa desde los años 2008, 2010 y 2013.
La Procuraduría Fiscal informó también que Grupo Salinas ha interpuesto hasta 29 medios de defensa legales para frenar los fallos en su contra, generando una serie de retrasos que han evitado resoluciones firmes. En palabras de Sheinbaum, se trató de un “aletargamiento en la decisión”, en referencia al papel que jugaron algunos ministros que dejarán su cargo en septiembre.
El caso más reciente tuvo lugar el 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo a Grupo Elektra, una de las empresas del conglomerado, en un juicio relacionado con un adeudo fiscal de 2 mil millones de pesos. Esta resolución representa un precedente clave en el contexto de los litigios abiertos entre el grupo empresarial y el SAT.
La postura del gobierno federal mantiene firme su intención de recuperar los recursos públicos a través de los cauces judiciales, en un escenario que podría redefinirse con los próximos cambios dentro de la Suprema Corte.
